Debido al crecimiento en los últimos años del fenómeno migratorio, aparece la necesidad de abordar dicho fenómeno como uno de los ejes prioritarios y trasversales de la política municipal, como vía para garantizar la convivencia, la igualdad, la pluralidad, la participación y el respeto a las distintas culturas y tradiciones. El presente trabajo se encuentra estructurado en dos partes: la primera versa sobre los fundamentos para la elaboración de un plan local de inmigración. Se estudian las distintas áreas de intervención (Acogida, Información, Orientación y Asesoramiento, Educación y Cultura, Empleo y Promoción Económica, Sanidad y Vivienda) para propiciar el acceso a los recursos y la participación de la población inmigrante en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, así como favorecer y promover la integración laboral y social y también fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos de la inmigración. En cuanto a la segunda parte, sobre el modelo del plan local de la Inmigración, éste se centra en el caso de la ciudad de Elche. Municipio de la provincia de Alicante donde se constata un número significativo de personas de origen extranjero, ya que residen 28.195 personas extranjeras, cifra que representa el 12,23% de la población total, según datos del Padrón Municipal de 2012.
La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, facilitando, además, el material necesario para la práctica forense: comentario, legislación, jurisprudencia, bibliografía, tablas y formularios habituales. La reciente Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno marca, sin duda, un punto y aparte en la evolución de la Administración española hacia los estándares más exigentes de transparencia, eficiencia y calidad en el contexto comparado de los países de nuestro entorno. Si hablamos del acceso a la información pública, derecho cuya regulación esta Ley aborda con carácter general, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos hallamos ante el procedimiento administrativo de mayor trascendencia en los últimos años, dada la relevancia que el derecho de acceso a la información pública adquiere en nuestros tiempos y su trascendencia en el entendimiento de las relaciones Administración Pública-ciudadano. Esta obra sirve de guía práctica para el mejor entendimiento de este nuevo procedimiento. Además del comentario doctrinal, integran esta monografía esquemas procedimentales y modelos de formularios para facilitar el ejercicio de este derecho, así como una selección de jurisprudencia relacionada con este derecho y una extensa relación de la bibliografía más actual sobre la materia.
La corrupción constituye sin duda alguna la más grave de las lacras de la sociedad de nuestros días, manifestación de la degradación de los valores morales en los que toda una civilización falta de valor moral amenaza con derrumbarse. Estamos, por tanto, ante una de esas crisis totales de las que solo se sale con una radical renovación personal y social y no con normas jurídicas. Lo que en modo alguno supone que hayamos de cruzarnos de brazos. Ni que despreciemos los esfuerzos de los Estados y Organismos internacionales para superar tan grave situación. Jesús González Pérez que hace años se ha preocupado por la moralización de la vida pública nos ofrece en la primera parte de este libro un panorama del fenómeno de la corrupción: su extensión, causas y reacciones a que dado lugar, tal y como se han proyectado en los Ordenamientos jurídicos. Se trata con más detalle que en la edición anterior los Ordenamientos supraestatales, en especial de las Convenciones ratificadas por España, los Ordenamientos de los Estados hispanoamericanos y, preferentemente, de la Unión europea. En la segunda parte se estudian las exigencias de la ética para intentar regenerar la vida pública y hacer una Administración pública que, no solo no suscite la desconfianza y el rechazo de los ciudadanos, sino que pueda servir de ejemplo a las actividades privadas, sin limitarse a sancionar el nauseabundo mundo de la corrupción y recordar otros elementales valores. Termina esta parte con dos capítulos, uno dedicado en general a las medidas legales para garantizar un comportamiento ético y otro a las medidas represivas. Si en la segunda parte se contemplaba la Ética como exigencia de conducta de todos y cada uno de los servidores públicos, la tercera y última incluye una serie de trabajos en los que la Ética aparece como fin de algunas de las actuaciones administrativas en las que con más frecuencia se contraviene, como El matrimonio entre personas del mismo sexo; El derecho a contraer matrimonio en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos y La protección de la salud sexual, en la que se estudian algunas de las cuestiones que plantea la LO 2/2011 de 3 de marzo llamada de «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».
