El presente trabajo se circunscribe al análisis jurisprudencial y doctrinal de la responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico que sean imputables a la misma como prestadora del servicio público de carreteras. Se aborda el estudio del ámbito objetivo y subjetivo y el análisis posterior de los presupuestos de la responsabilidad de este servicio público y un criterio jurídico de imputación basado en el círculo de riesgo controlable y en la aplicación de un estándar inspirado en la finalidad de seguridad viaria que este servicio debe garantizar. Se ocupa fundamentalmente de dos conceptos clave para determinar la responsabilidad de la Administración. Se trata por un lado del análisis del servicio público de carreteras, y del carácter antijurídico del daño por otro lado. Con respecto al primer concepto, se configura un estándar que pueda servir de parámetro de valoración del funcionamiento del servicio de carreteras. Con relación al segundo se determina si, en virtud de la norma aplicable, la Administración titular del servicio está obligada o no a soportar el riesgo de producir un daño al usuario de la vía. La función de policía de carreteras será el punto de partida para desglosar las respectivas funciones del servicio, cuyo contenido se va a perfilar en función a los riesgos que tratan de ser evitados: irregularidades del firme, peligrosidad del trazado, sustancias deslizantes, árboles existentes en la propia vía o al margen de la calzada, desprendimientos de piedras, irrupción de animales sobre la vía, etc. En sede de atropellos de especies cinegéticas se tendrá presente la consagración legal de la responsabilidad del titular de la vía contenida en la Disposición Adicional Novena de la LTCVMSV incorporada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, del carnet de conducir por puntos. Se analiza la responsabilidad de la Administración titular del servicio que contrata una obra o un servicio o decide la concesión de vías públicas y los casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas. El nexo causal, la responsabilidad por omisión, causas de exoneración, concurrencia de causas y cuantificación del daño permiten ofrecer una visión de conjunto de estos casos de responsabilidad. Se trata de una obra de gran interés para académicos, abogados y empresas relacionadas con el sector asegurador.
Este monografía tiene por objeto analizar la tutela jurídico-civil del particular frente a los daños civiles por contaminación industrial (es decir, los padecidos en su persona, bienes y derechos). Para ello, se estudiará el ámbito de aplicación de los artículos 590, 1908 y 1902 del Código Civil español, según el papel central que la doctrina y la jurisprudencia les otorgan. Asimismo se hará un análisis comparado con las distintas soluciones jurídicas o jurisprudenciales existentes tanto a nivel autonómico (Navarra, Aragón o Cataluña) como extranjero (Alemania, Francia, Italia, EE.UU. e Inglaterra), especialmente en materia de inmisiones. También se observará la posible influencia en las decisiones adoptadas por los tribunales civiles que tiene el cumplimiento por parte del operador industrial de la normativa administrativa y de la existencia de licencias y autorizaciones. Finalmente, se examinarán las posibles ventajas de adoptar, mediante ley especial, un régimen objetivo de responsabilidad civil por contaminación para los daños causados por actividades anormalmente peligrosas que exija, a su vez, la constitución de un seguro obligatorio que cubra su prevención y reparación. DESARROLLO.
Se presenta actualizada en este Cuaderno la casuística relativa al seguro del hogar, ya tratada en el del año 2009. Aunque su denominación no está recogida específicamente en la Ley de Contrato de Seguro, se compone de diversas coberturas que, en sí mismas, son integradoras de figuras autónomas, como el seguro de incendio, de robo, etc., pero que, por necesidades sociales, se recogen en una sola póliza multirriesgo. La primera parte de este estudio trata sobre los aspectos generales y comunes a las pólizas contra daños, como son las acciones específicas de la Ley de Contrato de Seguro, el plazo de prescripción aplicable para reclamar a la aseguradora la cobertura del riesgo contratado, o viceversa, o el tiempo disponible por la entidad para reclamar el pago de la prima. Y la segunda desbroza de manera pormenorizada las diferentes coberturas, como son los perjuicios producidos en la propia vivienda o en la de los vecinos por la rotura de tuberías, por las inundaciones consecuencia de las lluvias, por incendio, así como el robo de objetos, los daños en electrodomésticos y ordenadores por los cortes de luz, explosiones, etc.
