Todas las cuestiones clave para optimizar fiscal y financieramente el patrimonio personal de una persona física. - Aborda las cuestiones clave para optimizar fiscal y financieramente el patrimonio personal de una persona física, directivo y /o empresario. - Incluye contenidos muy prácticos, con comentarios adaptados al trabajo diario del asesor con la información necesaria para saber cuándo y cómo dirigir nuestros ahorros para cumplir satisfactoriamente el binomio máxima rentabilidad-mínimo-riesgo. - Permite buscar una fórmula de inversión que sea fiscalmente la más conveniente, conjugando todos los aspectos de la gestión del patrimonio, ello implica consideraciones, no sólo de tipo fiscal y económico, sino que también examina, desde una perspectiva jurídica, si la estructura y funcionamiento de la masa patrimonial es la más adecuada y la que mejor se adapta a las necesidades y objetivos del cliente. En la obra se incluye: - Respuestas directas a qué impuestos afectan al patrimonio del inversor. - Tablas con los costes de formalización de las operaciones. - Un cuestionario para realizar el autodiagnóstico de las inversiones. - Una completa selección de ejemplos, casos prácticos y doctrina administrativa relacionada con la gestión fiscal del patrimonio. - Capítulos monográficos sobre la problemática fiscal de los distintos componentes que integran un patrimonio; Inmuebles, productos financieros, obras de arte, etc. - Se analizan otros temas específicos de las inversiones y su impacto fiscal, como por ejemplo la problemática en la Gestión de Patrimonios desde el exterior, los servicios que se incluyen en un family office, los paraísos fiscales en las inversiones en bienes inmuebles o las ventajas fiscales en la inversión de obras de arte, antigüedades y objetos de colección entre otros. Últimas normas analizadas: La reintroducción temporal del Impuesto sobre el Patrimonio (Real Decreto-Ley 13/2011) para los ejercicios 2011 y 2012 obligará a determinados contribuyentes a efectuar un ejercicio relativo a su impacto y tratar de minimizar sus efectos a través de una adecuada planificación (le afecta al libro de empresa este párrafo). También es importante destacar, por su notoriedad y repercusión en los medios de comunicación, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. - En el ámbito del IRPF se suprime para 2012 la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual. - Adicionalmente, hasta el próximo 31 de diciembre de 2013, se eleva el porcentaje fijo de retención o ingreso a cuenta aplicable a determinados rendimientos del 15% al 21%. - En el ámbito de las grandes empresas se ven agravadas temporalmente las limitaciones a su capacidad de compensación de bases imponibles negativas e incrementados sus pagos fraccionados. - Para todos los sujetos pasivos se reduce el límite máximo anual para la deducibilidad de la amortización de intangibles de vida útil indefinida, como se hizo anteriormente con el fondo de comercio adquirido con un negocio. - Sube el tipo general del IVA de 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%. Cabe destacar también que determinados productos y servicios pasan a tributar a un tipo impositivo distinto al que les resultaba en vigor hasta ahora. El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introducen novedades y modificaciones importantes, en el ámbito tributario. - Podemos destacar que, para los ejercicios 2012 y 2013, se establece en el IRPF una tarifa complementaria a la estatal de la base liquidable general con 7 tramos y tipos que van del 0,75 al 7% y una complementaria a la del ahorro con 3 tramos y tipos que van del 2 al 6%, todo ello con el reflejo correspondiente en las retenciones. - Por otra parte, se restablece la deducción por adquisición de vivienda en los términos vigentes en 2010, eliminando, por lo tanto, el límite máximo de base imponible para su aplicación. - En el Impuesto sobre Sociedades lo más destacable es la prórroga a 2012 del tipo reducido para MICROPYMES que mantienen empleo y la subida general de la retención en paralelo al IRPF. - En IVA se prorroga a todo 2012 el tipo del 4% para las entregas de viviendas. La aprobación de Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Otra norma importante, como es el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. - Destacamos las referentes a los fondos de comercio deducibles, como son los que surgen en la adquisición de negocios en marcha o en determinadas operaciones de fusión. - La reducción considerable en el uso del beneficio fiscal de la libertad de amortización. - Se restringe el importe de los gastos financieros que se pueden deducir. - Se fija un límite mínimo para el importe de los pagos fraccionados, calculado sobre el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. - Además, también se reduce por un período excepcional el límite sobre la cuota para la aplicación de las deducciones del impuesto, incluyendo las derivadas de la reinversión de beneficios extraordinarios, que hasta el momento se podían deducir sin limitación alguna. - Por último, no podemos olvidarnos de la llamada "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno y que se desarrolla por diversas Órdenes Ministeriales. OBTENGA EL MÁXIMO AHORRO FISCAL: - Aproveche al máximo las posibilidades legales para reducir sus costes fiscales. - Afronte una inspección fiscal con plenas garantías y absoluta tranquilidad. - Planifique la mejor estrategia con la que obtener el máximo ahorro fiscal.
