Sera sin duda deseada y muy bien recibida por muchos una orientacion acerca de los actuales esfuerzos y direcciones referentes al Derecho penal, y una exposicion critica de las nociones fundamentales del mismo desde el punto de vista filosofico-juridico.
¿En qué consiste la ilicitud material del delito de receptación? ¿Qué daño causa esta clase de conducta? ¿Por qué es legítima su criminalización? Estos interrogantes son los que plantea y responde Alejandra Verde en la presente obra, antes de abordar, de la mano de esas respuestas, complejas cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de este tipo penal en la praxis argentina, española y alemana. El libro se integra, así, en una nueva generación de estudios de la parte especial del Derecho penal, preocupada por el análisis de la estructura profunda de los tipos penales en particular. Para ello se vale de conocimientos provenientes tanto de la parte general del Derecho penal como de la filosofía moral contemporánea, aplicados al tema investigado con rigurosidad analítica y criterio práctico. Esto permite a la autora proponer soluciones teóricamente muy fundamentadas a difíciles problemas puntuales que plantean las denominadas conductas posdelictuales en general, esto es, no solo la receptación, sino también las distintas formas de encubrimiento y el lavado de activos. Dificultades de lege lata, como las relativas al bien jurídico protegido y al impacto, en este contexto, de la idea de delito posterior copenado, son abordadas con especial profundidad. Y se encuentran, a la vez, importantes aportes de lege ferenda, relacionados no solo con la regulación concreta de la receptación, sino también con la necesidad de criminalizar conductas hoy no punibles, como las vinculadas a la venta o entrega de cosas provenientes de delitos.
Este libro es un fundado trabajo de investigación, donde el tema ha sido tratado con el rigor y con la objetividad que da la independencia. Se analizan los pasos dados por el legislador en las últimas reformas de 1988, 1992 y 1995, ante la crisis tan profunda que se presenta dentro de la Administración de Justicía. Se buscan las causas y se buscan las soluciones con el rigor científico.
La presente colección de Acciones Penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción penal y sus consecuencias, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La pena es el medio con que cuenta el Estado como reacción frente al delito, definiéndose como sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta al individuo responsable por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso con todas las garantías Constitucionales. De ahí, que el Código Penal ofrezca unas reglas para la determinación de la pena aplicable según el delito cometido, así como si debe imponerse en su mitad inferior o superior, o si debe reducir o aumentar en uno o dos grados.
Por sencilla que pueda parecer una investigación penal, el recurso a ciertas bases de datos parece inevitable. Si la investigación se complica y trasciende los límites de nuestras fronteras, algunos sistemas europeos (Eurojust, Europol, OLAF, SIS, ECRIS), de otros Estados miembros o terceros países (sistemas PNR y TFTP) pueden revelar datos sustanciales para el proceso penal en curso. La presente publicación pretende acercar a los profesionales del Derecho estas bases de datos y sistemas de información, así como los instrumentos de cooperación judicial, policial y administrativa que permiten incorporar al expediente judicial la información obtenida con las debidas garantías. Entre estas garantías, las relativas al tratamiento y protección de datos personales encuentran difícil acomodo en el proceso procesal clásico. La protección de datos personales es una creación de Derecho europeo, iniciada por el Consejo de Europa e impulsada con fuerza por la Unión Europea en el ámbito del entonces llamado Derecho comunitario, con escasa influencia por no decir nula- en el derecho procesal de los Estados Miembros. La situación parece haber cambiado radicalmente tras el Tratado de Lisboa, o al menos así lo ha entendido la Comisión, que al amparo del nuevo Articulo 16(2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha puesto sobre la mesa una propuesta de Directiva con incidencia directa en el proceso penal de los Estados Miembros. Aun está por ver si la propuesta respeta el principio de subsidiariedad, pero si así fuera, se augura un interesante debate entre procesalistas y autoridades de protección de datos. Anticipamos en esta publicación algunas de las cuestiones más controvertidas. Entretanto, el legislador procesal español parece ignorar esta realidad y vivir cómodamente sin teléfono móvil, ordenador portátil, y otras muchas herramientas que el resto de los ciudadanos, incluidos aquellos que cometen actividades delictivas, han incorporado a su vida cotidiana. El alarmante desfase entre la letra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sociedad en la que está llamada a aplicarse provoca gran inseguridad en las autoridades policiales y judiciales, que ven la necesidad apremiante de acordar modernas técnicas de investigación como única manera de hacer frente a ciertos fenómenos delictivos. Los principios y derechos sobre protección de datos afloran constantemente en este contexto, pero no existe una idea clara sobre si resultan aplicables o pueden prevalecer sobre aquellos que rigen el proceso penal clásico. El derecho comparado nos muestra que existen distintas opciones de política legislativa. Sea cual fuere la finalmente elegida por nuestro legislador, en España el debate debe comenzar.
