Gracias a la colaboración emprendida con la editorial Tirant lo Blanch. la aparición de este estudio. en su primera edición. supuso la reapertura de una colección de monografías del Instituto Pascual Madoz de la Universidad [arios 111 de Madrid dedicada a difundir investigaciones Id trabajos en materia de ordenación del territorio. urbanismo Id medio ambiente. En esta nueva edición el estudio de L. Parejo Alfonso amplía Id actualiza el análisis Id la exposición de las tres cuestiones básicas para la cabal comprensión del sistema de la ordenación territorial Id urbanística. objeto Ida de la primera. expuestas a modo de introducción al estudio del mismo: · El espacio como algo distinto de sus contenidos Id función estructurante ligada a la economía Id la política. la posibilidad de CUida construcción se descubre en la modernidad. se complejiza luego al compás de la debilitación del papel del Estado en la configuración del espacio social Id experimenta en la actualidad las transformaciones derivadas de la contracción del espacio Id el tiempo. · El paralelo proceso de dominación del hombre sobre el mundo físico Id de la evolución hasta hOId de las técnicas para su medición Id representación. · El resultado de dicho proceso visto en su misma evolución. que no es otro que la decantación de dos medios en tensión -el campo Id la ciudad- en el escenario de la ocupación Id utilización del suelo.
La presente obra tiene como principal objetivo demostrar que el reconocimiento de los derechos sociales no puede ser sometido a la posible bonanza económica de ningún Estado social y democrático de derecho que se precie. Cuando hablamos de garantía y justiciabilidad de los derechos sociales estamos hablando simplemente del pleno reconocimiento de la dignidad de la persona, un valor que, en tiempos de crisis, parece diluirse entre ajustes del gasto público y cercenamiento de los propios derechos fundamentales, no solo los sociales. Durante los años más crueles de la crisis, los derechos sociales han sido reducidos hasta límites insospechados, poniendo en serio peligro el Estado social; la pobreza y la exclusión social han aumentado, el paro es un mal endémico y miles de personas han sido expulsadas del sistema asistencial de salud, en aras de una supuesta recuperación económica. Todo ello ha tenido lugar ignorando uno de los tratados internacionales, la Carta Social europea, que podría ser el antídoto a esta situación si realmente se respetara y garantizara su contenido. España ratificó la Carta Social europea hace ya más de treinta años, un texto normativo que reconoce derechos sociales, derechos ligados íntimamente a la dignidad de la persona, y que se ha erigido en verdadera Constitución social en Europa. La Carta Social europea es además un código de derecho vivo, que se adapta a los devenires sociales, por lo que su actualidad cobra especial impulso en estos días donde aún colean con fuerza las negras consecuencias de la crisis económica. Esta obra no solo es un repaso por los incumplimientos de la Carta Social europea en España, sino más bien una reivindicación de su fuerza vinculante y de la necesidad de que nuestro país ratifique la versión revisada de la misma y el protocolo sobre reclamaciones colectivas, para que pueda considerarse como un Estado social y democrático de derecho pleno y fuerte, pues la dignidad de la persona no debe ser nunca una mercancía más.
Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales. La validez del canon propuesto resulta de su conformidad contrastada con el sistema de fuentes y con las decisiones constitucionales primarias. No sería el único canon posible pero sí el que permite optimizar el principio de autonomía local, al tiempo que potencia la consecución de ciertos principios jurídico-constitucionales, lo que compensa la minoración que se produce en relación con otros, en especial, los derivados del cumplimiento «absoluto» de la reserva de ley. La funcionalidad de un poder de Ordenanza que requiere la relajación formal y material de la reserva de ley resulta admisible si se considera que no supone un menoscabo injustificado de la igualdad y, aunque implica un cierto sacrificio del principio democrático (en su vertiente parlamentaria), logra a cambio un notable reforzamiento de otros principios constitucionales en el concernido ámbito territorial local: del propio principio democrático, de la proporcionalidad, de la tutela judicial efectiva y de la misma igualdad (por paradójico que resulte). También puede implicar la promoción eficaz de los propios derechos y/o de otros bienes constitucionales, la mayoría de ellos integrados en la cláusula del Estado social.
Desde perspectivas teóricas distintas y en un abanico que avanza desde Aristóteles hasta Jean-Paul Sartre, Azar: el sacro desorden de nuestras vidas establece una vía de acceso filosófico a las dimensiones metafísicas, epistemológicas y ético-políticas de una región de problemas históricamente desterrada al ámbito ontológicamente residual de la accidentalidad y el acaso.
