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Por los juzgados y tribunales desfila cada d?a, generalmente no de buen grado, una variopinta legi?n de personas que -con sus temores a cuestas, algunas tambi?n con su desenfado- dan lugar muchas veces a episodios que, pese a la sobriedad o a la solemnidad del marco, resultan de una irresistible jocosidad. No es raro que los profesionales del Derecho tambi?n se erijan, en ocasiones, en protagonistas de lances divertidos. Este volumen acoge un pu?ado de esas an?cdotas que ponen una pizca de sal en el severo ?mbito en el que se administra Justicia, ocurrencias que en su momento tuvieron la virtud de distender situaciones dif?ciles o delicadas, y que ahora, arracimadas en un libro, pueden servir, en la paz de la lectura, para arrancar una sonrisa. Pese a que todos los sucedidos se desarrollan en escenarios sevillanos, su posible localismo queda superado por el amplio alcance de la gracia, que vuela por encima de las fronteras y lo mismo puede hacer sonre?r en Alcal? de Guadaira que en Alcal? de Henares.
El presente texto desarrolla los distintos instrumentos procesales dirigidos a la protección de los derechos de crédito. Comienza con una introducción en la que se clasifican los diversos instrumentos de tutela, desarrollando los que aun perteneciendo al Derecho Civil, tienen trascendencia procesal por incidir en la legitimación. El núcleo central lo constituyen las lecciones relativas al proceso monitorio y al juicio cambiario; se trata de los dos procedimientos especiales regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil con la finalidad de proporcionar instrumentos ágiles de protección del crédito. Su aplicación práctica no está exenta de polémica, por lo que resulta inevitable acudir a la denominada jurisprudencia menor para completar su estudio. Las lecciones finales se dedican a la protección de los créditos procesales y profesionales y a la protección supranacional. El libro se completa con sucesivos apéndices distribuidos por lecciones, en los que se incorporan resoluciones judiciales de interés cuya lectura facilitará la comprensión de muchos aspectos analizados a lo largo del mismo.
Cuando una resolución judicial impone el pago de las costas procesales causadas en un procedimiento concreto a una de las partes en él interviniente, ésta desconoce el montante al que asciende la condena, ya que es un pronunciamiento de contenido indeterminado. Sólo a través de la liquidación de las costas mediante su tasación por el Secretario del tribunal que haya conocido del proceso o recurso, se llega a saber el importe que debe satisfacer el condenado al pago al beneficiado por la condena. La presente obra aborda los problemas más frecuentes que se dan en la práctica a la hora de determinar el importe al que ascienden las costas procesales: dónde debe solicitarse la práctica de la tasación de costas, cuáles son las partidas incluibles en la tasación, qué función desempeña el Secretario Judicial en el momento de practicarla y cuáles son sus límites, cómo deben presentar las minutas de honorarios los Letrados y las notas de derechos y suplidos los Procuradores, qué documentos deben acompañarse y cuál es el proceso impugnatorio. Todos estos problemas son analizados desde el punto de vista de la praxis y con estudio contrastado de la jurisprudencia mayor y menor recaída en torno a las distintas cuestiones que sucesivamente se plantean, tomando en consideración la posible aplicabilidad de la jurisprudencia existente a los postulados de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.