La prueba penal de ADN se ha valorado por los Tribunales desde 1985. Inicialmente, en Inglaterra, primer país que la consideró decisiva en el asunto Queen vs. Pitchfork; con posterioridad, por nuestros Tribunales. En 1992, la Sala Segunda del Tribunal Supremo español se pronuncia por primera vez sobre la misma. Esta prueba no sólo debe considerarse un paradigma de las pruebas científicas, sino también como paradigma de las pruebas penales respetuosas con los derechos fundamentales. Permite la progresiva erradicación de métodos de investigación anclados en sistemas inquisitivos, ya históricamente superados, pero que perviven de una manera u otra, como el uso ilegal, expreso o implícito, de la tortura con objeto de obtener la confesión del reo. Puede ser calificada de prueba neutra, ya que posibilita tanto la absolución como la condena del investigado. De forma que su perfil no es netamente incriminatorio, como lo demuestran los casos de revisión de condenas que han prosperado en base a esta prueba. Conocer críticamente cómo ha interpretado la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 1992 hasta nuestros días esta prueba, con sus vaivenes y a través de una jurisprudencia perfectible e inacabada, resulta esencial para cualquier penalista. Y vital para la efectiva protección de los derechos tanto de los investigados como de las víctimas. En la presente obra, por primera vez en la literatura jurídica española, se ofrece al lector un instrumento práctico y útil para este conocimiento jurisprudencial, no exento de reflexiones teóricas para comprenderla adecuadamente, siendo su autor fiscal del Tribunal Supremo y primer vocal coordinador del grupo jurídico-bioético de la Comisión Nacional del Uso Forense del ADN constituida en el año 2009.
La novedad que ha supuesto para el Derecho español el reconocimiento de las personas jurídicas como responsables directas de delitos, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, necesitaba un libro como el que han escrito los profesores Banacloche Palao, Zarzalejos Nieto y Gómez-Jara Díez. Se trata de una obra que integra los aspectos sustantivos y procesales de esta expansión del Derecho penal. Carlos Gómez-Jara, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, es uno de los máximos especialistas españoles y europeos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema que lleva analizando desde hace varios años con artículos y monografías pioneras que son de obligada consulta para profesionales y docentes del Derecho. Su análisis del régimen sustantivo de la reforma penal combina la experiencia comparada en esta materia con una prospección de las consecuencias que tendrá su aplicación por los Tribunales españoles. Por su parte, los profesores Banacloche Palao y Zarzalejos Nieto, Catedrático y asociado, respectivamente, de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid han abordado los aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador no ha querido regular el tratamiento procesal de este nuevo sujeto activo del Derecho penal, lo que ha llevado a los profesores Banacloche y Zarzalejos a desarrollar un sistema de justicia penal para las personas jurídicas, con una visión global del proceso penal y un enfoque práctico, que también comparte el análisis del profesor Gómez-Jara. Los tres autores, abogados en ejercicio, ofrecen en esta obra integral una guía de interpretación y aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de gran utilidad para jueces, fiscales y abogados, que se enfrentan, con grandes incertidumbres y no pocas lagunas legales, a una nueva dimensión del Derecho español.
Este libro es un libro de claves. De las últimas claves que permiten comprender con claridad el estado de la cuestión del ADN en la jurisdicción española tras las últimas reformas operadas. El uso del ADN, junto a la geolocalización facilitada por los móviles y las videograbaciones, tanto en zonas públicas como privadas, ha revolucionado el mundo de la investigación criminal. Su importancia, como medio de prueba, radica en el efecto identificador de una muestra. Aunque su valor no es absoluto, permitirá determinar la pertenencia de tal muestra a un sujeto con un grado de probabilidad muy alto y, por ende, concretar el grado de participación de aquél en los hechos investigados. De hecho, se ha convertido en la prueba reina -cuando es posible su uso- entre los jueces de instrucción españoles, porque permite fundar su convencimiento de una manera que ninguna otra prueba lo había hecho antes. En este volumen se identifican, señalan y explican las lagunas legales que todavía existen en el proceso de recogida y procesamiento de dichas pruebas durante las investigaciones criminales, resaltando, de forma especial, la regulación de la vis coactiva para la obtención de la muestra biológica de ADN. También aborda asuntos tan relevantes como la extinción de la inscripción de los antecedentes, la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN y si es obligado o no compartir dichos antecedentes con Europol. Siendo éste el objetivo de la obra, su estudio será, sin duda, imprescindible para los profesionales implicados en el proceso penal, aún más al ser una técnica probatoria de reciente implantación en la investigación del delito.