El Manual trata desde un punto de vista práctico el procedimiento de contratación de las Administraciones públicas, especialmente las entidades locales, en el mismo se exponen problemas que se plantean en la práctica cotidiana en la tramitación de los expedientes de contratación y las soluciones que a los mismos han dado los Tribunales y otros organismos públicos competentes en materia de contratación como las Juntas Consultivas de contratación administrativa, el Tribunal de Cuentas, el recientemente creado Tribunal de Recursos Contractuales, así como opiniones de autores especializados en la materia. La tercera edición del Manual tiene por objeto su actualización, adaptándolo a los cambios normativos aprobados desde su anterior edición, en particular para su adecuación a las importantes reformas normativas, operadas en los últimos años, entre las que destacan la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, reformas que afectan a aspectos destacados de la contratación pública como el procedimiento de adjudicación del contrato y su perfección, la modificación de los contratos, del recurso especial en materia de contratación y la nueva configuración del contrato de colaboración público-privada. Igualmente, se ha aprovechado la ocasión para incorporar las últimas sentencias dictadas por los Tribunales (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas), así como los últimos informes de las Juntas Consultivas (Central y de las Comunidades Autónomas) en esta materia. Igualmente se ha procedido a la revisión de la tercera y cuarta parte de la obra para su actualización y adaptación a la nueva normativa, procurando con ello facilitar la complicada tarea de los funcionarios de la Administración Local encargados de la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos, a los que va dirigida la obra.
El surgimiento y desarrollo histórico de la Función Pública durante el siglo XIX se produce a través de la superación del doble fenómeno de la politización y de la patrimonialización de los oficios públicos. A partir de aquí, se configura un régimen jurídico-público específico para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, informado por los principios de mérito y capacidad, de objetividad y de neutralidad, que pretendía situar al funcionario al abrigo de injerencias externas, pero que también lo sometía al interés general concretado en la función pública a desarrollar. Hoy en día, en cambio, el sistema de Función Pública español, lejos del impulso autónomo de organización y de gestión que determinó su nacimiento, funciona principalmente por impulsos políticos. Una articulación política de la Función Pública que sólo es posible, a su vez, por la articulación jurídica de la repolitización y de la repatrimonialización que aquella padece. No es pues de extrañar que, a esta crisis institucional, le siga la crisis social de la Función Pública, con el cuestionamiento continuo de su función en la sociedad, exacerbando estereotipos más o menos justificados, pero que en última instancia revelan que una Función Pública politizada y patrimonializada no puede mantenerse y hacen por ello imprescindible profundizar en sus principios y caracteres originales y que, en su devenir histórico, se han ido olvidando cuando no violentando. La explicación de este doble proceso convergente de repolitización y de repatrimonialización de la Función Pública española es, en suma, el objeto de este libro titulado Pasado, Presente y Futuro de la Función Pública, pero subtitulado significativamente Entre la politización y la patrimonialización, por constituir los dos fenómenos permanentes que se ciernen peligrosamente sobre la Función Pública.
Circunscrito entre la disciplina jurídica y politológica, y basado en un enfoque Neoinstitucional, el estudio propuesto corrobora la hipótesis investigadora de que el cambio económico que introduce la política de reutilización de datos públicos en España, sólo puede ser efectivo si, con carácter previo, se produce un cambio político-administrativo sustancial impulsado por la transparencia pública. La información se ha convertido en la materia prima básica con la que transformar otros productos elaborados. Sin este recurso dinámico que fluye constantemente en todos los ámbitos de la vida, no resulta posible realizar ninguna actividad personal o profesional. En concreto, acceder a la información pública puede mejorar la calidad de nuestra Democracia, favoreciendo la participación pública, la confianza institucional, la responsabilidad política, la interdicción de la arbitrariedad o la cohesión social, además de eliminar un mal endémico que lastra a los países occidentales en la actualidad, como es la corrupción. Una de las prioridades en las agendas de los gobiernos y uno de los elementos que suscita mayor interés mediático es la transparencia pública. La transparencia, como exigencia social de primer orden y principio democrático referencial, alcanza su máxima expresión en el derecho a la información de que debe disfrutar cualquier persona. En este sentido, la Administración Pública cumple un papel relevante en la Sociedad del Conocimiento, pues tiene la misión de hacer viable este derecho constitucional, ya que es la institución que más datos acapara y quien mejor puede tratarlos y exponerlos para su uso general por parte de los ciudadanos. La transparencia pública, el derecho a la información y la reutilización de datos son términos que ponen de manifiesto la necesidad de que los operadores institucionales, sociales y económicos confluyan en su actuación, de manera integrada y coordinada, asegurando una correcta transferencia, y posterior transacción, de los activos de la información pública. Y ello lleva a considerar uno de los conceptos clave en la Ciencia Política actual, cual es el de la Gobernanza Democrática.