El turismo constituye un fenómeno de masas que se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años, generando la necesidad de una mejor y mayor protección para las personas que lo realizan. La complejidad de la práctica masificada del turismo requiere habitualmente una compleja organización en la que se implican diversas personas y empresas frente a las cuales el turista se encuentra directa o indirectamente en la posición de consumidor. No sorprende por ello que el fenómeno turístico esté directamente relacionado con la problemática jurídica del consumo, y que en la legislación sectorial de fomento y protección del turismo y de defensa de los consumidores y usuarios se dedique una detenida atención a la actividad turística y a la prestación de los servicios con ella relacionados. Ello justifica que en esta obra colectiva se analice la temática de la reparación de los daños de cualquier tipo, incluidos los morales, eventualmente sufrida por el turista y la responsabilidad que en su caso se genera a cargo de los operadores turísticos derivados, entre otros, de la falta de conformidad en la ejecución de los servicios turísticos o por consecuencia de errores en el sistema de reservas, con sus posibles secuelas de resolución contractual y de nacimiento de la correspondiente responsabilidad, estudiándose asimismo el alcance de las indemnizaciones debidas por los daños sufridos por el viajero, la prescripción de las acciones para su ejercicio o los posibles supuestos de exclusión de responsabilidad, sin olvidar cualquier otra circunstancia que pueda derivar en detrimento de los derechos de los consumidores, ni tampoco cómo actuar ante la insolvencia de los operadores profesionales turísticos, aportando a tal fin un minucioso análisis de la jurisprudencia y de la normativa sectorial más reciente en esta materia.
La doctrina de la pérdida de oportunidad se plantea como consecuencia de un tipo de incertidumbre en torno a uno de los presupuestos de una reclamación indemnizatoria, la relación de causalidad. Su virtualidad se produce pues a propósito de dificultades probatorias, de ahí su especial relevancia en el ámbito sanitario. En el campo sanitario la figura tuvo una entrada por la puerta grande, pues en 1998 resultó sorpresivamente acogida por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Desde entonces se replegó a las instancias inferiores, especialmente de la jurisdicción contencioso-administrativa y es ahora cuando, desde abajo, está llegando nuevamente al Alto Tribunal, tanto a la Sala de lo Civil como de lo Contencioso-Administrativo. Esta llegada, y asentamiento, se ha producido sin que, salvo contadas excepciones, la literatura jurídica española le hubiera dedicado hasta fechas recientes demasiada atención. No se trata, por tanto, de un tema en el que nos asomamos al criterio de los Tribunales desde textos legales o, cuando menos, desde doctrinas con un cierto poso entre nosotros. Esta es una razón que, si cabe, hace más interesante y necesaria la aproximación a la praxis. En la obra se analiza el estado de la cuestión a través del estudio de las decisiones recaídas en las diferentes instancias tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso-administrativa. El resultado es un primer material de reflexión en el que se alerta de ciertos peligros y se proponen diversas pautas para el tratamiento de la cuestión.
El presente trabajo se circunscribe al análisis jurisprudencial y doctrinal de la responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico que sean imputables a la misma como prestadora del servicio público de carreteras. Se aborda el estudio del ámbito objetivo y subjetivo y el análisis posterior de los presupuestos de la responsabilidad de este servicio público y un criterio jurídico de imputación basado en el círculo de riesgo controlable y en la aplicación de un estándar inspirado en la finalidad de seguridad viaria que este servicio debe garantizar. Se ocupa fundamentalmente de dos conceptos clave para determinar la responsabilidad de la Administración. Se trata por un lado del análisis del servicio público de carreteras, y del carácter antijurídico del daño por otro lado. Con respecto al primer concepto, se configura un estándar que pueda servir de parámetro de valoración del funcionamiento del servicio de carreteras. Con relación al segundo se determina si, en virtud de la norma aplicable, la Administración titular del servicio está obligada o no a soportar el riesgo de producir un daño al usuario de la vía. La función de policía de carreteras será el punto de partida para desglosar las respectivas funciones del servicio, cuyo contenido se va a perfilar en función a los riesgos que tratan de ser evitados: irregularidades del firme, peligrosidad del trazado, sustancias deslizantes, árboles existentes en la propia vía o al margen de la calzada, desprendimientos de piedras, irrupción de animales sobre la vía, etc. En sede de atropellos de especies cinegéticas se tendrá presente la consagración legal de la responsabilidad del titular de la vía contenida en la Disposición Adicional Novena de la LTCVMSV incorporada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, del carnet de conducir por puntos. Se analiza la responsabilidad de la Administración titular del servicio que contrata una obra o un servicio o decide la concesión de vías públicas y los casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas. El nexo causal, la responsabilidad por omisión, causas de exoneración, concurrencia de causas y cuantificación del daño permiten ofrecer una visión de conjunto de estos casos de responsabilidad. Se trata de una obra de gran interés para académicos, abogados y empresas relacionadas con el sector asegurador.