La presente obra tiene por objeto ofrecer un análisis del acoso escolar desde la perspectiva práctica de la investigación y prueba de los hechos que lo acreditan. Se trata de un tema de una especial importancia, que se suele abordar desde un punto de vista social, relegando el tratamiento jurídico-procesal de esta clase de conductas ilícitas. Éste es precisamente el objeto de este trabajo, en el que se analiza el modo y la forma de investigar y acreditar los hechos que fundamentan el acoso en el marco complejo del entorno escolar, en el que confluyen menores de edad, padres, comunidad y administración educativa. Estas especiales circunstancias no empecen a la naturaleza ilícita de esta clase de conductas y la necesidad de conocer cuáles son los modos, medios y formas adecuados para la investigación de esta clase de hechos. A ese fin se analizan exhaustivamente las diligencias útiles, como pueden ser la declaración de testigos, el informe pericial psicológico o el examen y, en su caso, intervención de los sistemas de comunicación electrónica mediante las medidas previstas a ese fin en la LECrim, atendiendo al hecho que en muchas ocasiones el acoso se realiza mediante las redes sociales. También se atiende a la prueba y valoración de las evidencias en el proceso penal de menores, citando a ese respecto las sentencias más relevantes dictadas en esta materia, que deben servir para conocer perfectamente la práctica de los tribunales. En definitiva, en este libro se ofrece un análisis del acoso escolar que pretende servir de guía práctica para la averiguación de los hechos que lo fundamentan y el tratamiento jurídico procesal de esta clase de situaciones.
La obra ofrece una clara visión de las distintas fases del proceso penal español, exponiendo, desde un enfoque eminentemente práctico, los criterios de interpretación que de la legislación procesal penal ha ido elaborando la jurisprudencia. Se trata de un instrumento tremendamente útil para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el Derecho. Para ello, se recoge la exposición sistematizada de la doctrina jurisprudencial en extracto, ordenada y clasificada atendiendo a las diferentes fases del proceso penal, aportando soluciones concretas para los más importantes problemas que pueden suscitarse en la tramitación de un procedimiento penal. Se reúnen, fundamentalmente, pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aunque también se han incluido resoluciones del TEDH y sentencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, sobre todo, en aquellas materias que normalmente no llegan a los Tribunales Supremo y Constitucional. Se trata de un manual de consulta inmediato, de fácil acceso por su ordenación sistemática, resultando especialmente útil para su utilización en juicio, así como en otros actos judiciales que requieran intervenciones regidas por la inmediatez. En esta segunda edición se han recogido muchas de las resoluciones judiciales más recientes acerca de diversas cuestiones controvertidas que pueden suscitarse en un proceso penal, incluyendo algunas que abordan problemas derivados de las más recientes reformas legales, como la introducida por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Lluis Muñoz Sabaté, abogado y psicólogo, facilita con esta obra cuanto el lector quiera conocer y aprovechar del indicio como prueba judicial, tanto civil como penal. Desde lo más simple o atomicista hasta lo más complejo y académico. Presunciones, informaciones, indicios endoprocesales, el peso de los indicios, cadenas indiciarias. Cómo se forman los indicios, cómo buscarlos, dónde encontrarlos, cómo preservarlos, cómo trasladarlos al proceso y sobre qué clase de soporte (testimonio, documento, pericia). La segunda parte del libro empieza por una exposición de las famosas tablas indiciarias, que tanto proliferaron en los siglos XVII y XVIII, para pasar luego al momento actual con la exposición de tablas probatorias referidas, entre otras, a la prueba del blanqueo de capitales, la prueba de la insolvencia o la prueba de la mentira. En la tercera y última parte se contiene una revelación: universalmente no hay más que 72 indicios, que son descritos uno a uno por el autor, indicando a la vez su aplicación a los distintos temas de prueba con una metodología francamente holmesiana. Muñoz Sabaté se acerca aquí, salvando obviamente las distancias epistemológicas, a la famosa tabla periódica de los elementos de Mendeléyev.