El autor es uno de los mas conspicuos pensadores criticos de America Latina, y las cuarenta lecciones doctorales de la magna obra zaffaroniana, dan cuenta de unas preocupaciones diafanas por las libertades y las democracias, por la ampliacion irrestricta de derechos y por el humanismo juridico en todas sus dimensiones.
El lector tiene entre sus manos un compendio de lecciones de Derecho Penal y Procesal Penal adaptadas al programa oficial del examen estatal de acceso a la profesion de abogado.
La utilización de hipótesis científicas en el proceso penal no es particularmente desconocida, sino que se remonta a varios siglos. Una de sus principales funciones ha sido el reconocimiento de los delincuentes, sirviéndose para ello de conclusiones adulteradas. En la actualidad, dicha utilización ha resurgido con el advenimiento de la neurociencia. En particular, con una de las aplicaciones que acapara gran parte de esta relación interdisciplinaria: la neuropredicción (neuroprediction). Ante este escenario, el presente trabajo examina si la neuropredicción es una reformulación de teorías atávicas, infructuosas y sesgadas o, por el contrario, representa la superación de los escollos y los déficits que caracterizaron anteriores planteamientos teóricos. A los efectos de disolver esta disyuntiva, se analizan: la cientificidad de las premisas que vertebran la neuropredicción, la solidez y consistencia de los parámetros que se señalan como biomarcadores, el impacto que dicha propuesta irradia en los principios y normas que rigen el proceso penal y la idoneidad de buscar respuestas jurídicas en la ciencia. La meditación acerca de estos particulares desemboca en la conclusión de la no-plausibilidad de la prueba neurocientífica como prognosis de peligrosidad, al presentar quiebras científicas y jurídicas críticas. A resultas de ello, en la parte final de la obra se bosquejan nuevos ámbitos de interacción interdisciplinaria que sorteen los obstáculos identificados.
Litigación penal es una obra colectiva que armoniza las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos procesalistas conformando una estructura sistémica del proceso penal a través de su trazabilidad. El seguimiento editorial de la primera edición ha confirmado su precisa utilidad para (i) profesionales con gran experiencia en el proceso penal, al disponer concentradas y actualizadas las referencias legales y jurisprudenciales europeas y españolas en un área en continua evolución; (ii) directores de equipos de abogados procesalistas, como herramienta para garantizar la calidad técnica de sus miembros; (iii) docentes, quienes habrían encontrado una ágil y modulable herramienta para la transmisión del conocimiento del proceso penal; y, (iv) profesionales y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes permite acelerar su generación de valor al frente de juzgados y despachos y ante clientes. Esta segunda edición ofrece esa sistemática actualizada con todos los contenidos legislativos y jurisprudenciales (europeos y españoles) que han continuado transformando el procedimiento penal como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros, de 17 de octubre de 2019, reguladora de la videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE (Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018, sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales en procesos extradicionales; las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ y sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani) respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre (Sentencia del procés); el Reglamento (UE) 2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018 de 5 de diciembre (PDPYGDD); la Ley 3/2018 reguladora de la Orden Europea de Investigación, o el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la información que busca de una manera mucho más rápida y sencilla.
Sera sin duda deseada y muy bien recibida por muchos una orientacion acerca de los actuales esfuerzos y direcciones referentes al Derecho penal, y una exposicion critica de las nociones fundamentales del mismo desde el punto de vista filosofico-juridico.
