La única obra del mercado que, mediante casos prácticos y ejemplos, ofrece respuesta a las consultas más habituales acerca de los distintos tributos que componen el sistema tributario del País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). Fácil de entender aunque no sea un experto fiscalista. Todas las preguntas incluyen una respuesta rápida, concisa, segura y directa que soluciona el problema o cuestión sin entrar en exceso en posicionamientos doctrinales y demasiado teóricos. La respuesta va seguida del apoyo normativo (legislación aplicada al caso) y, si es necesario, jurisprudencial (posición de la Administración o Administraciones Tributarias y Tribunales de Justicia) Los contenidos se dividen en Impuestos, y las preguntas y respuestas se organizan siguiendo la estructura de la propia Norma Foral reguladora del tributo en cuestión. Con un amplio y completo Índice Analítico para localizar inmediatamente términos y conceptos. Se han incluido nuevas cuestiones para dar respuestas a las dudas que puedan surgir en relación a todas las modificaciones legales y jurisprudenciales acaecidas desde la publicación de la anterior edición y se han revisado además todas las cuestiones, adaptándolas a estas novedades y a los nuevos criterios administrativos de las Haciendas Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Incorpora nuevos supuestos en relación a temas de especial importancia y que mayor y más interesante casuística generan tales como los relacionados con distintas exenciones, deducción en vivienda habitual, rendimientos de capital inmobiliario en IRPF o reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades En relación al IVA, se incluyen por ejemplo nuevos supuestos relacionados con la transformación de locales en viviendas, con las transmisiones de suelo a propietarios de viviendas edificadas en derecho de superficie o nuevas cuestiones relacionadas con los servicios de renovación y reparación de viviendas. En cuanto a las novedades legislativas aprobadas a lo largo del año destacan nuevas soluciones incorporadas para responder a la modificación del perímetro de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, a la nueva Norma y Reglamento del ITP y AJD en Bizkaia y al nuevo Reglamento del mismo impuesto en Gipuzkoa, a la aplicación temporal del tipo reducido de IVA a las adquisiciones de viviendas y a los pagos anticipados de las mismas o a la ampliación de la exención prevista para las operaciones societarias.
Las respuestas de la Administración a las consultas de los ciudadanos han motivado a lo largo de los años una importante litigiosidad, especialmente en el ámbito tributario y urbanístico, tal y como demuestra el repertorio de jurisprudencia Aranzadi. La creciente complejidad y extensión del ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener que acercarse cada vez más a la Administración para que les aclare el sentido de las normas o cómo y dónde se encuentra regulada determinada materia. La respuesta que aporta la autoridad pública plantea una larga serie de problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál es el fundamento sobre el que se basa?, ¿qué relación tiene con el precedente administrativo, la doctrina de los actos propios o el principio de confianza legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial o de revisión de oficio?, ¿en qué casos surge el derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la regulación actual de la cuestión es adecuada o sería necesario la intervención del legislador en este terreno? La presente obra trata de responder a estas cuestiones con apoyo en la doctrina y jurisprudencia existentes.
El presente Manual sobre el Derecho de la Función Pública constituye una exposición completa, exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen jurídico de la Función Pública en España. Redactado desde las exigencias metodológicas propias de la enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de Educación Superior, con objeto de constituir el material docente de la asignatura Derecho de la Función Pública, del tercer curso del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que imparte la UNED, trasciende no obstante aquellas finalidades por la aproximación crítica que lleva a cabo sobre la normativa de Función Pública, por las valoraciones de la práctica y de la gestión de personal, por la ampliación de su ámbito de estudio a todas las Administraciones (estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento de la jurisprudencia de los distintos Tribunales, puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por todo ello, el libro se erige en un referente imprescindible para los estudiosos de la Función Pública, para todos los empleados públicos que quieran comprender el régimen jurídico que se les aplica y para los estudiantes que acometan el estudio de la normativa de las Administraciones Públicas y, en particular, de la Función Pública.