La presente publicación recoge, actualizado a 1 de octubre de 2015, el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, así como legislación especial contenida en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, Ley Orgánica Electoral General, Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, Ley sobre Transacciones Económicas con el Exterior, y Ley y Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores. Se completa, asimismo, con legislación complementaria, constituida por la Ley que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como legislación penitenciaria constituida por la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento. La obra se encuentra debidamente anotada para favorecer un mejor conocimiento de las diferentes materias.
En España, una importante proporción de los delitos que llegan a nuestros Tribunales son cometidos por personas que presentan algún trastorno psiquiátrico. En estos casos, el juez o tribunal puede aplicar eximentes o atenuantes que modifican o incluso anulan la posibilidad de condena o pena. En esta obra, hemos analizado aquellas resoluciones judiciales en las que se incluyera como circunstancia el diagnóstico de neurosis, algún tipo de trastorno neurótico o trastorno del control de los impulsos,todos ellos como diagnóstico aislado, es decir no asociado a otro tipo de trastorno. En total se han registrado 368 resoluciones. Hay que decir, en primer lugar, que el término neurosis, que se ha venido usando en numerosas sentencias, se considera hoy impreciso, obsoleto y no aparece en los dos principales manuales de clasificación de trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5), no obstante en esta obra se ha considerado como entidad diagnóstica. Aparte de neurosis, que encontramos en bastantes resoluciones, otros diagnósticos identificados son: trastorno mixto ansioso-depresivo, TOC, disociativo y somatomorfo. Además se han incluido también los catalogados como trastornos del control de los impulsos, por la semejanza de sintomatología según la doctrina jurisprudencial, esto es, ludopatía, cleptomanía, piromanía y trastorno explosivo intermitente. Los delitos con mayor frecuencia cometidos en estos casos son: homicidio/asesinato (19%), lesiones (13%) y robo/hurto (11%). En relación a la imputabilidad, se aplica en más de un 70% de los casos eximente completa, incompleta o atenuante analógica y en un 30% plena imputabilidad.En un 54,3% de las resoluciones se utiliza una terminología diagnóstica concordante con la que se refleja en los manuales de diagnóstico actuales. El resto son imprecisas y a nuestro juicio, podrían (es más, deberían) descartarse como susceptibles de sentar Jurisprudencia rigurosa y actualizada.Dentro de las resoluciones donde se aplica eximente completa o incompleta, tan sólo en un 56,25% se decretan medidas de seguridad, siendo las más habituales: el internamiento en centro psiquiátrico o la imposición de tratamiento médico externo. Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la práctica de la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículos publicados en distintas revistas y la impartición como tutora externa de la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.
El Proceso Penal Práctico es una obra que tiene por finalidad ofrecer un completo conocimiento del proceso penal, a cuyo fin se examinan con extraordinaria profundidad jurídica todos los trámites que se siguen en cada uno de los diferentes procedimientos penales ante el órgano jurisdiccional competente. La obra ofrece un análisis metódico y exhaustivo de todos los procedimientos penales como son el procedimiento abreviado, el juicio rápido, el juicio por jurados, los procesos especiales como el procedimiento de menores, el de extradición o incluso los procedimientos de la jurisdicción militar. También debe destacarse el tratamiento exhaustivo de las especialidades en materia de violencia de género o los derechos de las víctimas; los trámites procesales esenciales como las medidas cautelares, las diligencias de investigación, incluyendo la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la prueba, la sentencia y su ejecución, los diferentes recursos y la nulidad de actuaciones. Cada procedimiento, cuestión o trámite procesal se analiza con base en la Ley y, especialmente, de la jurisprudencia, ofreciendo las explicaciones y soluciones que puedan servir tanto para el conocimiento efectivo y concreto de las instituciones procesales, como para la búsqueda de las mejores soluciones a las incidencias que resultan de la aplicación práctica del Derecho Procesal Penal. También se incluyen, al final de cada capítulo, los modelos sistematizados para la práctica forense referenciados a cada trámite procesal. Es, pues, el objetivo de esta obra el servir de instrumento útil y eficaz tanto para aquéllos que se inician en el estudio de la ciencia procesal, como para los que se enfrentan diariamente con la realidad forense, con el fin de facilitarles tanto el conocimiento de las instituciones procesales como la práctica procesal penal.
