Esta publicación propone que los deberes de diligencia y de lealtad a los que están sometidos los administradores sociales y que promueven conductas socialmente valoradas, extiendan su ámbito de aplicación en las empresas cerradas hasta el interés social en sentido amplio. Esto es, el interés de los socios minoritarios y también al interés social que en momentos de crisis puede representar el interés de los acreedores a través del instrumento de garantía que es el patrimonio social. Nos enfrentamos con la dificultad de justificar que los deberes de diligencia y de lealtad, como subprincipios derivados del Principio General de buena fe, deben formar parte de la conducta exigible a los administradores de la que se deben beneficiar la propia sociedad, lógicamente, pero también terceros ajenos interesados. Y desde esa perspectiva, los perjudicados por su incumplimiento podrán accionar tanto si pertenecen a la esfera social, esto es, minoritarios, cuanto si no pertenecen pero han contratado con ella por medio de su órgano administrador y por voluntad de sus administradores, nos referimos a los terceros acreedores en sentido amplio. El análisis jurídico de los deberes de lealtad y de diligencia de los administradores, su alcance, limitaciones y acreditación, como decimos, no están exentos de dificultad. Pertenecen éstos a la clase de conceptos jurídicos indeterminados y como tales habrán de concretarse casuísticamente. Pero en sede judicial también encontramos con serios obstáculos: inexperiencia de jueces y magistrados en materia de administración empresarial; actividad sujeta a un riesgo inherente posible de acotar, pero imposible de eliminar; la influyente doctrina económica partidaria del laissez faire; la necesidad de salvaguardar la discrecionalidad empresarial y la autonomía para la toma de decisiones, así como el terreno, especialmente, inestable al que éstas pertenecen y que, desde luego, forma parte del ámbito de las ciencias sociales. Todas éstas son barreras que habrá que superar. Identificadas las dificultades, hemos de buscar instrumentos de apoyo para superarlas y al cumplimiento de este propósito se dirige la presente publicación.
Esta publicación propone que los deberes de diligencia y de lealtad a los que están sometidos los administradores sociales y que promueven conductas socialmente valoradas, extiendan su ámbito de aplicación en las empresas cerradas hasta el interés social en sentido amplio. Esto es, el interés de los socios minoritarios y también al interés social que en momentos de crisis puede representar el interés de los acreedores a través del instrumento de garantía que es el patrimonio social. Nos enfrentamos con la dificultad de justificar que los deberes de diligencia y de lealtad, como subprincipios derivados del Principio General de buena fe, deben formar parte de la conducta exigible a los administradores de la que se deben beneficiar la propia sociedad, lógicamente, pero también terceros ajenos interesados. Y desde esa perspectiva, los perjudicados por su incumplimiento podrán accionar tanto si pertenecen a la esfera social, esto es, minoritarios, cuanto si no pertenecen pero han contratado con ella por medio de su órgano administrador y por voluntad de sus administradores, nos referimos a los terceros acreedores en sentido amplio. El análisis jurídico de los deberes de lealtad y de diligencia de los administradores, su alcance, limitaciones y acreditación, como decimos, no están exentos de dificultad. Pertenecen éstos a la clase de conceptos jurídicos indeterminados y como tales habrán de concretarse casuísticamente. Pero en sede judicial también encontramos con serios obstáculos: inexperiencia de jueces y magistrados en materia de administración empresarial; actividad sujeta a un riesgo inherente posible de acotar, pero imposible de eliminar; la influyente doctrina económica partidaria del laissez faire; la necesidad de salvaguardar la discrecionalidad empresarial y la autonomía para la toma de decisiones, así como el terreno, especialmente, inestable al que éstas pertenecen y que, desde luego, forma parte del ámbito de las ciencias sociales. Todas éstas son barreras que habrá que superar. Identificadas las dificultades, hemos de buscar instrumentos de apoyo para superarlas y al cumplimiento de este propósito se dirige la presente publicación.