Las Administraciones Públicas deben volver sus ojos hacía el pensamiento estratégico general que dimensione el personal que presta servicios en una Administración de forma conjunta y que, por tanto, conciba la plantilla con un concepto o una consideración general. La eficacia de las organizaciones exige, precisamente, esa visión de conjunto conforme a criterios comunes y sin prejuzgar con ello las soluciones ni las formas de ejecución que responderán al régimen jurídico de cada uno de los empleados públicos. Lo que es evidente es que no podemos confundir el diagnóstico con la medida terapéutica. Son cosas diferentes y, mientras el primero, puede ser común a todas las categorías de empleados públicos, el segundo está ligado a la naturaleza de la respectiva organización. Esta referencia general, ordenada, reflexiva, proyectada en el tiempo y en el resto de instrumentos de ordenación de la función pública es la que nos hace volver los ojos a la utilidad y la necesidad de la planificación. Ahora, su actualidad y su verdadero sentido si se pone en relación con la necesidad de encontrar un sistema más profesional de gestión que esté en función de las necesidades de cada órgano administrativo y que legitime la presencia (y la retribución) del empleado público. A partir de la constatación de la necesidad y de la utilidad lo que se ha procurado es establecer -aquí sí- una visión de conjunto sobre la regulación, las medidas y las decisiones judiciales sobre los diversos instrumentos de redimensionamiento de plantillas y de ordenación de la función pública. Esta reflexión, muy apegada a la solución judicial (administrativa y social), demuestra que la falta de uniformidad en los criterios justificativos acaba condicionando la autorización o la validación general de las decisiones. Se precisa mayor objetividad, mayor rigor, mayor reflexión. Los proyectos y las decisiones de redimensionamiento y de flexibilización de plantillas y condiciones de trabajo exigen rigor en cualquier entidad pero, especialmente, en el ámbito público por el propio imperativo del estatus constitucional de funcionamiento de las Administraciones Públicas. Esta es la verdadera utilidad de un análisis que mezcla la formulación teórica y estructural de la regulación con un planteamiento exhaustivo sobre los problemas teóricos planteados como consecuencia de la ejecución y de la interpretación judicial.
La obra contiene un estudio de la estructura actual de la función pública, basada en cuerpos de funcionarios que forzosamente han de convivir con puestos de trabajo. Se trata de dos elementos esenciales para el diseño organizativo que han respondido clásicamente a modelos teóricos diferentes y a la falta de diferenciación en la Administración entre persona y puesto. El cuerpo, entendido como agrupación de funcionarios, es el elemento subjetivo de la estructura y es propio de los denominados modelos cerrados de carrera. Ha desempeñado un papel absolutamente esencial en la conformación de nuestro régimen funcionarial. Sin embargo, el modelo estructural basado exclusivamente en el cuerpo está superado desde los años sesenta por la introducción de otro nuevo elemento objetivo, típico de los modelos abiertos, como es el puesto de trabajo. Su inserción apenas ha sido desarrollada por nuestros legisladores, lo que ha dado lugar a importantes disfunciones que afectan directamente a la gestión del personal y, con ello, a la propia eficacia de la Administración. En esta obra se analizan todos estos problemas y se pretende superar este vacío legislativo dotando al puesto de trabajo de su contenido técnico. Se aportan novedosas ideas organizativas para lograr que esta necesaria convivencia entre puestos y cuerpos sea óptima o, al menos, armónica.
El presente Código, preparado por Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Abogado del Estado, contiene la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus tres niveles: estatal, autonómico y local. En el ámbito estatal se recogen las normas reguladoras del Gobierno de la Nación, de la Administración General del Estado y del Procedimiento Administrativo Común. Esta normativa básica se completa con las disposiciones de inferior rango -Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones- que la complementan o desarrollan. Este mismo esquema se reproduce en el ámbito autonómico en el que, respecto de cada Comunidad Autónoma, se recoge la normativa reguladora de su Gobierno, de su Administración Pública y de sus especialidades en materia de procedimiento administrativo, con especial incidencia en aquellas normas -de reciente aparición- que disciplinan el sentido positivo o negativo del silencio administrativo y los plazos máximos de resolución de sus procedimientos. En esta última edición se recogen las más recientes modificaciones de estos textos legales que, en algunos casos, han consistido en la sustitución completa de las normas vigentes por otras nuevas. En el ámbito local este Código contiene la normativa básica y de desarrollo de la organización y funcionamiento de las Entidades Locales. La obra se completa con la normativa reguladora de otras instituciones íntimamente ligadas con la actividad de las Administraciones Públicas y ordenadas a su mejor funcionamiento, a la salvaguarda de sus competencias o al control parlamentario o judicial de su actividad. Entre ellas pueden citarse la Ley Orgánica 4/2001, de 12 noviembre, del Derecho de Petición, las reguladoras de la Administración Consultiva (estatal y autonómica), la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Un completo índice analítico que permite la localización rápida y sencilla de conceptos y normas estudiadas.
Dos realidades conluyen y determinan el contenido de esta Tutela penal de las administraciones públicas: la necesidad de crear auténticos especialistas en el tratamiento penal de la delincuencia relacionada con las administraciones públicas y la de un Estado, el español, que tras años de apatía parece salir de su letargo para dar respuesta al fenómeno de la corrupción. Es por ello que el presente trabajo nace con una vocación marcadamente utilitarista y didáctica. Pretende ser un instrumento útil para dar a conocer tanto las características generales de la responsabilidad penal en el ámbito del ejercicio de la función pública, como cada una de las figuras delictivas relacionadas con el mismo en un momento en el que esta materia resulta especialmente trascendente para el conjunto de la sociedad. El texto incluye casi trescientos ejemplos y numerosa jurisprudencia esenciales para comprender la materia objeto de estudio. Todo ello hace que esta Tutela sea útil tanto para los estudiantes de las Universidades españolas, futuros juristas, como para cualquier estudioso que desde la Práctica quiera aproximarse y profundizar en la relación que une al Derecho penal con las administraciones públicas. Los autores son todos ellos profesores doctores, en la actualidad miembros del Departamento de Derecho penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y del Área de Derecho penal de la Universidad de Zaragoza. Cuentan con una larga experiencia docente e investigadora en el ámbito de sus contribuciones.
