Incluye las reformas de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003 y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, completada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los cambios introducidos por necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus reformas posteriores, desde la extensísima Ley 13/2009, de 5 de diciembre, Ley 37/2011 de 19 de abril, han tenido una clara incidencia en el ámbito del arbitraje, por afectar, por ejemplo, entre otras materias al proceso judicial de anulación del laudo y a la ejecución de éste. No han sido solamente esas modificaciones legislativas las que han incidido sobre el arbitraje; también la promulgación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en la medida en que esta figura forma parte del conglomerado de sistemas alternativos de solución de conflictos, porque en muchas ocasiones la mediación es la antesala del arbitraje; pero también debe tenerse en cuenta a la hora de adaptar el presente libro a la realidad jurídica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que reconocen a la mediación y al arbitraje como formas de resolución de conflictos. Pero sobretodo y en mayor medida, hay que tener en cuenta la «jurisprudencia» recaída en materias como nombramiento y remoción de árbitros, conocimiento de la acción de anulación y reconocimiento de laudos y resoluciones extranjeras dictadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han sustituido en esas competencias a las Audiencias Provinciales después de la Ley 11/2011.
Incluye las reformas de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003 y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, completada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los cambios introducidos por necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus reformas posteriores, desde la extensísima Ley 13/2009, de 5 de diciembre, Ley 37/2011 de 19 de abril, han tenido una clara incidencia en el ámbito del arbitraje, por afectar, por ejemplo, entre otras materias al proceso judicial de anulación del laudo y a la ejecución de éste. No han sido solamente esas modificaciones legislativas las que han incidido sobre el arbitraje; también la promulgación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en la medida en que esta figura forma parte del conglomerado de sistemas alternativos de solución de conflictos, porque en muchas ocasiones la mediación es la antesala del arbitraje; pero también debe tenerse en cuenta a la hora de adaptar el presente libro a la realidad jurídica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que reconocen a la mediación y al arbitraje como formas de resolución de conflictos. Pero sobretodo y en mayor medida, hay que tener en cuenta la «jurisprudencia» recaída en materias como nombramiento y remoción de árbitros, conocimiento de la acción de anulación y reconocimiento de laudos y resoluciones extranjeras dictadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han sustituido en esas competencias a las Audiencias Provinciales después de la Ley 11/2011.