La Administración Local necesita legitimarse a través de su buen hacer, de su buena gestión de lo público y de la calidad en los servicios públicos que presta. Para ello, debe organizar la gestión de sus recursos y la capacidad de sus personas para obtener los mejores resultados posibles en términos de eficiencia y eficacia. Los servicios públicos se sustentan siempre en procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios no alcanzan el nivel de compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes esperan de ellos, se hace necesario emprender proyectos de mejora que transformen un escenario deficiente y no deseado dentro de una organización pública en un servicio de calidad. Recordemos que el éxito en los servicios públicos sólo puede venir avalado por la percepción que de los mismos tengan sus usuarios: los ciudadanos, las empresas, la sociedad en general. Para ello, entre los valores de comportamiento de los empleados públicos no puede tener cabida la indiferencia sobre cómo se gestionan y se prestan los servicios públicos y sobre qué se consigue en la actividad de la administración. Esta publicación muestra un método claro, exhaustivo y apoyado en herramientas de mejora continua, el ciclo de mejora DMAIC. Sus cinco fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) nos ayudarán a guiar el trabajo de un equipo de personas y conseguir el éxito en la aplicación de la mejora continua y la innovación en los servicios públicos de una administración local. Se trata de que la mejora continua de los servicios públicos no quede en una mera declaración de intenciones y se convierta en un hábito común, en un valor dentro de las administraciones públicas, tal y como ocurre en otros ámbitos productivos de la sociedad.
El vigor legislativo estatal, con directa incidencia en el régimen local, que justificó la segunda edición de esta obra, lejos de haber cesado, se ha venido incrementando tratando de hacer frente al reto de la sociedad española y de sus instituciones ante la actual situación económico-social. Son importantes ejemplos de tales innovaciones legislativas los llamados Estatutos de Autonomía de nueva generación -Cataluña, Valencia, Andalucía, etc. - así como otras leyes orgánicas, significativamente la de 27 de abril de 2011 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e, igualmente, la nueva modificación del Régimen Electoral General, Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero. Y qué decir de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible que como otros cuerpos legales estatales introduce modificaciones en la LBRL de 1985. Se encuentra en el mismo caso la Ley 25/2009 de 22 de diciembre que, concretando prescripciones de la Ley 17/2009, viene a trasponer la Directiva de Servicios del Mercado Interior 2006/123/CE. Sin olvidar la incidencia de nuevas leyes sectoriales tan importantes como la Ley de Suelo, Texto Refundido de 20 de junio de 2008, y el también Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, entre otras muchas. Esta tercera edición conserva el texto íntegro de su predecesora, incorporando una completa actualización a partir de esas innovaciones legislativas -con otras traídas por los legisladores autonómicos- y de la labor jurisprudencial del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. Trabajo acometido con solvencia por la profesora de Derecho Administrativo y magistrada excedente María José Alonso Mas, la Secretaria General de la Diputación de Alicante Amparo Koninckx Frasquet y Manuel J. Domingo Zaballos, magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha, coordinador de la obra.
Incluye referencias valorativas del Decreto 56/2016, de 6 de mayo, que aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat y del Decreto 105/2017, de 28 de julio, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. . VÍCTOR BETHENCOURT RODRÍGUEZ. Profesor Investigador de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaMIGUEL ÁNGEL BLANES CLIMENT. Letrado del Síndic de Greuges de la Comunitat ValencianaJOSÉ LUIS BLASCO DÍAZ. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IANDRÉS BOIX PALOP. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaJUAN JOSÉ DÍEZ SÁNCHEZ. Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de AlicanteGABRIEL DOMÉNECH PASCUAL. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaRICARDO GARCÍA MACHO. Presidente del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat Jaume ILUIS JIMENA QUESADA. Catedrático de Derecho Constitucional, Universitat de ValènciaRUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de AlicanteMARTA OLLER RUBERT. Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IMANUEL PEREIRO CÁRCELES. Personal Técnico Superior, Universitat de ValènciaSARA SISTERO RÓDENAS. Profesora asociada de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IJOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Miguel Hernández
En el presente volumen se incluye el texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pilar básico de la normativa administrativa, que figura con las modificaciones de que ha sido objeto desde el momento de su promulgación, destacando entre ellas por su indudable importancia la realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y continuando hasta las reformas llevadas a cabo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Con el presente Estatuto se sitúa a Aragón en el lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea. Este Estatuto incorpora disposiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento institucional, y amplía y consolida espacios competenciales, junto a todo ello, abre nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tradicional voluntad de superar fronteras. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Treball de recerca desenvolupat en el marc de la beca de recerca sobre les autonomies polítiques territorials atorgada el 2011 per l'Institut d'Estudis Autonòmics, i dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del Treball i de laSeguretat Social de la Universitat de Girona. A partir del repàs que els autorsfan de la nova regulació experimentada en matèria de legislació social empesa pel Govern espanyol, i de l'anàlisi de les noves funcions de les autoritats públiques catalanes amb competències en matèria laboral, l'estudi mostra en quins aspectes la nova regulació laboral pot haver afectat en el règim de competències que l'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en matèries laborals i de protecció social.