En esta 2ª edición de la obra Situaciones Administrativas de los funcionarios públicos, en realidad 3ª, el autor la adapta y actualiza conforme a la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público junto a las Instrucciones para la aplicación del EBEP en el ámbito de la AGE y sus OOAA Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de 5 de junio de 2007 y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, disposición final 5ª que modifica el art. 87.1º Ley 7/2007, EBEP sobra la extensión de la situación administrativa Servicios Especiales. Cabe resaltar la adición de nuevos supuestos causantes de Servicios Especiales y la situación de Servicios en otras Administraciones Públicas. Junto a las situaciones administrativas de excedencia voluntaria en sus distintos tipos, Servicio activo, Comisión de servicios y Suspensión de funciones. La obra conserva la metodología de los anteriores estudios sobre función pública, ponderando el carácter práctico de las instituciones estudiadas sin olvidar las referencias a administrativistas que han contribuido a un desarrollo institucional mediante sus aportaciones criticas, sentencias de los distintos tribunales así como la importante interpretación de la Comisión Superior de Personal del MAP.[] Se aportan criterios sobre organización pública y principios de la Nueva Gestión Publica relacionados con el empleo de la potestad disciplinaria en entornos burocráticos. La obra se dirige a abogados especialistas en función pública, responsables de recursos humanos en las administraciones públicas, organizaciones sindicales y órganos jurisdiccionales, ofreciendo distintos aspectos, algunos decisivamente polémicos, en la tensa relación derechos del empleado público -derechos de la organización Este título, junto con Permisos y Licencias de los Funcionarios Públicos, 2ª ed., forma parte del ?MANUAL PRÁCTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA?. Constituye la segunda entrega de la colección, al que seguirán los siguientes títulos: * El régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos * El Acceso y Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración * Incompatibilidades, Retribuciones, Jornada Laboral, Negociación Colectiva y Promoción Interna * Derechos fundamentales de los Funcionarios Públicos.
La proliferación de leyes y desarrollos reglamentarios ha conllevado que tanto el Sistema Universitario Español (SUE), como el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), hayan sufrido una profunda y continuada transformación; propiciando que elementos esenciales de la configuración de sus regímenes, se hayan visto transformados o adaptados a nuevos conceptos y parámetros de entendimiento de lo que ha de ser la prestación del servicio público de educación superior, ciencia, investigación y transferencia de resultados, graduando la atención en elementos de la más varia índole. Por eso, en la ciudad de Toledo, una de las sedes de la Universidad de Castilla-La Mancha, concebimos el XIII CURSO DE RÉGIMEN JURÍDICO UNIVERSITARIO, generando debates, análisis y valoraciones, sobre aquellas materias que hacen de la vida diaria de la gestión de las Instituciones Universitarias un laberinto de cambios, incertidumbres y perspectivas inquietantes. Pero ese primer encuentro del año 2015, nos abocó a una evidencia: que devenía en esencial que hiciéramos un estudio aún más particular de la materia, una valoración de los cambios acaecidos, y una reflexión sobre cuáles son objetivos que el SUE y el SECTI deben cumplir, y si se cuenta con los efectivos personales necesarios para ello, o bien el régimen jurídico que hemos ido construyendo para ello resulta insuficiente y/o confuso. A tal efecto se propició un monográfico en la ciudad de La Coruña, «EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL DEL SUE Y DEL SECTI: A ESTUDIO», coordinado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del que, como resultado de las exposiciones y debates de ideas, surgieron gran parte de las páginas que hoy componen este libro, y que ayudarán, a buen seguro, y junto con las creadas al calor del XII Curso, a la generación de elementos doctrinales que puedan servir para el dictado de un marco legal más apropiado, riguroso y simple, que el que en la actualidad se viene aplicando en y a nuestras instituciones.
Han pasado ya algunos años desde la publicación de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, sin embargo, la situación de interinidad y transitoriedad en que aquella norma colocó al Ordenamiento de la Función Pública en espera de un amplio desarrollo por parte de las distintas instancias llamadas a la concreción de lo modelos no ha sido superada. Algunas Comunidades Autónomas si han cumplido con sus obligaciones y así podemos indicar que tanto Valencia como Castilla-La Mancha e, incluso, parcialmente, la Asturiana han dictado sus respectivas normas de función pública en desarrollo del EBEP. La presente Edición incluye las normas nuevas - fundamentalmente en el ámbito autonómico- y, sobre todo, los pronunciamientos jurisprudenciales que se van produciendo de una forma lenta pero inexorable en la materia. El texto completo de los mismos se puede encontrar en el DVD que acompaña a la Obra para evitar que el lector tenga que acudir para su consulta íntegra a las bases de datos convencionales.
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Aunque la jurisprudencia ha sido en general prudente, al aplicar un Ordenamiento con el español sin parangón en el Derecho comparado, ante los categóricos términos de la Ley, no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas. Esta obra, que ahora alcanza su sexta edición, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea. Desde 2010, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Jesús González Pérez ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto. También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores, que han sido contratadas como las del autor, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.
