De acuerdo con el artículo 13, I de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuando en el marco de un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se haya declarado la rebeldía del acusado, o haya recaído sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no ha renunciado a la acción civil ni la ha reservado para ejercitarla separadamente, con anterioridad a acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que haya conocido de la misma dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de la Ley mencionada. Este auto es el conocido en la práctica forense como el auto de cuantía máxima, al que el artículo 517.2.8º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye eficacia ejecutiva. Este trabajo tiene por objeto el estudio de este título ejecutivo y de las especialidades que presenta la ejecución forzosa basada en el mismo. En concreto, en él se analizan el auto de cuantía máxima como título ejecutivo; los sujetos que participan en su ejecución; y las especialidades relacionadas con la demanda ejecutiva y el despacho de ejecución de este título ejecutivo, y con la oposición, tanto por defectos procesales como por motivos de fondo, a la ejecución fundada en el mismo. Se trata de una materia problemática, en la que se está produciendo una abundante dispersión jurisprudencial. La jurisprudencia está resolviendo contradictoriamente muchas de las cuestiones conflictivas que plantea la normativa reguladora ante la ausencia de mecanismos de unificación jurisprudencial, debido, por una parte, a la irrecurribilidad del auto de cuantía máxima en el proceso penal, y, por otra parte, a la inaccesibilidad a la casación de las resoluciones dictadas en el seno de los procesos civiles de ejecución. En consecuencia, esta publicación presenta una vocación eminentemente práctica, pues, sin obviar los problemas teóricos que se plantean, trata de ofrecer, partiendo de las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales consultadas, una respuesta a los diferentes problemas de orden práctico que continuamente plantea la temática analizada.
De acuerdo con el artículo 13, I de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuando en el marco de un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se haya declarado la rebeldía del acusado, o haya recaído sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no ha renunciado a la acción civil ni la ha reservado para ejercitarla separadamente, con anterioridad a acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que haya conocido de la misma dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de la Ley mencionada. Este auto es el conocido en la práctica forense como el auto de cuantía máxima, al que el artículo 517.2.8º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye eficacia ejecutiva. Este trabajo tiene por objeto el estudio de este título ejecutivo y de las especialidades que presenta la ejecución forzosa basada en el mismo. En concreto, en él se analizan el auto de cuantía máxima como título ejecutivo; los sujetos que participan en su ejecución; y las especialidades relacionadas con la demanda ejecutiva y el despacho de ejecución de este título ejecutivo, y con la oposición, tanto por defectos procesales como por motivos de fondo, a la ejecución fundada en el mismo. Se trata de una materia problemática, en la que se está produciendo una abundante dispersión jurisprudencial. La jurisprudencia está resolviendo contradictoriamente muchas de las cuestiones conflictivas que plantea la normativa reguladora ante la ausencia de mecanismos de unificación jurisprudencial, debido, por una parte, a la irrecurribilidad del auto de cuantía máxima en el proceso penal, y, por otra parte, a la inaccesibilidad a la casación de las resoluciones dictadas en el seno de los procesos civiles de ejecución. En consecuencia, esta publicación presenta una vocación eminentemente práctica, pues, sin obviar los problemas teóricos que se plantean, trata de ofrecer, partiendo de las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales consultadas, una respuesta a los diferentes problemas de orden práctico que continuamente plantea la temática analizada.