La presente obra sobre la prueba pericial es el tercero de los títulos de la serie "Estudios prácticos sobre los medios de prueba", dentro de la Colección de Formación Continua de la Facultad de Derecho ESADE-URL, que tiene por objeto analizar cuestiones controvertidas sobre los distintos medios probatorios civiles en la práctica de los Juzgados y Tribunales, y aportar soluciones concretas a las mismas. Es igualmente la primera de las publicadas desde la constitución del Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE-URL, institución académica que tiene entre sus finalidades promover la investigación en materias relacionadas con la probática y el derecho probatorio. Al igual que la primera (El interrogatorio de partes, Bosch Editor, 2007) y segunda (El interrogatorio de testigos, Bosch Editor, 2008) obra de esta serie se distinguen dos partes diferenciadas. En una primera parte, se ha efectuado un estudio monográfico de la prueba pericial comprensivo de algunas cuestiones dogmáticas -naturaleza jurídica, admisibilidad y objeto-, el estatuto jurídico del perito -desde la capacidad del perito hasta la responsabilidad en que puede incurrir-, el procedimiento de la pericia -en su doble modalidad de dictamen a instancia de parte y de dictamen de designación judicial-, y la valoración e impugnación del dictamen pericial. En una segunda parte, de carácter más práctico, se abordan hasta un total de veintiocho cuestiones sobre la prueba pericial, agrupadas en siete capítulos (1º. Admisibilidad de la prueba pericial; 2º. Dictamen por perito designado a instancia de parte; 3º Dictamen por perito de designación judicial; 4º Cuestiones de procedimiento; 5º La contradicción del dictamen pericial; 6º La valoración del dictamen pericial; 7º El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos; 8º El dictamen pericial y el juicio verbal) con lo que se pretende sistematizar el estudio y facilitar al lector la consulta de las mismas. Cada una de las veintiocho cuestiones analizadas responde a un mismo esquema, en el que se distinguen tres apartados. En un primer apartado, se ofrece por parte del autor la respuesta jurídica a la cuestión planteada, a partir de la reflexión jurídica y del análisis jurisprudencial. En un segundo apartado, se acompaña un índice sistemático de jurisprudencia, en el que se indican, con expresión de la fecha y repertorio y una sucinta referencia a su contenido, las sentencias más significativas y más recientes sobre la cuestión planteada. Y, finamente, en un tercer apartado, se insertan, a modo de extractos parciales, la parte más relevante de la sentencia en que se aborda la cuestión analizada. INDICE Extracto índice: Estudio doctrinal La prueba pericial Estudios prácticos Capítulo I. Admisibilidad de la prueba pericial Capítulo II. Dictamen por perito designado a instancia de parte Capítulo III. Dictamen por perito de designación judicial Capítulo IV. Cuestiones de procedimiento Capítulo V. La contradicción del dictamen pericial Capítulo VI. La valoración del dictamen pericial Capítulo VII. El coste del dictamen pericial. Especial consideración de la provisión de fondos Capítulo VIII. El dictamen pericial y el juicio verbal. Anexo legislativo:artículos 335 a 352 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil.
