Los «Estudios prácticos sobre prueba civil» de la colección «Probática y Derecho Probatorio» tienen por objeto analizar cuestiones controvertidas en materia probatoria desde una perspectiva judicial, esto es, tomando en cuenta, especialmente, la opinión de los jueces y magistrados. Cada una de las cuestiones estudiadas responde a un mismo esquema en el que se distinguen tres apartados. En el primero, se ofrece la respuesta a la cuestión planteada surgida tras el debate creado en un seminario judicial. En el segundo, se acompaña un índice sistemático de jurisprudencia, en el que se indican ?con expresión de la fecha y una sucinta referencia a su contenido? las sentencias más significativas sobre la cuestión probatoria analizada. Y, finalmente, en el tercer apartado, se insertan, a modo de extractos parciales, la parte más relevante de las sentencias que abordan la cuestión analizada. La obra se divide en cuatro grandes capítulos: en el primero se analizan cuestiones problemáticas de la teoría general de la prueba; en el segundo se examinan diversos problemas prácticos que plantean los distintos medios de prueba; el tercero está destinado a los problemas probatorios que se suscitan en los procesos de familia; y por último, en el cuarto capítulo se examinan diversas cuestiones probatorias conflictivas referentes a los procesos mercantiles. En definitiva, el lector que se encuentre ante los mismos problemas abordados en esta obra encontrará la adecuada solución a los mismos.
En este interesante libro, un distinguido jurista examina cómo la cultura y las instituciones jurídicas de los países angloamericanos influyen en la aportación, admisión y valoración judicial de las pruebas. Mirjan Damaka centra su atención en la importancia del tribunal de primera instancia dividido (en juez y jurado), el carácter concentrado del proceso (juicios «en un solo día») y el papel destacado de las partes en el juicio (el sistema adversarial). A lo largo de la obra, el autor contrasta el sistema angloamericano con la justicia continental, en la que los jueces legos se sientan con jueces profesionales en tribunales unificados, los procesos se dividen por etapas y las partes tienen menos responsabilidades que en la tradición del common law. Damaka describe el impacto que la cultura e instituciones jurídicas angloamericanas tradicionalmente han tenido en la aportación y práctica de la prueba y después explora sus transformaciones: los juicios por jurado han disminuido espectacularmente, los procedimientos previos al juicio han proliferado de forma notable y el sistema adversarial muestra signos de debilitamiento en algunas tipologías de casos. Como consecuencia, muchas reglas y prácticas que fundamentan su derecho probatorio están en peligro de extinción. Además, según Damaka, el creciente uso de métodos científicos de investigación puede poner más presión a la prueba del common law tradicional. En el futuro, deberíamos esperar más variedad en la actividad de toma de decisiones, con investigación de los hechos a medida de los diferentes procedimientos y un derecho probatorio del common law restringido a una esfera más reducida.
El trabajo del jurista no se limita solo a mantener vigentes las normas juridicas, ademas debe elaborar el estado de los hechos a los que esas normas han de aplicarse.
La omisión o deficiencia de la información suministrada al paciente constituye en la actualidad una de las principales causas de reclamaciones por responsabilidad civil médica. Este trabajo se va a centrar en un tema de gran trascendencia, necesitado de un estudio doctrinal analítico y sistemático, cual es el onus probandi, esto es, sobre quién recae la carga de probar la omisión del deber de información al paciente: ¿será sobre el médico o, por el contrario, será sobre el paciente? ¿Se podrá recurrir a las pruebas de presunciones? ¿Se podrá aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba? Para resolver estas cuestiones es necesario hacer un análisis en profundidad, teniendo en cuenta las diferentes posturas de la doctrina, así como las resoluciones jurisprudenciales (en gran parte contradictorias), primero, de la naturaleza del contrato que liga al médico con el paciente: ¿será de arrendamiento de servicios o de contrato de obra?; la obligación del médico ¿será de medios o será de resultado?, distinción ésta que adquiere un gran relieve al objeto de determinar a quién corresponde la carga de la prueba de la no información al paciente para luego poder determinar si existe o no responsabilidad del facultativo y, segundo, del derecho a la información del paciente (obligación de informar que recae sobre el médico) en toda su amplitud (sujeto receptor de la información; sujeto obligado a darla; tiempo, forma y contenido de dicha información), obligación del médico que si la incumple se considera que no actuó conforme a la lex artis ad hoc. Todo ello teniendo en cuenta si los supuestos ante los que nos encontramos son relativos a la medicina asistencial o curativa, o bien a la medicina voluntaria o satisfactiva.
