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Resultados de la búsqueda para: 9 de diciembre
La presente edición, anotada y puesta al día, incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con las modificaciones introducidas por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre; 41/1999, de 12 de noviembre; 1/2000, de 7 de enero; 62/2003, de 30 de diciembre; 15/2007, de 3 de julio; 13/2009, de 3 de noviembre; 34/2010, de 5 de agosto; 2/2011, de 4 de marzo; 37/2011, de 10 de octubre; 9/2012, de 14 de noviembre; 10/2012, de 20 de noviembre; 3/2013, de 4 de junio, y 20/2013, de 9 de diciembre, así como por las Leyes Orgánicas 4/2003, de 21 de mayo; 19/2003, de 23 de diciembre; 7/2006, de 21 de noviembre; 3/2007, de 22 de marzo; 1/2009, de 3 de noviembre; 1/2010, de 19 de febrero, y 3/2013, de 20 de junio, y por los Reales Decretos-leyes 11/2011, de 26 de agosto, y 24/2012, de 31 de agosto. También incorpora la reforma del Reglamento 1/2005, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (Acuerdo de 28 de noviembre de 2007 del Pleno del CGPJ), por el que se establecen determinadas atribuciones contencioso-administrativas a favor del Juzgado de Guardia. El texto está acompañado de un prólogo explicativo del alcance de esa importante Ley, además de un índice analítico de materias que facilita la consulta del articulado.
El procedimiento de evaluación ambiental constituye el principal instrumento preventivo de protección ambiental, por el que se condiciona la aprobación de planes o la realización de proyectos, actividades o infraestructuras que puedan tener efecto directo o indirecto sobre el medio ambiente. La evaluación ambiental como instrumento preventivo ha sido objeto una profusa regulación a nivel comunitario, estatal y autonómico desde hace casi 30 años. Su consiguiente exigencia a gran número de proyectos por su extenso ámbito de aplicación ha generado también una importante conflictividad en sede jurisdiccional derivada de la continua tensión entre desarrollo y medio ambiente. La reciente Ley 21/2013, de evaluación ambiental, constituye la nueva legislación básica estatal, una ley exhaustiva y detallada que regula en un único texto normativo los procedimientos de evaluación de proyectos y de planes y programas, hasta ahora regulados en dos normas distintas. A lo largo de este libro se trata de dar respuesta a muchos de los interrogantes que plantea la Ley de evaluación ambiental, su ámbito, los diferentes procedimientos y evaluaciones que articula, así como su régimen sancionador. Todo ello de la mano de la jurisprudencia y la doctrina más recientes.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es considerada desde las propias instancias gubernamentales como la ley más importante de la actual legislatura, y ciertamente lo es pues comporta el cambio más significativo para las Administraciones públicas españolas desde la incorporación al inicio de la etapa constitucional de los Gobiernos democráticos a la dirección de las Administraciones. En efecto, esta ley supone ni más ni menos que la quiebra de una tradición secular de opacidad en la gestión de los asuntos públicos, que constituía un serio déficit de la democracia española, con consecuencias en todos los órdenes, incluido el fenómeno de la corrupción, que tanto inquieta a la sociedad española. Se trata, por tanto, de una Ley vinculada a la calidad democrática, llamada a cumplir un papel central en el Derecho Público español, tal como ha sucedido en el resto de los países que cuentan con una norma similar. En esta obra se ofrece un estudio completo de la Ley, dividido en dos partes claramente diferenciadas (pues su título competencial, ámbito subjetivo y «vacatio legis» son diversos): la primera parte, escrita por S. Fernández Ramos se dedica a la Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la segunda parte, redactada por J. Mª Pérez Monguió, al Buen Gobierno.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es considerada desde las propias instancias gubernamentales como la ley más importante de la actual legislatura, y ciertamente lo es pues comporta el cambio más significativo para las Administraciones públicas españolas desde la incorporación al inicio de la etapa constitucional de los Gobiernos democráticos a la dirección de las Administraciones. En efecto, esta ley supone ni más ni menos que la quiebra de una tradición secular de opacidad en la gestión de los asuntos públicos, que ha constituido un serio déficit de la democracia española con consecuencias en todos los órdenes, incluido el fenómeno de la corrupción que tanto inquieta a la sociedad española. Se trata, por tanto, de una ley vinculada a la calidad democrática, llamada a cumplir un papel central en el Derecho público español, tal como ha sucedido en el resto de los países que cuentan con una norma similar. Esta edición, que incorpora las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, ofrece como valor añadido las concordancias imprescindibles para situar la Ley 19/2013 en el conjunto del ordenamiento español, así como un completo índice analítico de materias que complementa la utilidad del volumen.
En esta obra encontrará todas las claves jurídicas, pero también políticas, para entender por qué es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y de las instituciones españolas avanzar hacia una cultura de la transparencia. La nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno, es sin duda un avance, pero puede no resultar suficiente por sí sola. Los comentarios al texto de la Ley van precedidos de una amplia introducción jurídico-política a cargo de la coordinadora, Elisa de la Nuez, que pone de relieve, en el contexto de la España de 2014, la utilidad de la transparencia como herramienta para controlar al Poder y exigirle la imprescindible rendición de cuentas, para luchar contra la corrupción y el despilfarro y para permitir una participación más activa e informada de la ciudadanía. En último término, también para luchar contra la impunidad. La Ley de Transparencia no es una ley cualquiera. Puede ser un poderoso instrumento de transformación en manos de unos agentes conscientes y responsables. Pero también puede quedar en papel mojado haciendo que todo cambie para que todo siga igual. De los ciudadanos, y sobre todo de los juristas que la apliquen tanto en el sector público como en el privado, depende que no sea así y de que podamos extraer todo su potencial, a la luz del Derecho comparado y muy especialmente del Derecho europeo. Por todo ello, no estamos solo ante un libro técnico de comentarios a la Ley, sino que se trata de un auténtico ensayo sobre la situación político-institucional en España, porque precisamente son nuestras instituciones, desde la Corona a los partidos políticos pasando por las Administraciones Públicas, los sujetos obligados por la nueva Ley en un contexto que se ha calificado de «malestar en la democracia».
