Los autores enfocan su comentario, más que en el análisis pormenorizado de cada uno de los preceptos modificados, en el estudio sistemático y selectivo de las materias reformadas, consideradas globalmente, si bien ello sin perjuicio de considerar, con el máximo detenimiento, aquellos cambios que sí van a conllevar una alteración del procedimiento. Con esta fórmula, el lector va a poder conocer y consultar de una forma más rápida y ligera, pero también completa, las modificaciones que se han introducido en cada una de las leyes procesales y que realmente han supuesto un cambio significativo en algún aspecto de las mismas. Por consiguiente, la estructura básica del libro está conformada a través de capítulos independientes, aunque interrelacionados: uno por cada una de las leyes que se modifican, con especial hincapié en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que es la que más ampliamente se reforma. En ella se diferencian, a su vez, entre sus distintos Libros, a fin de que cada uno de ellos pueda ser objeto de un tratamiento particularizado.
La Constitución española, en su artículo 51, impone a los poderes públicos el garantizar la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, a través de procedimientos eficaces, incluyendo los jurisdiccionales. Con este propósito, y el de adecuación a las directivas comunitarias en la materia, se han introducido en los últimos años importantes especialidades en nuestro proceso civil que potencian a legitimación de las asociaciones de consumidores y afrontan la viabilidad de las llamadas acciones colectivas, tanto de orden preventivo (cesación de cláusulas abusivas, etc.) como de reparación de daños. En este libro con amplia cita de legislación, doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones de instancia, se estudian dichas especialidades, tanto las que conciernen a las controversias de consumo, como las de control de cláusulas contractuales de condición general (participen, o no, consumidores en su suscripción), en cuanto ambas por mandato de ley reciben, con algunas excepciones, el mismo tratamiento procesal.
Desde hace casi una década se han ido produciendo una serie de cambios en la normativa del Derecho internacional privado español que invitan a una reflexión global sobre su actual conformación. El crecimiento exponencial de los problemas vinculados al tr
El Derecho de la Unión Europea impregna de manera cada vez más intensa la legislación interna de los Estados miembros, también en materia de proceso civil. Al ocuparse de la cooperación internacional y de la litigación transfronteriza, la Unión Europea incide igualmente sobre la regulación de los procesos civiles internos, que deben a menudo adaptarse o equipararse a los estándares europeos. Determinadas normas europeas, destinadas a la armonización de ciertos sectores del ordenamiento privado, también han forzado cambios en las legislaciones procesales nacionales: a menudo, el legislador europeo ha querido asegurarse de ofrecer determinadas herramientas procesales para la tutela de ciertos derechos; en otros casos, ha sido el propio Tribunal de Justicia de la UE quien ha advertido de la insuficiencia de la legislación o de la praxis procesal nacional para dar plena efectividad a normas europeas y ha provocado, con ello, cambios legales. La tensión entre la tradicional autonomía procesal y la tendencia hacia la aproximación de legislaciones se hace así cada vez más patente. El presente trabajo analiza este fenómeno de progresiva armonización de los ordenamientos procesales civiles nacionales, poniendo el acento en sus causas y en sus diferentes actores, pero también en sus diversas bases competenciales, sus posibles herramientas y, de forma especial, en las iniciativas y manifestaciones más recientes.
Tomo dedicado a los protocolos notariales navarros, que en el Reino de Navarra se institucionaliza a partir de la segunda mitad del s. XVI.
Los autores enfocan su comentario, más que en el análisis pormenorizado de cada uno de los preceptos modificados, en el estudio sistemático y selectivo de las materias reformadas, consideradas globalmente, si bien ello sin perjuicio de considerar, con el máximo detenimiento, aquellos cambios que sí van a conllevar una alteración del procedimiento. Con esta fórmula, el lector va a poder conocer y consultar de una forma más rápida y ligera, pero también completa, las modificaciones que se han introducido en cada una de las leyes procesales y que realmente han supuesto un cambio significativo en algún aspecto de las mismas. Por consiguiente, la estructura básica del libro está conformada a través de capítulos independientes, aunque interrelacionados: uno por cada una de las leyes que se modifican, con especial hincapié en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que es la que más ampliamente se reforma. En ella se diferencian, a su vez, entre sus distintos Libros, a fin de que cada uno de ellos pueda ser objeto de un tratamiento particularizado.
La Constitución española, en su artículo 51, impone a los poderes públicos el garantizar la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, a través de procedimientos eficaces, incluyendo los jurisdiccionales. Con este propósito, y el de adecuación a las directivas comunitarias en la materia, se han introducido en los últimos años importantes especialidades en nuestro proceso civil que potencian a legitimación de las asociaciones de consumidores y afrontan la viabilidad de las llamadas acciones colectivas, tanto de orden preventivo (cesación de cláusulas abusivas, etc.) como de reparación de daños. En este libro con amplia cita de legislación, doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones de instancia, se estudian dichas especialidades, tanto las que conciernen a las controversias de consumo, como las de control de cláusulas contractuales de condición general (participen, o no, consumidores en su suscripción), en cuanto ambas por mandato de ley reciben, con algunas excepciones, el mismo tratamiento procesal.
Desde hace casi una década se han ido produciendo una serie de cambios en la normativa del Derecho internacional privado español que invitan a una reflexión global sobre su actual conformación. El crecimiento exponencial de los problemas vinculados al tr
El Derecho de la Unión Europea impregna de manera cada vez más intensa la legislación interna de los Estados miembros, también en materia de proceso civil. Al ocuparse de la cooperación internacional y de la litigación transfronteriza, la Unión Europea incide igualmente sobre la regulación de los procesos civiles internos, que deben a menudo adaptarse o equipararse a los estándares europeos. Determinadas normas europeas, destinadas a la armonización de ciertos sectores del ordenamiento privado, también han forzado cambios en las legislaciones procesales nacionales: a menudo, el legislador europeo ha querido asegurarse de ofrecer determinadas herramientas procesales para la tutela de ciertos derechos; en otros casos, ha sido el propio Tribunal de Justicia de la UE quien ha advertido de la insuficiencia de la legislación o de la praxis procesal nacional para dar plena efectividad a normas europeas y ha provocado, con ello, cambios legales. La tensión entre la tradicional autonomía procesal y la tendencia hacia la aproximación de legislaciones se hace así cada vez más patente. El presente trabajo analiza este fenómeno de progresiva armonización de los ordenamientos procesales civiles nacionales, poniendo el acento en sus causas y en sus diferentes actores, pero también en sus diversas bases competenciales, sus posibles herramientas y, de forma especial, en las iniciativas y manifestaciones más recientes.