El presente libro aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos, cuya ordenación sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, desde un enfoque práctico, considerando la Jurisprudencia del TS y la doctrina tanto del TEDH como la del TC. La redacción cuidada y clara permite al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva moderna, a los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los tribunales del orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo que es el proceso penal, desde sus inicios, las medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones que surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La sexta edición presenta importantes modificaciones y actualizaciones: Se añaden capítulos nuevos (legitimación en la teoría del Estado, la naturaleza jurídica del proceso, el derecho a confrontar la prueba, la nulidad de actuaciones; la responsabilidad del Estado juez, reflexiones acerca de la necesaria reforma del proceso penal, entre otros); Destaca la adecuación de diversas materias a causa de recientes reformas legales (art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «justicia universal», las normas sobre detención que recoge la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, modificaciones relativas a la justicia gratuita); Inclusión de numerosas Directivas comunitarias con gran incidencia en el proceso penal; Recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia relativas a cuestiones como el derecho al principio non bis in idem, la confidencialidad entre abogado y cliente y la obligación de las operadoras de conservar y ceder datos relativos a las comunicaciones; Añade la jurisprudencia y la doctrina constitucional más reciente en distintos apartados (la llamada conexión de antijuricidad, la toma de muestras biológicas para el análisis de ADN, las grabaciones con cámara oculta o la utilización de imágenes como prueba, referencia a los Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
El Gobierno ha anunciado su voluntad de impulsar una reforma integral del proceso penal, que desembocará en la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Comisión Institucional creada a tal efecto elaboró una propuesta de texto, cuyo contenido fue sometido a un debate público. Con esa intención la Fundación Fernando Pombo, en colaboración con la UIMP, celebró un curso de verano en el que se debatió sobre la instrucción penal, el rol del juez de garantías y el nuevo papel del fiscal. Este libro recoge todas las ponencias y contribuciones en las mesas redondas realizadas en el seminario por parte de los mejores especialistas y profesionales en la materia: miembros de las distintas comisiones ministeriales que han trabajado en los distintos borradores; actuales autoridades del Ministerio de Justicia, representantes de asociaciones de jueces y fiscales y de expertos europeos en integración de legislación europea. Todo ello favoreció un intercambio plural de conocimientos y de puntos de vista. La obra constituye una contribución de indudable valor porque da cuenta del debate que se está produciendo: se necesita una nueva regulación de la fase de investigación criminal a fin de garantizar que ésta se realice con total imparcialidad y por supuesto con absoluto respeto a las garantías procesales fundamentales; se debe potenciar el papel del fiscal en la fase de instrucción, fortaleciendo previamente su autonomía funcional; se deben redefinir las funciones del Juez como director del proceso, garante del juicio justo y de los derechos de las partes. El libro propone adentrarnos en este estudio para coadyuvar en la reflexión sobre las propuestas que actualmente tenemos sobre la mesa.