Hace ya más de cien años escribía Mario Navarro Amandi que para que una ley electoral pueda decirse buena, es preciso ?que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la ponderación exacta de las fuerzas sociales, que la elección no pertenezca a las mayorías, sino a todos los electores y que la elección no pueda falsificarse?. Hoy, aunque es indudable el muy alto grado de limpieza y corrección del proceso electoral, no dejan de ser necesarios múltiples mecanismos que prevengan conductas fraudulentas, desde empadronamientos de conveniencia, hasta la presentación de candidaturas por formaciones ilegales, pasando por la regularidad del voto emigrante, la cobertura informativa de los medios de comunicación públicos o las inauguraciones de obras en plena campaña electoral, sin olvidar la depuración de los errores que pueden producirse en un recuento llevado a cabo por ciudadanos no siempre conocedores de los detalles del derecho electoral. Por ello resulta más que oportuna una obra que aborda la triple vertiente de los mecanismos de control que han de impedir tal falseamiento, tanto los de naturaleza administrativa, puestos a disposición de las Juntas electorales, como los jurisdiccionales que ejercen los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. Para ello el autor se vale de su doble condición de Profesor universitario y de Letrado de las Cortes Generales que ha prestado servicios de asesoramiento a la Junta Electoral Central, circunstancia que le permite compaginar el rigor teórico con la imprescindible perspectiva práctica. Todo ello con una vocación de exposición sistemática de la regulación actual, que pueda resultar útil a quienes tienen que operar dentro del procedimiento electoral - singularmente formaciones políticas, órganos de la Administración electoral y tribunales - pero que no olvida tampoco proponer los cambios legislativos que pudieran tomarse en consideración para las futuras reformas de la LOREG que parecen preludiar los estudios al respecto encargados a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y al Consejo de Estado, y que garanticen la continuidad de la mayor de las características de la normativa actual, esto es, su alto grado de eficacia, que lleva a una valoración altamente positiva del sistema en vigor.
En todos los estudios oficiales disponibles al respecto, incluida la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (2010), el «acoso moral en el trabajo» («mobbing») presenta una mayor incidencia en el empleo público, por las características propias de estas organizaciones de trabajo, más cerradas y autoritarias. Esta prevalencia mayor, lejos de reducirse, ha ido en aumento con los últimos procesos de reestructuración «salvaje» de las Administraciones Públicas. Por eso éstas se han visto obligadas a ir implantado progresivamente «protocolos de gestión preventiva» frente a los conflictos de riesgo psicosocial derivados del acoso moral, lo que ha sucedido recientemente tanto en la Administración General del Estado como en varias Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Paradójicamente, los empleados públicos, en especial los funcionarios, están convencidos de que tienen menos posibilidades de éxito en sus demandas, por la incomprensión institucional del problema profesional por parte del orden contencioso-administrativo, de ahí el menor volumen de demandas presentadas, a diferencia del orden social, y también la menor tasa de estimaciones experimentada. Sin embargo, la entrada en vigor en diciembre de 2011 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ha dado un vuelco a esta situación, de modo que la competencia para conocer del acoso moral, en cuanto riesgo profesional que es, corresponderá al orden social, también para el personal funcionario y estatutario. Este giro copernicano abre grandes expectativas para una tutela más eficaz que la dada anteriormente. Por eso, en esta nueva edición del libro se da a conocer, por un conjunto muy acreditado de estudiosos y profesionales especializados en acoso moral laboral, las principales novedades que presenta esta materia, tanto en el ámbito de la gestión interna ?protocolos preventivos?, como en el ámbito legislativo, así como, y sobre todo, judicial, pues se recoge un amplio y actualizado catálogo de las últimas sentencias dictadas al respecto, donde hay innovaciones de gran calado.
