Como es sabido, en nuestro proceso civil rige de manera hegemónica el principio de la doble instancia, lo que hace que, a salvo las dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta sea inferior a 3000 , la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales civiles, y muchas de sus resoluciones en forma de auto, sean susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de apelación. La apelación se manifiesta, así, como el recurso ordinario y devolutivo por excelencia y el que más profusamente es utilizado en la práctica, pues a través del mismo la parte gravada puede lograr la revocación de la resolución dictada en la primera instancia y su sustitución por otra que le sea favorable. De toda la problemática procesal que encierra el desarrollo de la apelación, tras las importantes reformas introducidas por la Ley de Medidas de Agilización Procesal, da cuenta la presente obra, tanto desde el plano doctrinal, como desde el jurisprudencial, incorporando, asimismo, útiles formularios, esquemas y casos prácticos, en materias tales como el régimen de las resoluciones recurribles, los requisitos que condicionan la admisibilidad de la apelación (plazos, tasas judiciales, depósitos...), las pretensiones que pueden deducirse en el mismo, la regulación de la prueba en segunda instancia, etc.
Acusar a alguien de la comisión de un delito constituye una de las decisiones más trascendentales y graves del proceso penal: the process is the punishment. La sociedad española es cada vez más consciente de que es preciso que este tipo de decisiones esté sometido a criterios uniformes, claros y transparentes y que sirvan para evitar que los ciudadanos puedan llegar a ser objeto de investigaciones indiscriminadas o de acusaciones infundadas o injustificadas. Además, esta decisión se erige en un auténtico desafío intelectual para el Ministerio Fiscal, que es quien legalmente tiene la obligación de promover el ejercicio de la acción penal. Así pues, en un momento en que se nos ha vuelto a dar la oportunidad de abordar la reforma del proceso penal, el autor opina que resulta imprescindible suscitar de nuevo el debate sobre esta importante cuestión y lo hace considerándolo en esta ocasión precisamente a la luz del proceso penal inglés, que es el que suele tomarse como modelo para referirse a un proceso típicamente acusatorio. Con este propósito, se incluye la versión traducida del Code for Crown Prosecutors que ha realizado la Profesora Titular de Traducción e Interpretación de la UAM, Esther Vázquez y del Árbol.
La presente obra aborda el análisis del primero de los procesos declarativos ordinarios que contempla la LEC, el juicio ordinario, el cual, junto con el juicio verbal (y, aunque con otra distinta naturaleza, el proceso monitorio), es uno de los más profusamente utilizados en nuestros tribunales. Como es sabido, este proceso (al que ha de acudirse para solventar los conflictos señalados cualitativamente en el artículo 249.1 de la LEC, y aquellos otros que cuantitativamente superen la barrera de los seis mil euros) se desarrolla a través de una primera fase escrita de alegaciones (la demanda y la contestación a la demanda) y de dos ulteriores fases orales (la audiencia previa al juicio y, propiamente, el juicio oral). Pues bien, todos y cada uno de los actos y trámites que conforman dichas fases procesales se examinan con detalle desde una perspectiva eminentemente práctica, lo que hace que, junto al inicial comentario doctrinal explicativo, se incorpore una cuidada selección de la jurisprudencia más relevante habida sobre este proceso civil ordinario, así como una útil serie de formularios, esquemas y casos prácticos.
Derecho Procesal Civil, Tomo I, es un texto en el que se abordan, en veintitrés temas, los conceptos generales del Derecho Procesal Civil, los procesos declarativos ordinarios, las medidas cautelares y los recursos. La estructura que se ha seguido en la totalidad de los temas facilita su asimilación porque permite al lector captar lo esencial de cada una de las materias que los integran. Este texto es de utilidad tanto a estudiantes de las actuales titulaciones de Grado y dobles Grados como a estudiantes de Máster y aspira, asimismo, a servir de herramienta para los profesionales del Derecho que podrán encontrar en él la información necesaria para el ejercicio de su actividad.
La gran diversidad de temas a los que los profesionales de la Justicia deben enfrentarse dificulta la correcta evaluación de los casos sujetos a litigio. Los jueces, fiscales y letrados que participan en las causas deben aumentar su catálogo de habilidades mediante la interiorización de herramientas de carácter técnico. Estos nuevos conocimientos básicos de física y reconstrucción de accidentes, necesariamente, deben estar explicados de forma clara y deben facilitar el entendimiento de los diversos factores desencadenantes que concurren en un accidente de tráfico. Este libro nace para dar respuesta a esta necesidad y con la prioridad de dotar a los profesionales de la justicia de conocimientos técnicos en materia de reconstrucción de accidentes de tráfico. Deseamos que el lector de este libro lo pueda utilizar como guía o referencia para evaluar cualitativamente las diferentes pruebas presentadas en el proceso judicial. Esperamos haber conseguido un texto riguroso, ameno y profusamente ilustrado.
