El conocimiento fidedigno de la realidad de la Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio en España tiene su referente obligado en el VI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-LA LEY, que ha logrado consolidarse en el mundo jurídico sobre la base de la experiencia acumulada en los cinco estudios que le preceden y de aportar, de forma homogeneizada, los datos proporcionados por los 83 Colegios de Abogados. El dato más relevante es la confirmación de la tendencia a la reducción de las inversiones de las Administraciones Públicas en el mantenimiento y gestión de este servicio fundamental para defender los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Por segundo año consecutivo se ha reducido el coste invertido en Justicia Gratuita, con una disminución que supera el 3% con respecto a 2010 y una cuantía de 248 millones de euros. Durante 2011 más de 37.700 abogados han atendido 900.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita que han generado para los Colegios de Abogados la tramitación de casi 1.700.000 asuntos. La Encuesta a Abogados que ejercen la Justicia Gratuita detalla los rasgos básicos de estos profesionales: el 53% son hombres y el 47% mujeres. Por otro lado, el 44% de los actuales abogados de oficio tiene más de 45 años y sólo el 13% es menor de 35, rompiendo el extendido tópico de que este Servicio es desempeñado predominantemente por abogados noveles. Los abogados del Turno de Oficio califican el funcionamiento de la Justicia Gratuita con la misma nota media que hace tres años: un 5.5. Esta puntuación refleja una satisfacción con el actual sistema, pero matizada con apreciables reservas sobre todo referidas a los honorarios: su escasa entidad y su tardanza en ser abonados. Las aportaciones más destacables del VI Informe se recogen en las Recomendaciones y Sugerencias de cambio que el Grupo de Expertos realiza, sobre todo teniendo en cuenta que en ellas no sólo participan representantes de todos los operadores jurídicos relacionados con la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, sino que por decisión del Consejo General de la Abogacía Española, la mayor parte de sus miembros no son abogados, ya que se incluyen en este Grupo de Expertos a representantes de los consumidores y de los usuarios. Una vez más, el Comité de Expertos que integra el Observatorio de Justicia Gratuita, en su mayoría ajenos a la Abogacía, han elaborado sus Recomendaciones con el objetivo de que el servicio sea más eficiente, disfrute de una mayor calidad y goce de una sostenibilidad económica en beneficio de toda la sociedad, y en particular, en favor de los colectivos más vulnerables. Aunque ya son varias las ediciones del OJG que se han visto condicionadas por la crisis económica, la situación se ha deteriorado si cabe todavía más por lo que en éste VI Informe se ha hecho especial hincapié en presentar a las Administraciones públicas, soluciones y propuestas para evitar los posibles fraudes en el ejercicio del derecho y aplicar de manera eficaz los fondos que la Administración dedica al servicio. Por otra parte, se observa con preocupación cómo servicios de importancia destinados a colectivos especialmente vulnerables como es el de las personas privadas de libertad, y concretamente el SOJP, al no tener amparo por parte de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y estar condicionado a la firma de convenios con diversas Administraciones, está siendo suprimido o en trance de desaparición como sucede en toda la Comunidad de Andalucía. En definitiva, el hilo conductor de las Recomendaciones de este VI Informe tiene una doble vertiente: obtener una mayor eficacia en la gestión de los fondos públicos para que accedan al beneficio los que realmente tienen derecho al mismo, y no olvidar que no se pueden dejar desamparados por cuestiones presupuestarias a colectivos especialmente desprotegidos. Como dice Carlos Carnicer en el Prólogo, «este VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY constata que el modelo funciona, que se presta por los Colegios de Abogados con eficiencia y eficacia, y que aunque hemos sido los primeros en proponer reformas y en avanzar mejoras sustanciales, merece un reconocimiento público por su calidad y su efectividad». «El problema, termina Carnicer, no es el modelo el mejor posible, cono ha reconocido el actual ministro, el anterior y la defensora del Pueblo, por sólo citar tres opiniones de autoridad ni la calidad del servicio, sino lo que cuesta. El problema es, sin duda alguna, el recorte a los derechos de los ciudadanos y, muy especialmente a la tutela judicial efectiva que pondría en cuestión la propia esencia del Estado de Derecho».
