La presente obra parte de la regulación contenida en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal y su correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español que se produce con la promulgación de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. En consecuencia, la obra se estructura en base a dos niveles. A nivel comunitario, se desarrolla, por un lado, el régimen general previsto para la emisión, reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación y, por otro, se regulan las medidas de investigación específicas que se prevén en dicha normativa. A nivel nacional, la estructura varía en función de la posición que ocupe el Estado español en el procedimiento que sostiene la Orden Europea de Investigación. Así, por una parte, se distinguen aquellas situaciones en las que el Estado español emite una Orden Europea de Investigación, delimitándose tanto el régimen general de emisión y transmisión como las especificas medidas de investigación que pudieran sucederse al amparo del instrumento comunitario. Y, por otra, se desarrolla el régimen general de reconocimiento y ejecución previsto para las situaciones en las que la Orden Europea de Investigación debe sucederse en territorio español, con expresa delimitación de las medidas de investigación especifica que podrán incluirse en la solicitud realizada por un Estado miembro.
La presente obra parte de la regulación contenida en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal y su correspondiente transposición al ordenamiento jurídico español que se produce con la promulgación de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. En consecuencia, la obra se estructura en base a dos niveles. A nivel comunitario, se desarrolla, por un lado, el régimen general previsto para la emisión, reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación y, por otro, se regulan las medidas de investigación específicas que se prevén en dicha normativa. A nivel nacional, la estructura varía en función de la posición que ocupe el Estado español en el procedimiento que sostiene la Orden Europea de Investigación. Así, por una parte, se distinguen aquellas situaciones en las que el Estado español emite una Orden Europea de Investigación, delimitándose tanto el régimen general de emisión y transmisión como las especificas medidas de investigación que pudieran sucederse al amparo del instrumento comunitario. Y, por otra, se desarrolla el régimen general de reconocimiento y ejecución previsto para las situaciones en las que la Orden Europea de Investigación debe sucederse en territorio español, con expresa delimitación de las medidas de investigación especifica que podrán incluirse en la solicitud realizada por un Estado miembro.