La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica son tres calamidades que afectan a nuestras sociedades. Estos fenómenos dependen por completo de acciones humanas voluntarias e intencionales. Son, pues, evitables. Sin embargo, su universalidad y su persistencia provocan que sean considerados como catástrofes naturales. Se asumen, de ese modo, como ineludibles y nadie se siente responsable por ellas. Pero nada más lejos de la realidad. La pobreza es una cuestión que interroga nuestras posiciones desde diversos puntos de vista: moral, político, económico y social. Y ha de preocupar a los diseños institucionales y a las prioridades políticas de un modo apremiante, ya que su presencia nos atañe, simplemente, como seres humanos, en lo personal y en lo social. La pobreza es fuente de otras desgracias; muertes prematuras, enfermedades curables, analfabetismo, exclusión social. Nada urge socialmente más que la eliminación de la pobreza. No es una tarea imposible. La corrupción adquiere tintes dramáticos en Hispanoamérica. Se ha transformado en una herramienta útil para alcanzar con éxito determinados objetivos económicos, políticos o sociales. Como cualquier herramienta, está a disposición de todo aquel que quiera utilizarla. Y su eficacia depende del contexto. La impunidad es uno de ellos. Junto a la pobreza constituye un maridaje de indudables consecuencias negativas. Si, además, se suma la inseguridad jurídica, la defensa de los derechos de los más desaventajados queda inerme. La seguridad jurídica como parte de la seguridad humana debería garantizar también una vida digna, libre de temor y de miseria. Y debería posibilitar que los ciudadanos pudieran vaticinar qué decisiones asumirán los funcionarios públicos en el futuro que les pudiera concernir. Es ínsita a la democracia. Sin seguridad jurídica el ejercicio de la autonomía y de la libertad personal se esfuma. Si los efectos de cada una de estas calamidades son negativos en solitud, conjuntamente tienen consecuencias devastadoras. Ninguna sociedad que las padezca puede ser considerada decente, civilizada o justa.
La pobreza, la corrupción y la inseguridad jurídica son tres calamidades que afectan a nuestras sociedades. Estos fenómenos dependen por completo de acciones humanas voluntarias e intencionales. Son, pues, evitables. Sin embargo, su universalidad y su persistencia provocan que sean considerados como catástrofes naturales. Se asumen, de ese modo, como ineludibles y nadie se siente responsable por ellas. Pero nada más lejos de la realidad. La pobreza es una cuestión que interroga nuestras posiciones desde diversos puntos de vista: moral, político, económico y social. Y ha de preocupar a los diseños institucionales y a las prioridades políticas de un modo apremiante, ya que su presencia nos atañe, simplemente, como seres humanos, en lo personal y en lo social. La pobreza es fuente de otras desgracias; muertes prematuras, enfermedades curables, analfabetismo, exclusión social. Nada urge socialmente más que la eliminación de la pobreza. No es una tarea imposible. La corrupción adquiere tintes dramáticos en Hispanoamérica. Se ha transformado en una herramienta útil para alcanzar con éxito determinados objetivos económicos, políticos o sociales. Como cualquier herramienta, está a disposición de todo aquel que quiera utilizarla. Y su eficacia depende del contexto. La impunidad es uno de ellos. Junto a la pobreza constituye un maridaje de indudables consecuencias negativas. Si, además, se suma la inseguridad jurídica, la defensa de los derechos de los más desaventajados queda inerme. La seguridad jurídica como parte de la seguridad humana debería garantizar también una vida digna, libre de temor y de miseria. Y debería posibilitar que los ciudadanos pudieran vaticinar qué decisiones asumirán los funcionarios públicos en el futuro que les pudiera concernir. Es ínsita a la democracia. Sin seguridad jurídica el ejercicio de la autonomía y de la libertad personal se esfuma. Si los efectos de cada una de estas calamidades son negativos en solitud, conjuntamente tienen consecuencias devastadoras. Ninguna sociedad que las padezca puede ser considerada decente, civilizada o justa.