El incremento de litigios internacionales relacionados con el deporte ha sido una de las principales preocupaciones de las entidades deportivas. En 1981 el Presidente del Comité Olímpico Internacional tuvo la idea de crear una jurisdicción especial para el deporte, nace así el Tribunal Arbitral del Deporte. Para que esta institución funcionara y el procedimiento estuviera blindado a los ataques de los tribunales estatales, era necesario un derecho arbitral sólido al lado de una judicatura que no fuera hostil al arbitraje, por eso eligió como sede Lausana. En este estudio se plantea el objetivo de conocer si el arbitraje representa realmente el mejor medio para resolver los conflictos deportivos internacionales. Para ello es imprescindible conocer la organización y funcionamiento del TAS, profundizar en su régimen jurídico, analizar sus ventajas y los problemas jurídicos que se plantean, identificar las materias susceptibles de arbitraje, su conciliación con la libre voluntad de las partes, la implantación de cláusulas de adhesión obligatorias y la anulabilidad y ejecución de los laudos. Se ha acudido a la doctrina cualificada existente, a analizar cientos de laudos y todos los recursos de anulación y revisión interpuestos ante el Tribunal Federal suizo. La realidad es que más de 2.000 casos sometidos al TAS han terminado con un laudo final y sólo 8 han sido anulados por el referido tribunal. Entre las conclusiones alcanzadas destaca la creación de una verdadera lex sportiva a partir de la jurisprudencia del TAS. Esta línea homogénea en algunos de sus pronunciamientos se observa sobre todo en materia de dopaje. Sin lugar a dudas, el arbitraje del TAS está siendo eficaz en la lucha contra el dopaje. También es incuestionable el papel de los tribunales ad hoc donde la inmediatez de sus laudos salvaguarda la celebración de las competiciones. La independencia del TAS se ha ido demostrando progresivamente a través de la resolución de casos en los que estaban implicadas organizaciones como el Comité Olímpico Internacional o importantes federaciones internacionales, además de ser refrendada en sentencias del Tribunal Federal suizo. No obstante, el TAS todavía tiene que afrontar una serie de retos que le ayuden a alcanzar una mayor independencia y transparencia, mejoren el sistema de elección de los árbitros y disminuyan la media del tiempo empleado para resolver un litigio.
La génesis, evolución y estado actual de los Impuestos sucesorios es el objeto de análisis. La obra se divide en siete apartados. En el primera parte se hace una introducción sobre el porqué del estudio realizado y se justifica tanto el estudio a realizar como la forma en que se va a llevar a cabo. En la segunda parte, se hace un recorrido exhaustivo de los impuestos sucesorios desde su establecimiento en España en el año 6 de nuestra era, en tiempos del emperador Octavio Augusto, hasta el momento actual. La tercera parte, estudia los fundamentos teórico-económicos de estos gravámenes. Del mundo de los arbitristas hasta el momento actual. La cuarta parte se dedica a estudiar la constitucionalidad o no de los gravámenes sucesorios, haciéndose un examen de todos aquéllos principios que se consideran que deben impregnar e informar a todos los tributos. La quinta parte estudia estas exacciones sucesorias a la vista de la normativa euro-pea, poniéndose de manifiesto su dudosa legalidad en aquellos aspectos en los que se introducen elementos de discriminación en función de la residencia en uno u otro Estado miembro. En la sexta parte, de carácter, esencialmente descriptivo, se expone la regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones vigente, poniendo de manifiesto sus singularidades en todas y cada una de las Comunidades Autónomas tanto en las de Régimen Común como en los Territorios forales. En la parte séptima se da fi n al estudio con una serie de conclusiones que llevan a cuestionar la propia validez de estos gravámenes. Se cierre el trabajo con una selecta bibliografía. Estudio, plenamente actual, por su alcance y oportunidad, pues hoy de nuevo, cual Ave Fénix renaciente de sus cenizas, se han reavivado las polémicas en torno a la necesidad y conveniencia de la imposición de las sucesiones, e incluso de su justicia. Antonio Aparicio es Doctor en Derecho por las Universidades de Valladolid y Bolonia. Realizó estudios en las Universidades de Valladolid, Politécnica de Madrid, Siena y Bolonia. Autor de 18 libros y de más de cien artículos de Derecho Financiero. Profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Oviedo, acreditado a catedrático. Miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, socio colaborador de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.