Muy esperada era la reforma del proceso civil en la Ley 42/2015, pero sobre todo la transformación del juicio verbal para equilibrar la posición de demandante y demandado e introducir igualdad de armas procesales. La contestación a la demanda y la nueva forma de articular la prueba pericial, más las conclusiones finales en el juicio verbal son piezas esenciales de la reforma. Pero junto con ello, la nueva regulación de los actos de comunicación por la apuesta de la vía telemática, las nuevas funciones atribuidas a los procuradores, las cláusulas abusivas en los contratos, o las modificaciones introducidas en el proceso monitorio han sido aspectos novedosos en la citada Ley. Pero esta obra llegaba más allá y por ello nos presenta el autor de esta obra, Vicente Magro Servet, Magistrado, un trabajo eminentemente práctico actualizado a la Ley 42/2015 que aborda la amplia casuística que surge ante los tribunales de justicia en el desarrollo de los procedimientos que siguen el trámite del juicio verbal. Así, a través de un índice se abordan todas las materias que rodean a los conflictos que deben seguir este trámite, y los mismos son analizados mediante un asequible método de preguntas y respuestas para un mejor acercamiento del lector a los problemas que se plantean en la realidad diaria de los juzgados. Pero la obra, dada su amplitud procesal en el cuestionario de preguntas/respuestas aborda todas las cuestiones procesales novedosas que han sido incluidas en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con lo que la obra supone un compendio en la resolución y actualización de las dudas sobre las tres reformas procesales. Se completa la obra con un repertorio de formularios actualizados a la Ley 42/2015 de reforma de la LEC que serán del uso de los lectores para resolver las dudas que en ocasiones surgen a la hora de confeccionar un escrito para ser presentado ante el órgano judicial.
En esta obra encontrarás el análisis de una de las fases esenciales del proceso judicial civil, la ejecución de la sentencia o resolución del juez, en cuanto es la garantía efectiva del cumplimiento de la condena contenida en el fallo judicial. Analiza la cuestión en términos sencillos y nada doctrinales, acudiendo constantemente al recurso de la jurisprudencia, como mejor método de contrastar la opinión del autor con la realidad que está presente en cada pleito. El manual se ha adaptado a las últimas reformas procesales del año 2015 y en particular a las que afectan a la ejecución del desahucio, la subasta electrónica y a la ejecución hipotecaria, sin olvidar las introducidas por el Real Decreto ley 8/2011 y las leyes de agilización procesal del año 2011.
La valoración de las declaraciones personales debe ser el producto de un ejercicio racional y lógico realizado por el juez de la causa, de modo que ella no solo pueda ser conocida y compartida por las partes y el resto de los ciudadanos, sino también sometida al examen que, de ser requerido, deberá efectuar el tribunal de segundo grado. Con ese afán es preciso contar con criterios objetivos y contrastables que puedan ser utilizados para la consecución de inferencias sólidas y correctas a partir del resultado de las deposiciones. Este trabajo analiza el proceso inferencial que debe desarrollar el sentenciador mediante el cotejo de dichos criterios y aquello que las declaraciones han dado de sí, teniendo presente que la corrección, tanto en el desarrollo de ese proceso como en la elección de los elementos que intervendrán en él, es el único medio para garantizar un juicio acertado sobre el mérito de estas pruebas. En este sentido, es menester que el sentenciador cuente con las herramientas para poner de manifiesto la forma en que ha llevado a cabo este ejercicio, pues ello permitirá una revisión más efectiva de parte del tribunal de alzada. La importancia de todo ello radica en la necesidad de mantener el control amplio de la sentencia de fondo mediante el recurso de apelación, dadas las innegables y mayores garantías de justicia y acierto que este escrutinio acarrea para el fallo y, con ello, para el respeto de los derechos de cada uno de los litigantes.
La carga de la prueba es una de las instituciones más asentadas en la tradición procesal de cualquier país. No obstante, la definición precisa de su concepto siempre ha sido compleja, por no hablar de su aplicación práctica, sistemáticamente fragmentaria, errática y tantas veces imprevisible. Esta delicada realidad de la institución ha llevado a los autores de este libro a replantearse la viabilidad y vigencia del concepto desde un punto de vista histórico, de pura lógica jurídica y de viabilidad práctica. La conclusión es demoledora, en el sentido más literal de la palabra. Según dos de los autores que participan en esta obra (Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll), la institución de la carga de la prueba tiene que desaparecer por completo al ser completamente inútil a los fines del enjuiciamiento, que se forma con la libre valoración de la prueba por sí sola, sin tener que recurrir a esa institución extrema. Según otro de los autores (Jordi Ferrer Beltrán), es el concepto de carga subjetiva el que ha dejado de tener sentido, manteniendo viabilidad la vertiente objetiva, lo cual, si bien se mira la conclusión y se atiende a las ideas del autor, es coincidente en términos prácticos con la idea de los dos primeros. Por último, el cuarto autor (Leandro J. Giannini) somete a una profundísima revisión el concepto de "carga dinámica" de la prueba. Su estudio aconseja algo más que un replanteamiento a conciencia de la viabilidad de esta insólita figura. El lector tiene en sus manos una pequeña obra muy contundente que abrirá un debate fructífero en torno al Derecho probatorio, y que sin duda afectará a todos los operadores jurídicos del proceso judicial, particularmente a abogados y jueces.