Todas las cuestiones clave para optimizar fiscal y financieramente el patrimonio personal de una persona física. - Aborda las cuestiones clave para optimizar fiscal y financieramente el patrimonio personal de una persona física, directivo y /o empresario. - Incluye contenidos muy prácticos, con comentarios adaptados al trabajo diario del asesor con la información necesaria para saber cuándo y cómo dirigir nuestros ahorros para cumplir satisfactoriamente el binomio máxima rentabilidad-mínimo-riesgo. - Permite buscar una fórmula de inversión que sea fiscalmente la más conveniente, conjugando todos los aspectos de la gestión del patrimonio, ello implica consideraciones, no sólo de tipo fiscal y económico, sino que también examina, desde una perspectiva jurídica, si la estructura y funcionamiento de la masa patrimonial es la más adecuada y la que mejor se adapta a las necesidades y objetivos del cliente. En la obra se incluye: - Respuestas directas a qué impuestos afectan al patrimonio del inversor. - Tablas con los costes de formalización de las operaciones. - Un cuestionario para realizar el autodiagnóstico de las inversiones. - Una completa selección de ejemplos, casos prácticos y doctrina administrativa relacionada con la gestión fiscal del patrimonio. - Capítulos monográficos sobre la problemática fiscal de los distintos componentes que integran un patrimonio; Inmuebles, productos financieros, obras de arte, etc. - Se analizan otros temas específicos de las inversiones y su impacto fiscal, como por ejemplo la problemática en la Gestión de Patrimonios desde el exterior, los servicios que se incluyen en un family office, los paraísos fiscales en las inversiones en bienes inmuebles o las ventajas fiscales en la inversión de obras de arte, antigüedades y objetos de colección entre otros. Últimas normas analizadas: La reintroducción temporal del Impuesto sobre el Patrimonio (Real Decreto-Ley 13/2011) para los ejercicios 2011 y 2012 obligará a determinados contribuyentes a efectuar un ejercicio relativo a su impacto y tratar de minimizar sus efectos a través de una adecuada planificación (le afecta al libro de empresa este párrafo). También es importante destacar, por su notoriedad y repercusión en los medios de comunicación, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. - En el ámbito del IRPF se suprime para 2012 la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual. - Adicionalmente, hasta el próximo 31 de diciembre de 2013, se eleva el porcentaje fijo de retención o ingreso a cuenta aplicable a determinados rendimientos del 15% al 21%. - En el ámbito de las grandes empresas se ven agravadas temporalmente las limitaciones a su capacidad de compensación de bases imponibles negativas e incrementados sus pagos fraccionados. - Para todos los sujetos pasivos se reduce el límite máximo anual para la deducibilidad de la amortización de intangibles de vida útil indefinida, como se hizo anteriormente con el fondo de comercio adquirido con un negocio. - Sube el tipo general del IVA de 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%. Cabe destacar también que determinados productos y servicios pasan a tributar a un tipo impositivo distinto al que les resultaba en vigor hasta ahora. El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, y la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, introducen novedades y modificaciones importantes, en el ámbito tributario. - Podemos destacar que, para los ejercicios 2012 y 2013, se establece en el IRPF una tarifa complementaria a la estatal de la base liquidable general con 7 tramos y tipos que van del 0,75 al 7% y una complementaria a la del ahorro con 3 tramos y tipos que van del 2 al 6%, todo ello con el reflejo correspondiente en las retenciones. - Por otra parte, se restablece la deducción por adquisición de vivienda en los términos vigentes en 2010, eliminando, por lo tanto, el límite máximo de base imponible para su aplicación. - En el Impuesto sobre Sociedades lo más destacable es la prórroga a 2012 del tipo reducido para MICROPYMES que mantienen empleo y la subida general de la retención en paralelo al IRPF. - En IVA se prorroga a todo 2012 el tipo del 4% para las entregas de viviendas. La aprobación de Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Otra norma importante, como es el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. - Destacamos las referentes a los fondos de comercio deducibles, como son los que surgen en la adquisición de negocios en marcha o en determinadas operaciones de fusión. - La reducción considerable en el uso del beneficio fiscal de la libertad de amortización. - Se restringe el importe de los gastos financieros que se pueden deducir. - Se fija un límite mínimo para el importe de los pagos fraccionados, calculado sobre el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. - Además, también se reduce por un período excepcional el límite sobre la cuota para la aplicación de las deducciones del impuesto, incluyendo las derivadas de la reinversión de beneficios extraordinarios, que hasta el momento se podían deducir sin limitación alguna. - Por último, no podemos olvidarnos de la llamada "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno y que se desarrolla por diversas Órdenes Ministeriales. OBTENGA EL MÁXIMO AHORRO FISCAL: - Aproveche al máximo las posibilidades legales para reducir sus costes fiscales. - Afronte una inspección fiscal con plenas garantías y absoluta tranquilidad. - Planifique la mejor estrategia con la que obtener el máximo ahorro fiscal.