La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece la responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido previamente imputada, acusada y condenada en un proceso penal. Ante la ausencia de una reforma procesal que acompañara a la LO 5/2010, el legislador aprobó mediante la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal ciertas modificaciones de la LECrim que, desgraciadamente, resultan insuficientes. Existen multitud de cuestiones -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la sentencia- que deben ser analizadas con mayor exhaustividad que la ofrecida por el legislador para obtener la mejor solución posible. Con el citado propósito, el objeto del presente libro consiste en la configuración de un proceso penal para las personas jurídicas que resuelva los interrogantes que el nuevo modelo plantea en todos los estadios del proceso (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares,?). Para ello se ha analizado la regulación actual, la jurisprudencia existente, así como las soluciones que ofrece el Derecho comparado, especialmente la regulación norteamericana y la aplicación de los programas de cumplimiento o «compliance» como elemento indispensable para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
¿Puedo hablar con mi cliente antes de que la Policía le tome declaración? ¿Debo decir algo si mi cliente no se parece a los otros que forman la rueda de reconocimiento? ¿Puedo proponer nuevas pruebas al comienzo de las sesiones de juicio oral? ¿Qué puedo hacer si se deniega el procesamiento de un imputado? ¿Debo recomendar a mi cliente que preste declaración como imputado cuando las diligencias aún están secretas? ¿Qué pasa si mi cliente reconoce su culpabilidad ante el Juez de Instrucción? ¿Qué puedo decir al Tribunal si no ha venido un testigo fundamental para mi acusación? ¿Es necesario que haga constar protesta cuando me deniegan un medio de prueba? ¿Puedo pedir la condena del acusado basándome solo en la declaración de la víctima? ¿Qué plazo tengo para presentar un escrito de acusación? Este Manual intenta responder a algunas de estas preguntas, facilitando la tarea de los abogados que empiezan su labor profesional ante los Juzgados y Tribunales penales. Para lograr este objetivo, el libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera, dedicada a analizar de manera clara, precisa y comprensible la tramitación de los distintos tipos de procesos penales: ordinario, abreviado, juicio rápido, Tribunal del Jurado, juicio de faltas y proceso especial por injurias y calumnias entre particulares. Y la segunda, dedicada al análisis de los medios de prueba que se practican en las sesiones de juicio oral: declaración de los acusados, examen de los testigos, informe de peritos, prueba documental e inspección ocular. Este material ayudará al abogado a tener un completo dominio de las actuaciones que se realizan ante el Juez de Instrucción y, posteriormente, ante el Tribunal sentenciador. Por tal motivo, se incluye al inicio de cada Capítulo un esquema que contiene la información esencial para saber cómo se va a desarrollar cada actuación procesal. El objetivo es proporcionar pautas para conocer cuándo y cómo se puede recurrir una decisión judicial; cómo desarrollar un informe oral de una forma clara, bien armada jurídicamente y, además, breve (el tribunal se lo agradecerá); cómo y qué pruebas debe solicitar y el modo en que éstas deben practicarse; cómo rebatir la prueba de contrario, etc. Por todo ello, este libro va a ser de gran ayuda para que los abogados puedan celebrar cualquier actuación ante el Juez de Instrucción o el Tribunal sentenciador de forma digna, sensata, congruente y con fundamento jurídico.
La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de apelación que abre esta fase del proceso, es un tema que tras años de estudio y discusión sigue estando de actualidad en nuestro país y, me atrevería a decir, que en muchos países de nuestro entorno. Esta actualidad viene marcada por el hecho de que más allá de la consideración de la segunda instancia como instrumento jurídico-técnico o como una nueva fase del proceso de declaración, alcanza la categoría de pieza básica del enjuiciamiento criminal. Además, y este es el eje central, hoy día, nuestro ordenamiento jurídico aún no ha ofrecido una respuesta legislativa al hecho de que no toda sentencia penal va a tener acceso a un recurso de apelación que abra la segunda instancia. Desde la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ de 1 de julio de 1985, que marcó las bases competenciales para la generalización de la segunda instancia penal se han sucedido numerosos intentos de plasmar la declaración programática de generalización que contenía la citada norma. En esta obra se analiza el fenómeno de la segunda instancia penal desde diferentes ópticas. La primera es un estudio del medio instrumental que, de ordinario, ha abierto la segunda instancia, esto es, el recurso de apelación. En segundo lugar se realiza un análisis de la segunda instancia como nueva fase del enjuiciamiento y sus posibilidades de configuración. Por último, se analiza la segunda instancia penal en nuestro ordenamiento jurídico desde diferentes ópticas que van, desde el análisis del derecho a la segunda instancia penal y el actual estado de cumplimiento del mismo atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la actual configuración de la segunda instancia atendiendo al eje fundamental sobre el que ha pivotado el asunto, esto es, la inmediación probatoria, fundamentalmente desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Además, aunque aún no ha pasado a su tramitación legislativa, no hemos podido obviar la existencia del Borrador del nuevo Código Procesal Penal el cual se ha analizado en cada uno de los aspectos de esta obra.