Tras el azote de la crisis económica mundial a nuestro modelo de crecimiento, sin duda, se inaugura un nuevo ciclo para las estrategias de desarrollo sostenible en España, en las que el centro de atención ya no es sólo la preservación del medio ambiente sino también, la consecución del desarrollo económico sostenible y la cohesión social. Y el logro de estos objetivos se ha de abordar específicamente desde el análisis jurídico-económico del patrón de crecimiento de nuestras ciudades, en la búsqueda de la articulación de un modelo que concilie el desarrollo económico, social y ambiental. Conscientes de estas necesidades se presenta este libro que compila las investigaciones llevadas a cabo por los Proyectos de investigación de Excelencia de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, (SEJ-5826) y de investigación fundamental I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, (DER2010-18321) «Aspectos jurídicos de la economía urbana para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades», y cuyo objeto último ha sido el de ofrecer un documento que pueda resultar práctico para el planteamiento de temas de debate, así como para la búsqueda y desarrollo de instrumentos que puedan ser útiles a los objetivos de desarrollo sostenible de los municipios.
Con esta nueva entrega -la tercera consecutiva, correspondiente al año 2012-llegamos ya a consolidar el Observatorio de Contratos Públicos como obra que recopila las cuestiones más interesantes relacionadas con la actividad contractual del Sector público. Esta nueva edición ha sido posible gracias a la obtención -tras el oportuno proceso de concurrencia competitiva- de un nuevo proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (Hacia una contratación pública eficiente: medidas de simplificación y mejora de los procesos de compra pública, ref. DER2012-39003-C02-01). En esta nueva edición del Observatorio se han incluido algunos trabajos de prospectiva, con la vista puesta en el proceso de «renovación» del Derecho europeo de contratos públicos que se encuentra en avanzado estado de gestación, y que obligará, más pronto que tarde, a la remodelación de la normativa interna sobre contratación pública, así como trabajos relativos a la práctica administrativa. El objetivo final de este libro es continuar dando opinión sobre la cuestión de la contratación pública, tanto como marco normativo en continuo movimiento, como política pública estratégica en el devenir de la forma de actuar de los poderes públicos. El nuevo paquete legislativo comunitario -el cuarto- y su necesaria trasposición en España obligan a repensar cómo implementar esta nueva normativa, con el fin de garantizar el derecho a una buena administración cimentada sobre los paradigmas de eficiencia e integridad.
La colaboración con los países de origen y tránsito de los fl ujos migratorios que se dirigen a Europa resulta esencial para la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE. Abordar esta temática desde una perspectiva jurídica exige acometer un análisis del reparto de competencias externas entre la Unión y sus Estados miembros, compleja cuestión dentro del Derecho de relaciones exteriores de la UE. La presente obra ofrece una lectura renovada de la jurisprudencia del TJUE en materia de competencias externas, codifi cada en el Derecho Originario tras la reforma de Lisboa, y procede a su aplicación a los ámbitos de la política migratoria de la UE como la readmisión, el control de fronteras, los visados o la gestión de la migración legal. Con ello, se pretende contrastar la teoría competencial con la práctica convencional, así como verifi car si el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, que ha de inspirar la dimensión exterior de la política migratoria europea, es jurídicamente viable.
Este texto analiza cómo las autoridades públicas intentan modificar la conducta de los ciudadanos y diseñan y operan los servicios enfrentándose a diversos retos. La corriente gerencialista dominante en la gestión pública aboga por planteamientos de eficacia y eficiencia. En el texto se ofrece un análisis crítico de diverso s conceptos y controversias de la gestión pública que están influidos por esta corriente. Frente al monolitismo de los planteamientos gerenciales, este libro considera que no hay una única forma de gestionar bien y los directivos públicos se inspiran en diversas fuentes. La gestión pública está caracterizada por controversias y conflictos de valores respecto a lo que se pretende conseguir (los objetivos públicos de unos servicios de calidad, equitativos, eficientes, y eficaces), cómo se regula (diseño de las normas y los principios y su cumplimiento), cómo se presta el servicio (basado en la jerarquía, la confianza, la voz o la elección de los usuarios) y cómo se gestionan los recursos humanos, organizativos, financieros y tecnológicos de las organizaciones públicas.