El Manual trata desde un punto de vista práctico el procedimiento de contratación de las Administraciones públicas, especialmente las entidades locales, en el mismo se exponen problemas que se plantean en la práctica cotidiana en la tramitación de los expedientes de contratación y las soluciones que a los mismos han dado los Tribunales y otros organismos públicos competentes en materia de contratación como las Juntas Consultivas de contratación administrativa, el Tribunal de Cuentas, el recientemente creado Tribunal de Recursos Contractuales, así como opiniones de autores especializados en la materia. La tercera edición del Manual tiene por objeto su actualización, adaptándolo a los cambios normativos aprobados desde su anterior edición, en particular para su adecuación a las importantes reformas normativas, operadas en los últimos años, entre las que destacan la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; Ley 34/2010, de 5 de agosto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, reformas que afectan a aspectos destacados de la contratación pública como el procedimiento de adjudicación del contrato y su perfección, la modificación de los contratos, del recurso especial en materia de contratación y la nueva configuración del contrato de colaboración público-privada. Igualmente, se ha aprovechado la ocasión para incorporar las últimas sentencias dictadas por los Tribunales (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas), así como los últimos informes de las Juntas Consultivas (Central y de las Comunidades Autónomas) en esta materia. Igualmente se ha procedido a la revisión de la tercera y cuarta parte de la obra para su actualización y adaptación a la nueva normativa, procurando con ello facilitar la complicada tarea de los funcionarios de la Administración Local encargados de la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos, a los que va dirigida la obra.
El surgimiento y desarrollo histórico de la Función Pública durante el siglo XIX se produce a través de la superación del doble fenómeno de la politización y de la patrimonialización de los oficios públicos. A partir de aquí, se configura un régimen jurídico-público específico para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, informado por los principios de mérito y capacidad, de objetividad y de neutralidad, que pretendía situar al funcionario al abrigo de injerencias externas, pero que también lo sometía al interés general concretado en la función pública a desarrollar. Hoy en día, en cambio, el sistema de Función Pública español, lejos del impulso autónomo de organización y de gestión que determinó su nacimiento, funciona principalmente por impulsos políticos. Una articulación política de la Función Pública que sólo es posible, a su vez, por la articulación jurídica de la repolitización y de la repatrimonialización que aquella padece. No es pues de extrañar que, a esta crisis institucional, le siga la crisis social de la Función Pública, con el cuestionamiento continuo de su función en la sociedad, exacerbando estereotipos más o menos justificados, pero que en última instancia revelan que una Función Pública politizada y patrimonializada no puede mantenerse y hacen por ello imprescindible profundizar en sus principios y caracteres originales y que, en su devenir histórico, se han ido olvidando cuando no violentando. La explicación de este doble proceso convergente de repolitización y de repatrimonialización de la Función Pública española es, en suma, el objeto de este libro titulado Pasado, Presente y Futuro de la Función Pública, pero subtitulado significativamente Entre la politización y la patrimonialización, por constituir los dos fenómenos permanentes que se ciernen peligrosamente sobre la Función Pública.
Circunscrito entre la disciplina jurídica y politológica, y basado en un enfoque Neoinstitucional, el estudio propuesto corrobora la hipótesis investigadora de que el cambio económico que introduce la política de reutilización de datos públicos en España, sólo puede ser efectivo si, con carácter previo, se produce un cambio político-administrativo sustancial impulsado por la transparencia pública. La información se ha convertido en la materia prima básica con la que transformar otros productos elaborados. Sin este recurso dinámico que fluye constantemente en todos los ámbitos de la vida, no resulta posible realizar ninguna actividad personal o profesional. En concreto, acceder a la información pública puede mejorar la calidad de nuestra Democracia, favoreciendo la participación pública, la confianza institucional, la responsabilidad política, la interdicción de la arbitrariedad o la cohesión social, además de eliminar un mal endémico que lastra a los países occidentales en la actualidad, como es la corrupción. Una de las prioridades en las agendas de los gobiernos y uno de los elementos que suscita mayor interés mediático es la transparencia pública. La transparencia, como exigencia social de primer orden y principio democrático referencial, alcanza su máxima expresión en el derecho a la información de que debe disfrutar cualquier persona. En este sentido, la Administración Pública cumple un papel relevante en la Sociedad del Conocimiento, pues tiene la misión de hacer viable este derecho constitucional, ya que es la institución que más datos acapara y quien mejor puede tratarlos y exponerlos para su uso general por parte de los ciudadanos. La transparencia pública, el derecho a la información y la reutilización de datos son términos que ponen de manifiesto la necesidad de que los operadores institucionales, sociales y económicos confluyan en su actuación, de manera integrada y coordinada, asegurando una correcta transferencia, y posterior transacción, de los activos de la información pública. Y ello lleva a considerar uno de los conceptos clave en la Ciencia Política actual, cual es el de la Gobernanza Democrática.