La única obra del mercado que, mediante casos prácticos y ejemplos, ofrece respuesta a las consultas más habituales acerca de los distintos tributos que componen el sistema tributario del País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). Fácil de entender aunque no sea un experto fiscalista. Todas las preguntas incluyen una respuesta rápida, concisa, segura y directa que soluciona el problema o cuestión sin entrar en exceso en posicionamientos doctrinales y demasiado teóricos. La respuesta va seguida del apoyo normativo (legislación aplicada al caso) y, si es necesario, jurisprudencial (posición de la Administración o Administraciones Tributarias y Tribunales de Justicia) Los contenidos se dividen en Impuestos, y las preguntas y respuestas se organizan siguiendo la estructura de la propia Norma Foral reguladora del tributo en cuestión. Con un amplio y completo Índice Analítico para localizar inmediatamente términos y conceptos. Se han incluido nuevas cuestiones para dar respuestas a las dudas que puedan surgir en relación a todas las modificaciones legales y jurisprudenciales acaecidas desde la publicación de la anterior edición y se han revisado además todas las cuestiones, adaptándolas a estas novedades y a los nuevos criterios administrativos de las Haciendas Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Incorpora nuevos supuestos en relación a temas de especial importancia y que mayor y más interesante casuística generan tales como los relacionados con distintas exenciones, deducción en vivienda habitual, rendimientos de capital inmobiliario en IRPF o reinversión de beneficios extraordinarios en el Impuesto sobre Sociedades En relación al IVA, se incluyen por ejemplo nuevos supuestos relacionados con la transformación de locales en viviendas, con las transmisiones de suelo a propietarios de viviendas edificadas en derecho de superficie o nuevas cuestiones relacionadas con los servicios de renovación y reparación de viviendas. En cuanto a las novedades legislativas aprobadas a lo largo del año destacan nuevas soluciones incorporadas para responder a la modificación del perímetro de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, a la nueva Norma y Reglamento del ITP y AJD en Bizkaia y al nuevo Reglamento del mismo impuesto en Gipuzkoa, a la aplicación temporal del tipo reducido de IVA a las adquisiciones de viviendas y a los pagos anticipados de las mismas o a la ampliación de la exención prevista para las operaciones societarias.
Las respuestas de la Administración a las consultas de los ciudadanos han motivado a lo largo de los años una importante litigiosidad, especialmente en el ámbito tributario y urbanístico, tal y como demuestra el repertorio de jurisprudencia Aranzadi. La creciente complejidad y extensión del ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener que acercarse cada vez más a la Administración para que les aclare el sentido de las normas o cómo y dónde se encuentra regulada determinada materia. La respuesta que aporta la autoridad pública plantea una larga serie de problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál es el fundamento sobre el que se basa?, ¿qué relación tiene con el precedente administrativo, la doctrina de los actos propios o el principio de confianza legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial o de revisión de oficio?, ¿en qué casos surge el derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la regulación actual de la cuestión es adecuada o sería necesario la intervención del legislador en este terreno? La presente obra trata de responder a estas cuestiones con apoyo en la doctrina y jurisprudencia existentes.
El presente Manual sobre el Derecho de la Función Pública constituye una exposición completa, exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen jurídico de la Función Pública en España. Redactado desde las exigencias metodológicas propias de la enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de Educación Superior, con objeto de constituir el material docente de la asignatura Derecho de la Función Pública, del tercer curso del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que imparte la UNED, trasciende no obstante aquellas finalidades por la aproximación crítica que lleva a cabo sobre la normativa de Función Pública, por las valoraciones de la práctica y de la gestión de personal, por la ampliación de su ámbito de estudio a todas las Administraciones (estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento de la jurisprudencia de los distintos Tribunales, puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por todo ello, el libro se erige en un referente imprescindible para los estudiosos de la Función Pública, para todos los empleados públicos que quieran comprender el régimen jurídico que se les aplica y para los estudiantes que acometan el estudio de la normativa de las Administraciones Públicas y, en particular, de la Función Pública.