El parentesco por afinidad, no regulado en el Código Civil, es el que crea un vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, quedando en manos de los Tribunales la interpretación de si se extingue o no con la disolución de matrimonio, pudiendo ser distinta la respuesta si la causa es el fallecimiento del cónyuge que dio lugar al vínculo, o el divorcio. Los afines (suegros, cuñados, yernos, nueras, padrastros, hijastros?) en supuestos legalmente previstos son objeto de discriminaciones, unas veces positivas y otras negativas, siendo especialmente relevantes en materia civil por ejemplo en casos de adopción; en la penal por las circunstancias modificativas de la responsabilidad o tipos agravados, y las posibilidades de ejercer la acción penal; en materia fiscal por los beneficios fiscales o presunciones tributarias de las que pueden ser objeto; en materia mercantil por condicionar contratos, obligaciones y actuaciones de sociedades o personas parientes de determinados socios; laboralmente por condicionar contratos y permisos en determinadas circunstancias o prestaciones sociales; en la función pública tanto por esos permisos como por erigirse en circunstancias de incompatibilidad, abstención o recusación, que también afectan a algunas profesiones. No existe un criterio claro y homogéneo para determinar el alcance de los grados de parentesco afectados, pues en ocasiones sólo alcanza al primero y en otras alcanza hasta el cuarto, existiendo algún caso en que resulta enigmática la razón por la que la condición parental ha sido contemplada como una ventaja para el afectado, y no como un inconveniente, o al contrario. Por último, cada vez en más casos, sin tener la condición de parientes afines, se está dando cabida en este juego de discriminaciones a los consanguíneos de la persona con la que existe una relación análoga de afectividad a la conyugal.
Esta monografía trata diferentes problemas jurídico-tributarios relacionados con el acceso a la vivienda en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Italia y México. Investigadores de diferentes países analizan detenidamente el impacto de las políticas tributarias que afectan al ámbito inmobiliario y a las formas de tenencia tradicionales de la vivienda (propiedad y alquiler). En este sentido, se recogen las medidas legislativas tributarias que afectan al sector habitacional, y como esas medidas repercuten favorable o desfavorablemente en el acceso a la vivienda, para dar una visión global de las políticas incentivadoras que afectan al sector inmobiliario en el siglo XXI. En este contexto, la monografía proporciona un nuevo punto de vista jurídico-tributario sobre la ordenación de la vivienda, tomando como ejemplo diversas situaciones que se producen en España, Italia y América Latina. En definitiva, se aporta una guía útil de trabajo e investigación, en aspectos legales y financieros, para todas aquellas personas interesadas en los problemas jurídicos, económicos y sociales, que afectan a la vivienda en propiedad y en alquiler.
ESTAS SERIES DE LIBROS ANIMA A LOS NIÑOS A DESARROLLAR SUS HABILIDADES SOCIALES DE UNA MANERA AMABLE Y DIVERTIDA. TAMBIÉN LES AYUDA A RECONOCER SUS PROPIOS SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS, Y TENER EN CUENTA A LAS PERSONAS QUE LES RODEAN.
La obra describe los distintos mecanismos vigentes hoy día en España para investigar y obtener prueba penal en otro Estado, desde las tradicionales comisiones rogatorias (basadas en convenios de asistencia judicial) hasta los novedosos mecanismos regulados en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Se analiza con especial atención la Directiva 2014/41 sobre la orden europea de investigación, que a partir de mayo del 2017 será el instrumento clave en las investigaciones transfronterizas europeas. Desde una perspectiva muy práctica, la obra incide en la singular problemática forense de los equipos conjuntos de investigación (técnica cada vez más frecuente en las instrucciones transnacionales que sigue siendo desconocida para muchos operadores jurídicos) y de la intervención de Eurojust como órgano de la Unión Europea dedicado a la cooperación penal internacional, con mención a las importantes novedades que ha conllevado su regulación en nuestro país en la recientemente promulgada Ley 16/2015 de 7 de julio.