El Cuaderno está dedicado a analizar la Ley de jurisdicción voluntaria en sus aspectos jurídicos-mercantiles. Partiendo de una presentación inicial de su contenido general, se adentra en el estudio de las novedades que aporta y de la transcendencia mercantil aplicada a varios supuestos. Es una obra práctica que apoya la resolución de los conflictos, descargando, aquellos que sean posibles, del sistema judicial habitual. La coordinación corresponde a Alberto Alonso Ureba y a Efrén Villán Sánchez.
Descripción Índice Autores En el momento de la adopción de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, nadie podía imaginar el desarrollo y las implicaciones que esta norma tendría en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En el contexto general de crisis económica que ha vivido y vive nuestro país, los jueces y tribunales del orden civil han utilizado el reenvío prejudicial al TJUE con arreglo al artículo 267 del TFUE, como alternativa estratégica ante la deficiente tutela otorgada al consumidor por nuestra legislación. Se aborda en este trabajo, con una visión eminentemente práctica, un análisis de la jurisprudencia europea y nacional recaída a propósito de la Directiva 93/13, incluyendo las recientes sentencias de 21-12-2016 y 26-01-2017. Se recopila y sistematiza asimismo la doctrina de la DGR y N sobre el control apud acta de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito hipotecario. La jurisprudencia del TJUE orienta los elementos valorativos y los criterios que el juez nacional ha de tomar en consideración a la hora de calificar una cláusula como abusiva, en el sentido del artículo 3 de la Directiva, la interpretación de los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor. El estudio se ha centrado en el análisis de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios y ordinarios, así como la llamada cláusula suelo. Mención especial merece el análisis de las consecuencias de la declaración de abusividad de una determinada cláusula contractual. Es precisamente, a propósito de las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva, donde el debate es más vívido y donde se observa una mayor resistencia a asumir la doctrina de la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas.
Como es sabido, en nuestro proceso civil rige de manera hegemónica el principio de la doble instancia, lo que hace que, a salvo las dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta sea inferior a 3000 , la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales civiles, y muchas de sus resoluciones en forma de auto, sean susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de apelación. La apelación se manifiesta, así, como el recurso ordinario y devolutivo por excelencia y el que más profusamente es utilizado en la práctica, pues a través del mismo la parte gravada puede lograr la revocación de la resolución dictada en la primera instancia y su sustitución por otra que le sea favorable. De toda la problemática procesal que encierra el desarrollo de la apelación, tras las importantes reformas introducidas por la Ley de Medidas de Agilización Procesal, da cuenta la presente obra, tanto desde el plano doctrinal, como desde el jurisprudencial, incorporando, asimismo, útiles formularios, esquemas y casos prácticos, en materias tales como el régimen de las resoluciones recurribles, los requisitos que condicionan la admisibilidad de la apelación (plazos, tasas judiciales, depósitos...), las pretensiones que pueden deducirse en el mismo, la regulación de la prueba en segunda instancia, etc.
Acusar a alguien de la comisión de un delito constituye una de las decisiones más trascendentales y graves del proceso penal: the process is the punishment. La sociedad española es cada vez más consciente de que es preciso que este tipo de decisiones esté sometido a criterios uniformes, claros y transparentes y que sirvan para evitar que los ciudadanos puedan llegar a ser objeto de investigaciones indiscriminadas o de acusaciones infundadas o injustificadas. Además, esta decisión se erige en un auténtico desafío intelectual para el Ministerio Fiscal, que es quien legalmente tiene la obligación de promover el ejercicio de la acción penal. Así pues, en un momento en que se nos ha vuelto a dar la oportunidad de abordar la reforma del proceso penal, el autor opina que resulta imprescindible suscitar de nuevo el debate sobre esta importante cuestión y lo hace considerándolo en esta ocasión precisamente a la luz del proceso penal inglés, que es el que suele tomarse como modelo para referirse a un proceso típicamente acusatorio. Con este propósito, se incluye la versión traducida del Code for Crown Prosecutors que ha realizado la Profesora Titular de Traducción e Interpretación de la UAM, Esther Vázquez y del Árbol.