El análisis del efecto que la gestión de recursos humanos tiene sobre los resultados organizativos es cada vez más amplio, si bien la mayoría de los estudios que se han desarrollado en España se han centrado en el ámbito privado. Muy pocos trabajos han analizado el impacto de la gestión de recursos humanos en el campo de la Administración Pública española. Paralelamente, mientras que en las empresas privadas se está realizando un importante esfuerzo por poner en marcha prácticas de recursos humanos que sirvan para optimizar el rendimiento global, en la Administración Pública éste sigue siendo un tema pendiente y sólo a partir de fechas muy recientes se empieza a hablar de ?la nueva gestión pública? (NGP), que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz.
El régimen jurídico del empleo público vive, desde 2007, pendiente de una regulación definitiva y completa que formalice los modelos que corresponde definir a cada una de las Administraciones Públicas llamadas al desarrollo del mismo. En esta situación de interinidad normativa lo que corresponde es analizar el alcance de la situación transitoria y los pronunciamientos de todo orden en relación con la aplicación del EBEP y de las normas que se mantienen vigentes hasta la consolidación del modelo que planteaba el mismo. El Practicum contiene una sistematización de la relación jurídica de empleado público sobre la base de la regulación del EBEP pero con las referencias para la aplicación práctica del mismo en este momento transitorio. La presentación incluye las reglas centrales de selección, provisión de puestos, régimen de derechos y deberes y derechos de ejercicio colectivo, apartados que se corresponden con los aspectos centrales para el aplicador del régimen jurídico de los empleados públicos.
La Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, presenta nueva administración, electrónica e interconectada, sin papel, más transparente y ágil en sus trámites. ¿Qué es el registro electrónico de entrada?, ¿estamos obligados a relacionarnos con las administraciones por medios electrónicos?, ¿podemos presentar un documento ante cualquier administración?, ¿es necesario disponer de firma electrónica?, ¿recibiremos notificaciones electrónicas de ahora en adelante?Todas estas preguntas y más se podrán resolver de forma fácil con la lectura de esta publicación, que no pretende realizar un análisis en profundidad, sino que opta por la simple exposición sistemática y clara de la Ley 39/2015, haciendo hincapié en las novedades y reformas del procedimiento administrativo. La naturaleza de esta guía la convierte en una herramienta práctica que presenta las principales novedades del procedimiento administrativo a colectivos como estudiantes, empleados públicos, y ciudadanos en general que requieran estar informados al respecto.
El presente Manual sobre el Derecho de la Función Pública constituye una exposición completa, exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen jurídico de la Función Pública en España. Redactado desde las exigencias metodológicas propias de la enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de Educación Superior, con objeto de constituir el material docente de la asignatura ?Derecho de la Función Pública?, del tercer curso del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que imparte la UNED, trasciende no obstante aquellas finalidades por la aproximación crítica que lleva a cabo sobre la normativa de Función Pública, por las valoraciones de la práctica y de la gestión de personal, por la ampliación de su ámbito de estudio a todas las Administraciones (estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento de la jurisprudencia de los distintos Tribunales, puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por todo ello, el libro se erige en un referente imprescindible para los estudiosos de la Función Pública, para todos los empleados públicos que quieran comprender el régimen jurídico que se les aplica y para los estudiantes que acometan el estudio de la normativa de las Administraciones Públicas y, en particular, de la Función Pública.
Tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, el texto legal ha experimentado diferente reformas en su articulado -baste, a título enunciativo, mencionar las modificaciones introducidas por las Leyes 8/2013, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 20/2013 y 25/2013-. Por todo ello es absolutamente necesario, para el conocimiento y estudio de la contratación pública, contar con textos y comentarios puestos al día. Esta 3.ª edición está rigurosamente actualizada, e incorpora todas las disposiciones básicas vigentes relativas a la contratación del sector público. Contiene formularios revisados y puestos al día e incorpora otros nuevos, como consecuencia de las modificaciones introducidas en la normativa contractual del sector público; de igual modo se recogen, como Anexo, los textos legales y reglamentarios en versión consolidada.
