El presente libro recoge las contribuciones de prestigiosos especialistas en Función Pública local y expone algunos de los aspectos más importantes de la misma, a partir de la decisiva influencia del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y, muy en particular, de la profunda incidencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Cuestiones tan trascendentales como el sistema de fuentes en la Función Pública, la reserva de funciones en su seno, la delimitación de los ámbitos funcionarial y laboral en la Administración local, el alcance de la autonomía colectiva en el ámbito local, la compleja implantación de la función directiva o los instrumentos de ordenación, son analizados con rigor, profundidad y actualidad. Mención especial merecen los capítulos dedicados a la reforma del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación nuevamente nacional. Se trata, en suma, de un libro que constituye una referencia obligada para los estudiosos y los empleados de la Función Pública local.
Esta monografía se centra en la última reforma de las entidades locales, la siempre pendiente reforma integral de las haciendas locales y, finalmente, se dedica al análisis de la incidencia del Derecho de la competencia en la contratación pública, particularmente, en el ámbito local. Este libro publica, además, los resultados de un proyecto de investigación titulado «La autonomía local en tiempos de crisis» y que ha contado con el apoyo de la Diputación Foral vizcaína, la Cátedra Jean Monnet en Derecho Transnacional y la Autoridad Vasca de la Competencia. Finalmente, la presente obra ha contado con algunos de los máximos expertos en las materias analizadas (reforma local, fiscalidad y contratación pública). Se publica, además, poco después de la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (diciembre 2013) y de la nueva Directiva europea en contratación pública (febrero 2014).
La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.
La presente investigación se propone abordar la función de los jueces, fundamentalmente en el sistema de Derecho continental. Su estructura se compone de cinco capítulos y a lo largo de ellos se estudia cómo se desenvuelve la función judicial en el contexto de un Estado de Derecho, distinguiendo la existencia de diferentes tipos de juez, y advirtiendo que la operatividad efectuada no es fácil ya que las sociedades son cambiantes, al igual que las necesidades que demandan ser reguladas en cada momento. Desde esta perspectiva, se analizan los principales instrumentos de los que se valen los jueces; de manera que existe un reenvío a actividades como la interpretación, integración y argumentación de las normas jurídicas. A su vez, nos ocupamos del juego de la seguridad y la igualdad, y en el último capítulo se señala la relevancia de la ética judicial.
La contratación pública constituye un sector de singular importancia. Por un lado, económica, pues representa alrededor del 18% del PIB de la economía española y europea e implica a los particulares y empresas en la ejecución de tareas esenciales para la eficacia del funcionamiento del sector público y de la prestación de servicios a los ciudadanos. Pero, por otro lado, importancia jurídica y social también, porque están en juego valores y principios jurídicos esenciales de rango constitucional unos, de Derecho europeo otros, que tratan de salvaguardar las garantías de todos, así como de incrementar la eficiencia y el control del gasto público. Es bien conocido que la regulación de los contratos públicos está siendo objeto de una constante reforma cuyo último hito está representado por la aprobación del nuevo paquete de Directivas de 26 de febrero de 2014; a saber, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; y, por último, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea L94, de 28 de marzo de 2014). En este difícil y cambiante escenario, se hace imprescindible reflexionar acerca de las novedades que se plantean (presente) y de los retos que quedan por afrontar (futuro). Con esta obra se quiere contribuir al debate entorno a estas cuestiones y aportar soluciones e ideas que ofrezcan algo de luz a los diversos operadores jurídicos, administrativos y económicos implicados. Se ha contado para ello con algunos de los más reconocidos expertos en el ámbito de la contratación pública, tanto españoles como extranjeros, provenientes unos del mundo académico y otros del profesional, lo que garantiza la pluralidad de perspectivas y una mayor profundidad de análisis.
La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada parco, disperso y confuso en ocasiones, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.
