El régimen jurídico de los contratos del llamado sector público constituye un sector fundamental en el estudio del Derecho Administrativo, de la misma manera que el análisis del Derecho de las Entidades Locales ha sido reconocido como un ámbito de referencia para esta disciplina, en el sentido de poder aportar elementos estructurales a la misma. Desde esta perspectiva, esta Obra pretende abundar en las sinergias existentes entre dos ámbitos del Derecho Administrativo fundamentales, teniendo en cuenta, por un lado, las peculiaridades organizativas y competenciales de la Administración Local y, de otro, la necesidad de vislumbrar si las mismas adquieren una dimensión específica cuando de la contratación pública se trata, habida cuenta del momento procesal en el que nos encontramos, en el que el legislador español ha iniciado una revisión en profundidad del modelo de contratación pública existente hasta este momento. La Obra lleva a cabo el análisis del régimen del recurso especial en materia de contratación, pero desde una perspectiva práctica y crítica, así como la compatibilidad y/o concurrencia con otros medios de impugnación. En este sentido, la contratación pública local ofrece un escenario específico en el que poder llegar a un enfoque sistemático de los medios de control de la contratación en el sector público.
En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc. En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil. Se entra así en un círculo vicioso en el que, ante la oscuridad legislativa en la materia, tanto los tribunales como los operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. La presente obra expone estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales así como la doctrina de los órganos consultivos de la Administración.
La presente edición recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, el Real Decreto 541/2001, de 18 mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, y la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. También se incluyen las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la Orden de 8 de marzo de 1972 y el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. En materia de revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. Esta obra contiene, además, el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, el Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, la Orden HAP/2846/2015, de 29 diciembre, la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril y las Resoluciones de 17 de mayo de 1991, 23 de enero de 2007, 16 de marzo de 2016 y 6 de abril de 2016. Igualmente se recogen parcialmente las Leyes de Costas, Autopistas, Carreteras y Aguas, concretamente los artículos reguladores de los contratos de obras dentro de su respectivo ámbito de aplicación, así como la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Los textos se incluyen actualizados y concordados, completándose el volumen con un extenso índice analítico.
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas. Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea. Aunque la edición anterior apareció tan solo hace poco más de un año resultaba imprescindible, no solo para seguir teniendo actualizada la jurisprudencia, sino por haber sufrido una nueva regulación desafortunada. A la regulación contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común le han sucedido dos, del 1 de octubre de 2015: la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El régimen de la responsabilidad patrimonial se encuentra en esta última, si bien es necesario acudir a la primera. En esta nueva edición se ha estructurado la normativa de una y otra Ley según la sistemática tradicional de la obra.
Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han podido originarse debido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo contamos con servicios públicos que pueden competir en muchos aspectos con los mejores de nuestro entorno más avanzado. Fuera de la regulación estatal, las entidades locales (y no en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido de basar hasta ahora sus sistemas de control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadrados en diferentes normas, lo que ha permitido sostener a los órganos de control -y por ende a sus fiscalizados- una cosa y su contraria; todo ello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del control interno como mecanismo de alerta temprana ante irregularidades de diferente tipo. La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diferentes artículos del TRLHL y particularmente el art. 213, encomendando al MINHAP la elaboración de las normas sobre procedimientos de control, metodología, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control. El Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que ahora ha visto la luz, Real Decreto. 424/2017, de 28 de abril, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo del homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos del control. Este manual está actualizado con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e incorpora asimismo la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, aplicable hoy al ámbito local en cumplimiento de lo señalado en el art. 13.2.c) del R.D. 424/2017.