Las Administraciones Públicas deben volver sus ojos hacía el pensamiento estratégico general que dimensione el personal que presta servicios en una Administración de forma conjunta y que, por tanto, conciba la plantilla con un concepto o una consideración general. La eficacia de las organizaciones exige, precisamente, esa visión de conjunto conforme a criterios comunes y sin prejuzgar con ello las soluciones ni las formas de ejecución que responderán al régimen jurídico de cada uno de los empleados públicos. Lo que es evidente es que no podemos confundir el diagnóstico con la medida terapéutica. Son cosas diferentes y, mientras el primero, puede ser común a todas las categorías de empleados públicos, el segundo está ligado a la naturaleza de la respectiva organización. Esta referencia general, ordenada, reflexiva, proyectada en el tiempo y en el resto de instrumentos de ordenación de la función pública es la que nos hace volver los ojos a la utilidad y la necesidad de la planificación. Ahora, su actualidad y su verdadero sentido si se pone en relación con la necesidad de encontrar un sistema más profesional de gestión que esté en función de las necesidades de cada órgano administrativo y que legitime la presencia (y la retribución) del empleado público. A partir de la constatación de la necesidad y de la utilidad lo que se ha procurado es establecer -aquí sí- una visión de conjunto sobre la regulación, las medidas y las decisiones judiciales sobre los diversos instrumentos de redimensionamiento de plantillas y de ordenación de la función pública. Esta reflexión, muy apegada a la solución judicial (administrativa y social), demuestra que la falta de uniformidad en los criterios justificativos acaba condicionando la autorización o la validación general de las decisiones. Se precisa mayor objetividad, mayor rigor, mayor reflexión. Los proyectos y las decisiones de redimensionamiento y de flexibilización de plantillas y condiciones de trabajo exigen rigor en cualquier entidad pero, especialmente, en el ámbito público por el propio imperativo del estatus constitucional de funcionamiento de las Administraciones Públicas. Esta es la verdadera utilidad de un análisis que mezcla la formulación teórica y estructural de la regulación con un planteamiento exhaustivo sobre los problemas teóricos planteados como consecuencia de la ejecución y de la interpretación judicial.
La obra contiene un estudio de la estructura actual de la función pública, basada en cuerpos de funcionarios que forzosamente han de convivir con puestos de trabajo. Se trata de dos elementos esenciales para el diseño organizativo que han respondido clásicamente a modelos teóricos diferentes y a la falta de diferenciación en la Administración entre persona y puesto. El cuerpo, entendido como agrupación de funcionarios, es el elemento subjetivo de la estructura y es propio de los denominados modelos cerrados de carrera. Ha desempeñado un papel absolutamente esencial en la conformación de nuestro régimen funcionarial. Sin embargo, el modelo estructural basado exclusivamente en el cuerpo está superado desde los años sesenta por la introducción de otro nuevo elemento objetivo, típico de los modelos abiertos, como es el puesto de trabajo. Su inserción apenas ha sido desarrollada por nuestros legisladores, lo que ha dado lugar a importantes disfunciones que afectan directamente a la gestión del personal y, con ello, a la propia eficacia de la Administración. En esta obra se analizan todos estos problemas y se pretende superar este vacío legislativo dotando al puesto de trabajo de su contenido técnico. Se aportan novedosas ideas organizativas para lograr que esta necesaria convivencia entre puestos y cuerpos sea óptima o, al menos, armónica.
El presente Código, preparado por Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Abogado del Estado, contiene la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas en sus tres niveles: estatal, autonómico y local. En el ámbito estatal se recogen las normas reguladoras del Gobierno de la Nación, de la Administración General del Estado y del Procedimiento Administrativo Común. Esta normativa básica se completa con las disposiciones de inferior rango -Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones- que la complementan o desarrollan. Este mismo esquema se reproduce en el ámbito autonómico en el que, respecto de cada Comunidad Autónoma, se recoge la normativa reguladora de su Gobierno, de su Administración Pública y de sus especialidades en materia de procedimiento administrativo, con especial incidencia en aquellas normas -de reciente aparición- que disciplinan el sentido positivo o negativo del silencio administrativo y los plazos máximos de resolución de sus procedimientos. En esta última edición se recogen las más recientes modificaciones de estos textos legales que, en algunos casos, han consistido en la sustitución completa de las normas vigentes por otras nuevas. En el ámbito local este Código contiene la normativa básica y de desarrollo de la organización y funcionamiento de las Entidades Locales. La obra se completa con la normativa reguladora de otras instituciones íntimamente ligadas con la actividad de las Administraciones Públicas y ordenadas a su mejor funcionamiento, a la salvaguarda de sus competencias o al control parlamentario o judicial de su actividad. Entre ellas pueden citarse la Ley Orgánica 4/2001, de 12 noviembre, del Derecho de Petición, las reguladoras de la Administración Consultiva (estatal y autonómica), la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, la Ley de Conflictos Jurisdiccionales y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Un completo índice analítico que permite la localización rápida y sencilla de conceptos y normas estudiadas.
Dos realidades conluyen y determinan el contenido de esta Tutela penal de las administraciones públicas: la necesidad de crear auténticos especialistas en el tratamiento penal de la delincuencia relacionada con las administraciones públicas y la de un Estado, el español, que tras años de apatía parece salir de su letargo para dar respuesta al fenómeno de la corrupción. Es por ello que el presente trabajo nace con una vocación marcadamente utilitarista y didáctica. Pretende ser un instrumento útil para dar a conocer tanto las características generales de la responsabilidad penal en el ámbito del ejercicio de la función pública, como cada una de las figuras delictivas relacionadas con el mismo en un momento en el que esta materia resulta especialmente trascendente para el conjunto de la sociedad. El texto incluye casi trescientos ejemplos y numerosa jurisprudencia esenciales para comprender la materia objeto de estudio. Todo ello hace que esta Tutela sea útil tanto para los estudiantes de las Universidades españolas, futuros juristas, como para cualquier estudioso que desde la Práctica quiera aproximarse y profundizar en la relación que une al Derecho penal con las administraciones públicas. Los autores son todos ellos profesores doctores, en la actualidad miembros del Departamento de Derecho penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y del Área de Derecho penal de la Universidad de Zaragoza. Cuentan con una larga experiencia docente e investigadora en el ámbito de sus contribuciones.