La contratación del sector público mueve cifras muy elevadas, llegando a representar el 20 % del PIB, y genera una intensa actividad económica caracterizada por una potente trasferencia de capital público al sector privado y por la capacidad de generar directa o indirectamente un elevado volumen de empleos. Desde la década de los 70, la Unión Europea ha construido un importante acervo comunitario en torno a la contratación pública con claro afán armonizador del tratamiento legal de la materia. Tal normativa ha conocido un intenso proceso de revisión y modernización, especialmente, en el marco de la denominada Estrategia Europa 2020, que culmina en la aprobación de tres nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, entre cuyos fines destaca la utilización estratégica de la propia contratación pública como instrumento de apoyo de objetivos sociales comunes. Para la consecución de ese pretendido crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y, muy especialmente, para el logro de objetivos sociales a través de la contratación pública se utilizan las denominadas cláusulas sociales, esto es, disposiciones, de origen normativo o convencional, incluidas en un contrato o acuerdo comercial en virtud de las cuales la parte prestadora del servicio o ejecutora de la obra asume, como condición de acceso o de ejecución, el compromiso de cumplir con determinados objetivos de política sociolaboral, como son, entre otros, la creación de más y mejor empleo, o la garantía de los derechos laborales, en especial de la igualdad de oportunidades. Los poderes públicos españoles no han permanecido ajenos al proceso de expansión y consolidación de estas cláusulas para la protección de aspectos innovadores, sociales y medioambientales en el propio Derecho de la Unión Europea. Dicha actitud favorable al fomento de dichas cláusulas ha ido en aumento al hilo de las sucesivas regulaciones habidas en la materia. En el presente libro los autores examinan la cuestión de las cláusulas sociales, las cuales pueden abarcar diversos aspectos, desde el cumplimiento de los derechos fundamentales y de los principios de igualdad de trato y no discriminación, hasta la aplicación de la legislación en materia social, la reinserción de personas desfavorecidas o excluidas del mercado de trabajo o las acciones positivas contra el paro o la exclusión social. Se trata, además, de una obra de máxima actualidad, puesto que está adaptada a la recientemente aprobada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las citadas Directivas europeas.
El presente libro constituye la mejor ayuda para quienes se enfrentan por primera vez a la vida local o, dentro de ella, deben asumir nuevos retos. Contiene los conocimientos básicos de la vida local, de las áreas más comunes. Lógicamente el político deberá seguir contando con el apoyo de los técnicos locales, pero no le será necesario consultar, él mismo será autosuficiente en los temas cotidianos. Asumido por los autores con un planteamiento divulgativo, el libro resultará asequible a la inmensa mayoría de sus destinatarios. Se incluyen junto con los temas más importantes de la vida local cuestiones que son básicas para el cargo público, como consejos para hablar en público, nociones básicas de protocolo y la materia de Alcaldes y Concejales. Especial atención se dedica a los temas fundamentales como Régimen de Sesiones, Estatuto del Concejal, Organización, Contratación, etc.
Una cuestión que parece olvidada, debido al empuje creciente del discurso economicista que se ha impuesto en los últimos años, es la del marco constitucional que vincula a la Administración a través de principios que debieran ser tenidos en cuenta en cualquier propuesta de reforma del sector público. No sólo los principios internos sobre la eficacia de la Administración, sometimiento a la ley, etc., sino también los principios constitucionales que deben guiar a los parlamentos y los gobiernos en relación con la configuración del sector público, como es el caso del Estado social y los derechos sociales. Igualmente, los principios constitucionales que determinan el reparto de competencias en la materia y la autonomía de las distintas administraciones territoriales: organización federal, autonómica o regional del Estado o garantía constitucional de la autonomía local. Teniendo en cuenta esas condiciones constitucionales previas, es posible realizar propuestas, partiendo del análisis comparativo, que permitan hacer compatible la racionalización de la actividad pública y el aumento de la eficacia de la Administración con una cultura constitucional basada en el principio de Estado social y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.
