La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal. Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo. Para otros el proceso penal debería ser un instrumento en manos del Poder Judicial con el que garantizar los derechos de los ciudadanos, y principalmente la libertad. La acusación debe ser un deber para el Fiscal y un derecho para todos los ciudadanos, sin monopolios, y el deber supone obligatoriedad en su ejercicio. La instrucción debe servir tanto para impedir que se abra el juicio oral, como para que, si éste se debe realizar, preparar lo mismo la acusación que la defensa, y por eso debe atribuirse a un órgano imparcial, y no a una parte. El proceso penal de este modo no debe ser un instrumento para los políticos, sino un medio de libertad de los ciudadanos. Las divergencias no son algo meramente técnico. Las mismas responden a maneras muy diferentes de estar ante las decisiones políticas que conforman la vida social de una nación. Sigue siendo verdad que la regulación del proceso penal es el termómetro que indica los elementos autoritarios o liberales de la política de un país.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881 supuso un gran avance respecto del proceso penal anterior. Esa Ley se redactó desde una concepción política claramente liberal y por ello su propósito fue encontrar la mejor manera de garantizar el derecho a la libertad de los ciudadanos. Han pasado muchos años desde entonces y hoy existe conformidad entre los más variados sectores de la doctrina y de la práctica sobre la necesidad de una nueva ley procesal penal. Las divergencias aparecen cuando se trata de determinar el cómo de ese nuevo proceso penal. Para algunos la mira está puesta en ampliar las funciones del Ministerio Fiscal, y así se habla de monopolio de la acusación en sus manos (con supresión o limitación de las acusaciones particulares), el cual pasaría a ser el instructor; de ejercicio de esa acusación conforme a criterios de discrecionalidad y de ampliación de los supuestos de justicia pactada. De este modo la justicia penal pasaría a ser un instrumento más para la dirección de la política general del país, dirección que habría de quedar en manos de los titulares del Poder Ejecutivo. Para otros el proceso penal debería ser un instrumento en manos del Poder Judicial con el que garantizar los derechos de los ciudadanos, y principalmente la libertad. La acusación debe ser un deber para el Fiscal y un derecho para todos los ciudadanos, sin monopolios, y el deber supone obligatoriedad en su ejercicio. La instrucción debe servir tanto para impedir que se abra el juicio oral, como para que, si éste se debe realizar, preparar lo mismo la acusación que la defensa, y por eso debe atribuirse a un órgano imparcial, y no a una parte. El proceso penal de este modo no debe ser un instrumento para los políticos, sino un medio de libertad de los ciudadanos. Las divergencias no son algo meramente técnico. Las mismas responden a maneras muy diferentes de estar ante las decisiones políticas que conforman la vida social de una nación. Sigue siendo verdad que la regulación del proceso penal es el termómetro que indica los elementos autoritarios o liberales de la política de un país.