En este volumen se han recogido las disposiciones legislativas que configuran, esencialmente, la base de la regulación jurídica de la Administración Pública, a nivel estatal, a saber: ?Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. ?Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. ?Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. ?Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984. ?Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 1984. ?Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 1987. ?Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre. ?Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. ?Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. ?Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. ?Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, sobre acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Se completa la obra con un Índice de conceptos que facilita su manejo y consulta.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si bien no exenta de aspectos cuestionables, ha supuesto la definitiva irrupción en nuestro ordenamiento del paradigma de la transparencia pública. Y sin menospreciar la importancia práctica de la llamada publicidad activa y su complementariedad con el derecho de acceso a la información pública, éste derecho presenta una relevancia capital, debido a su innegable vinculación con el mismísimo principio democrático (rendición de cuentas y prevención de la corrupción). En esta obra se ofrece un tratamiento completo y riguroso del régimen vigente del derecho de acceso a la información pública en España, diferenciando en cada cuestión el régimen básico del derecho plasmado en la Ley 19/2013, de las aportaciones contenidas en las leyes autonómicas, e incluyendo una síntesis de la doctrina de los órganos de garantía del derecho en los dos primeros años de entrada en vigor. Finalmente, esta obra se enmarca en la temática de Buen Gobierno como antítesis a la corrupción, que los autores vienen desarrollando en esta editorial: La imparcialidad en el procedimiento administrativo (2012), La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014), El Estatuto de los Altos Cargos (2016).
En materia de responsabilidad patrimonial la presunción de culpa consiste en deducir la negligencia y el nexo causal a través de la evidencia (res ipsa loquitur), la anormalidad del resultado (culpa virtual) o las máximas de experiencia (prima facie), que encierran la misma idea de que, según las reglas de la lógica o de la experiencia humana, la conducta del autor del daño sólo pudo ser negligente para causar ese resultado.
En la práctica clínica se dan situaciones en las que puede ocurrir que, a partir de una determinada intervención que no tiene mayor alcance -una inyección intramuscular o la extirpación de una verruga plantar-, el paciente sufra daños en su estado de salud que, al menos en una primera impresión, resultan a todo punto desproporcionados e inusualmente graves. En la obra presentada se analiza el alcance de dicha teoría a partir de un exhaustivo análisis estadístico en el que se tienen en cuenta cuestiones como la aceptación o la denegación de la alegación correspondiente por el órgano judicial (en 1ª y 2ª Instancia); el carácter atípico o típico del daño que fundamenta tal invocación de parte; las especialidades médicas y los tipos de daño donde se materializa con mayor o menor frecuencia; el sexo y la edad del paciente; la cuantía económica de los recursos presentados; la cuantía económica correspondiente a las indemnizaciones solicitadas por la parte demandante y las reconocidas por el órgano judicial en 1ª y 2ª Instancia; evolución temporal de todas estas variables.
En la presente obra se han recopilado los textos normativos, actualizados a julio de 2018, que de manera básica configuran el régimen jurídico de nuestro Régimen Local. Las disposiciones aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, así como con otras normas de relevancia para el estudio del Régimen Local. Entre otros, se incluyen los siguientes textos: - Carta Europea de Autonomía Local. - Ley de Bases de Régimen Local. - Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Reglamento de desarrollo. - Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. - Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. - Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. - Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Además, en ProView, se incluyen normas sobre presupuestos de las entidades locales (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril), contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre y Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre), la Ley 1/2006, de 13 de marzo, que regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, y la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Se completa con una de las normas autonómicas dictadas sobre la materia, y un extenso índice analítico para facilitar su consulta. Este libro incluye el contenido esencial de consulta en las dos versiones, papel y digital, y una parte de la normativa complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte. El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico), actualizable.
La crisis económica que ha afectado en los últimos años, especialmente, a los países de la eurozona ha provocado que se reavivase el debate sobre la necesidad de reformar sus respectivos regímenes locales, en particular, en lo que respecta al número y tipología de entes territoriales e instrumentales existentes en el ámbito local. Esta discusión ha sido especialmente intensa en España, Italia y Portugal, países con una tradición jurídica común, que han introducido importantes reformas en sus respectivos ordenamientos locales, las cuales son objeto de un riguroso análisis en cada una de las tres partes en las que se divide esta obra, elaborada por una red internacional de expertos en Derecho local. Cada una de dichas partes, se compone de cinco capítulos en los que se analizan: en primer lugar, las medidas relativas a la reordenación de la planta local, en particular, de aquellas relativas a la redefinición de la planta inframunicipal y municipal; en segundo lugar, la nueva regulación de las fórmulas asociativas de cooperación intermunicipal; en tercer lugar, la disciplina de los entes locales intermedios y, en último lugar, las actuaciones destinadas al redimensionamiento del sector societario local.