Debido al crecimiento en los últimos años del fenómeno migratorio, aparece la necesidad de abordar dicho fenómeno como uno de los ejes prioritarios y trasversales de la política municipal, como vía para garantizar la convivencia, la igualdad, la pluralidad, la participación y el respeto a las distintas culturas y tradiciones. El presente trabajo se encuentra estructurado en dos partes: la primera versa sobre los fundamentos para la elaboración de un plan local de inmigración. Se estudian las distintas áreas de intervención (Acogida, Información, Orientación y Asesoramiento, Educación y Cultura, Empleo y Promoción Económica, Sanidad y Vivienda) para propiciar el acceso a los recursos y la participación de la población inmigrante en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, así como favorecer y promover la integración laboral y social y también fomentar la sensibilización social acerca de los valores positivos de la inmigración. En cuanto a la segunda parte, sobre el modelo del plan local de la Inmigración, éste se centra en el caso de la ciudad de Elche. Municipio de la provincia de Alicante donde se constata un número significativo de personas de origen extranjero, ya que residen 28.195 personas extranjeras, cifra que representa el 12,23% de la población total, según datos del Padrón Municipal de 2012.
La presente Serie Administrativa analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos peculiares en la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, facilitando, además, el material necesario para la práctica forense: comentario, legislación, jurisprudencia, bibliografía, tablas y formularios habituales. La reciente Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno marca, sin duda, un punto y aparte en la evolución de la Administración española hacia los estándares más exigentes de transparencia, eficiencia y calidad en el contexto comparado de los países de nuestro entorno. Si hablamos del acceso a la información pública, derecho cuya regulación esta Ley aborda con carácter general, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos hallamos ante el procedimiento administrativo de mayor trascendencia en los últimos años, dada la relevancia que el derecho de acceso a la información pública adquiere en nuestros tiempos y su trascendencia en el entendimiento de las relaciones Administración Pública-ciudadano. Esta obra sirve de guía práctica para el mejor entendimiento de este nuevo procedimiento. Además del comentario doctrinal, integran esta monografía esquemas procedimentales y modelos de formularios para facilitar el ejercicio de este derecho, así como una selección de jurisprudencia relacionada con este derecho y una extensa relación de la bibliografía más actual sobre la materia.
La corrupción constituye sin duda alguna la más grave de las lacras de la sociedad de nuestros días, manifestación de la degradación de los valores morales en los que toda una civilización falta de valor moral amenaza con derrumbarse. Estamos, por tanto, ante una de esas crisis totales de las que solo se sale con una radical renovación personal y social y no con normas jurídicas. Lo que en modo alguno supone que hayamos de cruzarnos de brazos. Ni que despreciemos los esfuerzos de los Estados y Organismos internacionales para superar tan grave situación. Jesús González Pérez que hace años se ha preocupado por la moralización de la vida pública nos ofrece en la primera parte de este libro un panorama del fenómeno de la corrupción: su extensión, causas y reacciones a que dado lugar, tal y como se han proyectado en los Ordenamientos jurídicos. Se trata con más detalle que en la edición anterior los Ordenamientos supraestatales, en especial de las Convenciones ratificadas por España, los Ordenamientos de los Estados hispanoamericanos y, preferentemente, de la Unión europea. En la segunda parte se estudian las exigencias de la ética para intentar regenerar la vida pública y hacer una Administración pública que, no solo no suscite la desconfianza y el rechazo de los ciudadanos, sino que pueda servir de ejemplo a las actividades privadas, sin limitarse a sancionar el nauseabundo mundo de la corrupción y recordar otros elementales valores. Termina esta parte con dos capítulos, uno dedicado en general a las medidas legales para garantizar un comportamiento ético y otro a las medidas represivas. Si en la segunda parte se contemplaba la Ética como exigencia de conducta de todos y cada uno de los servidores públicos, la tercera y última incluye una serie de trabajos en los que la Ética aparece como fin de algunas de las actuaciones administrativas en las que con más frecuencia se contraviene, como El matrimonio entre personas del mismo sexo; El derecho a contraer matrimonio en la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos y La protección de la salud sexual, en la que se estudian algunas de las cuestiones que plantea la LO 2/2011 de 3 de marzo llamada de «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».
