La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.
La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.