La presente obra tiene por objeto y finalidad principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada una de las medidas de investigación tecnológica que pueden acordarse en el proceso penal, según resulta de la relevante modificación de la LECrim por la LO 13/2015, que regula de forma extensa y novedosa los medios de investigación, ya sea de hechos de naturaleza electrónica o bien de hechos ordinarios investigados mediante instrumentos o dispositivos electrónicos. Ahora bien, cabe destacar que el ámbito e interés de este libro excede del cauce limitado del proceso penal, en tanto que las cuestiones y conclusiones que se contienen son útiles respecto a los hechos que se manifiestan o se investigan mediante el uso de la tecnología en cualquier clase de proceso jurisdiccional. Es por ello que a ese fin se atiende a los problemas que se plantean en esta clase de procedimientos con cita y comentario de las sentencias dictadas en el proceso civil o social, en los que se carece de una regulación en esta materia. Ejemplos de interés, objeto de análisis, serían los referentes al control de los medios tecnológicos empleados por el trabajador o la aportación y valoración de mensajes o correos electrónicos en el proceso civil. Finalmente, resulta de especial interés resaltar que, sin perjuicio de la necesaria y obligada fundamentación doctrinal de cada cuestión tratada, esta obra parte del referente necesario y obligado de la jurisprudencia dictada en la materia, que se aporta en un anexo donde se relacionan las decisiones judiciales con cuestiones o problemas concretos. Así, se ha perseguido que cada argumento que se ofrece y comenta esté amparado en una decisión judicial que pueda servir tanto al estudioso como al práctico en derecho que precisa de argumentos para defender sus pretensiones en el proceso en defensa de los intereses de su cliente, lo cual constituye la finalidad esencial del ejercicio del derecho y de la práctica jurídica.
La prueba penal de ADN se ha valorado por los Tribunales desde 1985. Inicialmente, en Inglaterra, primer país que la consideró decisiva en el asunto Queen vs. Pitchfork; con posterioridad, por nuestros Tribunales. En 1992, la Sala Segunda del Tribunal Supremo español se pronuncia por primera vez sobre la misma. Esta prueba no sólo debe considerarse un paradigma de las pruebas científicas, sino también como paradigma de las pruebas penales respetuosas con los derechos fundamentales. Permite la progresiva erradicación de métodos de investigación anclados en sistemas inquisitivos, ya históricamente superados, pero que perviven de una manera u otra, como el uso ilegal, expreso o implícito, de la tortura con objeto de obtener la confesión del reo. Puede ser calificada de prueba neutra, ya que posibilita tanto la absolución como la condena del investigado. De forma que su perfil no es netamente incriminatorio, como lo demuestran los casos de revisión de condenas que han prosperado en base a esta prueba. Conocer críticamente cómo ha interpretado la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 1992 hasta nuestros días esta prueba, con sus vaivenes y a través de una jurisprudencia perfectible e inacabada, resulta esencial para cualquier penalista. Y vital para la efectiva protección de los derechos tanto de los investigados como de las víctimas. En la presente obra, por primera vez en la literatura jurídica española, se ofrece al lector un instrumento práctico y útil para este conocimiento jurisprudencial, no exento de reflexiones teóricas para comprenderla adecuadamente, siendo su autor fiscal del Tribunal Supremo y primer vocal coordinador del grupo jurídico-bioético de la Comisión Nacional del Uso Forense del ADN constituida en el año 2009.