Tras el azote de la crisis económica mundial a nuestro modelo de crecimiento, sin duda, se inaugura un nuevo ciclo para las estrategias de desarrollo sostenible en España, en las que el centro de atención ya no es sólo la preservación del medio ambiente sino también, la consecución del desarrollo económico sostenible y la cohesión social. Y el logro de estos objetivos se ha de abordar específicamente desde el análisis jurídico-económico del patrón de crecimiento de nuestras ciudades, en la búsqueda de la articulación de un modelo que concilie el desarrollo económico, social y ambiental. Conscientes de estas necesidades se presenta este libro que compila las investigaciones llevadas a cabo por los Proyectos de investigación de Excelencia de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, (SEJ-5826) y de investigación fundamental I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, (DER2010-18321) «Aspectos jurídicos de la economía urbana para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades», y cuyo objeto último ha sido el de ofrecer un documento que pueda resultar práctico para el planteamiento de temas de debate, así como para la búsqueda y desarrollo de instrumentos que puedan ser útiles a los objetivos de desarrollo sostenible de los municipios.
Con esta nueva entrega -la tercera consecutiva, correspondiente al año 2012-llegamos ya a consolidar el Observatorio de Contratos Públicos como obra que recopila las cuestiones más interesantes relacionadas con la actividad contractual del Sector público. Esta nueva edición ha sido posible gracias a la obtención -tras el oportuno proceso de concurrencia competitiva- de un nuevo proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (Hacia una contratación pública eficiente: medidas de simplificación y mejora de los procesos de compra pública, ref. DER2012-39003-C02-01). En esta nueva edición del Observatorio se han incluido algunos trabajos de prospectiva, con la vista puesta en el proceso de «renovación» del Derecho europeo de contratos públicos que se encuentra en avanzado estado de gestación, y que obligará, más pronto que tarde, a la remodelación de la normativa interna sobre contratación pública, así como trabajos relativos a la práctica administrativa. El objetivo final de este libro es continuar dando opinión sobre la cuestión de la contratación pública, tanto como marco normativo en continuo movimiento, como política pública estratégica en el devenir de la forma de actuar de los poderes públicos. El nuevo paquete legislativo comunitario -el cuarto- y su necesaria trasposición en España obligan a repensar cómo implementar esta nueva normativa, con el fin de garantizar el derecho a una buena administración cimentada sobre los paradigmas de eficiencia e integridad.
La colaboración con los países de origen y tránsito de los fl ujos migratorios que se dirigen a Europa resulta esencial para la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE. Abordar esta temática desde una perspectiva jurídica exige acometer un análisis del reparto de competencias externas entre la Unión y sus Estados miembros, compleja cuestión dentro del Derecho de relaciones exteriores de la UE. La presente obra ofrece una lectura renovada de la jurisprudencia del TJUE en materia de competencias externas, codifi cada en el Derecho Originario tras la reforma de Lisboa, y procede a su aplicación a los ámbitos de la política migratoria de la UE como la readmisión, el control de fronteras, los visados o la gestión de la migración legal. Con ello, se pretende contrastar la teoría competencial con la práctica convencional, así como verifi car si el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, que ha de inspirar la dimensión exterior de la política migratoria europea, es jurídicamente viable.
Este texto analiza cómo las autoridades públicas intentan modificar la conducta de los ciudadanos y diseñan y operan los servicios enfrentándose a diversos retos. La corriente gerencialista dominante en la gestión pública aboga por planteamientos de eficacia y eficiencia. En el texto se ofrece un análisis crítico de diverso s conceptos y controversias de la gestión pública que están influidos por esta corriente. Frente al monolitismo de los planteamientos gerenciales, este libro considera que no hay una única forma de gestionar bien y los directivos públicos se inspiran en diversas fuentes. La gestión pública está caracterizada por controversias y conflictos de valores respecto a lo que se pretende conseguir (los objetivos públicos de unos servicios de calidad, equitativos, eficientes, y eficaces), cómo se regula (diseño de las normas y los principios y su cumplimiento), cómo se presta el servicio (basado en la jerarquía, la confianza, la voz o la elección de los usuarios) y cómo se gestionan los recursos humanos, organizativos, financieros y tecnológicos de las organizaciones públicas.