La presunción de inocencia está universalmente reconocida como un derecho humano fundamental y como un principio básico en la administración de justicia penal. Sin embargo, las normas que definen los delitos se apartan con frecuencia de la presunción de inocencia cuando exigen a los acusados la prueba de cuestiones específicas para evitar su condena. Legisladores y tribunales tratan de justificar esta desviación afirmando que la inversión de la carga de la prueba es necesaria para satisfacer el interés general en el enjuiciamiento de los delitos graves y para posibilitar la imposición de sanciones penales. En este libro el autor profundiza en las teorías sobre la limitación de la presunción de inocencia, y lo hace a través de un exhaustivo análisis de la historia, los fundamentos y el alcance de este derecho. Se defiende que los valores que subyacen a la presunción de inocencia son de tal importancia para la libertad individual que no pueden ser sacrificados en aras del interés colectivo a través de un análisis de proporcionalidad. Esta obra lleva a cabo una revisión completa, comparada y sistemática de la presunción de inocencia a partir de los aportes doctrinales y la jurisprudencia de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y, muy especialmente, Reino Unido y Estrasburgo.
Existen potentes procesos de toma de conciencia y de autoafirmación de los derechos civiles por grupos sociales discriminados o con riesgo de discriminación. Esto explica legislaciones de protección de la igualdad frente a discriminación por género, discapacidad, extranjería u orientación e identidad sexual, entre otros. A esos cuatro supuestos es a los que se presta atención en la presente monografía. En concreto, se analizan las cuestiones procesales que surgen en casos de conductas de carácter discriminatorio y se analizan las especialidades procesales existentes en los procesos que pudieran seguirse en los supuestos de conductas discriminatorias por género, discapacidad, extranjería, orientación o identidad sexual. Para ello se ha prestado atención a la legislación europea en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como a las especialidades procesales existentes en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y otras disposiciones estatales. De igual manera, se analizan las numerosas leyes autonómicas en materia de igualdad y lucha contra la discriminación. Esa preocupación lleva al autor a estudiar las especialidades existentes en materia de legitimación activa para solicitar la protección del derecho de igualdad a los tribunales, o carga probatoria en los procesos de amparo ordinario, entre otros aspectos. También se presta atención al acceso al amparo constitucional, así como al proceso seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este último caso, se pone el acento en las especialidades en lo referente a la legitimación activa para la protección del derecho a la igualdad, y a las especialidades existentes en casos de conductas discriminatorias de carácter masivo.
Los «Estudios prácticos sobre prueba civil» de la colección «Probática y Derecho Probatorio» tienen por objeto analizar cuestiones controvertidas en materia probatoria desde una perspectiva judicial, esto es, tomando en cuenta, especialmente, la opinión de los jueces y magistrados. Cada una de las cuestiones estudiadas responde a un mismo esquema en el que se distinguen tres apartados. En el primero, se ofrece la respuesta a la cuestión planteada surgida tras el debate creado en un seminario judicial. En el segundo, se acompaña un índice sistemático de jurisprudencia, en el que se indican ?con expresión de la fecha y una sucinta referencia a su contenido? las sentencias más significativas sobre la cuestión probatoria analizada. Y, finalmente, en el tercer apartado, se insertan, a modo de extractos parciales, la parte más relevante de las sentencias que abordan la cuestión analizada. La obra se divide en cuatro grandes capítulos: en el primero se analizan cuestiones problemáticas de la teoría general de la prueba; en el segundo se examinan diversos problemas prácticos que plantean los distintos medios de prueba; el tercero está destinado a los problemas probatorios que se suscitan en los procesos de familia; y por último, en el cuarto capítulo se examinan diversas cuestiones probatorias conflictivas referentes a los procesos mercantiles. En definitiva, el lector que se encuentre ante los mismos problemas abordados en esta obra encontrará la adecuada solución a los mismos.
En este interesante libro, un distinguido jurista examina cómo la cultura y las instituciones jurídicas de los países angloamericanos influyen en la aportación, admisión y valoración judicial de las pruebas. Mirjan Damaka centra su atención en la importancia del tribunal de primera instancia dividido (en juez y jurado), el carácter concentrado del proceso (juicios «en un solo día») y el papel destacado de las partes en el juicio (el sistema adversarial). A lo largo de la obra, el autor contrasta el sistema angloamericano con la justicia continental, en la que los jueces legos se sientan con jueces profesionales en tribunales unificados, los procesos se dividen por etapas y las partes tienen menos responsabilidades que en la tradición del common law. Damaka describe el impacto que la cultura e instituciones jurídicas angloamericanas tradicionalmente han tenido en la aportación y práctica de la prueba y después explora sus transformaciones: los juicios por jurado han disminuido espectacularmente, los procedimientos previos al juicio han proliferado de forma notable y el sistema adversarial muestra signos de debilitamiento en algunas tipologías de casos. Como consecuencia, muchas reglas y prácticas que fundamentan su derecho probatorio están en peligro de extinción. Además, según Damaka, el creciente uso de métodos científicos de investigación puede poner más presión a la prueba del common law tradicional. En el futuro, deberíamos esperar más variedad en la actividad de toma de decisiones, con investigación de los hechos a medida de los diferentes procedimientos y un derecho probatorio del common law restringido a una esfera más reducida.