La presente obra sobre el reconocimiento judicial es el sexto y último de los títulos de la Colección de Formación Continua de la Facultad de Derecho ESADE, serie "Estudios Prácticos sobre los medios de prueba", que tiene por objeto analizar cuestiones controvertidas sobre los distintos medios probatorios en el proceso civil a partir de la práctica de los Juzgados y Tribunales. Desde el Instituto de Probática y Derecho Probatorio de la Facultad de Derecho ESADE (URL) se ha impulsado un estudio fundamentalmente práctico sobre los medios de prueba en el proceso civil, dirigido a todos los operados jurídicos, con la finalidad de fomentar y actualizar la reflexión sobre los retos probatorios que plantea la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se efectúa un estudio inicial de la prueba de reconocimiento, en el que se intenta perfilar su régimen jurídico, a partir de su regulación en la LEC. A continuación se analizan hasta veintiuna cuestiones controvertidas en la práctica de los Juzgados y Tribunales. Cada una de las respuestas consta de un comentario jurídico y, cuando ha sido posible, un índice sistemático de jurisprudencia sobre la cuestión planteada, así como un extracto de las sentencias más relevantes, transcurridos más de diez años de vigencia desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Las cuestiones analizadas, y para facilitar la consulta del lector, se han dividido en siete capítulos: 1º. Sujetos del reconocimiento judicial; 2º. El objeto del reconocimiento judicial; 3º. El procedimiento. Proposición y admisión; 4º. El procedimiento. Práctica del reconocimiento; 5º. El acta del reconocimiento judicial; 6º.- Valoración del reconocimiento judicial; y 7º. Reconocimiento judicial y nuevas tecnologías. Extracto del índice: Estudio doctrinal El reconocimiento judicial Estudios prác ticos Capítulo I. Sujetos del reconocimiento judicial Capítulo II. El objeto del reconocimiento Capítulo III. El procedimiento. Proposición y admisión Capítulo IV: El procedimiento. Práctica de reconocimiento Capítulo V. El acta del reconocimiento judicial Capítulo VI. Valoración del reconocimiento judicial Capítulo VII . Reconocimiento judicial y nuevas tecnologías. Anexo Legislativo: arts. 353 a 359 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Es una certeza inequívoca la carencia de bibliografía práctica que sirva de guía al operador forense que se enfrenta a una prueba caligráfica, así como la necesidad de orientación que en la praxis pudiese servir al perito en general, y al calígrafo en particular, en su desenvolvimiento solvente en los órganos judiciales. Esta obra pretende colmar dicha laguna, apuntando a lo más práctico, incluyéndose formularios y la más relevante jurisprudencia hasta 2017, facilitando la labor del jurista que se encuentra con una prueba caligráfica, según su posición (notario, juez, letrado de la administración de justicia, fiscal o abogado principalmente), así como guiar al perito en su actuación dentro y fuera de los órganos judiciales, centrándose en el cotejo de letras y firmas, pero sin olvidar la necesaria aproximación a las nuevas técnicas de falsificación y a la firma digital, no pudiendo dar la espalda a las nuevas tecnologías. Para ello se analiza la prueba caligráfica tanto desde la óptica de la técnica pericial como jurídica, realizando una labor crítica y aportando opiniones y propuestas de cambio legislativo, llevando al jurista al conocimiento práctico del cotejo caligráfico, de forma que pueda seguir, paso a paso, cómo obra el perito para llegar a su conclusión, analizando su tratamiento jurídico-procesal para hacerlo asimismo asequible al perito, probando el escaso margen de error respecto a otras pruebas periciales.