La Administración Local necesita legitimarse a través de su buen hacer, de su buena gestión de lo público y de la calidad en los servicios públicos que presta. Para ello, debe organizar la gestión de sus recursos y la capacidad de sus personas para obtener los mejores resultados posibles en términos de eficiencia y eficacia. Los servicios públicos se sustentan siempre en procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios no alcanzan el nivel de compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes esperan de ellos, se hace necesario emprender proyectos de mejora que transformen un escenario deficiente y no deseado dentro de una organización pública en un servicio de calidad. Recordemos que el éxito en los servicios públicos sólo puede venir avalado por la percepción que de los mismos tengan sus usuarios: los ciudadanos, las empresas, la sociedad en general. Para ello, entre los valores de comportamiento de los empleados públicos no puede tener cabida la indiferencia sobre cómo se gestionan y se prestan los servicios públicos y sobre qué se consigue en la actividad de la administración. Esta publicación muestra un método claro, exhaustivo y apoyado en herramientas de mejora continua, el ciclo de mejora DMAIC. Sus cinco fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) nos ayudarán a guiar el trabajo de un equipo de personas y conseguir el éxito en la aplicación de la mejora continua y la innovación en los servicios públicos de una administración local. Se trata de que la mejora continua de los servicios públicos no quede en una mera declaración de intenciones y se convierta en un hábito común, en un valor dentro de las administraciones públicas, tal y como ocurre en otros ámbitos productivos de la sociedad.
El vigor legislativo estatal, con directa incidencia en el régimen local, que justificó la segunda edición de esta obra, lejos de haber cesado, se ha venido incrementando tratando de hacer frente al reto de la sociedad española y de sus instituciones ante la actual situación económico-social. Son importantes ejemplos de tales innovaciones legislativas los llamados Estatutos de Autonomía de nueva generación -Cataluña, Valencia, Andalucía, etc. - así como otras leyes orgánicas, significativamente la de 27 de abril de 2011 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera e, igualmente, la nueva modificación del Régimen Electoral General, Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero. Y qué decir de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible que como otros cuerpos legales estatales introduce modificaciones en la LBRL de 1985. Se encuentra en el mismo caso la Ley 25/2009 de 22 de diciembre que, concretando prescripciones de la Ley 17/2009, viene a trasponer la Directiva de Servicios del Mercado Interior 2006/123/CE. Sin olvidar la incidencia de nuevas leyes sectoriales tan importantes como la Ley de Suelo, Texto Refundido de 20 de junio de 2008, y el también Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 14 de noviembre de 2011, entre otras muchas. Esta tercera edición conserva el texto íntegro de su predecesora, incorporando una completa actualización a partir de esas innovaciones legislativas -con otras traídas por los legisladores autonómicos- y de la labor jurisprudencial del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia. Trabajo acometido con solvencia por la profesora de Derecho Administrativo y magistrada excedente María José Alonso Mas, la Secretaria General de la Diputación de Alicante Amparo Koninckx Frasquet y Manuel J. Domingo Zaballos, magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha, coordinador de la obra.
Incluye referencias valorativas del Decreto 56/2016, de 6 de mayo, que aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat y del Decreto 105/2017, de 28 de julio, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. . VÍCTOR BETHENCOURT RODRÍGUEZ. Profesor Investigador de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaMIGUEL ÁNGEL BLANES CLIMENT. Letrado del Síndic de Greuges de la Comunitat ValencianaJOSÉ LUIS BLASCO DÍAZ. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IANDRÉS BOIX PALOP. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaJUAN JOSÉ DÍEZ SÁNCHEZ. Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de AlicanteGABRIEL DOMÉNECH PASCUAL. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat de ValènciaRICARDO GARCÍA MACHO. Presidente del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana. Catedrático de Derecho Administrativo, Universitat Jaume ILUIS JIMENA QUESADA. Catedrático de Derecho Constitucional, Universitat de ValènciaRUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad de AlicanteMARTA OLLER RUBERT. Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IMANUEL PEREIRO CÁRCELES. Personal Técnico Superior, Universitat de ValènciaSARA SISTERO RÓDENAS. Profesora asociada de Derecho Administrativo, Universitat Jaume IJOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO. Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Miguel Hernández
En el presente volumen se incluye el texto de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pilar básico de la normativa administrativa, que figura con las modificaciones de que ha sido objeto desde el momento de su promulgación, destacando entre ellas por su indudable importancia la realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y continuando hasta las reformas llevadas a cabo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en materia sancionadora, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Con el presente Estatuto se sitúa a Aragón en el lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea. Este Estatuto incorpora disposiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento institucional, y amplía y consolida espacios competenciales, junto a todo ello, abre nuevos horizontes como el de su vocación europea, asociada a su tradicional voluntad de superar fronteras. Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Treball de recerca desenvolupat en el marc de la beca de recerca sobre les autonomies polítiques territorials atorgada el 2011 per l'Institut d'Estudis Autonòmics, i dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del Treball i de laSeguretat Social de la Universitat de Girona. A partir del repàs que els autorsfan de la nova regulació experimentada en matèria de legislació social empesa pel Govern espanyol, i de l'anàlisi de les noves funcions de les autoritats públiques catalanes amb competències en matèria laboral, l'estudi mostra en quins aspectes la nova regulació laboral pot haver afectat en el règim de competències que l'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya en matèries laborals i de protecció social.
