Esta edición, anotada y concordada, presenta el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las últimas reformas (entre ellas las derivadas de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 12/2011, de 26 de agosto, así como las recientes Leyes de medidas de agilización procesal y de modificación de la Ley Concursal). A ella le acompaña la parte vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, así como las normas complementarias más importantes (incluidas las reformas efectuadas en ellas), entre las que destacan: Código Civil; Leyes Orgánicas sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y reguladora del Derecho de Rectificación. Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (modificado por la Ley 1/2012, de 22 de junio); Leyes de Sociedades Laborales, de Garantía Recíproca y de Cooperativas. Leyes de Competencia Desleal, de Patentes, de Marcas, de Propiedad Intelectual, General de Publicidad, de Condiciones Generales de la Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y Cambiaria y del Cheque. Ley y Reglamento Hipotecario, y Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión; Leyes de Arbitraje, de Asistencia Jurídica Gratuita y de Partidos Políticos. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Leyes de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Ley Orgánica para la Reforma Concursal y Ley Concursal (con las reformas operadas por la Ley 38/2011); Texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo sobre título ejecutivo europeo para créditos no impugnados; sobre proceso monitorio europeo; sobre proceso europeo de escasa cuantía.
En palabras de la autora: "Es difícil encontrar un curso o un máster en el que se enseñe a los abogados cómo deben actuar en las intervenciones orales (audiencia previa, juicio del ordinario y las vistas del verbal) y sin embargo es obvio que resulta conveniente e incluso necesario instruir a aquéllos sobre la mejor forma de llevarlas a cabo. Este manual pretende, de una manera comprensible, clara y concisa, proporcionar a los abogados las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en sala". Una de las grandes transformaciones que representó la actual Ley de Enjuiciamiento Civil frente a su predecesora fue que el proceso civil, hasta entonces esencialmente escrito, pasó a convertirse en un procedimiento oral, que exige a los abogados el desarrollo de todas sus etapas ante la presencia del juez y mediante audiencia que favorezca una mayor agilidad en su desarrollo, a la vez que requiere de una técnica forense para los letrados intervinientes a la hora de plantear sus posiciones o rebatir las de contrario. La obra se estructura en torno a las diferentes fases del proceso civil que exigen la intervención verbal de los abogados contendientes: - La audiencia previa - Juicio ordinario - Juicio verbal - La prueba en general - La documental - El interrogatorio - La pericial - La testifical - La reproducción de imagen o sonido - El reconocimiento judicial Y cada uno de dichos apartados tiene una disposición común: - Esquema descriptivo de la actuación procesal - Análisis de los aspectos formales y jurídicos de la fase procedimental - Reproducción de la normativa procesal de aplicación - Jurisprudencia relacionada De nuevo acudimos a las palabras de la autora para describir la utilidad de la obra: "este libro va a ser de gran ayuda para que los abogados puedan celebrar las audiencias de forma digna, sensata, congruente y fundamentada jurídicamente, pues contiene los esquemas estratégicos en los que apoyarse tanto en las audiencias previas como en el posterior juicio ordinario o en el verbal".
Una de las novedades de la LEC fue realizar una regulación unitaria de las medidas cautelares en los artículos 721 a 747 LEC. De esta forma se concretaba la exigencia expresada por el Consejo General del Poder Judicial y por la doctrina de forma unánime durante la vigencia de la LEC de 1881. El objeto de esta monografía es revisar la problemática suscitada después de más de diez años de la entrada en vigor de la LEC. Para ello se realiza un completo análisis doctrinal y jurisprudencial con la finalidad de aportar soluciones eficaces a los problemas procesales que ha planteado la interpretación y aplicación de la regulación de la LEC sobre las medidas cautelares.
El impago voluntario de las deudas, cuando el acreedor ostenta un título ejecutivo, conduce necesariamente al procedimiento ejecutivo a través de la correspondiente demanda, constituyendo el embargo la piedra angular de ese procedimiento, al ser el mecanismo a través del cual se llegan a afectar determinados bienes del deudor para con ellos, y a través de las distintas formas de realización que se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil, procurar el buen fin de la ejecución, esto es el pago de lo debido al acreedor. La presente obra, que se integra en la colección Práctica Jurídica, trata d abordar desde un punto de vista eminentemente práctico el estudio del embargo, comenzando con un comentario doctrinal donde se analizan los aspectos esenciales del mismo, entrando en las particularidades de su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta su última modificación a través de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, sin olvidar aspectos tan importantes como la necesidad de determinar la titularidad de los bienes o derechos embargados, las limitaciones o prohibición del embargo de determinados bienes, o la medias de garantía que deben adoptarse para que el embargo sea realmente eficaz. Ese comentario doctrinal se ve complementado con una amplia selección de jurisprudencia, que permite conocer las soluciones ofrecidas por los distintos tribunales a los problemas que el embargo plantea, constituyéndose en una herramienta eficaz para los profesionales del derecho o, en general, de cualquier persona interesada en esta materia. Como instrumentos que potencian el punto de vista práctico de esta obra, sin renunciar al rigor doctrinal, se complementa la misma con una serie de esquemas procesales, que permiten una rápida visualización del procedimiento, unos formularios, que sirven de guía de los distintos escritos y resoluciones que se pueden dar en el procedimiento, unos casos prácticos, donde se examinan una serie de supuestos comunes para que sirvan de ejemplo práctico y, por último, la normativa reguladora del embargo a lo largo de una amplia selección legislativa. En esta segunda edición se ha revisado completamente la obra, incorporando las nuevas reformas legislativas con incidencia sobre el embargo, además de una necesaria actualización de la jurisprudencia y una ampliación de los formularios, lo que supone una puesta al día del estudio sobre el embargo.
Las primeras líneas de esta presentación, correspondiente a la 8ª edición, son para recordar con el mayor agradecimiento y cariño a Miguel Ángel Altés Martí. Fue él quien asumió el dominio funcional para conseguir la publicación de lo que inicialmente se pensó como instrumento de trabajo interno de la Fiscalía de Valencia, a la que dedicó gran parte de su apasionante vida profesional, con una entrega reverencial a la institución y un apoyo incondicional a los compañeros. Los dos coautores que continuamos con su iniciativa ya no contamos con sus magistrales aportaciones, pero nos sigue animando su aliento y su compromiso con el servicio público de la Administración de Justicia.
La venta judicial constituye el acto procesal de apremio más generalmente admitido para la conversión en dinero de los bienes del deudor y su entrega al ejecutante en pago de su crédito, cobrando especial protagonismo la realización de los bienes del deudor mediante su venta a través de los mecanismos procesales que autoriza el legislador por convenio entre las partes, enajenación o venta por persona especializada y venta mediante subasta pública, siendo estos dos últimos los más comúnmente admitidos para la venta judicial de inmuebles. Hipoteca y embargo son los derechos de realización de valor más comunes que recaen sobre los bienes inmuebles y que, al actuar como cargas, influyen en la determinación final del precio una vez practicada la operación procesal que conocemos como liquidación de cargas. El camino procesal elegido para la ejecución, incide directa o indirectamente en la venta judicial del bien inmueble y en el producto con ella obtenido respecto del acreedor ejecutante y de los titulares de créditos posteriores que lo gravan a la hora de contraponer las normas de la ejecución ordinaria con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria. La prohibición de disponer como carga que grava el bien inmueble cobra especial interés en los actos de ejecución forzosa como lo es la venta judicial, sin dejar de lado el mecanismo judicial de venta del bien en subasta voluntaria en supuestos como la tan generalizada venta para división de la cosa común. Josep Maria Sabater Sabaté es Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili en la que ejerce como profesor asociado de Derecho Procesal en su Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero. Es autor de diversos trabajos y publicaciones, entre los que destacan en el ámbito de la ejecución procesal civil, La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil (JMª. Bosch Editor, Barcelona 2013), El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito (JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal, 2013, núm. 2, pp. 409 a 446) y el Comentario al art. 666 LEC (en Práctica Procesal Civil Brocá/Majada/Corbal, directores Corbal Fernández, J., Izquierdo Blanco, P. y Picó Junoy, J., 23ª edición, Bosch, Barcelona 2014, tomo VIII, pp. 7478-7499).