El juicio monitorio es el procedimiento jurisdiccional civil español más utilizado actualmente en nuestros tribunales y ha cumplido, de este modo, con las altas expectativas en él depositadas cuando se implantó como cauce especial de lucha contra la morosidad e instrumento procesal de protección del crédito, fundamentalmente de empresarios y profesionales. Nada menos que el 50% de los asuntos que entran a reparto en esta jurisdicción pertenecen a este procedimiento dirigido a que el deudor pague o, en caso contrario, explique por qué no lo hace, haciendo realidad lo que resulta ser su axioma: pague o dé razones. Su utilidad práctica para la seguridad jurídica del tráfico económico y obligacional parece notoria e indiscutible. Nos encontramos ante lo que puede definirse sostiene el autor como una técnica de iniciación o fase previa al proceso que, en reclamación de deudas dinerarias, líquidas, vencidas y exigibles, persigue la rápida consecución de un título ejecutivo a favor del acreedor, por el mero silencio del deudor ante un requerimiento judicial de pago. De esta forma se consigue el objetivo de obtener una rauda resolución favorable decreto de terminación, con la simple aportación en teoría de un principio de prueba por el acreedor, dado el silencio del deudor, y sin necesidad de actividad probatoria adicional y contradictoria. La Ley 42/2015, de 5 de octubre, culminó, hasta el momento, un proceso de reformas que a la supresión de la limitación de la cuantía y a la solución al problema del denominado «deudor volátil», ha incorporado la importante reforma del juicio declarativo verbal y la introducción de varios controles de oficio por el Letrado de la Administración de Justicia, motivados por sentencias del TJUE como la núm. C49/14, sobre cláusulas abusivas, que en nuestra opinión, en realidad cuestionan a la razón de ser del propio procedimiento. La obra se complementa con una actualizada jurisprudencia y una abundante colección de formularios.
Nos presenta el autor de esta obra, Vicente Magro Servet, Magistrado, un trabajo eminentemente práctico que aborda la amplia casuística que surge ante los tribunales de justicia en el desarrollo de los procedimientos que siguen el trámite del juicio verbal. Así, a través de un índice se abordan todas las materias que rodean a los conflictos que deben seguir este trámite, y los mismos son analizados mediante un asequible método de preguntas y respuestas para un mejor acercamiento del lector a los problemas que se plantean en la realidad diaria de los juzgados. Se ha tenido en cuenta en la elaboración de la misma la próxima modificación de la Ley Procesal Civil que altera aspectos importantes del desarrollo del juicio verbal, de tal manera que en cada pregunta/respuesta afectada por la reforma se ofrece la situación actual, como respuesta actualizada, y la que surgirá de la reforma, a fin de que el lector pueda comprobar en qué se modifica cada uno de los puntos afectados por aquélla. Así, se responde sobre cómo queda regulado en la actualidad y cómo quedará afectado con la modificación legal. Se completa la obra con un repertorio de formularios que serán del uso de los lectores para resolver las dudas que en ocasiones surgen a la hora de confeccionar un escrito para ser presentado ante el órgano judicial.