El análisis del efecto que la gestión de recursos humanos tiene sobre los resultados organizativos es cada vez más amplio, si bien la mayoría de los estudios que se han desarrollado en España se han centrado en el ámbito privado. Muy pocos trabajos han analizado el impacto de la gestión de recursos humanos en el campo de la Administración Pública española. Paralelamente, mientras que en las empresas privadas se está realizando un importante esfuerzo por poner en marcha prácticas de recursos humanos que sirvan para optimizar el rendimiento global, en la Administración Pública éste sigue siendo un tema pendiente y sólo a partir de fechas muy recientes se empieza a hablar de ?la nueva gestión pública? (NGP), que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz.
El régimen jurídico del empleo público vive, desde 2007, pendiente de una regulación definitiva y completa que formalice los modelos que corresponde definir a cada una de las Administraciones Públicas llamadas al desarrollo del mismo. En esta situación de interinidad normativa lo que corresponde es analizar el alcance de la situación transitoria y los pronunciamientos de todo orden en relación con la aplicación del EBEP y de las normas que se mantienen vigentes hasta la consolidación del modelo que planteaba el mismo. El Practicum contiene una sistematización de la relación jurídica de empleado público sobre la base de la regulación del EBEP pero con las referencias para la aplicación práctica del mismo en este momento transitorio. La presentación incluye las reglas centrales de selección, provisión de puestos, régimen de derechos y deberes y derechos de ejercicio colectivo, apartados que se corresponden con los aspectos centrales para el aplicador del régimen jurídico de los empleados públicos.
La Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, presenta nueva administración, electrónica e interconectada, sin papel, más transparente y ágil en sus trámites. ¿Qué es el registro electrónico de entrada?, ¿estamos obligados a relacionarnos con las administraciones por medios electrónicos?, ¿podemos presentar un documento ante cualquier administración?, ¿es necesario disponer de firma electrónica?, ¿recibiremos notificaciones electrónicas de ahora en adelante?Todas estas preguntas y más se podrán resolver de forma fácil con la lectura de esta publicación, que no pretende realizar un análisis en profundidad, sino que opta por la simple exposición sistemática y clara de la Ley 39/2015, haciendo hincapié en las novedades y reformas del procedimiento administrativo. La naturaleza de esta guía la convierte en una herramienta práctica que presenta las principales novedades del procedimiento administrativo a colectivos como estudiantes, empleados públicos, y ciudadanos en general que requieran estar informados al respecto.
El presente Manual sobre el Derecho de la Función Pública constituye una exposición completa, exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen jurídico de la Función Pública en España. Redactado desde las exigencias metodológicas propias de la enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de Educación Superior, con objeto de constituir el material docente de la asignatura ?Derecho de la Función Pública?, del tercer curso del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que imparte la UNED, trasciende no obstante aquellas finalidades por la aproximación crítica que lleva a cabo sobre la normativa de Función Pública, por las valoraciones de la práctica y de la gestión de personal, por la ampliación de su ámbito de estudio a todas las Administraciones (estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento de la jurisprudencia de los distintos Tribunales, puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por todo ello, el libro se erige en un referente imprescindible para los estudiosos de la Función Pública, para todos los empleados públicos que quieran comprender el régimen jurídico que se les aplica y para los estudiantes que acometan el estudio de la normativa de las Administraciones Públicas y, en particular, de la Función Pública.
Tras la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, el texto legal ha experimentado diferente reformas en su articulado -baste, a título enunciativo, mencionar las modificaciones introducidas por las Leyes 8/2013, 10/2013, 11/2013, 14/2013, 20/2013 y 25/2013-. Por todo ello es absolutamente necesario, para el conocimiento y estudio de la contratación pública, contar con textos y comentarios puestos al día. Esta 3.ª edición está rigurosamente actualizada, e incorpora todas las disposiciones básicas vigentes relativas a la contratación del sector público. Contiene formularios revisados y puestos al día e incorpora otros nuevos, como consecuencia de las modificaciones introducidas en la normativa contractual del sector público; de igual modo se recogen, como Anexo, los textos legales y reglamentarios en versión consolidada.