La presente obra tiene por objeto el estudio de las genéricamente denominadas en el proceso penal intervenciones corporales. Una denominación que incluye un sinfín de diligencias que únicamente tienen en común el hecho de recaer sobre el cuerpo de una persona: desde un simple examen corporal hasta la extracción de elementos o sustancias del interior del cuerpo. Una materia caracterizada, pues, por su heterogeneidad y, en nuestro proceso penal, por su falta de regulación completa y detallada. Por ello, es necesario delimitar tal concepto a fin de poder distinguir, con mayor precisión, si cabe, los distintos supuestos de inspecciones, registros e intervenciones corporales que pueden tener lugar en la fase de instrucción del proceso penal como actos de investigación. Trata, pues, el presente libro las principales cuestiones problemáticas que plantean las investigaciones corporales: su naturaleza jurídica, su deficiente regulación, los derechos fundamentales afectados por las mismas, los presupuestos y requisitos necesarios para su ordenación, la controvertida cuestión de su ejecución forzosa y, finalmente, su eficacia probatoria en el juicio oral. Cuestiones que siguen teniendo actualidad gracias al crecimiento exponencial en los últimos años del uso del ADN como prueba en el proceso penal, la cual, entre otras cuestiones, ha venido a reabrir el debate sobre la utilización del cuerpo del imputado como objeto o fuente de prueba. En definitiva, la presente obra constituye un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de las inspecciones, registros e intervenciones corporales como actos de investigación en el ámbito del proceso penal desde una perspectiva teórica, pero al mismo tiempo pragmática, enmarcada en una concepción garantista del Derecho Procesal Penal.
Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicación de los tipos penales indicados para las conductas responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, históricamente, por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la acción civil y la acción penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las víctimas y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el ejercicio y la renuncia a dicha acción, así como los sujetos responsables (incluidas las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de accidentes de trabajo. En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, establece claramente la competencia de esta jurisdicción para el conocimiento de las reclamaciones civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenía con la jurisdicción civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil adicional. Asimismo, se inclinan por la aplicación analógica del conocido como baremo de tráfico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la cuantificación de las indemnizaciones, haciendo especial hincapié en las distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando sobre cuáles de ellas y en qué cuantía resultan compensables con las prestaciones de la Seguridad Social. Por último, se aborda también el complejo problema que se suscita en aquellos supuestos en que por fallecimiento de la víctima durante la tramitación del procedimiento, se produce la sucesión de la misma, y cómo afecta esta a la legitimación de los herederos y a la cuantía de las indemnizaciones.
El presente trabajo tiene como objeto de estudio la importante reforma que del proceso penal se está gestando en tiempos actuales. Si bien únicamente contamos con el Borrador de Código Procesal Penal aprobado en fecha 25 de febrero de 2013, en éste se ap
Las lecciones que se presentan en esta novena edición ofrecen una exposición clara y sistemática del Derecho procesal penal en una visión, resumida pero completa, de los principios y sistemas del proceso penal, sus categorías básicas (sujetos y objetos) y el desarrollo de los procesos ordinarios, los recursos, los procedimientos especiales, el procedimiento ante la CPI y una aproximación a las costas y la ejecución. La obra se dirige tanto a estudiantes de Grado, Posgrado o Másteres de especialización, como a los abogados y a los juristas en general que deseen obtener una visión actualizada normativa y jurisprudencialmente, así como desde la perspectiva comunitaria.