El régimen jurídico de los contratos del llamado sector público constituye un sector fundamental en el estudio del Derecho Administrativo, de la misma manera que el análisis del Derecho de las Entidades Locales ha sido reconocido como un ámbito de referencia para esta disciplina, en el sentido de poder aportar elementos estructurales a la misma. Desde esta perspectiva, esta Obra pretende abundar en las sinergias existentes entre dos ámbitos del Derecho Administrativo fundamentales, teniendo en cuenta, por un lado, las peculiaridades organizativas y competenciales de la Administración Local y, de otro, la necesidad de vislumbrar si las mismas adquieren una dimensión específica cuando de la contratación pública se trata, habida cuenta del momento procesal en el que nos encontramos, en el que el legislador español ha iniciado una revisión en profundidad del modelo de contratación pública existente hasta este momento. La Obra lleva a cabo el análisis del régimen del recurso especial en materia de contratación, pero desde una perspectiva práctica y crítica, así como la compatibilidad y/o concurrencia con otros medios de impugnación. En este sentido, la contratación pública local ofrece un escenario específico en el que poder llegar a un enfoque sistemático de los medios de control de la contratación en el sector público.
En los últimos años cada vez es más frecuente la utilización por la Administración de mecanismos de derecho privado para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos: Sociedades mercantiles públicas, concesionarios, contratistas, empresas colaboradoras, etc. En estos casos, cuando la prestación del servicio ocasiona daños a los ciudadanos, la responsabilidad de la Administración establecida en el artículo 106 de la Constitución se oscurece de tal forma que el ciudadano es remitido de la Administración a la empresa privada y de la jurisdicción contenciosa a la civil. Se entra así en un círculo vicioso en el que, ante la oscuridad legislativa en la materia, tanto los tribunales como los operadores jurídicos tienen que resolver cada supuesto de forma casuística. La presente obra expone estos problemas y analiza los principales criterios jurisprudenciales así como la doctrina de los órganos consultivos de la Administración.
La presente edición recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, el Real Decreto 541/2001, de 18 mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación, y la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. También se incluyen las Directivas 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Como normas complementarias, en materia de pliegos de cláusulas administrativas, se incluyen el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, la Orden de 8 de marzo de 1972 y el Decreto 2572/1973, de 5 de octubre. En materia de revisión de precios, figura el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. Esta obra contiene, además, el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, el Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, la Orden HAP/2846/2015, de 29 diciembre, la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril y las Resoluciones de 17 de mayo de 1991, 23 de enero de 2007, 16 de marzo de 2016 y 6 de abril de 2016. Igualmente se recogen parcialmente las Leyes de Costas, Autopistas, Carreteras y Aguas, concretamente los artículos reguladores de los contratos de obras dentro de su respectivo ámbito de aplicación, así como la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Los textos se incluyen actualizados y concordados, completándose el volumen con un extenso índice analítico.
En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos. En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas. Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea. Aunque la edición anterior apareció tan solo hace poco más de un año resultaba imprescindible, no solo para seguir teniendo actualizada la jurisprudencia, sino por haber sufrido una nueva regulación desafortunada. A la regulación contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común le han sucedido dos, del 1 de octubre de 2015: la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El régimen de la responsabilidad patrimonial se encuentra en esta última, si bien es necesario acudir a la primera. En esta nueva edición se ha estructurado la normativa de una y otra Ley según la sistemática tradicional de la obra.
Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han podido originarse debido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo contamos con servicios públicos que pueden competir en muchos aspectos con los mejores de nuestro entorno más avanzado. Fuera de la regulación estatal, las entidades locales (y no en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido de basar hasta ahora sus sistemas de control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadrados en diferentes normas, lo que ha permitido sostener a los órganos de control -y por ende a sus fiscalizados- una cosa y su contraria; todo ello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del control interno como mecanismo de alerta temprana ante irregularidades de diferente tipo. La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó diferentes artículos del TRLHL y particularmente el art. 213, encomendando al MINHAP la elaboración de las normas sobre procedimientos de control, metodología, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control. El Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que ahora ha visto la luz, Real Decreto. 424/2017, de 28 de abril, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo del homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos del control. Este manual está actualizado con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e incorpora asimismo la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, aplicable hoy al ámbito local en cumplimiento de lo señalado en el art. 13.2.c) del R.D. 424/2017.