La renovada formulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a finales de 2012 (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) ha dado lugar a un intenso y sonado debate sobre el papel que han de desempeñar las tasas judiciales y su encaje en nuestro sistema judicial. Hace falta por eso mismo tratar de ajustar y perfilar los contornos de esta figura, y con este propósito el libro propone un recorrido inspirado por dos ideas fuerza: de un lado, la necesidad de explicar la complejidad y el grado de precisión y tino que se requiere para alcanzar una convivencia armónica entre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, que es la primera de todas las demás, y las tasas judiciales, poniendo especial acento en las enseñanzas que proporciona la dilatada y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. De otro, la importancia de advertir la significación y el impacto particulares de las tasas judiciales en el contexto de una justicia tan singular como es la administrativa, donde está en juego mucho más que la defensa del interés particular del recurrente. Una especialidad que el legislador no ha acertado a retratar en toda su extensión y que, en combinación con otros obstáculos en el acceso al proceso como la reforma de las costas procesales en la primera instancia, puede hacer perder vitalidad al control judicial de nuestras Administraciones Públicas.
Con una redacción clara y un vocabulario alejado de todo tecnicismo, a partir de una serie de casos reales se denuncia públicamente una problemática social de sangrante actualidad, como es la que están padeciendo niños y niñas en el contexto de ciertos divorcios. La vida novelada de un psiquiatra, el Dr. Medina, sirve para introducir con logrado acierto conceptos como el Síndrome de alienación parental y el Maltrato emocional en la infancia, apostando por la Custodia Compartida como la única opción justa y adecuada en caso de ruptura, proponiendo pautas y planteamientos legales para su defensa, criticando abiertamente el radicalismo del feminismo de género que, en pleno siglo XXI, aún bloquea cualquier tipo de vía que conduzca a una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, contraponiéndole a éste otras opciones de feminismo más maduras, razonables, modernas, sanas, viables y operativas. Las páginas que siguen muestran en toda su crudeza que se está atentando contra la infancia, que la niñez, esa etapa crucial en nuestras vidas que nos convierte en persona, ya no es lo que era, pues para muchos infantes se ha transformado en una travesía interminable y dolorosa. Como remate, la obra se completa con un breve anexo de jurisprudencia e interesantes páginas webs de asociaciones, buscadores de legislación, otras afines a la temática tratada y libros recomendados en su introducción. J. R. José Riqueni Barrios presentó sus dos primeros libros Días de caza menor y El Periche en la Feria del Libro de Sevilla, en los años 2012 y 2013 respectivamente. Ahora, con El psiquiatra de almas pequeñas, se adentra en un nuevo registro literario, componiendo una obra original, de narrativa lúcida y moderna, que aúna con lograda maestría la novela y el ensayo.
El Memento IVA realiza en un solo volumen el análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la normativa referente a este complejo y laberíntico impuesto, ofreciéndole una referencia de consulta rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones que pueden surgir en su aplicación práctica. · El examen más completo En él se profundiza de forma sistemática en cada aspecto del impuesto, para que pueda obtener en pocos segundos una visión clara y precisa del hecho imponible, de las obligaciones formales que origina, de los diferentes tipos impositivos, exenciones, deducciones, devoluciones, regímenes especiales. · El estudio más práctico y clarificador Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada supuesto específico, acompañándole a lo largo de todo el impuesto. · Con el análisis de todas las novedades Una obra rigurosamente actualizada con todas las novedades normativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior y entre las que podemos destacar: - Nuevo Régimen especial del criterio de caja; - Modificaciones relativas a los regímenes de servicios de telecomunicaciones y por vía electrónica; - Nuevas obligaciones formales, registrales y de facturación en base al régimen especial del criterio de caja; - Etc. · Sin olvidar la jurisprudencia y normativa europeas Encontrará el examen de la doctrina constituida por las principales sentencias dictadas por el TJUE en los últimos años, toda vez que se hace necesaria la observancia y correcta interpretación de la legislación europea, Reglamentos y Directivas, en nivel de paridad con las leyes españolas. Benefíciese de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La regulación legal de la institución del despido colectivo ha sufrido numerosas modificaciones en los últimos años. Algunas, de profundo calado; otras, complementarias o de matiz. Para tener un fiel conocimiento de todos estos cambios, la presente edición ofrece el texto completo de los Reales Decretos 1.483 y 1.484/2012, de 29 de octubre, de aprobación del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. Se incluye además la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, así como una selección actualizada del Estatuto de los Trabajadores y de las Leyes Concursal, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y de la Jurisdicción Social. Los textos se completan con la Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, y el Convenio 158 OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo. Esta recopilación se completa con un importante aparataje de notas a pie de página, tanto de vigencia como de normas complementarias, así como un completo índice analítico de legislación, en el que se seccionan conceptualmente las normas y sus diversas materias, y un índice analítico de jurisprudencia, en el que se resumen los pronunciamientos jurisprudenciales más relevante sobre el despido colectivo que se han dictado desde el comienzo del proceso reformador de la institución en junio de 2010.