Los estudios recogidos en el presente volumen, todos ellos publicados en años recientes, son un fiel reflejo de la polifacetica trayectoria academica del autor, coherente con su defensa de un acercamiento integral al derecho penal en el que la teoria jur
El presente libro aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos, cuya ordenación sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, desde un enfoque práctico, considerando la Jurisprudencia del TS y la doctrina tanto del TEDH como la del TC. La redacción cuidada y clara permite al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva moderna, a los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los tribunales del orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo que es el proceso penal, desde sus inicios, las medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones que surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La sexta edición presenta importantes modificaciones y actualizaciones: Se añaden capítulos nuevos (legitimación en la teoría del Estado, la naturaleza jurídica del proceso, el derecho a confrontar la prueba, la nulidad de actuaciones; la responsabilidad del Estado juez, reflexiones acerca de la necesaria reforma del proceso penal, entre otros); Destaca la adecuación de diversas materias a causa de recientes reformas legales (art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «justicia universal», las normas sobre detención que recoge la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, modificaciones relativas a la justicia gratuita); Inclusión de numerosas Directivas comunitarias con gran incidencia en el proceso penal; Recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia relativas a cuestiones como el derecho al principio non bis in idem, la confidencialidad entre abogado y cliente y la obligación de las operadoras de conservar y ceder datos relativos a las comunicaciones; Añade la jurisprudencia y la doctrina constitucional más reciente en distintos apartados (la llamada conexión de antijuricidad, la toma de muestras biológicas para el análisis de ADN, las grabaciones con cámara oculta o la utilización de imágenes como prueba, referencia a los Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
El Gobierno ha anunciado su voluntad de impulsar una reforma integral del proceso penal, que desembocará en la presentación de un nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Comisión Institucional creada a tal efecto elaboró una propuesta de texto, cuyo contenido fue sometido a un debate público. Con esa intención la Fundación Fernando Pombo, en colaboración con la UIMP, celebró un curso de verano en el que se debatió sobre la instrucción penal, el rol del juez de garantías y el nuevo papel del fiscal. Este libro recoge todas las ponencias y contribuciones en las mesas redondas realizadas en el seminario por parte de los mejores especialistas y profesionales en la materia: miembros de las distintas comisiones ministeriales que han trabajado en los distintos borradores; actuales autoridades del Ministerio de Justicia, representantes de asociaciones de jueces y fiscales y de expertos europeos en integración de legislación europea. Todo ello favoreció un intercambio plural de conocimientos y de puntos de vista. La obra constituye una contribución de indudable valor porque da cuenta del debate que se está produciendo: se necesita una nueva regulación de la fase de investigación criminal a fin de garantizar que ésta se realice con total imparcialidad y por supuesto con absoluto respeto a las garantías procesales fundamentales; se debe potenciar el papel del fiscal en la fase de instrucción, fortaleciendo previamente su autonomía funcional; se deben redefinir las funciones del Juez como director del proceso, garante del juicio justo y de los derechos de las partes. El libro propone adentrarnos en este estudio para coadyuvar en la reflexión sobre las propuestas que actualmente tenemos sobre la mesa.