¿En qué consiste la ilicitud material del delito de receptación? ¿Qué daño causa esta clase de conducta? ¿Por qué es legítima su criminalización? Estos interrogantes son los que plantea y responde Alejandra Verde en la presente obra, antes de abordar, de la mano de esas respuestas, complejas cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de este tipo penal en la praxis argentina, española y alemana. El libro se integra, así, en una nueva generación de estudios de la parte especial del Derecho penal, preocupada por el análisis de la estructura profunda de los tipos penales en particular. Para ello se vale de conocimientos provenientes tanto de la parte general del Derecho penal como de la filosofía moral contemporánea, aplicados al tema investigado con rigurosidad analítica y criterio práctico. Esto permite a la autora proponer soluciones teóricamente muy fundamentadas a difíciles problemas puntuales que plantean las denominadas conductas posdelictuales en general, esto es, no solo la receptación, sino también las distintas formas de encubrimiento y el lavado de activos. Dificultades de lege lata, como las relativas al bien jurídico protegido y al impacto, en este contexto, de la idea de delito posterior copenado, son abordadas con especial profundidad. Y se encuentran, a la vez, importantes aportes de lege ferenda, relacionados no solo con la regulación concreta de la receptación, sino también con la necesidad de criminalizar conductas hoy no punibles, como las vinculadas a la venta o entrega de cosas provenientes de delitos.
Este libro es un fundado trabajo de investigación, donde el tema ha sido tratado con el rigor y con la objetividad que da la independencia. Se analizan los pasos dados por el legislador en las últimas reformas de 1988, 1992 y 1995, ante la crisis tan profunda que se presenta dentro de la Administración de Justicía. Se buscan las causas y se buscan las soluciones con el rigor científico.
La presente colección de Acciones Penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción penal y sus consecuencias, facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación, jurisprudencia, bibliografía, esquema procedimental y formularios habituales. La pena es el medio con que cuenta el Estado como reacción frente al delito, definiéndose como sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta al individuo responsable por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso con todas las garantías Constitucionales. De ahí, que el Código Penal ofrezca unas reglas para la determinación de la pena aplicable según el delito cometido, así como si debe imponerse en su mitad inferior o superior, o si debe reducir o aumentar en uno o dos grados.
Por sencilla que pueda parecer una investigación penal, el recurso a ciertas bases de datos parece inevitable. Si la investigación se complica y trasciende los límites de nuestras fronteras, algunos sistemas europeos (Eurojust, Europol, OLAF, SIS, ECRIS), de otros Estados miembros o terceros países (sistemas PNR y TFTP) pueden revelar datos sustanciales para el proceso penal en curso. La presente publicación pretende acercar a los profesionales del Derecho estas bases de datos y sistemas de información, así como los instrumentos de cooperación judicial, policial y administrativa que permiten incorporar al expediente judicial la información obtenida con las debidas garantías. Entre estas garantías, las relativas al tratamiento y protección de datos personales encuentran difícil acomodo en el proceso procesal clásico. La protección de datos personales es una creación de Derecho europeo, iniciada por el Consejo de Europa e impulsada con fuerza por la Unión Europea en el ámbito del entonces llamado Derecho comunitario, con escasa influencia por no decir nula- en el derecho procesal de los Estados Miembros. La situación parece haber cambiado radicalmente tras el Tratado de Lisboa, o al menos así lo ha entendido la Comisión, que al amparo del nuevo Articulo 16(2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha puesto sobre la mesa una propuesta de Directiva con incidencia directa en el proceso penal de los Estados Miembros. Aun está por ver si la propuesta respeta el principio de subsidiariedad, pero si así fuera, se augura un interesante debate entre procesalistas y autoridades de protección de datos. Anticipamos en esta publicación algunas de las cuestiones más controvertidas. Entretanto, el legislador procesal español parece ignorar esta realidad y vivir cómodamente sin teléfono móvil, ordenador portátil, y otras muchas herramientas que el resto de los ciudadanos, incluidos aquellos que cometen actividades delictivas, han incorporado a su vida cotidiana. El alarmante desfase entre la letra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sociedad en la que está llamada a aplicarse provoca gran inseguridad en las autoridades policiales y judiciales, que ven la necesidad apremiante de acordar modernas técnicas de investigación como única manera de hacer frente a ciertos fenómenos delictivos. Los principios y derechos sobre protección de datos afloran constantemente en este contexto, pero no existe una idea clara sobre si resultan aplicables o pueden prevalecer sobre aquellos que rigen el proceso penal clásico. El derecho comparado nos muestra que existen distintas opciones de política legislativa. Sea cual fuere la finalmente elegida por nuestro legislador, en España el debate debe comenzar.