En esta 2ª edición de la obra Situaciones Administrativas de los funcionarios públicos, en realidad 3ª, el autor la adapta y actualiza conforme a la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público junto a las Instrucciones para la aplicación del EBEP en el ámbito de la AGE y sus OOAA Resolución de la Secretaria General para la Administración Pública de 5 de junio de 2007 y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, disposición final 5ª que modifica el art. 87.1º Ley 7/2007, EBEP sobra la extensión de la situación administrativa Servicios Especiales. Cabe resaltar la adición de nuevos supuestos causantes de Servicios Especiales y la situación de Servicios en otras Administraciones Públicas. Junto a las situaciones administrativas de excedencia voluntaria en sus distintos tipos, Servicio activo, Comisión de servicios y Suspensión de funciones. La obra conserva la metodología de los anteriores estudios sobre función pública, ponderando el carácter práctico de las instituciones estudiadas sin olvidar las referencias a administrativistas que han contribuido a un desarrollo institucional mediante sus aportaciones criticas, sentencias de los distintos tribunales así como la importante interpretación de la Comisión Superior de Personal del MAP.[] Se aportan criterios sobre organización pública y principios de la Nueva Gestión Publica relacionados con el empleo de la potestad disciplinaria en entornos burocráticos. La obra se dirige a abogados especialistas en función pública, responsables de recursos humanos en las administraciones públicas, organizaciones sindicales y órganos jurisdiccionales, ofreciendo distintos aspectos, algunos decisivamente polémicos, en la tensa relación derechos del empleado público -derechos de la organización Este título, junto con Permisos y Licencias de los Funcionarios Públicos, 2ª ed., forma parte del ?MANUAL PRÁCTICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA?. Constituye la segunda entrega de la colección, al que seguirán los siguientes títulos: * El régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos * El Acceso y Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración * Incompatibilidades, Retribuciones, Jornada Laboral, Negociación Colectiva y Promoción Interna * Derechos fundamentales de los Funcionarios Públicos.
La proliferación de leyes y desarrollos reglamentarios ha conllevado que tanto el Sistema Universitario Español (SUE), como el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), hayan sufrido una profunda y continuada transformación; propiciando que elementos esenciales de la configuración de sus regímenes, se hayan visto transformados o adaptados a nuevos conceptos y parámetros de entendimiento de lo que ha de ser la prestación del servicio público de educación superior, ciencia, investigación y transferencia de resultados, graduando la atención en elementos de la más varia índole. Por eso, en la ciudad de Toledo, una de las sedes de la Universidad de Castilla-La Mancha, concebimos el XIII CURSO DE RÉGIMEN JURÍDICO UNIVERSITARIO, generando debates, análisis y valoraciones, sobre aquellas materias que hacen de la vida diaria de la gestión de las Instituciones Universitarias un laberinto de cambios, incertidumbres y perspectivas inquietantes. Pero ese primer encuentro del año 2015, nos abocó a una evidencia: que devenía en esencial que hiciéramos un estudio aún más particular de la materia, una valoración de los cambios acaecidos, y una reflexión sobre cuáles son objetivos que el SUE y el SECTI deben cumplir, y si se cuenta con los efectivos personales necesarios para ello, o bien el régimen jurídico que hemos ido construyendo para ello resulta insuficiente y/o confuso. A tal efecto se propició un monográfico en la ciudad de La Coruña, «EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL DEL SUE Y DEL SECTI: A ESTUDIO», coordinado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, del que, como resultado de las exposiciones y debates de ideas, surgieron gran parte de las páginas que hoy componen este libro, y que ayudarán, a buen seguro, y junto con las creadas al calor del XII Curso, a la generación de elementos doctrinales que puedan servir para el dictado de un marco legal más apropiado, riguroso y simple, que el que en la actualidad se viene aplicando en y a nuestras instituciones.
Han pasado ya algunos años desde la publicación de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, sin embargo, la situación de interinidad y transitoriedad en que aquella norma colocó al Ordenamiento de la Función Pública en espera de un amplio desarrollo por parte de las distintas instancias llamadas a la concreción de lo modelos no ha sido superada. Algunas Comunidades Autónomas si han cumplido con sus obligaciones y así podemos indicar que tanto Valencia como Castilla-La Mancha e, incluso, parcialmente, la Asturiana han dictado sus respectivas normas de función pública en desarrollo del EBEP. La presente Edición incluye las normas nuevas - fundamentalmente en el ámbito autonómico- y, sobre todo, los pronunciamientos jurisprudenciales que se van produciendo de una forma lenta pero inexorable en la materia. El texto completo de los mismos se puede encontrar en el DVD que acompaña a la Obra para evitar que el lector tenga que acudir para su consulta íntegra a las bases de datos convencionales.
Estudio sobre el derecho autonómico gallego y al mismo tiempo sobre el Derecho constitucional.
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Aunque la jurisprudencia ha sido en general prudente, al aplicar un Ordenamiento con el español sin parangón en el Derecho comparado, ante los categóricos términos de la Ley, no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas. Esta obra, que ahora alcanza su sexta edición, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea. Desde 2010, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Jesús González Pérez ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto. También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores, que han sido contratadas como las del autor, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.