La presente obra, adaptada a las prescripciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público, es una auténtica guía para la fiscalización de las entidades locales que pretende facilitar tanto el ejercicio de la función interventora como la tarea de los órganos gestores a fin de que éstos puedan conocer de antemano los extremos de los expedientes que tramiten y que serán objeto de la fiscalización previa por parte de la Intervención. La obra facilita especialmente la confección de útiles informes o informes-tipo en los cuales se han incluido interesantes pronunciamientos (del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas y, fundamentalmente, de las diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, así como de los Tribunales encargados de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación), sobre las cuestiones propias y los aspectos más controvertidos de cada una de las fases de los expedientes a fiscalizar.
Las reclamaciones de los particulares a las Administraciones hídricas como consecuencia de daños causados por inundaciones son constantes y, consiguientemente, también lo es la aparición de Sentencias que resuelven las demandas formuladas. El libro se propone un estudio y sistematización de la amplia jurisprudencia producida en este tema mostrando la evolución producida y considerando de forma crítica las tendencias que se advierten en la actualidad. El libro toma como punto de partida el estudio de los procesos judiciales que se llevaron a cabo en relación con dos grandes inundaciones que produjeron amplio número de víctimas y de daños: la catástrofe de la presa de Tous y la inundación del camping de Biescas. En ambos casos hubo sentencias que resolvieron los pleitos producidos y que marcaron tendencias para el comportamiento de la Administración hídrica en el futuro. El libro se enmarca en un contexto en el que la evolución del cambio climático incrementa exponencialmente las inundaciones que se producen y se sitúa en el marco de un ordenamiento jurídico orientado hacia la gestión de riesgos más que a la simple remediación de los daños producidos. El libro tiene como autor al mejor experto español actual en derecho de aguas y figura reconocida también en el plano internacional, lo que es signo de calidad y utilidad en la obra.
La vacunación constituye una herramienta de salud pública que ha transformado radicalmente la virtualidad de la prevención sanitaria y el signo de la batalla secular contra las enfermedades contagiosas. Importa en nuestros días que se siga discurriendo sobre la vacunación en clave jurídica por muchas razones. Ante todo, conviene tomar conciencia de que se está ante un tema cambiante, complejo y controvertido en el que, aparte de la cientificidad, confluyen una serie de elementos y factores cuya cabal conjugación exige de la presencia de normas capaces no solo de proporcionar armonía entre las dos esencias de la vacunación -la prevención a título individual y la inmunidad de grupo en interés de todos-, sino también de encauzar convenientemente otros retos relevantes como el acceso universal y equitativo a las vacunas o la buena gestión del calendario oficial de vacunación. Ocurre, además, que de fuera nos llegan señales de alerta sobre la dimensión que adquiere el rechazo a la vacunación y sobre cómo esta se ha convertido en un alarmante problema social que está en la agenda política de no pocos países de nuestro entorno. Contando con todo ello, la curiosidad sirve la pregunta que guía este ensayo: ¿cumple el tratamiento que ofrece nuestro ordenamiento jurídico al hecho de la vacunación?
El presente libro recoge las contribuciones de prestigiosos especialistas en Función Pública local y expone algunos de los aspectos más importantes de la misma, a partir de la decisiva influencia del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 y, muy en particular, de la profunda incidencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Cuestiones tan trascendentales como el sistema de fuentes en la Función Pública, la reserva de funciones en su seno, la delimitación de los ámbitos funcionarial y laboral en la Administración local, el alcance de la autonomía colectiva en el ámbito local, la compleja implantación de la función directiva o los instrumentos de ordenación, son analizados con rigor, profundidad y actualidad. Mención especial merecen los capítulos dedicados a la reforma del régimen jurídico de los funcionarios con habilitación nuevamente nacional. Se trata, en suma, de un libro que constituye una referencia obligada para los estudiosos y los empleados de la Función Pública local.