Hace ya más de cien años escribía Mario Navarro Amandi que para que una ley electoral pueda decirse buena, es preciso ?que tenga voto todo el que deba tenerlo, que el voto dé por resultado la ponderación exacta de las fuerzas sociales, que la elección no pertenezca a las mayorías, sino a todos los electores y que la elección no pueda falsificarse?. Hoy, aunque es indudable el muy alto grado de limpieza y corrección del proceso electoral, no dejan de ser necesarios múltiples mecanismos que prevengan conductas fraudulentas, desde empadronamientos de conveniencia, hasta la presentación de candidaturas por formaciones ilegales, pasando por la regularidad del voto emigrante, la cobertura informativa de los medios de comunicación públicos o las inauguraciones de obras en plena campaña electoral, sin olvidar la depuración de los errores que pueden producirse en un recuento llevado a cabo por ciudadanos no siempre conocedores de los detalles del derecho electoral. Por ello resulta más que oportuna una obra que aborda la triple vertiente de los mecanismos de control que han de impedir tal falseamiento, tanto los de naturaleza administrativa, puestos a disposición de las Juntas electorales, como los jurisdiccionales que ejercen los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. Para ello el autor se vale de su doble condición de Profesor universitario y de Letrado de las Cortes Generales que ha prestado servicios de asesoramiento a la Junta Electoral Central, circunstancia que le permite compaginar el rigor teórico con la imprescindible perspectiva práctica. Todo ello con una vocación de exposición sistemática de la regulación actual, que pueda resultar útil a quienes tienen que operar dentro del procedimiento electoral - singularmente formaciones políticas, órganos de la Administración electoral y tribunales - pero que no olvida tampoco proponer los cambios legislativos que pudieran tomarse en consideración para las futuras reformas de la LOREG que parecen preludiar los estudios al respecto encargados a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y al Consejo de Estado, y que garanticen la continuidad de la mayor de las características de la normativa actual, esto es, su alto grado de eficacia, que lleva a una valoración altamente positiva del sistema en vigor.
En todos los estudios oficiales disponibles al respecto, incluida la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (2010), el «acoso moral en el trabajo» («mobbing») presenta una mayor incidencia en el empleo público, por las características propias de estas organizaciones de trabajo, más cerradas y autoritarias. Esta prevalencia mayor, lejos de reducirse, ha ido en aumento con los últimos procesos de reestructuración «salvaje» de las Administraciones Públicas. Por eso éstas se han visto obligadas a ir implantado progresivamente «protocolos de gestión preventiva» frente a los conflictos de riesgo psicosocial derivados del acoso moral, lo que ha sucedido recientemente tanto en la Administración General del Estado como en varias Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Paradójicamente, los empleados públicos, en especial los funcionarios, están convencidos de que tienen menos posibilidades de éxito en sus demandas, por la incomprensión institucional del problema profesional por parte del orden contencioso-administrativo, de ahí el menor volumen de demandas presentadas, a diferencia del orden social, y también la menor tasa de estimaciones experimentada. Sin embargo, la entrada en vigor en diciembre de 2011 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ha dado un vuelco a esta situación, de modo que la competencia para conocer del acoso moral, en cuanto riesgo profesional que es, corresponderá al orden social, también para el personal funcionario y estatutario. Este giro copernicano abre grandes expectativas para una tutela más eficaz que la dada anteriormente. Por eso, en esta nueva edición del libro se da a conocer, por un conjunto muy acreditado de estudiosos y profesionales especializados en acoso moral laboral, las principales novedades que presenta esta materia, tanto en el ámbito de la gestión interna ?protocolos preventivos?, como en el ámbito legislativo, así como, y sobre todo, judicial, pues se recoge un amplio y actualizado catálogo de las últimas sentencias dictadas al respecto, donde hay innovaciones de gran calado.