Este monografía tiene por objeto analizar la tutela jurídico-civil del particular frente a los daños civiles por contaminación industrial (es decir, los padecidos en su persona, bienes y derechos). Para ello, se estudiará el ámbito de aplicación de los artículos 590, 1908 y 1902 del Código Civil español, según el papel central que la doctrina y la jurisprudencia les otorgan. Asimismo se hará un análisis comparado con las distintas soluciones jurídicas o jurisprudenciales existentes tanto a nivel autonómico (Navarra, Aragón o Cataluña) como extranjero (Alemania, Francia, Italia, EE.UU. e Inglaterra), especialmente en materia de inmisiones. También se observará la posible influencia en las decisiones adoptadas por los tribunales civiles que tiene el cumplimiento por parte del operador industrial de la normativa administrativa y de la existencia de licencias y autorizaciones. Finalmente, se examinarán las posibles ventajas de adoptar, mediante ley especial, un régimen objetivo de responsabilidad civil por contaminación para los daños causados por actividades anormalmente peligrosas que exija, a su vez, la constitución de un seguro obligatorio que cubra su prevención y reparación. DESARROLLO.
Se presenta actualizada en este Cuaderno la casuística relativa al seguro del hogar, ya tratada en el del año 2009. Aunque su denominación no está recogida específicamente en la Ley de Contrato de Seguro, se compone de diversas coberturas que, en sí mismas, son integradoras de figuras autónomas, como el seguro de incendio, de robo, etc., pero que, por necesidades sociales, se recogen en una sola póliza multirriesgo. La primera parte de este estudio trata sobre los aspectos generales y comunes a las pólizas contra daños, como son las acciones específicas de la Ley de Contrato de Seguro, el plazo de prescripción aplicable para reclamar a la aseguradora la cobertura del riesgo contratado, o viceversa, o el tiempo disponible por la entidad para reclamar el pago de la prima. Y la segunda desbroza de manera pormenorizada las diferentes coberturas, como son los perjuicios producidos en la propia vivienda o en la de los vecinos por la rotura de tuberías, por las inundaciones consecuencia de las lluvias, por incendio, así como el robo de objetos, los daños en electrodomésticos y ordenadores por los cortes de luz, explosiones, etc.
El turismo constituye un fenómeno de masas que se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años, generando la necesidad de una mejor y mayor protección para las personas que lo realizan. La complejidad de la práctica masificada del turismo requiere habitualmente una compleja organización en la que se implican diversas personas y empresas frente a las cuales el turista se encuentra directa o indirectamente en la posición de consumidor. No sorprende por ello que el fenómeno turístico esté directamente relacionado con la problemática jurídica del consumo, y que en la legislación sectorial de fomento y protección del turismo y de defensa de los consumidores y usuarios se dedique una detenida atención a la actividad turística y a la prestación de los servicios con ella relacionados. Ello justifica que en esta obra colectiva se analice la temática de la reparación de los daños de cualquier tipo, incluidos los morales, eventualmente sufrida por el turista y la responsabilidad que en su caso se genera a cargo de los operadores turísticos derivados, entre otros, de la falta de conformidad en la ejecución de los servicios turísticos o por consecuencia de errores en el sistema de reservas, con sus posibles secuelas de resolución contractual y de nacimiento de la correspondiente responsabilidad, estudiándose asimismo el alcance de las indemnizaciones debidas por los daños sufridos por el viajero, la prescripción de las acciones para su ejercicio o los posibles supuestos de exclusión de responsabilidad, sin olvidar cualquier otra circunstancia que pueda derivar en detrimento de los derechos de los consumidores, ni tampoco cómo actuar ante la insolvencia de los operadores profesionales turísticos, aportando a tal fin un minucioso análisis de la jurisprudencia y de la normativa sectorial más reciente en esta materia.
La doctrina de la pérdida de oportunidad se plantea como consecuencia de un tipo de incertidumbre en torno a uno de los presupuestos de una reclamación indemnizatoria, la relación de causalidad. Su virtualidad se produce pues a propósito de dificultades probatorias, de ahí su especial relevancia en el ámbito sanitario. En el campo sanitario la figura tuvo una entrada por la puerta grande, pues en 1998 resultó sorpresivamente acogida por la Sala Primera del Tribunal Supremo. Desde entonces se replegó a las instancias inferiores, especialmente de la jurisdicción contencioso-administrativa y es ahora cuando, desde abajo, está llegando nuevamente al Alto Tribunal, tanto a la Sala de lo Civil como de lo Contencioso-Administrativo. Esta llegada, y asentamiento, se ha producido sin que, salvo contadas excepciones, la literatura jurídica española le hubiera dedicado hasta fechas recientes demasiada atención. No se trata, por tanto, de un tema en el que nos asomamos al criterio de los Tribunales desde textos legales o, cuando menos, desde doctrinas con un cierto poso entre nosotros. Esta es una razón que, si cabe, hace más interesante y necesaria la aproximación a la praxis. En la obra se analiza el estado de la cuestión a través del estudio de las decisiones recaídas en las diferentes instancias tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso-administrativa. El resultado es un primer material de reflexión en el que se alerta de ciertos peligros y se proponen diversas pautas para el tratamiento de la cuestión.