Análisis de la prueba es una obra indispensable para todo juez, abogado, académico y estudiante que pretenda comprender y desarrollar su capacidad de enfrentarse, de manera satisfactoria, a múltiples problemas probatorios presentes en los casos jurídicos. La perspectiva de análisis adoptada se aprovecha de los avances de distintas disciplinas, lo cual enriquece considerablemente los resultados alcanzados. El lenguaje que se utiliza huye de la erudición pero no de la profundidad, lo cual lo transforma en un texto útil tanto para quienes se han adentrado previamente en los problemas de la prueba, como para quienes recién vienen haciéndolo. Los casos utilizados para hacer frente a distintos problemas probatorios son muy variados y resultan de gran interés para personas provenientes de distintas tradiciones jurídicas. Los autores se centran en la lógica de la prueba, buscando transformarla en una herramienta útil para la toma de decisiones en las distintas fases de los problemas probatorios (investigación, negociación, rendición de prueba, valoración de la prueba, decisión y justificación). La forma de trabajo que se propone permite optimizar el uso de la racionalidad en los asuntos de prueba. Los esquemas de análisis de la prueba y la claridad conceptual contribuyen a que Análisis de la prueba sea un texto que ayuda al lector a fortalecer sus capacidades de hacer cosas con pruebas.
Acciones Civiles profundiza en el estudio de todas las instituciones del Derecho Civil desde la perspectiva de las distintas acciones que hacen posible su puesta en marcha ante los tribunales. Frente al planteamiento habitual en los tratados, que por más que aparezcan sustentados en numerosas fuentes jurisprudenciales, son tributarios del rigor dogmático y de una orientación fundamentalmente teórica y doctrinal, pero a menudo ajeno a los problemas y dificultades que entraña el ejercicio práctico de las acciones, se examinan aquí en profundidad y con mentalidad eminentemente práctica, las peculiaridades y problemática de las principales acciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico civil. Clasificadas por materias, el usuario de la obra localizará fácilmente una determinada acción, entenderá cuándo procede la misma, cuáles son sus requisitos a la luz de la legislación y la jurisprudencia, qué medidas o precauciones deben adoptarse antes de ejercitarla o durante su tramitación judicial, comprobará sin dificultad cuáles son los pasos a seguir, y accederá a un formulario ad hoc. Con ese sentido práctico, tras un breve «estudio preliminar» de cada institución, el núcleo de la obra estudia a fondo cada una de las acciones ejercitables, su contorno y problemática jurídica. A ello se añaden algunos instrumentos de singular utilidad para el profesional y el estudioso: a) una «lista de comprobación», en la que se ofrece la relación de precauciones, requisitos y pasos a seguir para el ejercicio de la acción b) uno o varios formularios; y c) una selección de la jurisprudencia y legislación básica en la materia, eje básico de la obra Acciones Civiles. Todos los coautores aúnan una sólida formación académica y científica con su vocación y compromiso con ese «Derecho que se realiza por la vía procesal», como abogados o magistrados.
La presente obra, fruto del estudio detallado de las resoluciones (principalmente autos en conflictos de competencia territorial) dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en los últimos años, pretende acercar dichos criterios doctrinales al profesional del Derecho, utilizando en su exposición una cierta sistematización que facilite su rápida consulta y con ello, su utilidad práctica.
La presente edición es una nueva, y muy necesaria, actualización de la Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Necesidad que dimana de las novedades legislativas introducidas en la normativa procesal civil en los últimos años, como la Ley 42/2015, de 5 de octubre, el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y más recientemente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, que afecta al art. 63 LEC. Por otro lado, además de la obligada adecuación legislativa, era imprescindible actualizar la doctrina jurisprudencial de los últimos años desde la publicación de la 5.ª edición, por lo que era preciso proceder a introducir la reciente jurisprudencia en aquellos apartados de la obra que requerían ser actualizados. En cuanto a las modificaciones legislativas se trata de cambios relevantes, producidos en la tramitación del juicio verbal o en las diligencias preliminares, entre otros. Y, del mismo modo, ello debe reflejarse en los formularios, redactados para facilitar la percepción de las modificaciones habidas en los mismos a la hora de presentarlos por los profesionales ante los órganos judiciales.