El trabajo del jurista no se limita solo a mantener vigentes las normas juridicas, ademas debe elaborar el estado de los hechos a los que esas normas han de aplicarse.
La omisión o deficiencia de la información suministrada al paciente constituye en la actualidad una de las principales causas de reclamaciones por responsabilidad civil médica. Este trabajo se va a centrar en un tema de gran trascendencia, necesitado de un estudio doctrinal analítico y sistemático, cual es el onus probandi, esto es, sobre quién recae la carga de probar la omisión del deber de información al paciente: ¿será sobre el médico o, por el contrario, será sobre el paciente? ¿Se podrá recurrir a las pruebas de presunciones? ¿Se podrá aplicar el principio de inversión de la carga de la prueba? Para resolver estas cuestiones es necesario hacer un análisis en profundidad, teniendo en cuenta las diferentes posturas de la doctrina, así como las resoluciones jurisprudenciales (en gran parte contradictorias), primero, de la naturaleza del contrato que liga al médico con el paciente: ¿será de arrendamiento de servicios o de contrato de obra?; la obligación del médico ¿será de medios o será de resultado?, distinción ésta que adquiere un gran relieve al objeto de determinar a quién corresponde la carga de la prueba de la no información al paciente para luego poder determinar si existe o no responsabilidad del facultativo y, segundo, del derecho a la información del paciente (obligación de informar que recae sobre el médico) en toda su amplitud (sujeto receptor de la información; sujeto obligado a darla; tiempo, forma y contenido de dicha información), obligación del médico que si la incumple se considera que no actuó conforme a la lex artis ad hoc. Todo ello teniendo en cuenta si los supuestos ante los que nos encontramos son relativos a la medicina asistencial o curativa, o bien a la medicina voluntaria o satisfactiva.
La presunción de inocencia está universalmente reconocida como un derecho humano fundamental y como un principio básico en la administración de justicia penal. Sin embargo, las normas que definen los delitos se apartan con frecuencia de la presunción de inocencia cuando exigen a los acusados la prueba de cuestiones específicas para evitar su condena. Legisladores y tribunales tratan de justificar esta desviación afirmando que la inversión de la carga de la prueba es necesaria para satisfacer el interés general en el enjuiciamiento de los delitos graves y para posibilitar la imposición de sanciones penales. En este libro el autor profundiza en las teorías sobre la limitación de la presunción de inocencia, y lo hace a través de un exhaustivo análisis de la historia, los fundamentos y el alcance de este derecho. Se defiende que los valores que subyacen a la presunción de inocencia son de tal importancia para la libertad individual que no pueden ser sacrificados en aras del interés colectivo a través de un análisis de proporcionalidad. Esta obra lleva a cabo una revisión completa, comparada y sistemática de la presunción de inocencia a partir de los aportes doctrinales y la jurisprudencia de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y, muy especialmente, Reino Unido y Estrasburgo.
Existen potentes procesos de toma de conciencia y de autoafirmación de los derechos civiles por grupos sociales discriminados o con riesgo de discriminación. Esto explica legislaciones de protección de la igualdad frente a discriminación por género, discapacidad, extranjería u orientación e identidad sexual, entre otros. A esos cuatro supuestos es a los que se presta atención en la presente monografía. En concreto, se analizan las cuestiones procesales que surgen en casos de conductas de carácter discriminatorio y se analizan las especialidades procesales existentes en los procesos que pudieran seguirse en los supuestos de conductas discriminatorias por género, discapacidad, extranjería, orientación o identidad sexual. Para ello se ha prestado atención a la legislación europea en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como a las especialidades procesales existentes en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y otras disposiciones estatales. De igual manera, se analizan las numerosas leyes autonómicas en materia de igualdad y lucha contra la discriminación. Esa preocupación lleva al autor a estudiar las especialidades existentes en materia de legitimación activa para solicitar la protección del derecho de igualdad a los tribunales, o carga probatoria en los procesos de amparo ordinario, entre otros aspectos. También se presta atención al acceso al amparo constitucional, así como al proceso seguido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este último caso, se pone el acento en las especialidades en lo referente a la legitimación activa para la protección del derecho a la igualdad, y a las especialidades existentes en casos de conductas discriminatorias de carácter masivo.