La novedad que ha supuesto para el Derecho español el reconocimiento de las personas jurídicas como responsables directas de delitos, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, necesitaba un libro como el que han escrito los profesores Banacloche Palao, Zarzalejos Nieto y Gómez-Jara Díez. Se trata de una obra que integra los aspectos sustantivos y procesales de esta expansión del Derecho penal. Carlos Gómez-Jara, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, es uno de los máximos especialistas españoles y europeos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema que lleva analizando desde hace varios años con artículos y monografías pioneras que son de obligada consulta para profesionales y docentes del Derecho. Su análisis del régimen sustantivo de la reforma penal combina la experiencia comparada en esta materia con una prospección de las consecuencias que tendrá su aplicación por los Tribunales españoles. Por su parte, los profesores Banacloche Palao y Zarzalejos Nieto, Catedrático y asociado, respectivamente, de Derecho procesal en la Universidad Complutense de Madrid han abordado los aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El legislador no ha querido regular el tratamiento procesal de este nuevo sujeto activo del Derecho penal, lo que ha llevado a los profesores Banacloche y Zarzalejos a desarrollar un sistema de justicia penal para las personas jurídicas, con una visión global del proceso penal y un enfoque práctico, que también comparte el análisis del profesor Gómez-Jara. Los tres autores, abogados en ejercicio, ofrecen en esta obra integral una guía de interpretación y aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de gran utilidad para jueces, fiscales y abogados, que se enfrentan, con grandes incertidumbres y no pocas lagunas legales, a una nueva dimensión del Derecho español.
Este libro es un libro de claves. De las últimas claves que permiten comprender con claridad el estado de la cuestión del ADN en la jurisdicción española tras las últimas reformas operadas. El uso del ADN, junto a la geolocalización facilitada por los móviles y las videograbaciones, tanto en zonas públicas como privadas, ha revolucionado el mundo de la investigación criminal. Su importancia, como medio de prueba, radica en el efecto identificador de una muestra. Aunque su valor no es absoluto, permitirá determinar la pertenencia de tal muestra a un sujeto con un grado de probabilidad muy alto y, por ende, concretar el grado de participación de aquél en los hechos investigados. De hecho, se ha convertido en la prueba reina -cuando es posible su uso- entre los jueces de instrucción españoles, porque permite fundar su convencimiento de una manera que ninguna otra prueba lo había hecho antes. En este volumen se identifican, señalan y explican las lagunas legales que todavía existen en el proceso de recogida y procesamiento de dichas pruebas durante las investigaciones criminales, resaltando, de forma especial, la regulación de la vis coactiva para la obtención de la muestra biológica de ADN. También aborda asuntos tan relevantes como la extinción de la inscripción de los antecedentes, la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN y si es obligado o no compartir dichos antecedentes con Europol. Siendo éste el objetivo de la obra, su estudio será, sin duda, imprescindible para los profesionales implicados en el proceso penal, aún más al ser una técnica probatoria de reciente implantación en la investigación del delito.
La presente obra tiene por objeto ofrecer un análisis del acoso escolar desde la perspectiva práctica de la investigación y prueba de los hechos que lo acreditan. Se trata de un tema de una especial importancia, que se suele abordar desde un punto de vista social, relegando el tratamiento jurídico-procesal de esta clase de conductas ilícitas. Éste es precisamente el objeto de este trabajo, en el que se analiza el modo y la forma de investigar y acreditar los hechos que fundamentan el acoso en el marco complejo del entorno escolar, en el que confluyen menores de edad, padres, comunidad y administración educativa. Estas especiales circunstancias no empecen a la naturaleza ilícita de esta clase de conductas y la necesidad de conocer cuáles son los modos, medios y formas adecuados para la investigación de esta clase de hechos. A ese fin se analizan exhaustivamente las diligencias útiles, como pueden ser la declaración de testigos, el informe pericial psicológico o el examen y, en su caso, intervención de los sistemas de comunicación electrónica mediante las medidas previstas a ese fin en la LECrim, atendiendo al hecho que en muchas ocasiones el acoso se realiza mediante las redes sociales. También se atiende a la prueba y valoración de las evidencias en el proceso penal de menores, citando a ese respecto las sentencias más relevantes dictadas en esta materia, que deben servir para conocer perfectamente la práctica de los tribunales. En definitiva, en este libro se ofrece un análisis del acoso escolar que pretende servir de guía práctica para la averiguación de los hechos que lo fundamentan y el tratamiento jurídico procesal de esta clase de situaciones.