La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece la responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido previamente imputada, acusada y condenada en un proceso penal. Ante la ausencia de una reforma procesal que acompañara a la LO 5/2010, el legislador aprobó mediante la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal ciertas modificaciones de la LECrim que, desgraciadamente, resultan insuficientes. Existen multitud de cuestiones -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la sentencia- que deben ser analizadas con mayor exhaustividad que la ofrecida por el legislador para obtener la mejor solución posible. Con el citado propósito, el objeto del presente libro consiste en la configuración de un proceso penal para las personas jurídicas que resuelva los interrogantes que el nuevo modelo plantea en todos los estadios del proceso (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares,?). Para ello se ha analizado la regulación actual, la jurisprudencia existente, así como las soluciones que ofrece el Derecho comparado, especialmente la regulación norteamericana y la aplicación de los programas de cumplimiento o «compliance» como elemento indispensable para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
¿Puedo hablar con mi cliente antes de que la Policía le tome declaración? ¿Debo decir algo si mi cliente no se parece a los otros que forman la rueda de reconocimiento? ¿Puedo proponer nuevas pruebas al comienzo de las sesiones de juicio oral? ¿Qué puedo hacer si se deniega el procesamiento de un imputado? ¿Debo recomendar a mi cliente que preste declaración como imputado cuando las diligencias aún están secretas? ¿Qué pasa si mi cliente reconoce su culpabilidad ante el Juez de Instrucción? ¿Qué puedo decir al Tribunal si no ha venido un testigo fundamental para mi acusación? ¿Es necesario que haga constar protesta cuando me deniegan un medio de prueba? ¿Puedo pedir la condena del acusado basándome solo en la declaración de la víctima? ¿Qué plazo tengo para presentar un escrito de acusación? Este Manual intenta responder a algunas de estas preguntas, facilitando la tarea de los abogados que empiezan su labor profesional ante los Juzgados y Tribunales penales. Para lograr este objetivo, el libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera, dedicada a analizar de manera clara, precisa y comprensible la tramitación de los distintos tipos de procesos penales: ordinario, abreviado, juicio rápido, Tribunal del Jurado, juicio de faltas y proceso especial por injurias y calumnias entre particulares. Y la segunda, dedicada al análisis de los medios de prueba que se practican en las sesiones de juicio oral: declaración de los acusados, examen de los testigos, informe de peritos, prueba documental e inspección ocular. Este material ayudará al abogado a tener un completo dominio de las actuaciones que se realizan ante el Juez de Instrucción y, posteriormente, ante el Tribunal sentenciador. Por tal motivo, se incluye al inicio de cada Capítulo un esquema que contiene la información esencial para saber cómo se va a desarrollar cada actuación procesal. El objetivo es proporcionar pautas para conocer cuándo y cómo se puede recurrir una decisión judicial; cómo desarrollar un informe oral de una forma clara, bien armada jurídicamente y, además, breve (el tribunal se lo agradecerá); cómo y qué pruebas debe solicitar y el modo en que éstas deben practicarse; cómo rebatir la prueba de contrario, etc. Por todo ello, este libro va a ser de gran ayuda para que los abogados puedan celebrar cualquier actuación ante el Juez de Instrucción o el Tribunal sentenciador de forma digna, sensata, congruente y con fundamento jurídico.
La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de apelación que abre esta fase del proceso, es un tema que tras años de estudio y discusión sigue estando de actualidad en nuestro país y, me atrevería a decir, que en muchos países de nuestro entorno. Esta actualidad viene marcada por el hecho de que más allá de la consideración de la segunda instancia como instrumento jurídico-técnico o como una nueva fase del proceso de declaración, alcanza la categoría de pieza básica del enjuiciamiento criminal. Además, y este es el eje central, hoy día, nuestro ordenamiento jurídico aún no ha ofrecido una respuesta legislativa al hecho de que no toda sentencia penal va a tener acceso a un recurso de apelación que abra la segunda instancia. Desde la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ de 1 de julio de 1985, que marcó las bases competenciales para la generalización de la segunda instancia penal se han sucedido numerosos intentos de plasmar la declaración programática de generalización que contenía la citada norma. En esta obra se analiza el fenómeno de la segunda instancia penal desde diferentes ópticas. La primera es un estudio del medio instrumental que, de ordinario, ha abierto la segunda instancia, esto es, el recurso de apelación. En segundo lugar se realiza un análisis de la segunda instancia como nueva fase del enjuiciamiento y sus posibilidades de configuración. Por último, se analiza la segunda instancia penal en nuestro ordenamiento jurídico desde diferentes ópticas que van, desde el análisis del derecho a la segunda instancia penal y el actual estado de cumplimiento del mismo atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la actual configuración de la segunda instancia atendiendo al eje fundamental sobre el que ha pivotado el asunto, esto es, la inmediación probatoria, fundamentalmente desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Además, aunque aún no ha pasado a su tramitación legislativa, no hemos podido obviar la existencia del Borrador del nuevo Código Procesal Penal el cual se ha analizado en cada uno de los aspectos de esta obra.