La defensa de las víctimas es uno de los elementos esenciales sobre los que se construye la Justicia Penal Internacional; sin embargo, hasta la llegada del Estatuto de Roma (1998) por el que se creó la Corte Penal Internacional, las víctimas no tenían la posibilidad de alegar ni probar en los juicios ante los Tribunales Penales Internacionales (Nüremberg, Tokio, ex Yugoslavia o Ruanda). Tampoco podían solicitar la compensación y restitución del daño dentro del mismo procedimiento, debiendo acudir a las jurisdicciones nacionales. Su actuación se limitaba a ser oídos como testigos de la acusación, cuando eran llamados. El Estatuto de Roma modifica esta situación, otorgando a las víctimas la posibilidad real de participar en el procedimiento a través de un abogado (legal representative) que actuará como acusación al lado del fiscal. El Estatuto y la demás normativa aplicable configuran un régimen de intervención procesal que no puede equipararse al de las genuinas partes del proceso (fiscalía y la defensa), pero que permite una actuación sustancial de las víctimas en la práctica totalidad de las fases del proceso. Asimismo, será la Corte la que resuelva sobre la compensación y reparación a los perjudicados, asignándose para ello un relevante papel a su representación y defensa. La presente monografía analiza todas las posibilidades procesales de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, con base en los textos normativos que rigen su actuación y con cita de abundante jurisprudencia emanada de sus diferentes Salas. Como introducción a todo ello, la obra dedica un relevante apartado al análisis de las instituciones de la Corte, aproximándose tanto al derecho penal sustantivo como al derecho procesal dimanante de su normativa. Por último, se realiza un estudio del sistema de participación procesal de las víctimas en el Special Tribunal for Lebanon y en las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. El presente trabajo aparece prologado por la eminente jurista brasileña Sylvia Steiner, actualmente, y desde el año 2003, Jueza de la Corte Penal Internacional.
Esta obra, tiene 138 años de historia y cuenta con 22 ediciones que han incorporado las tres grandes reformas procesales: la inicial de la LEC de 1855 (ediciones 1.ª y 2.ª), la LEC de 1881 (ediciones 3.ª a 22.ª) y la LEC de 2000 (edición 23.ª). La entrada en vigor de la LEC de 2000 ha constituido el mayor de los retos para esta obra, tan dilatada en el tiempo, toda vez que los profundos cambios que se han efectuado en el proceso han obligado a rehacerla totalmente, tanto en su aspecto legislativo, de comentarios, formularios, jurisprudencia y bibliografía (los cinco grandes capítulos en que se estructura ahora la misma) como en su adaptación al estado de la ciencia procesal y de los medios técnicos actuales. Se combina la tradición jurídica con la atención a las necesidades telemáticas actuales de cualquier operador jurídico y se ofrece al lector una visión profunda del proceso en todos sus aspectos y especialidades, combinando los comentarios doctrinales con la jurisprudencia y los formularios de uso ordinario ante los Tribunales de Justicia y facilitando su tratamiento informático y consulta telemática. Los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC de 2000, explicables ante la complejidad de la obra realizada, ha permitido incorporar no solo la corrección de las omisiones o desajustes que se detectaron en la LEC nada más iniciar su aplicación, sino también las reformas parciales que, con más o menos importancia, se han ido sucediendo. Asimismo, se ha podido incorporar un cuerpo jurisprudencial nuevo en relación con la aplicación de la LEC de 2000 con una selección cuidada y clasificada de las sentencias, especialmente las del Tribunal Supremo, con la finalidad de que la obra no pierda su espíritu eminentemente práctico y pueda dar respuesta a la mayor parte de las preguntas que se suceden en la aplicación diaria de la LEC ante los Tribunales de Justicia. La obra