Ir al contenidoProcedimiento penal: derecho probatorio
Buena parte de las reflexiones de este libro se dedicarán a estudios que se enmarcan en el ámbito de la epistemología individual. Será en este contexto que el debate sobre las dimensiones probatorias adquirirá una significativa envergadura, tratando con problemas que han entrado hace poco en el Derecho procesal penal brasileño, pero que no por ello han dejado de interesar a lectores de otras tradiciones jurídicas, como parece insinuar el interés despertado por la obra, publicada solo en portugués y, por tanto, de circulación más limitada. En este punto no se trata de reconocer que la epistemología jurídica individual se centra en el proceso judicial, olvidando las etapas previas sino de entender que, además, las instituciones son fenómenos sociales mediante los que toma forma una determinada política. En este caso, un sistema de controles epistémicos no solo debe gobernar las prácticas probatorias, sino impedir y dominar sus efectos socialmente injustos que se confirman a escala macro en el ámbito de la sociedad incluso cuando las instituciones (agencias de control social) parecen funcionar con normalidad. El libro La cadena de custodia de la prueba en el proceso penal, por tanto, se concibe sobre bases teórico-prácticas -en el limitado espacio de la cadena de custodia de las pruebas penales-, cuyo objetivo es reconocer, en una operación de reducción de complejidad, que, en el Estado de Derecho, la legitimación de la punición reclama la rigurosa adopción de un sistema de controles epistémicos que es esencial para la noción misma de debido proceso legal.
En este libro se abordan las carenaicas legislativas existentes en España sobre el adecuado metodo de garantia de las pruebas de ADN en el proceso penal, mediante el denominado procedimiento de cadena de custodia de las pruebas.
La prueba ilícita ha conocido un tratamiento jurisprudencial y doctrinal muy fragmentario en España, que solo ocasionalmente ha tenido en cuenta la jurisprudencia estadounidense, que es el origen más próximo de toda esta temática. En este libro se compilan, con valoraciones críticas muy sustanciosas, todas las direcciones jurisprudenciales al respecto en el país norteamericano, trazando un panorama desolador en su resultado final, pero que conoció un extenso periodo áureo, y que es el que nunca habría que perder de vista. Porque quedarse solamente con el final de esa jurisprudencia aboca a la práctica destrucción de los derechos humanos en el proceso penal. En esta monografía, el abogado y el fiscal, especialmente, encontrarán multitud de ideas para defender sus posiciones en el proceso. Les resultarán, en buena medida, novedosas y cubrirán muchas de las enormes lagunas de la jurisprudencia española, solventando asimismo sus frecuentes contradicciones y, por qué no decirlo, perplejidades. Por ello es una obra que será también útil al juez y, en particular, a los letrados y magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, porque va a permitir construir por fin esa jurisprudencia realmente útil y mucho menos casuística que hace bastante tiempo que todos anhelamos.
El trabajo se aboca directamente a la cuestión de cómo se identifican y aplican los estándares probatorios en el marco del proceso penal. La obra toma como punto de contacto con la práctica una pluralidad de fallos de la Corte Penal Internacional en los que se determina la suficiencia probatoria en distintas etapas del proceso y a efectos de adoptar diversas medidas. El análisis de esta jurisprudencia permite extraer y articular varias conclusiones. Por un lado, se torna evidente -tal como ha sido muchas veces señalado- que la determinación de la suficiencia probatoria no depende ni podría depender exclusivamente de consideraciones epistémicas, siendo insoslayables ciertos juicios valorativos. Por otro lado, una serie de consideraciones adicionales dejan entrever que es muy poco plausible pensar que esos juicios valorativos puedan ser formulados a priori por las legislaturas. Se muestra que es igualmente implausible pensar en estándares probatorios legislados susceptibles de ser identificados y aplicados objetivamente. El aporte más destacado del trabajo radica en la explicitación, apelando a algunas afirmaciones de la Corte Penal Internacional, del modo en que la determinación de la suficiencia probatoria en cada caso depende de la ponderación de aquellos principios que fungen de estándares normativos superiores en cada ordenamiento jurídico.
El autor, abogado y psicólogo, analiza el indicio como prueba judicial, tanto civil como penal: cómo se forman los indicios, cómo buscarlos, dónde encontrarlos, cómo trasladarlos al proceso y sobre qué clase de soporte (testimonio, documento, pericia).
La obra contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualizada y concordada y con un extenso índice analítico. Incluye además, la siguiente legislación especial: - Ley orgánica del tribunal del jurado. - Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.( Extracto) - Ley orgánica reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus". - Ley del ejercicio de la gracia de indulto. - Ley de asistencia jurídica gratuita. -Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de genero.