La presente obra tiene por objeto el estudio de las genéricamente denominadas en el proceso penal intervenciones corporales. Una denominación que incluye un sinfín de diligencias que únicamente tienen en común el hecho de recaer sobre el cuerpo de una persona: desde un simple examen corporal hasta la extracción de elementos o sustancias del interior del cuerpo. Una materia caracterizada, pues, por su heterogeneidad y, en nuestro proceso penal, por su falta de regulación completa y detallada. Por ello, es necesario delimitar tal concepto a fin de poder distinguir, con mayor precisión, si cabe, los distintos supuestos de inspecciones, registros e intervenciones corporales que pueden tener lugar en la fase de instrucción del proceso penal como actos de investigación. Trata, pues, el presente libro las principales cuestiones problemáticas que plantean las investigaciones corporales: su naturaleza jurídica, su deficiente regulación, los derechos fundamentales afectados por las mismas, los presupuestos y requisitos necesarios para su ordenación, la controvertida cuestión de su ejecución forzosa y, finalmente, su eficacia probatoria en el juicio oral. Cuestiones que siguen teniendo actualidad gracias al crecimiento exponencial en los últimos años del uso del ADN como prueba en el proceso penal, la cual, entre otras cuestiones, ha venido a reabrir el debate sobre la utilización del cuerpo del imputado como objeto o fuente de prueba. En definitiva, la presente obra constituye un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de las inspecciones, registros e intervenciones corporales como actos de investigación en el ámbito del proceso penal desde una perspectiva teórica, pero al mismo tiempo pragmática, enmarcada en una concepción garantista del Derecho Procesal Penal.
Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicación de los tipos penales indicados para las conductas responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, históricamente, por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la acción civil y la acción penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las víctimas y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el ejercicio y la renuncia a dicha acción, así como los sujetos responsables (incluidas las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de accidentes de trabajo. En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, establece claramente la competencia de esta jurisdicción para el conocimiento de las reclamaciones civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenía con la jurisdicción civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil adicional. Asimismo, se inclinan por la aplicación analógica del conocido como baremo de tráfico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la cuantificación de las indemnizaciones, haciendo especial hincapié en las distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando sobre cuáles de ellas y en qué cuantía resultan compensables con las prestaciones de la Seguridad Social. Por último, se aborda también el complejo problema que se suscita en aquellos supuestos en que por fallecimiento de la víctima durante la tramitación del procedimiento, se produce la sucesión de la misma, y cómo afecta esta a la legitimación de los herederos y a la cuantía de las indemnizaciones.
El presente trabajo tiene como objeto de estudio la importante reforma que del proceso penal se está gestando en tiempos actuales. Si bien únicamente contamos con el Borrador de Código Procesal Penal aprobado en fecha 25 de febrero de 2013, en éste se ap
Las lecciones que se presentan en esta novena edición ofrecen una exposición clara y sistemática del Derecho procesal penal en una visión, resumida pero completa, de los principios y sistemas del proceso penal, sus categorías básicas (sujetos y objetos) y el desarrollo de los procesos ordinarios, los recursos, los procedimientos especiales, el procedimiento ante la CPI y una aproximación a las costas y la ejecución. La obra se dirige tanto a estudiantes de Grado, Posgrado o Másteres de especialización, como a los abogados y a los juristas en general que deseen obtener una visión actualizada normativa y jurisprudencialmente, así como desde la perspectiva comunitaria.
La reincidencia esta revestida de toda la utilidad necesaria para emprender el estudio de la obra de T. E. Karayev.
Los estudios recogidos en el presente volumen, todos ellos publicados en años recientes, son un fiel reflejo de la polifacetica trayectoria academica del autor, coherente con su defensa de un acercamiento integral al derecho penal en el que la teoria jur