La tasación de costas en el proceso civil suele provocar interrogantes y conflictos insospechados, cuando no parece existir ninguna causa que fundamente aquellos o justifique éstos. A buen seguro una legislación en esta materia, que solo se retoca por necesidades coyunturales (la tasa judicial o el IVA son los últimos ejemplos), garantiza una polémica que se antoja innecesaria en esa fase del proceso. O quizá no. Por esta doble razón: la legal y las dudas que originan en la práctica, en este manual se buscan las respuestas a estas últimas y una explicación, más o menos afortunada, que llene las lagunas legales existentes, empleando a tales efectos la experiencia del autor en casi veinticinco años de ejercicio y las referencias jurisprudenciales y doctrinales más recientes. Se trata, por tanto, de facilitar a los profesionales del derecho una herramienta adaptada a las últimas reformas procesales que les permita manejar con más sencillez el trámite de la tasación de costas, sus diferentes fases, su impugnación y todos los elementos que la integran: los honorarios de abogados y peritos, indemnizaciones de testigos, derechos de procuradores y gastos procesales. Por su especial relevancia se dedica un último capítulo a la tasación de costas en el proceso de ejecución y otro epígrafe a los conocidos como «pleitos en masa».
La implantación del llamado Plan Bolonia ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunos cambios en la metodología docente y en lo que se refiere a los contenidos que se imparten tanto en los Estudios de Grado y como en los que afectan al Máster de Acceso a la Profesión de Abogado, que constituyen el primer estadio de la formación de los estudiantes universitarios en las Facultades de Derecho. Esta obra proporciona las claves para poder abordar el estudio del Derecho Procesal proporcionándoles un material docente asequible y de alto nivel formativo y pedagógico que les servirá para la adecuada comprensión de las clases magistrales y la preparación de seminarios y prácticas. Juan Damián Moreno, es un acreditado Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid con una dilatada trayectoria académica y profesional; es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y ha colaborado en la elaboración de varias propuestas legislativas de su especialidad.
Esta edición, anotada y concordada, presenta el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las últimas reformas (entre ellas las derivadas de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 12/2011, de 26 de agosto, así como las recientes Leyes de medidas de agilización procesal y de modificación de la Ley Concursal). A ella le acompaña la parte vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, así como las normas complementarias más importantes (incluidas las reformas efectuadas en ellas), entre las que destacan: Código Civil; Leyes Orgánicas sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y reguladora del Derecho de Rectificación. Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (modificado por la Ley 1/2012, de 22 de junio); Leyes de Sociedades Laborales, de Garantía Recíproca y de Cooperativas. Leyes de Competencia Desleal, de Patentes, de Marcas, de Propiedad Intelectual, General de Publicidad, de Condiciones Generales de la Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y Cambiaria y del Cheque. Ley y Reglamento Hipotecario, y Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión; Leyes de Arbitraje, de Asistencia Jurídica Gratuita y de Partidos Políticos. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Leyes de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Ley Orgánica para la Reforma Concursal y Ley Concursal (con las reformas operadas por la Ley 38/2011); Texto refundido de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo sobre título ejecutivo europeo para créditos no impugnados; sobre proceso monitorio europeo; sobre proceso europeo de escasa cuantía.