El conocimiento fidedigno de la realidad de la Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio en España tiene su referente obligado en el VI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita CGAE-LA LEY, que ha logrado consolidarse en el mundo jurídico sobre la base de la experiencia acumulada en los cinco estudios que le preceden y de aportar, de forma homogeneizada, los datos proporcionados por los 83 Colegios de Abogados. El dato más relevante es la confirmación de la tendencia a la reducción de las inversiones de las Administraciones Públicas en el mantenimiento y gestión de este servicio fundamental para defender los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. Por segundo año consecutivo se ha reducido el coste invertido en Justicia Gratuita, con una disminución que supera el 3% con respecto a 2010 y una cuantía de 248 millones de euros. Durante 2011 más de 37.700 abogados han atendido 900.000 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita que han generado para los Colegios de Abogados la tramitación de casi 1.700.000 asuntos. La Encuesta a Abogados que ejercen la Justicia Gratuita detalla los rasgos básicos de estos profesionales: el 53% son hombres y el 47% mujeres. Por otro lado, el 44% de los actuales abogados de oficio tiene más de 45 años y sólo el 13% es menor de 35, rompiendo el extendido tópico de que este Servicio es desempeñado predominantemente por abogados noveles. Los abogados del Turno de Oficio califican el funcionamiento de la Justicia Gratuita con la misma nota media que hace tres años: un 5.5. Esta puntuación refleja una satisfacción con el actual sistema, pero matizada con apreciables reservas sobre todo referidas a los honorarios: su escasa entidad y su tardanza en ser abonados. Las aportaciones más destacables del VI Informe se recogen en las Recomendaciones y Sugerencias de cambio que el Grupo de Expertos realiza, sobre todo teniendo en cuenta que en ellas no sólo participan representantes de todos los operadores jurídicos relacionados con la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, sino que por decisión del Consejo General de la Abogacía Española, la mayor parte de sus miembros no son abogados, ya que se incluyen en este Grupo de Expertos a representantes de los consumidores y de los usuarios. Una vez más, el Comité de Expertos que integra el Observatorio de Justicia Gratuita, en su mayoría ajenos a la Abogacía, han elaborado sus Recomendaciones con el objetivo de que el servicio sea más eficiente, disfrute de una mayor calidad y goce de una sostenibilidad económica en beneficio de toda la sociedad, y en particular, en favor de los colectivos más vulnerables. Aunque ya son varias las ediciones del OJG que se han visto condicionadas por la crisis económica, la situación se ha deteriorado si cabe todavía más por lo que en éste VI Informe se ha hecho especial hincapié en presentar a las Administraciones públicas, soluciones y propuestas para evitar los posibles fraudes en el ejercicio del derecho y aplicar de manera eficaz los fondos que la Administración dedica al servicio. Por otra parte, se observa con preocupación cómo servicios de importancia destinados a colectivos especialmente vulnerables como es el de las personas privadas de libertad, y concretamente el SOJP, al no tener amparo por parte de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y estar condicionado a la firma de convenios con diversas Administraciones, está siendo suprimido o en trance de desaparición como sucede en toda la Comunidad de Andalucía. En definitiva, el hilo conductor de las Recomendaciones de este VI Informe tiene una doble vertiente: obtener una mayor eficacia en la gestión de los fondos públicos para que accedan al beneficio los que realmente tienen derecho al mismo, y no olvidar que no se pueden dejar desamparados por cuestiones presupuestarias a colectivos especialmente desprotegidos. Como dice Carlos Carnicer en el Prólogo, «este VI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita CGAE-LA LEY constata que el modelo funciona, que se presta por los Colegios de Abogados con eficiencia y eficacia, y que aunque hemos sido los primeros en proponer reformas y en avanzar mejoras sustanciales, merece un reconocimiento público por su calidad y su efectividad». «El problema, termina Carnicer, no es el modelo el mejor posible, cono ha reconocido el actual ministro, el anterior y la defensora del Pueblo, por sólo citar tres opiniones de autoridad ni la calidad del servicio, sino lo que cuesta. El problema es, sin duda alguna, el recorte a los derechos de los ciudadanos y, muy especialmente a la tutela judicial efectiva que pondría en cuestión la propia esencia del Estado de Derecho».