El autor es uno de los mas conspicuos pensadores criticos de America Latina, y las cuarenta lecciones doctorales de la magna obra zaffaroniana, dan cuenta de unas preocupaciones diafanas por las libertades y las democracias, por la ampliacion irrestricta de derechos y por el humanismo juridico en todas sus dimensiones.
El lector tiene entre sus manos un compendio de lecciones de Derecho Penal y Procesal Penal adaptadas al programa oficial del examen estatal de acceso a la profesion de abogado.
La utilización de hipótesis científicas en el proceso penal no es particularmente desconocida, sino que se remonta a varios siglos. Una de sus principales funciones ha sido el reconocimiento de los delincuentes, sirviéndose para ello de conclusiones adulteradas. En la actualidad, dicha utilización ha resurgido con el advenimiento de la neurociencia. En particular, con una de las aplicaciones que acapara gran parte de esta relación interdisciplinaria: la neuropredicción (neuroprediction). Ante este escenario, el presente trabajo examina si la neuropredicción es una reformulación de teorías atávicas, infructuosas y sesgadas o, por el contrario, representa la superación de los escollos y los déficits que caracterizaron anteriores planteamientos teóricos. A los efectos de disolver esta disyuntiva, se analizan: la cientificidad de las premisas que vertebran la neuropredicción, la solidez y consistencia de los parámetros que se señalan como biomarcadores, el impacto que dicha propuesta irradia en los principios y normas que rigen el proceso penal y la idoneidad de buscar respuestas jurídicas en la ciencia. La meditación acerca de estos particulares desemboca en la conclusión de la no-plausibilidad de la prueba neurocientífica como prognosis de peligrosidad, al presentar quiebras científicas y jurídicas críticas. A resultas de ello, en la parte final de la obra se bosquejan nuevos ámbitos de interacción interdisciplinaria que sorteen los obstáculos identificados.
Litigación penal es una obra colectiva que armoniza las aportaciones de abogados penalistas y de teóricos procesalistas conformando una estructura sistémica del proceso penal a través de su trazabilidad. El seguimiento editorial de la primera edición ha confirmado su precisa utilidad para (i) profesionales con gran experiencia en el proceso penal, al disponer concentradas y actualizadas las referencias legales y jurisprudenciales europeas y españolas en un área en continua evolución; (ii) directores de equipos de abogados procesalistas, como herramienta para garantizar la calidad técnica de sus miembros; (iii) docentes, quienes habrían encontrado una ágil y modulable herramienta para la transmisión del conocimiento del proceso penal; y, (iv) profesionales y estudiantes que se inician en el ejercicio, a quienes permite acelerar su generación de valor al frente de juzgados y despachos y ante clientes. Esta segunda edición ofrece esa sistemática actualizada con todos los contenidos legislativos y jurisprudenciales (europeos y españoles) que han continuado transformando el procedimiento penal como la STEDH (Gran Sala) López Ribalda y otros, de 17 de octubre de 2019, reguladora de la videovigilancia con cámaras ocultas; la STJUE (Gran Sala) C-247/17 de 13 de noviembre de 2018, sobre el idéntico trato a dar a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales en procesos extradicionales; las SSTC (Pleno) 85 y 97/2019 declarando parcialmente inconstitucional el art. 294.1 LOPJ y sobre la validez de la prueba i/lícita (Lista Falciani) respectivamente; la STS 459/2019 de 14 de octubre (Sentencia del procés); el Reglamento (UE) 2018/1805 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso; la LO 3/2018 de 5 de diciembre (PDPYGDD); la Ley 3/2018 reguladora de la Orden Europea de Investigación, o el Reglamento CGPJ 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional.
Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la información que busca de una manera mucho más rápida y sencilla.