Esta monografía se centra en la última reforma de las entidades locales, la siempre pendiente reforma integral de las haciendas locales y, finalmente, se dedica al análisis de la incidencia del Derecho de la competencia en la contratación pública, particularmente, en el ámbito local. Este libro publica, además, los resultados de un proyecto de investigación titulado «La autonomía local en tiempos de crisis» y que ha contado con el apoyo de la Diputación Foral vizcaína, la Cátedra Jean Monnet en Derecho Transnacional y la Autoridad Vasca de la Competencia. Finalmente, la presente obra ha contado con algunos de los máximos expertos en las materias analizadas (reforma local, fiscalidad y contratación pública). Se publica, además, poco después de la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (diciembre 2013) y de la nueva Directiva europea en contratación pública (febrero 2014).
La publicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público supone un nuevo hito en el intento de modernización de la gestión pública y cumple diversos objetivos que van desde el control riguroso de las facturas públicas al establecimiento de un principio central conforme al cual la no registración de las facturas impide a las mismas producir sus efectos obligacionales. La Ley se sitúa en el entorno de utilización de los medios electrónicos para consolidar un sistema de transparencia e información sobre la gestión pública con la finalidad de asegurar que las obligaciones asumidas son, estrictamente, las previstas en el marco jurídico conforme al cual se asumen, sustantiva y presupuestariamente, las obligaciones en el ámbito público.
La presente investigación se propone abordar la función de los jueces, fundamentalmente en el sistema de Derecho continental. Su estructura se compone de cinco capítulos y a lo largo de ellos se estudia cómo se desenvuelve la función judicial en el contexto de un Estado de Derecho, distinguiendo la existencia de diferentes tipos de juez, y advirtiendo que la operatividad efectuada no es fácil ya que las sociedades son cambiantes, al igual que las necesidades que demandan ser reguladas en cada momento. Desde esta perspectiva, se analizan los principales instrumentos de los que se valen los jueces; de manera que existe un reenvío a actividades como la interpretación, integración y argumentación de las normas jurídicas. A su vez, nos ocupamos del juego de la seguridad y la igualdad, y en el último capítulo se señala la relevancia de la ética judicial.
La contratación pública constituye un sector de singular importancia. Por un lado, económica, pues representa alrededor del 18% del PIB de la economía española y europea e implica a los particulares y empresas en la ejecución de tareas esenciales para la eficacia del funcionamiento del sector público y de la prestación de servicios a los ciudadanos. Pero, por otro lado, importancia jurídica y social también, porque están en juego valores y principios jurídicos esenciales de rango constitucional unos, de Derecho europeo otros, que tratan de salvaguardar las garantías de todos, así como de incrementar la eficiencia y el control del gasto público. Es bien conocido que la regulación de los contratos públicos está siendo objeto de una constante reforma cuyo último hito está representado por la aprobación del nuevo paquete de Directivas de 26 de febrero de 2014; a saber, la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; y, por último, la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (todas ellas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea L94, de 28 de marzo de 2014). En este difícil y cambiante escenario, se hace imprescindible reflexionar acerca de las novedades que se plantean (presente) y de los retos que quedan por afrontar (futuro). Con esta obra se quiere contribuir al debate entorno a estas cuestiones y aportar soluciones e ideas que ofrezcan algo de luz a los diversos operadores jurídicos, administrativos y económicos implicados. Se ha contado para ello con algunos de los más reconocidos expertos en el ámbito de la contratación pública, tanto españoles como extranjeros, provenientes unos del mundo académico y otros del profesional, lo que garantiza la pluralidad de perspectivas y una mayor profundidad de análisis.
La monografía que el lector tiene en sus manos aborda el estudio de la autorización judicial de entrada con el objeto principal de exponer de forma sistemática, ordenada y completa el régimen jurídico que disciplina esta institución. Con ello se vienen a paliar las deficiencias de que adolece el marco legislativo que regula la autorización judicial de entrada parco, disperso y confuso en ocasiones, y asimismo se cubre un vacío de la literatura administrativa, puesto que la doctrina sólo se ha ocupado de forma fragmentaria de esta figura jurídica. El trabajo, basado en la legislación y la doctrina, pero, en especial, en un exhaustivo análisis de la jurisprudencia más relevante y reciente en la materia, se estructura a través de tres ejes principales. De un lado, se estudian los ámbitos de la actuación administrativa en los que la autorización judicial de entrada es susceptible de tener encaje, y los criterios que ordenan su exigencia. De otro lado, se discurre sobre los bienes jurídicos que quedan protegidos por dicha autorización; a saber, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad privada. Y, junto a lo anterior, se examinan cuestiones de índole competencial, relativas a la determinación de la competencia objetiva, territorial y funcional; así como de índole procesal, tocantes al cauce por el que debe sustanciarse el despacho de la autorización en sede contencioso-administrativa, y a los criterios que el órgano judicial debe tener en cuenta para conceder o denegar la autorización de entrada. A modo conclusivo, la monografía incluye una propuesta de lege ferenda para la completa regulación de la autorización de entrada, con el fin de ofrecer respuestas a las principales cuestiones problemáticas que suscita la práctica judicial, y dotar de mayor sistematicidad y coherencia a esta institución jurídica.
