Los pensionistas de jubilación del Sistema de Seguridad Social, tanto en el entorno de la crisis económica sufrida como en el de postcrisis con las reformas que deben abordarse, han venido siendo noticia tanto de manera general, en relación a la sostenibilidad del Sistema, como, de manera particular, por las situaciones generadas a razón del régimen general de incompatibilidad entre el disfrute de la pensión de jubilación y la realización de una actividad económica y profesional. Nos hemos encontrado con casos como el de los jubilados que actuaron de extras de cines o aquellos otros que perciben derechos de autor, en donde se les ha instado a regularizar su situación y, en su caso, a devolver la parte de la pensión que no les correspondía percibir. Empero, resaltar las últimas manifestaciones del Gobierno tendente a reconocer la compatibilidad plena entre el cobro de la pensión y la realización de un trabajo. Por tales motivos se plantea, no sobre la base si es, o no, justo conforme al concepto de iustit?a (entendida como la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne), si en un contexto de recuperación económica, de fomento del envejecimiento activo, de inversión empresarial y de preocupación por la sostenibilidad del Sistema sería conveniente adoptar un cambio normativo tendente a ampliar los supuestos de compatibilidad bien de manera general, como parece ser la tendencia última, o en caso de que no fuera así por lo menos de forma particular como propongo, previa a la manifestación del Gobierno, en mi tesis Tratamiento Fiscal y Social de los Titulares de Explotaciones Agrarias, para el supuesto concreto de quienes adquieren, por herencia, una finca rustica y no pueden llevar a cabo la explotación porque supondría la suspensión de su pensión de jubilación, pero que no es obstáculo para hacerlo extensible a otros supuestos como sucede con los derechos de autor. Tal como se formula en la tesis referenciada y obviando la opción del Gobierno de permitir, desde la óptica del Sistema de Seguridad Social, la plena compatibilidad, cabría señalar otra posible propuesta, que supondría un sacrificio financiero para el Sistema, consistente en el reparto de la carga que supondría el cambio normativo para el Sistema sobre la base de principios como el de coordinación, solidaridad financiera y ponderación de la equidad en la aplicación de las normas.
Los pensionistas de jubilación del Sistema de Seguridad Social, tanto en el entorno de la crisis económica sufrida como en el de postcrisis con las reformas que deben abordarse, han venido siendo noticia tanto de manera general, en relación a la sostenibilidad del Sistema, como, de manera particular, por las situaciones generadas a razón del régimen general de incompatibilidad entre el disfrute de la pensión de jubilación y la realización de una actividad económica y profesional. Nos hemos encontrado con casos como el de los jubilados que actuaron de extras de cines o aquellos otros que perciben derechos de autor, en donde se les ha instado a regularizar su situación y, en su caso, a devolver la parte de la pensión que no les correspondía percibir. Empero, resaltar las últimas manifestaciones del Gobierno tendente a reconocer la compatibilidad plena entre el cobro de la pensión y la realización de un trabajo. Por tales motivos se plantea, no sobre la base si es, o no, justo conforme al concepto de iustit?a (entendida como la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne), si en un contexto de recuperación económica, de fomento del envejecimiento activo, de inversión empresarial y de preocupación por la sostenibilidad del Sistema sería conveniente adoptar un cambio normativo tendente a ampliar los supuestos de compatibilidad bien de manera general, como parece ser la tendencia última, o en caso de que no fuera así por lo menos de forma particular como propongo, previa a la manifestación del Gobierno, en mi tesis Tratamiento Fiscal y Social de los Titulares de Explotaciones Agrarias, para el supuesto concreto de quienes adquieren, por herencia, una finca rustica y no pueden llevar a cabo la explotación porque supondría la suspensión de su pensión de jubilación, pero que no es obstáculo para hacerlo extensible a otros supuestos como sucede con los derechos de autor. Tal como se formula en la tesis referenciada y obviando la opción del Gobierno de permitir, desde la óptica del Sistema de Seguridad Social, la plena compatibilidad, cabría señalar otra posible propuesta, que supondría un sacrificio financiero para el Sistema, consistente en el reparto de la carga que supondría el cambio normativo para el Sistema sobre la base de principios como el de coordinación, solidaridad financiera y ponderación de la equidad en la aplicación de las normas.