La presente obra aborda el análisis del primero de los procesos declarativos ordinarios que contempla la LEC, el juicio ordinario, el cual, junto con el juicio verbal (y, aunque con otra distinta naturaleza, el proceso monitorio), es uno de los más profusamente utilizados en nuestros tribunales. Como es sabido, este proceso (al que ha de acudirse para solventar los conflictos señalados cualitativamente en el artículo 249.1 de la LEC, y aquellos otros que cuantitativamente superen la barrera de los seis mil euros) se desarrolla a través de una primera fase escrita de alegaciones (la demanda y la contestación a la demanda) y de dos ulteriores fases orales (la audiencia previa al juicio y, propiamente, el juicio oral). Pues bien, todos y cada uno de los actos y trámites que conforman dichas fases procesales se examinan con detalle desde una perspectiva eminentemente práctica, lo que hace que, junto al inicial comentario doctrinal explicativo, se incorpore una cuidada selección de la jurisprudencia más relevante habida sobre este proceso civil ordinario, así como una útil serie de formularios, esquemas y casos prácticos.
Derecho Procesal Civil, Tomo I, es un texto en el que se abordan, en veintitrés temas, los conceptos generales del Derecho Procesal Civil, los procesos declarativos ordinarios, las medidas cautelares y los recursos. La estructura que se ha seguido en la totalidad de los temas facilita su asimilación porque permite al lector captar lo esencial de cada una de las materias que los integran. Este texto es de utilidad tanto a estudiantes de las actuales titulaciones de Grado y dobles Grados como a estudiantes de Máster y aspira, asimismo, a servir de herramienta para los profesionales del Derecho que podrán encontrar en él la información necesaria para el ejercicio de su actividad.
La gran diversidad de temas a los que los profesionales de la Justicia deben enfrentarse dificulta la correcta evaluación de los casos sujetos a litigio. Los jueces, fiscales y letrados que participan en las causas deben aumentar su catálogo de habilidades mediante la interiorización de herramientas de carácter técnico. Estos nuevos conocimientos básicos de física y reconstrucción de accidentes, necesariamente, deben estar explicados de forma clara y deben facilitar el entendimiento de los diversos factores desencadenantes que concurren en un accidente de tráfico. Este libro nace para dar respuesta a esta necesidad y con la prioridad de dotar a los profesionales de la justicia de conocimientos técnicos en materia de reconstrucción de accidentes de tráfico. Deseamos que el lector de este libro lo pueda utilizar como guía o referencia para evaluar cualitativamente las diferentes pruebas presentadas en el proceso judicial. Esperamos haber conseguido un texto riguroso, ameno y profusamente ilustrado.
El Cuaderno está dedicado a analizar la Ley de jurisdicción voluntaria en sus aspectos jurídicos-mercantiles. Partiendo de una presentación inicial de su contenido general, se adentra en el estudio de las novedades que aporta y de la transcendencia mercantil aplicada a varios supuestos. Es una obra práctica que apoya la resolución de los conflictos, descargando, aquellos que sean posibles, del sistema judicial habitual. La coordinación corresponde a Alberto Alonso Ureba y a Efrén Villán Sánchez.
Descripción Índice Autores En el momento de la adopción de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, nadie podía imaginar el desarrollo y las implicaciones que esta norma tendría en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En el contexto general de crisis económica que ha vivido y vive nuestro país, los jueces y tribunales del orden civil han utilizado el reenvío prejudicial al TJUE con arreglo al artículo 267 del TFUE, como alternativa estratégica ante la deficiente tutela otorgada al consumidor por nuestra legislación. Se aborda en este trabajo, con una visión eminentemente práctica, un análisis de la jurisprudencia europea y nacional recaída a propósito de la Directiva 93/13, incluyendo las recientes sentencias de 21-12-2016 y 26-01-2017. Se recopila y sistematiza asimismo la doctrina de la DGR y N sobre el control apud acta de las cláusulas abusivas en los contratos de crédito hipotecario. La jurisprudencia del TJUE orienta los elementos valorativos y los criterios que el juez nacional ha de tomar en consideración a la hora de calificar una cláusula como abusiva, en el sentido del artículo 3 de la Directiva, la interpretación de los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor. El estudio se ha centrado en el análisis de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios y ordinarios, así como la llamada cláusula suelo. Mención especial merece el análisis de las consecuencias de la declaración de abusividad de una determinada cláusula contractual. Es precisamente, a propósito de las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva, donde el debate es más vívido y donde se observa una mayor resistencia a asumir la doctrina de la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas.