La obra ofrece una clara visión de las distintas fases del proceso penal español, exponiendo, desde un enfoque eminentemente práctico, los criterios de interpretación que de la legislación procesal penal ha ido elaborando la jurisprudencia. Se trata de un instrumento tremendamente útil para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con el Derecho. Para ello, se recoge la exposición sistematizada de la doctrina jurisprudencial en extracto, ordenada y clasificada atendiendo a las diferentes fases del proceso penal, aportando soluciones concretas para los más importantes problemas que pueden suscitarse en la tramitación de un procedimiento penal. Se reúnen, fundamentalmente, pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aunque también se han incluido resoluciones del TEDH y sentencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, sobre todo, en aquellas materias que normalmente no llegan a los Tribunales Supremo y Constitucional. Se trata de un manual de consulta inmediato, de fácil acceso por su ordenación sistemática, resultando especialmente útil para su utilización en juicio, así como en otros actos judiciales que requieran intervenciones regidas por la inmediatez. En esta segunda edición se han recogido muchas de las resoluciones judiciales más recientes acerca de diversas cuestiones controvertidas que pueden suscitarse en un proceso penal, incluyendo algunas que abordan problemas derivados de las más recientes reformas legales, como la introducida por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Lluis Muñoz Sabaté, abogado y psicólogo, facilita con esta obra cuanto el lector quiera conocer y aprovechar del indicio como prueba judicial, tanto civil como penal. Desde lo más simple o atomicista hasta lo más complejo y académico. Presunciones, informaciones, indicios endoprocesales, el peso de los indicios, cadenas indiciarias. Cómo se forman los indicios, cómo buscarlos, dónde encontrarlos, cómo preservarlos, cómo trasladarlos al proceso y sobre qué clase de soporte (testimonio, documento, pericia). La segunda parte del libro empieza por una exposición de las famosas tablas indiciarias, que tanto proliferaron en los siglos XVII y XVIII, para pasar luego al momento actual con la exposición de tablas probatorias referidas, entre otras, a la prueba del blanqueo de capitales, la prueba de la insolvencia o la prueba de la mentira. En la tercera y última parte se contiene una revelación: universalmente no hay más que 72 indicios, que son descritos uno a uno por el autor, indicando a la vez su aplicación a los distintos temas de prueba con una metodología francamente holmesiana. Muñoz Sabaté se acerca aquí, salvando obviamente las distancias epistemológicas, a la famosa tabla periódica de los elementos de Mendeléyev.
La presente publicación recoge, actualizado a 1 de octubre de 2015, el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, así como legislación especial contenida en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, Ley Orgánica Electoral General, Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios, Ley sobre Transacciones Económicas con el Exterior, y Ley y Reglamento de Responsabilidad Penal de los Menores. Se completa, asimismo, con legislación complementaria, constituida por la Ley que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como legislación penitenciaria constituida por la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento. La obra se encuentra debidamente anotada para favorecer un mejor conocimiento de las diferentes materias.
En España, una importante proporción de los delitos que llegan a nuestros Tribunales son cometidos por personas que presentan algún trastorno psiquiátrico. En estos casos, el juez o tribunal puede aplicar eximentes o atenuantes que modifican o incluso anulan la posibilidad de condena o pena. En esta obra, hemos analizado aquellas resoluciones judiciales en las que se incluyera como circunstancia el diagnóstico de neurosis, algún tipo de trastorno neurótico o trastorno del control de los impulsos,todos ellos como diagnóstico aislado, es decir no asociado a otro tipo de trastorno. En total se han registrado 368 resoluciones. Hay que decir, en primer lugar, que el término neurosis, que se ha venido usando en numerosas sentencias, se considera hoy impreciso, obsoleto y no aparece en los dos principales manuales de clasificación de trastornos mentales (CIE-10 y DSM-5), no obstante en esta obra se ha considerado como entidad diagnóstica. Aparte de neurosis, que encontramos en bastantes resoluciones, otros diagnósticos identificados son: trastorno mixto ansioso-depresivo, TOC, disociativo y somatomorfo. Además se han incluido también los catalogados como trastornos del control de los impulsos, por la semejanza de sintomatología según la doctrina jurisprudencial, esto es, ludopatía, cleptomanía, piromanía y trastorno explosivo intermitente. Los delitos con mayor frecuencia cometidos en estos casos son: homicidio/asesinato (19%), lesiones (13%) y robo/hurto (11%). En relación a la imputabilidad, se aplica en más de un 70% de los casos eximente completa, incompleta o atenuante analógica y en un 30% plena imputabilidad.En un 54,3% de las resoluciones se utiliza una terminología diagnóstica concordante con la que se refleja en los manuales de diagnóstico actuales. El resto son imprecisas y a nuestro juicio, podrían (es más, deberían) descartarse como susceptibles de sentar Jurisprudencia rigurosa y actualizada.Dentro de las resoluciones donde se aplica eximente completa o incompleta, tan sólo en un 56,25% se decretan medidas de seguridad, siendo las más habituales: el internamiento en centro psiquiátrico o la imposición de tratamiento médico externo. Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la práctica de la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículos publicados en distintas revistas y la impartición como tutora externa de la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.