En palabras de la autora: "Es difícil encontrar un curso o un máster en el que se enseñe a los abogados cómo deben actuar en las intervenciones orales (audiencia previa, juicio del ordinario y las vistas del verbal) y sin embargo es obvio que resulta conveniente e incluso necesario instruir a aquéllos sobre la mejor forma de llevarlas a cabo. Este manual pretende, de una manera comprensible, clara y concisa, proporcionar a los abogados las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en sala". Una de las grandes transformaciones que representó la actual Ley de Enjuiciamiento Civil frente a su predecesora fue que el proceso civil, hasta entonces esencialmente escrito, pasó a convertirse en un procedimiento oral, que exige a los abogados el desarrollo de todas sus etapas ante la presencia del juez y mediante audiencia que favorezca una mayor agilidad en su desarrollo, a la vez que requiere de una técnica forense para los letrados intervinientes a la hora de plantear sus posiciones o rebatir las de contrario. La obra se estructura en torno a las diferentes fases del proceso civil que exigen la intervención verbal de los abogados contendientes: - La audiencia previa - Juicio ordinario - Juicio verbal - La prueba en general - La documental - El interrogatorio - La pericial - La testifical - La reproducción de imagen o sonido - El reconocimiento judicial Y cada uno de dichos apartados tiene una disposición común: - Esquema descriptivo de la actuación procesal - Análisis de los aspectos formales y jurídicos de la fase procedimental - Reproducción de la normativa procesal de aplicación - Jurisprudencia relacionada De nuevo acudimos a las palabras de la autora para describir la utilidad de la obra: "este libro va a ser de gran ayuda para que los abogados puedan celebrar las audiencias de forma digna, sensata, congruente y fundamentada jurídicamente, pues contiene los esquemas estratégicos en los que apoyarse tanto en las audiencias previas como en el posterior juicio ordinario o en el verbal".
Una de las novedades de la LEC fue realizar una regulación unitaria de las medidas cautelares en los artículos 721 a 747 LEC. De esta forma se concretaba la exigencia expresada por el Consejo General del Poder Judicial y por la doctrina de forma unánime durante la vigencia de la LEC de 1881. El objeto de esta monografía es revisar la problemática suscitada después de más de diez años de la entrada en vigor de la LEC. Para ello se realiza un completo análisis doctrinal y jurisprudencial con la finalidad de aportar soluciones eficaces a los problemas procesales que ha planteado la interpretación y aplicación de la regulación de la LEC sobre las medidas cautelares.
El impago voluntario de las deudas, cuando el acreedor ostenta un título ejecutivo, conduce necesariamente al procedimiento ejecutivo a través de la correspondiente demanda, constituyendo el embargo la piedra angular de ese procedimiento, al ser el mecanismo a través del cual se llegan a afectar determinados bienes del deudor para con ellos, y a través de las distintas formas de realización que se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Civil, procurar el buen fin de la ejecución, esto es el pago de lo debido al acreedor. La presente obra, que se integra en la colección Práctica Jurídica, trata d abordar desde un punto de vista eminentemente práctico el estudio del embargo, comenzando con un comentario doctrinal donde se analizan los aspectos esenciales del mismo, entrando en las particularidades de su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta su última modificación a través de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, sin olvidar aspectos tan importantes como la necesidad de determinar la titularidad de los bienes o derechos embargados, las limitaciones o prohibición del embargo de determinados bienes, o la medias de garantía que deben adoptarse para que el embargo sea realmente eficaz. Ese comentario doctrinal se ve complementado con una amplia selección de jurisprudencia, que permite conocer las soluciones ofrecidas por los distintos tribunales a los problemas que el embargo plantea, constituyéndose en una herramienta eficaz para los profesionales del derecho o, en general, de cualquier persona interesada en esta materia. Como instrumentos que potencian el punto de vista práctico de esta obra, sin renunciar al rigor doctrinal, se complementa la misma con una serie de esquemas procesales, que permiten una rápida visualización del procedimiento, unos formularios, que sirven de guía de los distintos escritos y resoluciones que se pueden dar en el procedimiento, unos casos prácticos, donde se examinan una serie de supuestos comunes para que sirvan de ejemplo práctico y, por último, la normativa reguladora del embargo a lo largo de una amplia selección legislativa. En esta segunda edición se ha revisado completamente la obra, incorporando las nuevas reformas legislativas con incidencia sobre el embargo, además de una necesaria actualización de la jurisprudencia y una ampliación de los formularios, lo que supone una puesta al día del estudio sobre el embargo.
Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye disquete)
Las primeras líneas de esta presentación, correspondiente a la 8ª edición, son para recordar con el mayor agradecimiento y cariño a Miguel Ángel Altés Martí. Fue él quien asumió el dominio funcional para conseguir la publicación de lo que inicialmente se pensó como instrumento de trabajo interno de la Fiscalía de Valencia, a la que dedicó gran parte de su apasionante vida profesional, con una entrega reverencial a la institución y un apoyo incondicional a los compañeros. Los dos coautores que continuamos con su iniciativa ya no contamos con sus magistrales aportaciones, pero nos sigue animando su aliento y su compromiso con el servicio público de la Administración de Justicia.