En este volumen se han recogido las disposiciones legislativas que configuran, esencialmente, la base de la regulación jurídica de la Administración Pública, a nivel estatal, a saber: ?Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. ?Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. ?Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. ?Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984. ?Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 1984. ?Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 1987. ?Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre. ?Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. ?Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. ?Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. ?Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, sobre acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Se completa la obra con un Índice de conceptos que facilita su manejo y consulta.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si bien no exenta de aspectos cuestionables, ha supuesto la definitiva irrupción en nuestro ordenamiento del paradigma de la transparencia pública. Y sin menospreciar la importancia práctica de la llamada publicidad activa y su complementariedad con el derecho de acceso a la información pública, éste derecho presenta una relevancia capital, debido a su innegable vinculación con el mismísimo principio democrático (rendición de cuentas y prevención de la corrupción). En esta obra se ofrece un tratamiento completo y riguroso del régimen vigente del derecho de acceso a la información pública en España, diferenciando en cada cuestión el régimen básico del derecho plasmado en la Ley 19/2013, de las aportaciones contenidas en las leyes autonómicas, e incluyendo una síntesis de la doctrina de los órganos de garantía del derecho en los dos primeros años de entrada en vigor. Finalmente, esta obra se enmarca en la temática de Buen Gobierno como antítesis a la corrupción, que los autores vienen desarrollando en esta editorial: La imparcialidad en el procedimiento administrativo (2012), La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014), El Estatuto de los Altos Cargos (2016).
En materia de responsabilidad patrimonial la presunción de culpa consiste en deducir la negligencia y el nexo causal a través de la evidencia (res ipsa loquitur), la anormalidad del resultado (culpa virtual) o las máximas de experiencia (prima facie), que encierran la misma idea de que, según las reglas de la lógica o de la experiencia humana, la conducta del autor del daño sólo pudo ser negligente para causar ese resultado.
En la práctica clínica se dan situaciones en las que puede ocurrir que, a partir de una determinada intervención que no tiene mayor alcance -una inyección intramuscular o la extirpación de una verruga plantar-, el paciente sufra daños en su estado de salud que, al menos en una primera impresión, resultan a todo punto desproporcionados e inusualmente graves. En la obra presentada se analiza el alcance de dicha teoría a partir de un exhaustivo análisis estadístico en el que se tienen en cuenta cuestiones como la aceptación o la denegación de la alegación correspondiente por el órgano judicial (en 1ª y 2ª Instancia); el carácter atípico o típico del daño que fundamenta tal invocación de parte; las especialidades médicas y los tipos de daño donde se materializa con mayor o menor frecuencia; el sexo y la edad del paciente; la cuantía económica de los recursos presentados; la cuantía económica correspondiente a las indemnizaciones solicitadas por la parte demandante y las reconocidas por el órgano judicial en 1ª y 2ª Instancia; evolución temporal de todas estas variables.
En la presente obra se han recopilado los textos normativos, actualizados a julio de 2018, que de manera básica configuran el régimen jurídico de nuestro Régimen Local. Las disposiciones aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, así como con otras normas de relevancia para el estudio del Régimen Local. Entre otros, se incluyen los siguientes textos: - Carta Europea de Autonomía Local. - Ley de Bases de Régimen Local. - Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Reglamento de desarrollo. - Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. - Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. - Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. - Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Además, en ProView, se incluyen normas sobre presupuestos de las entidades locales (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril), contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre y Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre), la Ley 1/2006, de 13 de marzo, que regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, y la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Se completa con una de las normas autonómicas dictadas sobre la materia, y un extenso índice analítico para facilitar su consulta. Este libro incluye el contenido esencial de consulta en las dos versiones, papel y digital, y una parte de la normativa complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte. El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico), actualizable.
