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La obra está estructurada en ocho capítulos que abordan los siguientes términos: 1.Unos presupuestos para reforzar el bienestar social de los ciudadanos. 2.Evolución de la economía española. 3.Principales cifras de los Presupuestos Generales del Estado y políticas de gasto para el año 2018 4.El Presupuesto del Estado 5.El Presupuesto de los organismos autónomos y otros entes públicos 6.El presupuesto de la Seguridad Social 7.Financiación de los entes territoriales 8.Relaciones financieras entre España y la Unión Europea en el año 2018 También se publica un índice de cuadros, recuadros y gráficos. El contenido de este libro está disponible desde la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública: http://www.minhafp.es
Contenido: LEY Y REGLAMENTO. - Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. - Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Actualización abril 2015.
Este libro está dirigido a tratar, desde una aproximación de economía pública, las técnicas modernas de gestión pública, supervisión y regulación; el análisis de las formas de elaboración y control del presupuesto, con especial atención a la evaluación de las políticas públicas, y, a modo de conclusión, establecer una propuesta de reforma institucional
"Populismo versus Republicanismo" clarifica el complejo fenómeno del populismo que ha irrumpido a nivel global con fuerza inusitada. Considerado el acontecimiento político más importante en las sociedades actuales, el populismo constituye una respuesta inmediata a la degradación de los vínculos comunitarios e identidades sociales fruto de la globalización neoliberal. Sin embargo, las formas políticas populistas producen tantos problemas como resuelven debido a la fractura del espacio social a la que dan lugar y a su carácter intrínsecamente antiinstitucional. Ante tal situación, la alternativa que este libro propone es el republicanismo, como forma política capaz de generar un entramado de cohesión nacional con el que enfrentarse a los efectos perniciosos del neoliberalismo.
El Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los funcionarios temporales respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público nos distancia de Europa, se aleja del espíritu de las directivas y de la convergencia normativa promovida por las instituciones europeas para favorecer la integración de mercados. Contratar en España va a ser muy diferente porque nuestra nueva Ley se aleja, también, de lo establecido en normas de numerosos Estados miembros que transponen las mismas directivas con mayor simplicidad y solvencia, sin caer en la sobrerregulación a que ha abocado la desconfianza en los gestores públicos que subyace en la regulación española. La Ley de Contratos del Sector Público, en fin, pone en riesgo la simplificación promovida por la Unión Europea y el deseado uso estratégico de la contratación. Aun cuando existen avances innegables para los licitadores, la sobrerregulación de la actuación administrativa, producto de la desconfianza y la convicción de que la norma puede por sí misma acabar con la corrupción, puede hacer en parte ineficaz lo mucho que de positivo es posible encontrar en la nueva Ley de Contratos.
Durante la II República española, adalid de libertades en el imaginario de la izquierda actual, en cambio se anuló la libertad de expresión. Todos los gabinetes que se fueron sucediendo en el poder ejercieron una labor de control y de censura sobre la pr