Gracias a la colaboración emprendida con la editorial Tirant lo Blanch. la aparición de este estudio. en su primera edición. supuso la reapertura de una colección de monografías del Instituto Pascual Madoz de la Universidad [arios 111 de Madrid dedicada a difundir investigaciones Id trabajos en materia de ordenación del territorio. urbanismo Id medio ambiente. En esta nueva edición el estudio de L. Parejo Alfonso amplía Id actualiza el análisis Id la exposición de las tres cuestiones básicas para la cabal comprensión del sistema de la ordenación territorial Id urbanística. objeto Ida de la primera. expuestas a modo de introducción al estudio del mismo: · El espacio como algo distinto de sus contenidos Id función estructurante ligada a la economía Id la política. la posibilidad de CUida construcción se descubre en la modernidad. se complejiza luego al compás de la debilitación del papel del Estado en la configuración del espacio social Id experimenta en la actualidad las transformaciones derivadas de la contracción del espacio Id el tiempo. · El paralelo proceso de dominación del hombre sobre el mundo físico Id de la evolución hasta hOId de las técnicas para su medición Id representación. · El resultado de dicho proceso visto en su misma evolución. que no es otro que la decantación de dos medios en tensión -el campo Id la ciudad- en el escenario de la ocupación Id utilización del suelo.
La presente obra tiene como principal objetivo demostrar que el reconocimiento de los derechos sociales no puede ser sometido a la posible bonanza económica de ningún Estado social y democrático de derecho que se precie. Cuando hablamos de garantía y justiciabilidad de los derechos sociales estamos hablando simplemente del pleno reconocimiento de la dignidad de la persona, un valor que, en tiempos de crisis, parece diluirse entre ajustes del gasto público y cercenamiento de los propios derechos fundamentales, no solo los sociales. Durante los años más crueles de la crisis, los derechos sociales han sido reducidos hasta límites insospechados, poniendo en serio peligro el Estado social; la pobreza y la exclusión social han aumentado, el paro es un mal endémico y miles de personas han sido expulsadas del sistema asistencial de salud, en aras de una supuesta recuperación económica. Todo ello ha tenido lugar ignorando uno de los tratados internacionales, la Carta Social europea, que podría ser el antídoto a esta situación si realmente se respetara y garantizara su contenido. España ratificó la Carta Social europea hace ya más de treinta años, un texto normativo que reconoce derechos sociales, derechos ligados íntimamente a la dignidad de la persona, y que se ha erigido en verdadera Constitución social en Europa. La Carta Social europea es además un código de derecho vivo, que se adapta a los devenires sociales, por lo que su actualidad cobra especial impulso en estos días donde aún colean con fuerza las negras consecuencias de la crisis económica. Esta obra no solo es un repaso por los incumplimientos de la Carta Social europea en España, sino más bien una reivindicación de su fuerza vinculante y de la necesidad de que nuestro país ratifique la versión revisada de la misma y el protocolo sobre reclamaciones colectivas, para que pueda considerarse como un Estado social y democrático de derecho pleno y fuerte, pues la dignidad de la persona no debe ser nunca una mercancía más.
Los Gobiernos locales aprueban Ordenanzas en las que se decide que determinados derechos fundamentales sean limitados u optimizados en atención a bienes colectivos cuya protección se sitúa en su ámbito competencial. Del análisis crítico del espacio regulativo que ocupa en la praxis el poder de Ordenanza en materia iusfundamental cabría inducir unas pautas generales. A partir de ese análisis esta obra tiene como objetivo formular un canon, no sólo descriptivo sino también prescriptivo, sobre los presupuestos, requisitos y funcionalidad de la Ordenanza, acorde al cual se la considera una decisión «ponderativa» (incluso «optimizadora »), de «ajuste singular», y reguladora de aspectos «esenciales» en materia de derechos fundamentales. La validez del canon propuesto resulta de su conformidad contrastada con el sistema de fuentes y con las decisiones constitucionales primarias. No sería el único canon posible pero sí el que permite optimizar el principio de autonomía local, al tiempo que potencia la consecución de ciertos principios jurídico-constitucionales, lo que compensa la minoración que se produce en relación con otros, en especial, los derivados del cumplimiento «absoluto» de la reserva de ley. La funcionalidad de un poder de Ordenanza que requiere la relajación formal y material de la reserva de ley resulta admisible si se considera que no supone un menoscabo injustificado de la igualdad y, aunque implica un cierto sacrificio del principio democrático (en su vertiente parlamentaria), logra a cambio un notable reforzamiento de otros principios constitucionales en el concernido ámbito territorial local: del propio principio democrático, de la proporcionalidad, de la tutela judicial efectiva y de la misma igualdad (por paradójico que resulte). También puede implicar la promoción eficaz de los propios derechos y/o de otros bienes constitucionales, la mayoría de ellos integrados en la cláusula del Estado social.