La venta judicial constituye el acto procesal de apremio más generalmente admitido para la conversión en dinero de los bienes del deudor y su entrega al ejecutante en pago de su crédito, cobrando especial protagonismo la realización de los bienes del deudor mediante su venta a través de los mecanismos procesales que autoriza el legislador por convenio entre las partes, enajenación o venta por persona especializada y venta mediante subasta pública, siendo estos dos últimos los más comúnmente admitidos para la venta judicial de inmuebles. Hipoteca y embargo son los derechos de realización de valor más comunes que recaen sobre los bienes inmuebles y que, al actuar como cargas, influyen en la determinación final del precio una vez practicada la operación procesal que conocemos como liquidación de cargas. El camino procesal elegido para la ejecución, incide directa o indirectamente en la venta judicial del bien inmueble y en el producto con ella obtenido respecto del acreedor ejecutante y de los titulares de créditos posteriores que lo gravan a la hora de contraponer las normas de la ejecución ordinaria con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria. La prohibición de disponer como carga que grava el bien inmueble cobra especial interés en los actos de ejecución forzosa como lo es la venta judicial, sin dejar de lado el mecanismo judicial de venta del bien en subasta voluntaria en supuestos como la tan generalizada venta para división de la cosa común. Josep Maria Sabater Sabaté es Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili en la que ejerce como profesor asociado de Derecho Procesal en su Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero. Es autor de diversos trabajos y publicaciones, entre los que destacan en el ámbito de la ejecución procesal civil, La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil (JMª. Bosch Editor, Barcelona 2013), El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito (JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal, 2013, núm. 2, pp. 409 a 446) y el Comentario al art. 666 LEC (en Práctica Procesal Civil Brocá/Majada/Corbal, directores Corbal Fernández, J., Izquierdo Blanco, P. y Picó Junoy, J., 23ª edición, Bosch, Barcelona 2014, tomo VIII, pp. 7478-7499).
La tasación de costas en el proceso civil suele provocar interrogantes y conflictos insospechados, cuando no parece existir ninguna causa que fundamente aquellos o justifique éstos. A buen seguro una legislación en esta materia, que solo se retoca por necesidades coyunturales (la tasa judicial o el IVA son los últimos ejemplos), garantiza una polémica que se antoja innecesaria en esa fase del proceso. O quizá no. Por esta doble razón: la legal y las dudas que originan en la práctica, en este manual se buscan las respuestas a estas últimas y una explicación, más o menos afortunada, que llene las lagunas legales existentes, empleando a tales efectos la experiencia del autor en casi veinticinco años de ejercicio y las referencias jurisprudenciales y doctrinales más recientes. Se trata, por tanto, de facilitar a los profesionales del derecho una herramienta adaptada a las últimas reformas procesales que les permita manejar con más sencillez el trámite de la tasación de costas, sus diferentes fases, su impugnación y todos los elementos que la integran: los honorarios de abogados y peritos, indemnizaciones de testigos, derechos de procuradores y gastos procesales. Por su especial relevancia se dedica un último capítulo a la tasación de costas en el proceso de ejecución y otro epígrafe a los conocidos como «pleitos en masa».
La implantación del llamado Plan Bolonia ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunos cambios en la metodología docente y en lo que se refiere a los contenidos que se imparten tanto en los Estudios de Grado y como en los que afectan al Máster de Acceso a la Profesión de Abogado, que constituyen el primer estadio de la formación de los estudiantes universitarios en las Facultades de Derecho. Esta obra proporciona las claves para poder abordar el estudio del Derecho Procesal proporcionándoles un material docente asequible y de alto nivel formativo y pedagógico que les servirá para la adecuada comprensión de las clases magistrales y la preparación de seminarios y prácticas. Juan Damián Moreno, es un acreditado Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid con una dilatada trayectoria académica y profesional; es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y ha colaborado en la elaboración de varias propuestas legislativas de su especialidad.