La contratación del sector público mueve cifras muy elevadas, llegando a representar el 20 % del PIB, y genera una intensa actividad económica caracterizada por una potente trasferencia de capital público al sector privado y por la capacidad de generar directa o indirectamente un elevado volumen de empleos. Desde la década de los 70, la Unión Europea ha construido un importante acervo comunitario en torno a la contratación pública con claro afán armonizador del tratamiento legal de la materia. Tal normativa ha conocido un intenso proceso de revisión y modernización, especialmente, en el marco de la denominada Estrategia Europa 2020, que culmina en la aprobación de tres nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, entre cuyos fines destaca la utilización estratégica de la propia contratación pública como instrumento de apoyo de objetivos sociales comunes. Para la consecución de ese pretendido crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y, muy especialmente, para el logro de objetivos sociales a través de la contratación pública se utilizan las denominadas cláusulas sociales, esto es, disposiciones, de origen normativo o convencional, incluidas en un contrato o acuerdo comercial en virtud de las cuales la parte prestadora del servicio o ejecutora de la obra asume, como condición de acceso o de ejecución, el compromiso de cumplir con determinados objetivos de política sociolaboral, como son, entre otros, la creación de más y mejor empleo, o la garantía de los derechos laborales, en especial de la igualdad de oportunidades. Los poderes públicos españoles no han permanecido ajenos al proceso de expansión y consolidación de estas cláusulas para la protección de aspectos innovadores, sociales y medioambientales en el propio Derecho de la Unión Europea. Dicha actitud favorable al fomento de dichas cláusulas ha ido en aumento al hilo de las sucesivas regulaciones habidas en la materia. En el presente libro los autores examinan la cuestión de las cláusulas sociales, las cuales pueden abarcar diversos aspectos, desde el cumplimiento de los derechos fundamentales y de los principios de igualdad de trato y no discriminación, hasta la aplicación de la legislación en materia social, la reinserción de personas desfavorecidas o excluidas del mercado de trabajo o las acciones positivas contra el paro o la exclusión social. Se trata, además, de una obra de máxima actualidad, puesto que está adaptada a la recientemente aprobada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las citadas Directivas europeas.
El presente libro constituye la mejor ayuda para quienes se enfrentan por primera vez a la vida local o, dentro de ella, deben asumir nuevos retos. Contiene los conocimientos básicos de la vida local, de las áreas más comunes. Lógicamente el político deberá seguir contando con el apoyo de los técnicos locales, pero no le será necesario consultar, él mismo será autosuficiente en los temas cotidianos. Asumido por los autores con un planteamiento divulgativo, el libro resultará asequible a la inmensa mayoría de sus destinatarios. Se incluyen junto con los temas más importantes de la vida local cuestiones que son básicas para el cargo público, como consejos para hablar en público, nociones básicas de protocolo y la materia de Alcaldes y Concejales. Especial atención se dedica a los temas fundamentales como Régimen de Sesiones, Estatuto del Concejal, Organización, Contratación, etc.
Una cuestión que parece olvidada, debido al empuje creciente del discurso economicista que se ha impuesto en los últimos años, es la del marco constitucional que vincula a la Administración a través de principios que debieran ser tenidos en cuenta en cualquier propuesta de reforma del sector público. No sólo los principios internos sobre la eficacia de la Administración, sometimiento a la ley, etc., sino también los principios constitucionales que deben guiar a los parlamentos y los gobiernos en relación con la configuración del sector público, como es el caso del Estado social y los derechos sociales. Igualmente, los principios constitucionales que determinan el reparto de competencias en la materia y la autonomía de las distintas administraciones territoriales: organización federal, autonómica o regional del Estado o garantía constitucional de la autonomía local. Teniendo en cuenta esas condiciones constitucionales previas, es posible realizar propuestas, partiendo del análisis comparativo, que permitan hacer compatible la racionalización de la actividad pública y el aumento de la eficacia de la Administración con una cultura constitucional basada en el principio de Estado social y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía.