Este libro recoge un estudio completo -teórico y práctico- del régimen disciplinario de los empleados públicos (fundamento, principios materiales, procedimiento disciplinario, infracciones y sanciones disciplinarias). Se trata de una monografía que analiza rigurosamente la nueva configuración del régimen disciplinario que deriva del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las cuestiones que plantea la falta de desarrollo de algunas de las disposiciones de la citada norma básica. A su vez, este trabajo incorpora una exhaustiva y actualizada selección de la jurisprudencia que interpreta e integra los principales aspectos del ordenamiento disciplinario. Todo ello, sin duda, permite al lector conocer la evolución más reciente y la realidad actual de la regulación y del ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas sobre el personal a su servicio. En definitiva, el libro ofrece una visión integral y actual de los aspectos normativos y aplicativos más relevantes del régimen disciplinario de los empleados públicos, y constituye una referencia obligada para empleados públicos y expertos en la materia.
Es el principal objetivo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la obligada incorporación del Derecho de la Unión Europea sobre contratación pública al ordenamiento jurídico español. Ahora bien, la nueva norma quiere ir más allá de la obligatoria incorporación del Derecho europeo, e impulsar una reforma de todo el sistema de contratación público español para garantizar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia en el gasto público y el respeto de los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Por otra parte, como evidencia del alcance jurídico de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público, ha de tenerse en cuenta que se aplica, por su carácter básico, a todas las Administraciones, poderes adjudicadores y entidades públicas españolas, y entre sus novedades se encuentran aspectos de tanta relevancia para todos los operadores públicos y privados de los contratos públicos como la garantía de los principios generales, la obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales, el ámbito subjetivo y su ampliación a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, la regulación de los contratos menores, la decisiva supresión de las instrucciones internas de contratación, la ampliación del objeto del recurso especial, el impulso de la participación de las PYME, las reglas aplicables a las Entidades locales, la subcontratación y la plena utilización de medios electrónicos en la contratación pública.
España inició un Plan de regeneración democrática que tenía como objetivo aprobar una serie de propuestas que lograran implantar un sistema que impidiese el avance de la corrupción. Entre las medidas y materias tenía un papel central un nuevo régimen de los altos cargos que permitiera superar las múltiples lagunas que se habían detectado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en su desarrollo reglamentario. En este escenario se aprueba Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que junto con el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, conforma buena parte del Estatuto de los mismos. Esta obra analiza la ordenación legal, estatal y autonómica, de los altos cargos en España, utilizando como eje vertebrador a la reciente Ley 3/2015. Un régimen que introduce numerosos avances, como son el requisito de la idoneidad para el nombramiento, la definición del conflicto de interés, el examen de la situación patrimonial tras el cese y mejoras como en las Declaraciones de Actividades y de Derechos y Bienes o en materia sancionadora. Con todo, en muchos aspectos la nueva ley no ha logrado desprenderse de la normativa anterior, reproduciendo errores, y puntos oscuros que requieren un ejercicio de reflexión e interpretación. Esta obra se continúa con la línea de buen gobierno abierta por estos autores en esta la editorial con obras anteriores relativa a la Imparcialidad en el procedimiento administrativo (2012) y Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014).
José Molina Molina es doctor en Economía, Sociólogo y Auditor de Cuentas. Y sobre todo, un hombre comprometido con la realidad social española, al servicio de la cual ha puesto sus vastos conocimientos y experiencia, no solo durante su talentosa y exitosa trayectoria profesional sino luego de superada la edad de jubilación laboral. En tiempos en los que España está en ebullición (como diariamente se percibe desde la vida ciudadana, la cual sufre una creciente inseguridad económica y un desencanto aumentativo ante las promesas incumplidas de sus gobernantes y las recetas que agudizan sus males en lugar de curarlos) apuntar los cambios precisos en el gasto público y reclamar el protagonismo del ciudadano en la elección de sus prioridades, es todo un reto que Molina aborda en este libro en el que se analizan y argumentan ideas sobre el control del gasto, el buen gobierno y la modernización de las estructuras del Estado, como pilares para construir un país que precisa la eliminación de aquello que se ha pervertido y enquistado en las instituciones y que ha dado lugar a un nuevo caciquismo. La situación que vivimos día a día es inquietante. Provoca una contestación social, que está convirtiendo la convivencia en España en una caldera donde la presión se desborda. ¿Estallará? Molina propugna un cambio urgente que responda con certeza a las demandas ciudadanas, antes de que se siga extendiendo la tentación populista de desprestigiar las instituciones. Urge un cambio, sí, «pero no se conseguirá sin la participación de la sociedad civil», afirma el autor, quien también lo es de Los Presupuestos Participativos: Un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficientemente en la Administración Local (Aranzadi 2012, 2ª edición). Miembro de Economistas Frente a la Crisis y del Pacto por la Transparencia, José Molina dirige el blog economiaapiedecalle.com, que cuenta con más de 50.000 seguidores, y de su amplio recorrido profesional cabe citar que fue Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (1983/86) y Vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Han pasado ya algunos años desde la publicación de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, sin embargo, la situación de interinidad y transitoriedad en que aquella norma colocó al Ordenamiento de la Función Pública en espera de un amplio desarrollo por parte de las distintas instancias llamadas a la concreción de los modelos no ha sido superada. Algunas Comunidades Autónomas sí han cumplido con sus obligaciones y así podemos indicar que tanto Valencia como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia e, incluso, parcialmente, la Asturiana han dictado sus respectivas normas de función pública en desarrollo del EBEP. La novedad más relevante es la publicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que no altera - en función del tipo de norma elegida- el contexto de la regulación general pero que se ha incluido para asegurar la actualidad de la normas. La presente edición incluye las normas nuevas -fundamentalmente en el ámbito autonómico- y, sobre todo, los pronunciamientos jurisprudenciales que se van produciendo de una forma lenta pero inexorable en la materia. El texto completo de los mismos se puede encontrar en soporte electrónico, edición proview que se incluye junto con el código, para evitar que el lector tenga que acudir para su consulta íntegra a las bases de datos convencionales.
El presente libro pretende recoger las principales normas tanto estatales, como autonómicas, sobre Transparencia y Buen Gobierno. La parte estatal se divide, en una primera parte general, donde se incluyen entre otras, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, etc. La segunda parte está dedicada a la Administración electrónica y reutilización de información. Y la tercera a la normativa reguladora de la Central de información económico-financiera. La normativa autonómica incluye las principales disposiciones sobre esta materia de cada Comunidad Autónoma. Y por último se recogen los Criterios de Interpretación que ha establecido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El libro se completa con un índice analítico para facilitar la consulta de los textos incluidos en el mismo.
El objeto de la obra es ofrecer una visión integral de la posición de las administraciones públicas en el concurso. Los conceptos de concurso de acreedores y Administración están abocados a cruzarse. La intervención de las administraciones publicas (TGSS, AEAT, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, entre otros) en los procedimientos concursales es una constante. Por otro lado, la especial situación en la que el legislador las coloca y las especialidades de los efectos de la declaración de concurso respecto a ellas, han sido una fuente de indudable conflictividad judicial plasmada en la proliferación de incidentes concursales. A su vez, las distintas reformas legislativas han afectado al crédito público. Por ello, en la situación actual podemos distinguir un cuerpo importante de jurisprudencia que ha zanjado algunas dudas interpretativas que generaban la aplicación de la ley concursal. No obstante, son múltiples las cuestiones que se mantienen así como las suscitadas por las sucesivas reformas legales. Esta obra pretende efectuar un profundo examen de todas estas cuestiones realizando un estudio unitario del papel de las administraciones públicas y del crédito público desde un enfoque sustancialmente técnico y práctico, sin olvidar el doctrinal, incorporando un análisis de las principales resoluciones judiciales dictadas sobre la materia.
El presente trabajo gira en torno al siguiente interrogante: ¿existen las condiciones necesarias para implementar la carrera profesional en nuestras Administraciones Públicas? Para dar una respuesta adecuada a este interrogante, serán analizados un conjunto de variables y elementos del sistema de empleo público español. Y es que, en efecto, es imprescindible partir de una conceptualización del empleo público como un sistema integral, en el que los diferentes subsistemas quedan interconectados, y donde la carrera se sitúa como un elemento nuclear para el sistema. En un instrumento que ha de permitir una adecuada ordenación de los recursos humanos que potencie la eficacia y efectividad de la organización en su conjunto, incentivando y profesionalizando al personal a su servicio. La interiorización de esta conceptualización de nuestro sistema de empleo público pasa asimismo por el entendimiento de que el concepto de carrera profesional es distinto de lo que hasta la fecha se definía como carrera administrativa, que sólo consideraba a ésta como un elemento de progreso profesional de los empleados públicos. Si se consideran equivalentes ambos conceptos se anula cualquier oportunidad de mejora e impiden que la carrera se constituya en un verdadero elemento esencial en la gestión del empleo público.
En esta nueva edición (quinta) del Observatorio de los Contratos Públicos, se da cuenta de las principales novedades que en materia de contratación pública se han producido en 2014, completando esta visión anual de años anteriores con esta serie de monografías de Observatorio de los Contratos Públicos. Se trata de obra de referencia por la actualidad de las reflexiones sobre la materia de contratación pública realizada por un grupo de investigación referente nacional e internacional en esta materia (Ministerio de Economía y Competitividad titulado «Hacia una contratación pública eficiente», REF: DER2012-39003-C02-01. (periodo 2013/15).
La consecución de los fines que justifican la contratación de servicios exige la equivalencia entre el precio y las prestaciones que son su objeto. Esta obra se centra en la importancia que tiene la correcta determinación del precio para garantizar la viabilidad de los servicios, así como para responder al cumplimiento de otras obligaciones, en materia social o laboral, que los poderes públicos deben cumplir en la defensa del interés general que les compete. En este sentido, se analizan los mecanismos existentes para configurar el contrato de manera equilibrada, asegurando la legalidad social, en la fase inicial del contrato. Asimismo, se examinan las técnicas disponibles para restablecer el equilibrio económico de los contratos de servicios, diferenciando la revisión de precios, como técnica común que permite determinar a priori las variaciones económicas del contrato, de las técnicas especiales (el ius variandi, el factum principis y la doctrina del riesgo imprevisible), que son medidas correctoras para hacer frente a desequilibrios económicos no previstos que surgen durante la prestación.
Es una realidad evidente que la crisis económica en la que nos hallamos inmersos desde finales de la pasada década -y de la que parece que no acabamos de salir- está dejando tras sí un profundo rastro de consecuencias en numerosos terrenos, incluido el jurídico, que no sólo no se ha mantenido ajeno a la crisis, sino que, como no podía ser de otro modo en un Estado de Derecho, ha sido el principal instrumento a través del que se han materializado o canalizado las medidas adoptadas para abordarla. El presente volumen colectivo obedece al objetivo de contribuir al estudio de las reformas legislativas justificadas en el objetivo de afrontar y superar la crisis económica, todo ello con un doble sentido. Por un lado, dar cuenta ordenada de las mismas y evaluar sus implicaciones en el régimen jurídico de los diversos ámbitos o sectores analizados. Y por otro lado, en la medida de lo posible, extraer y poner de manifiesto los posibles puntos fuertes y puntos débiles de las políticas anticrisis implementadas, de modo que puedan servirnos de enseñanza o aprendizaje tanto para el futuro más inmediato como a medio y largo plazo para evitar y, en su caso, para abordar futuras crisis que puedan producirse.
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, fue concebida como una norma de carácter transversal con la que se quería contribuir a eliminar los obstáculos que frenaban el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros. Una década después, se ha querido llevar a cabo un seguimiento de esta norma y analizar el impacto que ha tenido finalmente en los ordenamientos jurídicos de distintos países de la Unión Europea - consecuencias a nivel organizativo, ámbitos a los que se ha extendido su filosofía, problemas surgidos y pendientes de resolución o actuaciones en curso -, prestando especial atención a su incidencia a nivel local, dado que muchas de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación están comprendidas en su esfera de competencias. Así, en esta obra, tras sistematizar los estados seleccionados para el estudio en función de su modelo de organización territorial y analizar los objetivos perseguidos por la Directiva y su ámbito de aplicación, se lleva a cabo el análisis de su impacto en los ordenamientos jurídicos alemán, croata, esloveno, español, francés, italiano, portugués y del Reino Unido.
La obra que el lector tiene en las manos está destinada a ofrecer una respuesta clara y concisa sobre los aspectos fundamentales de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Se trata de un manual práctico destinado a dar respuesta a las preguntas esenciales que se formularía el lector al interpretar la citada Ley. Con el mayor grado de claridad hemos tratado de ofrecer una respuesta sencilla pero completa a cada uno de los elementos que conforman las nuevas formas de relación de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia con la Administración de Justicia electrónica. La nueva Ley representa un giro radical y profundo en la forma de acceso electrónico a la Administración de Justicia. Lo anterior significa que será una circunstancia inexcusable para los profesionales practicar sus relaciones procesales mediante este canal de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías asociadas. Este importante cambio o giro copernicano supondrá la necesidad de adaptar buena parte del procedimiento analógico al formato electrónico digital y, para ello, será preciso, cuanto antes, conocer exactamente las previsiones de la Ley en el sentido considerado. La fórmula de preguntas y respuestas creemos que es una metodología didáctica adecuada para una aproximación solvente al objeto de estudio. Su número, 315 preguntas, son las que consideramos necesarias y suficientes para un conocimiento inicial de la Ley. De esta forma, el manual será un excelente prontuario para resolver dudas y ofrecer respuestas y soluciones claras en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, tales como el uso de la Firma Electrónica, la tramitación electrónica, que incluye la forma de iniciación del procedimiento electrónico, la presentación de escritos, documentos u otros medios o instrumentos de acceso electrónico, el traslado de copias electrónicas, la acreditación de la representación procesal, las formas de acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación del proceso, las formas de actuación judicial automatizada, así como la subsanación de actos procesales o el expediente electrónico, entre muchos otros aspectos relevantes contemplados por la ley, son objeto de estudio detallado en la monografía. La vocación práctica de la obra hará de ella un instrumento de aprendizaje imprescindible para los Abogados; Procuradores; Estudiantes de Derecho Procesal; Secretarios Judiciales, Jueces y Fiscales, así como los particulares en lo que respecta a las previsiones que para éstos reserva la Ley
Con esta nueva entrega -la tercera consecutiva, correspondiente al año 2012-llegamos ya a consolidar el Observatorio de Contratos Públicos como obra que recopila las cuestiones más interesantes relacionadas con la actividad contractual del Sector público. Esta nueva edición ha sido posible gracias a la obtención -tras el oportuno proceso de concurrencia competitiva- de un nuevo proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (Hacia una contratación pública eficiente: medidas de simplificación y mejora de los procesos de compra pública, ref. DER2012-39003-C02-01). En esta nueva edición del Observatorio se han incluido algunos trabajos de prospectiva, con la vista puesta en el proceso de «renovación» del Derecho europeo de contratos públicos que se encuentra en avanzado estado de gestación, y que obligará, más pronto que tarde, a la remodelación de la normativa interna sobre contratación pública, así como trabajos relativos a la práctica administrativa. El objetivo final de este libro es continuar dando opinión sobre la cuestión de la contratación pública, tanto como marco normativo en continuo movimiento, como política pública estratégica en el devenir de la forma de actuar de los poderes públicos. El nuevo paquete legislativo comunitario -el cuarto- y su necesaria trasposición en España obligan a repensar cómo implementar esta nueva normativa, con el fin de garantizar el derecho a una buena administración cimentada sobre los paradigmas de eficiencia e integridad.
El mobbing en la Administración es una tragedia humana que se permite y se consiente como un medio de neutralizar a empleados que resulten incómodos para el directivo de turno, por diversas razones, unas más confesables que otras. Hablar de mobbing administrativo es hablar de mobbing laboral. Ambos persiguen idénticas finalidades: la destrucción del hombre en su dimensión laboral-intelectual primero y la expulsión, después, del centro de trabajo. Pero las consecuencias no se limitan a la simple relación jurídica que vincula al funcionario con su Administración. Sus efectos tóxicos se trasladan a su ámbito social y sobretodo, al familiar, provocando daño moral y en el mayor número de ocasiones, daño psiquiátrico. Porque en suma se le hipoteca un futuro sin mayor motivo y razón, destruyendo un presente por una persecución extrema, silenciosa. La burocracia mal empleada como sistema de organización, tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario. La falta de Códigos Éticos en nuestras Administraciones Públicas, sea porque no existen, sea porque son testimoniales, no impiden estas actuaciones. Las inercias de poder siempre tienden a proteger al funcionario directivo prescindiendo del subordinado. Junto al miedo, como estrategia gestora, dibujan una Administración insolidaria con los perseguidos...el instinto de conservación impide complicidades que puedan resultar perjudiciales. El aislamiento se erige en compañero diario en esa dura tempestad. En plena efervescencia de los Derechos humanos, de la Ética de Tercera generación, de la Responsabilidad Social Corporativa, el mobbing es un anacronismo que surge de voluntades anquilosadas, impenetrables por las nuevas formas de gestión construidas sobre el capital humano en la organización, fuerza motriz de todo el Sistema. La Nueva Gestión Pública se erige sobre el respeto a la dignidad de la persona y sobre una concepción horizontal, menos vertical, en el ejercicio de potestades directivas que mal empleadas no divergen en mucho de lo que hoy cabe entender como tortura psicológica. Ampliamente estudiada en la Ciencia del Derecho Penal. Extracto índice: Introducción. Reflexiones sobre un hoy burocrático permisivo del acoso moral. 1. Miedo e incertidumbres en las organizaciones públicas 2. La tecnología gerencial: el miedo como fracaso gestor 3. El estado como instrumento de coerción 4. Derecho disciplinario enfatizado en un entorno caótico El acoso moral hoy La problemática actual del mobbing Problemas concurrentes en el acuso administrativo El prejuicio judicial sobre el empleo de la pericial médica La justicia gratuita no reconocida a los funcionarios púbicos Análisis de la gerencia realizada por el acosador en el supuesto de mobbing descendente Soluciones propuestas para erradicar el acoso moral de la administración pública Aspectos organizacionales, adoptando los criterios de la Gobernanza y de la NGP La innovación en la Administración Pública y el acoso moral La Gobernanza en una Administración con acoso moral Códigos Éticos o de conducta efectivos La insuficiencia de las normas jurídicas para evitar el acoso moral Contenidos de los Códigos éticos: el acoso moral como elemento esencial ¿Los resultados de los Códigos éticos? El acoso moral como materia propia de Código de Ético Causas procesales Vías jurisdiccionales ante el acoso moral Aplicación del principio pro actione en relación con el valor Justicia del art. 1.1º CE El acoso como lesión de derechos fundamentales y Estatuto básico del empleado público Ley 7/2007 Relaciones de especial sujeción El principio in dubio pro liberate La interpretación extensiva en la aplicación de la contraexcepción del art. 86.2º.a) LJ en el proceso especial de protección de derechos fundamentales
Este libro recoge un estudio completo -teórico y práctico- del régimen disciplinario de los empleados públicos (fundamento, principios materiales, procedimiento disciplinario, infracciones y sanciones disciplinarias). Se trata de una monografía que analiza rigurosamente la nueva configuración del régimen disciplinario que deriva del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las cuestiones que plantea la falta de desarrollo de algunas de las disposiciones de la citada norma básica. A su vez, este trabajo incorpora una exhaustiva y actualizada selección de la jurisprudencia que interpreta e integra los principales aspectos del ordenamiento disciplinario. Todo ello, sin duda, permite al lector conocer la evolución más reciente y la realidad actual de la regulación y del ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas sobre el personal a su servicio. En definitiva, el libro ofrece una visión integral y actual de los aspectos normativos y aplicativos más relevantes del régimen disciplinario de los empleados públicos, y constituye una referencia obligada para empleados públicos y expertos en la materia.
Es el principal objetivo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la obligada incorporación del Derecho de la Unión Europea sobre contratación pública al ordenamiento jurídico español. Ahora bien, la nueva norma quiere ir más allá de la obligatoria incorporación del Derecho europeo, e impulsar una reforma de todo el sistema de contratación público español para garantizar una mayor seguridad jurídica, la eficiencia en el gasto público y el respeto de los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad. Por otra parte, como evidencia del alcance jurídico de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público, ha de tenerse en cuenta que se aplica, por su carácter básico, a todas las Administraciones, poderes adjudicadores y entidades públicas españolas, y entre sus novedades se encuentran aspectos de tanta relevancia para todos los operadores públicos y privados de los contratos públicos como la garantía de los principios generales, la obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales, el ámbito subjetivo y su ampliación a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, la regulación de los contratos menores, la decisiva supresión de las instrucciones internas de contratación, la ampliación del objeto del recurso especial, el impulso de la participación de las PYME, las reglas aplicables a las Entidades locales, la subcontratación y la plena utilización de medios electrónicos en la contratación pública.
España inició un Plan de regeneración democrática que tenía como objetivo aprobar una serie de propuestas que lograran implantar un sistema que impidiese el avance de la corrupción. Entre las medidas y materias tenía un papel central un nuevo régimen de los altos cargos que permitiera superar las múltiples lagunas que se habían detectado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en su desarrollo reglamentario. En este escenario se aprueba Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que junto con el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, conforma buena parte del Estatuto de los mismos. Esta obra analiza la ordenación legal, estatal y autonómica, de los altos cargos en España, utilizando como eje vertebrador a la reciente Ley 3/2015. Un régimen que introduce numerosos avances, como son el requisito de la idoneidad para el nombramiento, la definición del conflicto de interés, el examen de la situación patrimonial tras el cese y mejoras como en las Declaraciones de Actividades y de Derechos y Bienes o en materia sancionadora. Con todo, en muchos aspectos la nueva ley no ha logrado desprenderse de la normativa anterior, reproduciendo errores, y puntos oscuros que requieren un ejercicio de reflexión e interpretación. Esta obra se continúa con la línea de buen gobierno abierta por estos autores en esta la editorial con obras anteriores relativa a la Imparcialidad en el procedimiento administrativo (2012) y Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014).
José Molina Molina es doctor en Economía, Sociólogo y Auditor de Cuentas. Y sobre todo, un hombre comprometido con la realidad social española, al servicio de la cual ha puesto sus vastos conocimientos y experiencia, no solo durante su talentosa y exitosa trayectoria profesional sino luego de superada la edad de jubilación laboral. En tiempos en los que España está en ebullición (como diariamente se percibe desde la vida ciudadana, la cual sufre una creciente inseguridad económica y un desencanto aumentativo ante las promesas incumplidas de sus gobernantes y las recetas que agudizan sus males en lugar de curarlos) apuntar los cambios precisos en el gasto público y reclamar el protagonismo del ciudadano en la elección de sus prioridades, es todo un reto que Molina aborda en este libro en el que se analizan y argumentan ideas sobre el control del gasto, el buen gobierno y la modernización de las estructuras del Estado, como pilares para construir un país que precisa la eliminación de aquello que se ha pervertido y enquistado en las instituciones y que ha dado lugar a un nuevo caciquismo. La situación que vivimos día a día es inquietante. Provoca una contestación social, que está convirtiendo la convivencia en España en una caldera donde la presión se desborda. ¿Estallará? Molina propugna un cambio urgente que responda con certeza a las demandas ciudadanas, antes de que se siga extendiendo la tentación populista de desprestigiar las instituciones. Urge un cambio, sí, «pero no se conseguirá sin la participación de la sociedad civil», afirma el autor, quien también lo es de Los Presupuestos Participativos: Un modelo para priorizar objetivos y gestionar eficientemente en la Administración Local (Aranzadi 2012, 2ª edición). Miembro de Economistas Frente a la Crisis y del Pacto por la Transparencia, José Molina dirige el blog economiaapiedecalle.com, que cuenta con más de 50.000 seguidores, y de su amplio recorrido profesional cabe citar que fue Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (1983/86) y Vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Han pasado ya algunos años desde la publicación de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y, sin embargo, la situación de interinidad y transitoriedad en que aquella norma colocó al Ordenamiento de la Función Pública en espera de un amplio desarrollo por parte de las distintas instancias llamadas a la concreción de los modelos no ha sido superada. Algunas Comunidades Autónomas sí han cumplido con sus obligaciones y así podemos indicar que tanto Valencia como Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia e, incluso, parcialmente, la Asturiana han dictado sus respectivas normas de función pública en desarrollo del EBEP. La novedad más relevante es la publicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que no altera - en función del tipo de norma elegida- el contexto de la regulación general pero que se ha incluido para asegurar la actualidad de la normas. La presente edición incluye las normas nuevas -fundamentalmente en el ámbito autonómico- y, sobre todo, los pronunciamientos jurisprudenciales que se van produciendo de una forma lenta pero inexorable en la materia. El texto completo de los mismos se puede encontrar en soporte electrónico, edición proview que se incluye junto con el código, para evitar que el lector tenga que acudir para su consulta íntegra a las bases de datos convencionales.
El presente libro pretende recoger las principales normas tanto estatales, como autonómicas, sobre Transparencia y Buen Gobierno. La parte estatal se divide, en una primera parte general, donde se incluyen entre otras, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, etc. La segunda parte está dedicada a la Administración electrónica y reutilización de información. Y la tercera a la normativa reguladora de la Central de información económico-financiera. La normativa autonómica incluye las principales disposiciones sobre esta materia de cada Comunidad Autónoma. Y por último se recogen los Criterios de Interpretación que ha establecido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El libro se completa con un índice analítico para facilitar la consulta de los textos incluidos en el mismo.
El objeto de la obra es ofrecer una visión integral de la posición de las administraciones públicas en el concurso. Los conceptos de concurso de acreedores y Administración están abocados a cruzarse. La intervención de las administraciones publicas (TGSS, AEAT, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, entre otros) en los procedimientos concursales es una constante. Por otro lado, la especial situación en la que el legislador las coloca y las especialidades de los efectos de la declaración de concurso respecto a ellas, han sido una fuente de indudable conflictividad judicial plasmada en la proliferación de incidentes concursales. A su vez, las distintas reformas legislativas han afectado al crédito público. Por ello, en la situación actual podemos distinguir un cuerpo importante de jurisprudencia que ha zanjado algunas dudas interpretativas que generaban la aplicación de la ley concursal. No obstante, son múltiples las cuestiones que se mantienen así como las suscitadas por las sucesivas reformas legales. Esta obra pretende efectuar un profundo examen de todas estas cuestiones realizando un estudio unitario del papel de las administraciones públicas y del crédito público desde un enfoque sustancialmente técnico y práctico, sin olvidar el doctrinal, incorporando un análisis de las principales resoluciones judiciales dictadas sobre la materia.
El presente trabajo gira en torno al siguiente interrogante: ¿existen las condiciones necesarias para implementar la carrera profesional en nuestras Administraciones Públicas? Para dar una respuesta adecuada a este interrogante, serán analizados un conjunto de variables y elementos del sistema de empleo público español. Y es que, en efecto, es imprescindible partir de una conceptualización del empleo público como un sistema integral, en el que los diferentes subsistemas quedan interconectados, y donde la carrera se sitúa como un elemento nuclear para el sistema. En un instrumento que ha de permitir una adecuada ordenación de los recursos humanos que potencie la eficacia y efectividad de la organización en su conjunto, incentivando y profesionalizando al personal a su servicio. La interiorización de esta conceptualización de nuestro sistema de empleo público pasa asimismo por el entendimiento de que el concepto de carrera profesional es distinto de lo que hasta la fecha se definía como carrera administrativa, que sólo consideraba a ésta como un elemento de progreso profesional de los empleados públicos. Si se consideran equivalentes ambos conceptos se anula cualquier oportunidad de mejora e impiden que la carrera se constituya en un verdadero elemento esencial en la gestión del empleo público.
En esta nueva edición (quinta) del Observatorio de los Contratos Públicos, se da cuenta de las principales novedades que en materia de contratación pública se han producido en 2014, completando esta visión anual de años anteriores con esta serie de monografías de Observatorio de los Contratos Públicos. Se trata de obra de referencia por la actualidad de las reflexiones sobre la materia de contratación pública realizada por un grupo de investigación referente nacional e internacional en esta materia (Ministerio de Economía y Competitividad titulado «Hacia una contratación pública eficiente», REF: DER2012-39003-C02-01. (periodo 2013/15).
La consecución de los fines que justifican la contratación de servicios exige la equivalencia entre el precio y las prestaciones que son su objeto. Esta obra se centra en la importancia que tiene la correcta determinación del precio para garantizar la viabilidad de los servicios, así como para responder al cumplimiento de otras obligaciones, en materia social o laboral, que los poderes públicos deben cumplir en la defensa del interés general que les compete. En este sentido, se analizan los mecanismos existentes para configurar el contrato de manera equilibrada, asegurando la legalidad social, en la fase inicial del contrato. Asimismo, se examinan las técnicas disponibles para restablecer el equilibrio económico de los contratos de servicios, diferenciando la revisión de precios, como técnica común que permite determinar a priori las variaciones económicas del contrato, de las técnicas especiales (el ius variandi, el factum principis y la doctrina del riesgo imprevisible), que son medidas correctoras para hacer frente a desequilibrios económicos no previstos que surgen durante la prestación.
Es una realidad evidente que la crisis económica en la que nos hallamos inmersos desde finales de la pasada década -y de la que parece que no acabamos de salir- está dejando tras sí un profundo rastro de consecuencias en numerosos terrenos, incluido el jurídico, que no sólo no se ha mantenido ajeno a la crisis, sino que, como no podía ser de otro modo en un Estado de Derecho, ha sido el principal instrumento a través del que se han materializado o canalizado las medidas adoptadas para abordarla. El presente volumen colectivo obedece al objetivo de contribuir al estudio de las reformas legislativas justificadas en el objetivo de afrontar y superar la crisis económica, todo ello con un doble sentido. Por un lado, dar cuenta ordenada de las mismas y evaluar sus implicaciones en el régimen jurídico de los diversos ámbitos o sectores analizados. Y por otro lado, en la medida de lo posible, extraer y poner de manifiesto los posibles puntos fuertes y puntos débiles de las políticas anticrisis implementadas, de modo que puedan servirnos de enseñanza o aprendizaje tanto para el futuro más inmediato como a medio y largo plazo para evitar y, en su caso, para abordar futuras crisis que puedan producirse.
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, fue concebida como una norma de carácter transversal con la que se quería contribuir a eliminar los obstáculos que frenaban el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros. Una década después, se ha querido llevar a cabo un seguimiento de esta norma y analizar el impacto que ha tenido finalmente en los ordenamientos jurídicos de distintos países de la Unión Europea - consecuencias a nivel organizativo, ámbitos a los que se ha extendido su filosofía, problemas surgidos y pendientes de resolución o actuaciones en curso -, prestando especial atención a su incidencia a nivel local, dado que muchas de las actividades incluidas en su ámbito de aplicación están comprendidas en su esfera de competencias. Así, en esta obra, tras sistematizar los estados seleccionados para el estudio en función de su modelo de organización territorial y analizar los objetivos perseguidos por la Directiva y su ámbito de aplicación, se lleva a cabo el análisis de su impacto en los ordenamientos jurídicos alemán, croata, esloveno, español, francés, italiano, portugués y del Reino Unido.
La obra que el lector tiene en las manos está destinada a ofrecer una respuesta clara y concisa sobre los aspectos fundamentales de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Se trata de un manual práctico destinado a dar respuesta a las preguntas esenciales que se formularía el lector al interpretar la citada Ley. Con el mayor grado de claridad hemos tratado de ofrecer una respuesta sencilla pero completa a cada uno de los elementos que conforman las nuevas formas de relación de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia con la Administración de Justicia electrónica. La nueva Ley representa un giro radical y profundo en la forma de acceso electrónico a la Administración de Justicia. Lo anterior significa que será una circunstancia inexcusable para los profesionales practicar sus relaciones procesales mediante este canal de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías asociadas. Este importante cambio o giro copernicano supondrá la necesidad de adaptar buena parte del procedimiento analógico al formato electrónico digital y, para ello, será preciso, cuanto antes, conocer exactamente las previsiones de la Ley en el sentido considerado. La fórmula de preguntas y respuestas creemos que es una metodología didáctica adecuada para una aproximación solvente al objeto de estudio. Su número, 315 preguntas, son las que consideramos necesarias y suficientes para un conocimiento inicial de la Ley. De esta forma, el manual será un excelente prontuario para resolver dudas y ofrecer respuestas y soluciones claras en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, tales como el uso de la Firma Electrónica, la tramitación electrónica, que incluye la forma de iniciación del procedimiento electrónico, la presentación de escritos, documentos u otros medios o instrumentos de acceso electrónico, el traslado de copias electrónicas, la acreditación de la representación procesal, las formas de acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación del proceso, las formas de actuación judicial automatizada, así como la subsanación de actos procesales o el expediente electrónico, entre muchos otros aspectos relevantes contemplados por la ley, son objeto de estudio detallado en la monografía. La vocación práctica de la obra hará de ella un instrumento de aprendizaje imprescindible para los Abogados; Procuradores; Estudiantes de Derecho Procesal; Secretarios Judiciales, Jueces y Fiscales, así como los particulares en lo que respecta a las previsiones que para éstos reserva la Ley
Con esta nueva entrega -la tercera consecutiva, correspondiente al año 2012-llegamos ya a consolidar el Observatorio de Contratos Públicos como obra que recopila las cuestiones más interesantes relacionadas con la actividad contractual del Sector público. Esta nueva edición ha sido posible gracias a la obtención -tras el oportuno proceso de concurrencia competitiva- de un nuevo proyecto de investigación concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad (Hacia una contratación pública eficiente: medidas de simplificación y mejora de los procesos de compra pública, ref. DER2012-39003-C02-01). En esta nueva edición del Observatorio se han incluido algunos trabajos de prospectiva, con la vista puesta en el proceso de «renovación» del Derecho europeo de contratos públicos que se encuentra en avanzado estado de gestación, y que obligará, más pronto que tarde, a la remodelación de la normativa interna sobre contratación pública, así como trabajos relativos a la práctica administrativa. El objetivo final de este libro es continuar dando opinión sobre la cuestión de la contratación pública, tanto como marco normativo en continuo movimiento, como política pública estratégica en el devenir de la forma de actuar de los poderes públicos. El nuevo paquete legislativo comunitario -el cuarto- y su necesaria trasposición en España obligan a repensar cómo implementar esta nueva normativa, con el fin de garantizar el derecho a una buena administración cimentada sobre los paradigmas de eficiencia e integridad.
El mobbing en la Administración es una tragedia humana que se permite y se consiente como un medio de neutralizar a empleados que resulten incómodos para el directivo de turno, por diversas razones, unas más confesables que otras. Hablar de mobbing administrativo es hablar de mobbing laboral. Ambos persiguen idénticas finalidades: la destrucción del hombre en su dimensión laboral-intelectual primero y la expulsión, después, del centro de trabajo. Pero las consecuencias no se limitan a la simple relación jurídica que vincula al funcionario con su Administración. Sus efectos tóxicos se trasladan a su ámbito social y sobretodo, al familiar, provocando daño moral y en el mayor número de ocasiones, daño psiquiátrico. Porque en suma se le hipoteca un futuro sin mayor motivo y razón, destruyendo un presente por una persecución extrema, silenciosa. La burocracia mal empleada como sistema de organización, tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario. La falta de Códigos Éticos en nuestras Administraciones Públicas, sea porque no existen, sea porque son testimoniales, no impiden estas actuaciones. Las inercias de poder siempre tienden a proteger al funcionario directivo prescindiendo del subordinado. Junto al miedo, como estrategia gestora, dibujan una Administración insolidaria con los perseguidos...el instinto de conservación impide complicidades que puedan resultar perjudiciales. El aislamiento se erige en compañero diario en esa dura tempestad. En plena efervescencia de los Derechos humanos, de la Ética de Tercera generación, de la Responsabilidad Social Corporativa, el mobbing es un anacronismo que surge de voluntades anquilosadas, impenetrables por las nuevas formas de gestión construidas sobre el capital humano en la organización, fuerza motriz de todo el Sistema. La Nueva Gestión Pública se erige sobre el respeto a la dignidad de la persona y sobre una concepción horizontal, menos vertical, en el ejercicio de potestades directivas que mal empleadas no divergen en mucho de lo que hoy cabe entender como tortura psicológica. Ampliamente estudiada en la Ciencia del Derecho Penal. Extracto índice: Introducción. Reflexiones sobre un hoy burocrático permisivo del acoso moral. 1. Miedo e incertidumbres en las organizaciones públicas 2. La tecnología gerencial: el miedo como fracaso gestor 3. El estado como instrumento de coerción 4. Derecho disciplinario enfatizado en un entorno caótico El acoso moral hoy La problemática actual del mobbing Problemas concurrentes en el acuso administrativo El prejuicio judicial sobre el empleo de la pericial médica La justicia gratuita no reconocida a los funcionarios púbicos Análisis de la gerencia realizada por el acosador en el supuesto de mobbing descendente Soluciones propuestas para erradicar el acoso moral de la administración pública Aspectos organizacionales, adoptando los criterios de la Gobernanza y de la NGP La innovación en la Administración Pública y el acoso moral La Gobernanza en una Administración con acoso moral Códigos Éticos o de conducta efectivos La insuficiencia de las normas jurídicas para evitar el acoso moral Contenidos de los Códigos éticos: el acoso moral como elemento esencial ¿Los resultados de los Códigos éticos? El acoso moral como materia propia de Código de Ético Causas procesales Vías jurisdiccionales ante el acoso moral Aplicación del principio pro actione en relación con el valor Justicia del art. 1.1º CE El acoso como lesión de derechos fundamentales y Estatuto básico del empleado público Ley 7/2007 Relaciones de especial sujeción El principio in dubio pro liberate La interpretación extensiva en la aplicación de la contraexcepción del art. 86.2º.a) LJ en el proceso especial de protección de derechos fundamentales