Desde perspectivas teóricas distintas y en un abanico que avanza desde Aristóteles hasta Jean-Paul Sartre, Azar: el sacro desorden de nuestras vidas establece una vía de acceso filosófico a las dimensiones metafísicas, epistemológicas y ético-políticas de una región de problemas históricamente desterrada al ámbito ontológicamente residual de la accidentalidad y el acaso.
El parentesco por afinidad, no regulado en el Código Civil, es el que crea un vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, quedando en manos de los Tribunales la interpretación de si se extingue o no con la disolución de matrimonio, pudiendo ser distinta la respuesta si la causa es el fallecimiento del cónyuge que dio lugar al vínculo, o el divorcio. Los afines (suegros, cuñados, yernos, nueras, padrastros, hijastros?) en supuestos legalmente previstos son objeto de discriminaciones, unas veces positivas y otras negativas, siendo especialmente relevantes en materia civil por ejemplo en casos de adopción; en la penal por las circunstancias modificativas de la responsabilidad o tipos agravados, y las posibilidades de ejercer la acción penal; en materia fiscal por los beneficios fiscales o presunciones tributarias de las que pueden ser objeto; en materia mercantil por condicionar contratos, obligaciones y actuaciones de sociedades o personas parientes de determinados socios; laboralmente por condicionar contratos y permisos en determinadas circunstancias o prestaciones sociales; en la función pública tanto por esos permisos como por erigirse en circunstancias de incompatibilidad, abstención o recusación, que también afectan a algunas profesiones. No existe un criterio claro y homogéneo para determinar el alcance de los grados de parentesco afectados, pues en ocasiones sólo alcanza al primero y en otras alcanza hasta el cuarto, existiendo algún caso en que resulta enigmática la razón por la que la condición parental ha sido contemplada como una ventaja para el afectado, y no como un inconveniente, o al contrario. Por último, cada vez en más casos, sin tener la condición de parientes afines, se está dando cabida en este juego de discriminaciones a los consanguíneos de la persona con la que existe una relación análoga de afectividad a la conyugal.
Esta monografía trata diferentes problemas jurídico-tributarios relacionados con el acceso a la vivienda en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Italia y México. Investigadores de diferentes países analizan detenidamente el impacto de las políticas tributarias que afectan al ámbito inmobiliario y a las formas de tenencia tradicionales de la vivienda (propiedad y alquiler). En este sentido, se recogen las medidas legislativas tributarias que afectan al sector habitacional, y como esas medidas repercuten favorable o desfavorablemente en el acceso a la vivienda, para dar una visión global de las políticas incentivadoras que afectan al sector inmobiliario en el siglo XXI. En este contexto, la monografía proporciona un nuevo punto de vista jurídico-tributario sobre la ordenación de la vivienda, tomando como ejemplo diversas situaciones que se producen en España, Italia y América Latina. En definitiva, se aporta una guía útil de trabajo e investigación, en aspectos legales y financieros, para todas aquellas personas interesadas en los problemas jurídicos, económicos y sociales, que afectan a la vivienda en propiedad y en alquiler.
ESTAS SERIES DE LIBROS ANIMA A LOS NIÑOS A DESARROLLAR SUS HABILIDADES SOCIALES DE UNA MANERA AMABLE Y DIVERTIDA. TAMBIÉN LES AYUDA A RECONOCER SUS PROPIOS SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS, Y TENER EN CUENTA A LAS PERSONAS QUE LES RODEAN.
La obra describe los distintos mecanismos vigentes hoy día en España para investigar y obtener prueba penal en otro Estado, desde las tradicionales comisiones rogatorias (basadas en convenios de asistencia judicial) hasta los novedosos mecanismos regulados en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Se analiza con especial atención la Directiva 2014/41 sobre la orden europea de investigación, que a partir de mayo del 2017 será el instrumento clave en las investigaciones transfronterizas europeas. Desde una perspectiva muy práctica, la obra incide en la singular problemática forense de los equipos conjuntos de investigación (técnica cada vez más frecuente en las instrucciones transnacionales que sigue siendo desconocida para muchos operadores jurídicos) y de la intervención de Eurojust como órgano de la Unión Europea dedicado a la cooperación penal internacional, con mención a las importantes novedades que ha conllevado su regulación en nuestro país en la recientemente promulgada Ley 16/2015 de 7 de julio.