La crisis económica que ha afectado en los últimos años, especialmente, a los países de la eurozona ha provocado que se reavivase el debate sobre la necesidad de reformar sus respectivos regímenes locales, en particular, en lo que respecta al número y tipología de entes territoriales e instrumentales existentes en el ámbito local. Esta discusión ha sido especialmente intensa en España, Italia y Portugal, países con una tradición jurídica común, que han introducido importantes reformas en sus respectivos ordenamientos locales, las cuales son objeto de un riguroso análisis en cada una de las tres partes en las que se divide esta obra, elaborada por una red internacional de expertos en Derecho local. Cada una de dichas partes, se compone de cinco capítulos en los que se analizan: en primer lugar, las medidas relativas a la reordenación de la planta local, en particular, de aquellas relativas a la redefinición de la planta inframunicipal y municipal; en segundo lugar, la nueva regulación de las fórmulas asociativas de cooperación intermunicipal; en tercer lugar, la disciplina de los entes locales intermedios y, en último lugar, las actuaciones destinadas al redimensionamiento del sector societario local.
La presente obra, adaptada a las prescripciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y al RD 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público, es una auténtica guía para la fiscalización de las entidades locales que pretende facilitar tanto el ejercicio de la función interventora como la tarea de los órganos gestores a fin de que éstos puedan conocer de antemano los extremos de los expedientes que tramiten y que serán objeto de la fiscalización previa por parte de la Intervención. La obra facilita especialmente la confección de útiles informes o informes-tipo en los cuales se han incluido interesantes pronunciamientos (del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas y, fundamentalmente, de las diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, así como de los Tribunales encargados de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación), sobre las cuestiones propias y los aspectos más controvertidos de cada una de las fases de los expedientes a fiscalizar.
Las reclamaciones de los particulares a las Administraciones hídricas como consecuencia de daños causados por inundaciones son constantes y, consiguientemente, también lo es la aparición de Sentencias que resuelven las demandas formuladas. El libro se propone un estudio y sistematización de la amplia jurisprudencia producida en este tema mostrando la evolución producida y considerando de forma crítica las tendencias que se advierten en la actualidad. El libro toma como punto de partida el estudio de los procesos judiciales que se llevaron a cabo en relación con dos grandes inundaciones que produjeron amplio número de víctimas y de daños: la catástrofe de la presa de Tous y la inundación del camping de Biescas. En ambos casos hubo sentencias que resolvieron los pleitos producidos y que marcaron tendencias para el comportamiento de la Administración hídrica en el futuro. El libro se enmarca en un contexto en el que la evolución del cambio climático incrementa exponencialmente las inundaciones que se producen y se sitúa en el marco de un ordenamiento jurídico orientado hacia la gestión de riesgos más que a la simple remediación de los daños producidos. El libro tiene como autor al mejor experto español actual en derecho de aguas y figura reconocida también en el plano internacional, lo que es signo de calidad y utilidad en la obra.
La vacunación constituye una herramienta de salud pública que ha transformado radicalmente la virtualidad de la prevención sanitaria y el signo de la batalla secular contra las enfermedades contagiosas. Importa en nuestros días que se siga discurriendo sobre la vacunación en clave jurídica por muchas razones. Ante todo, conviene tomar conciencia de que se está ante un tema cambiante, complejo y controvertido en el que, aparte de la cientificidad, confluyen una serie de elementos y factores cuya cabal conjugación exige de la presencia de normas capaces no solo de proporcionar armonía entre las dos esencias de la vacunación -la prevención a título individual y la inmunidad de grupo en interés de todos-, sino también de encauzar convenientemente otros retos relevantes como el acceso universal y equitativo a las vacunas o la buena gestión del calendario oficial de vacunación. Ocurre, además, que de fuera nos llegan señales de alerta sobre la dimensión que adquiere el rechazo a la vacunación y sobre cómo esta se ha convertido en un alarmante problema social que está en la agenda política de no pocos países de nuestro entorno. Contando con todo ello, la curiosidad sirve la pregunta que guía este ensayo: ¿cumple el tratamiento que ofrece nuestro ordenamiento jurídico al hecho de la vacunación?