El Proceso Penal Práctico es una obra que tiene por finalidad ofrecer un completo conocimiento del proceso penal, a cuyo fin se examinan con extraordinaria profundidad jurídica todos los trámites que se siguen en cada uno de los diferentes procedimientos penales ante el órgano jurisdiccional competente. La obra ofrece un análisis metódico y exhaustivo de todos los procedimientos penales como son el procedimiento abreviado, el juicio rápido, el juicio por jurados, los procesos especiales como el procedimiento de menores, el de extradición o incluso los procedimientos de la jurisdicción militar. También debe destacarse el tratamiento exhaustivo de las especialidades en materia de violencia de género o los derechos de las víctimas; los trámites procesales esenciales como las medidas cautelares, las diligencias de investigación, incluyendo la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la prueba, la sentencia y su ejecución, los diferentes recursos y la nulidad de actuaciones. Cada procedimiento, cuestión o trámite procesal se analiza con base en la Ley y, especialmente, de la jurisprudencia, ofreciendo las explicaciones y soluciones que puedan servir tanto para el conocimiento efectivo y concreto de las instituciones procesales, como para la búsqueda de las mejores soluciones a las incidencias que resultan de la aplicación práctica del Derecho Procesal Penal. También se incluyen, al final de cada capítulo, los modelos sistematizados para la práctica forense referenciados a cada trámite procesal. Es, pues, el objetivo de esta obra el servir de instrumento útil y eficaz tanto para aquéllos que se inician en el estudio de la ciencia procesal, como para los que se enfrentan diariamente con la realidad forense, con el fin de facilitarles tanto el conocimiento de las instituciones procesales como la práctica procesal penal.
La presente obra tiene por objeto y finalidad principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada una de las medidas de investigación tecnológica que pueden acordarse en el proceso penal, según resulta de la relevante modificación de la LECrim por la LO 13/2015, que regula de forma extensa y novedosa los medios de investigación, ya sea de hechos de naturaleza electrónica o bien de hechos ordinarios investigados mediante instrumentos o dispositivos electrónicos. Ahora bien, cabe destacar que el ámbito e interés de este libro excede del cauce limitado del proceso penal, en tanto que las cuestiones y conclusiones que se contienen son útiles respecto a los hechos que se manifiestan o se investigan mediante el uso de la tecnología en cualquier clase de proceso jurisdiccional. Es por ello que a ese fin se atiende a los problemas que se plantean en esta clase de procedimientos con cita y comentario de las sentencias dictadas en el proceso civil o social, en los que se carece de una regulación en esta materia. Ejemplos de interés, objeto de análisis, serían los referentes al control de los medios tecnológicos empleados por el trabajador o la aportación y valoración de mensajes o correos electrónicos en el proceso civil. Finalmente, resulta de especial interés resaltar que, sin perjuicio de la necesaria y obligada fundamentación doctrinal de cada cuestión tratada, esta obra parte del referente necesario y obligado de la jurisprudencia dictada en la materia, que se aporta en un anexo donde se relacionan las decisiones judiciales con cuestiones o problemas concretos. Así, se ha perseguido que cada argumento que se ofrece y comenta esté amparado en una decisión judicial que pueda servir tanto al estudioso como al práctico en derecho que precisa de argumentos para defender sus pretensiones en el proceso en defensa de los intereses de su cliente, lo cual constituye la finalidad esencial del ejercicio del derecho y de la práctica jurídica.