sigue estando destinada, como desde su primera edición, a constituir una herramienta de trabajo completa, práctica y sencilla para los jueces, secretarios judiciales, abogados y procuradores encargados de la aplicación de las leyes ante los Tribunales de justicia, pero contiene un previo y exhaustivo análisis de cada institución procesal. Persigue, pues, dar respuestas prácticas a los problemas que se suscitan a diario ante los Juzgados y Tribunales españoles sin renunciar al rigor científico ni a la incorporación crítica de las distintas soluciones ofrecidas por los tratadistas en las publicaciones sobre la materia. No obstante, se debe advertir que el procedimiento sobre tráfico y seguridad vial ha sido objeto últimamente por el legislador de un apartamiento del procedimiento general, razón por la cual se hace una referencia en este trabajo, aunque sea somera. Jesús Corbal Fernández, apoyado por un formidable equipo de juristas que han colaborado con él, ha hecho valer el ingente saber acumulado durante su dilatada trayectoria en el Alto Tribunal (Sala I de lo Civil) para dar vida a la que, probablemente, constituye la edición más renovada y esforzada de la Práctica Procesal Civil. La obra dispone un microsite dedicado, en exclusiva, a la consulta, edición y descarga de los más de 2.5000 formularios que incorpora la obra.
Los tributos locales y el régimen fiscal de los Ayuntamientos es una obra eminentemente práctica preparada cuidadosamente por Inspectores de Hacienda, profesores universitarios y abogados en ejercicio que pretende abordar de una forma clara toda la problemática que encierra actualmente los tributos locales. Para ello, con ayuda de numerosos ejemplos prácticos, algunos de ellos entresacados de la jurisprudencia más novedosa se desgranan todos los tributos que tienen ocasión de liquidarse en la esfera local, así como otros tributos estatales con incidencia para las Corporaciones Locales (Impuesto sobre Sociedades e IVA). Junto a las consideraciones críticas que se realizan sobre todos los tributos locales (Impuestos obligatorios y potestativos, tasas y precios públicos, así como contribuciones especiales), el libro además dedica también especial atención a aquellos aspectos que son susceptibles de una mejora técnica con vistas a que puedan corregirse determinadas disfunciones actuales del sistema tributario local con ocasión de la futura reforma fiscal de las Haciendas Locales. Dicho libro tiene como objetivo principal priorizar la claridad en los planteamientos que se recogen a lo largo de la obra al objeto de que pueda ser una guía fundamentalmente técnica pero también con un interés eminentemente práctico, y tanto para personas legas en la materia local, así como para aquellas que aún siendo especialistas en esta esfera decidan acercarse al libro para buscar una solución ordenada y clara al problema con el que se enfrentan diariamente como profesionales en el ejercicio de su actividad, o bien directamente desde la gestión tributaria como Administración Local .
El proceso social presenta múltiples problemas aplicativos en tanto que su práctica real, basada en el proceso verbal, la inmediación y la instancia única, conlleva que muchas inercias consuetudinarias en juzgados y tribunales se hayan ido conformando a través del día a día de los conflictos sociales y la jurisprudencia. La presente obra intenta dar una respuesta rápida y ágil a los interrogantes que pueden tener los profesionales en su ejercicio profesional, siguiendo los grandes apartados y capítulos de la propia Ley Reguladora. A dichos efectos se ha optado por un texto eminentemente práctico, huyendo de la mera dogmática para insertarse en el terreno de la realidad del fuero laboral. En esa tónica se incluyen multitud de referencias a la jurisprudencia, integrando formularios y respuestas a aspectos prácticos. El texto se complementa con un exhaustivo índice que permite en forma ágil acceder a los contenidos integrados.
La presente obra viene a abordar la problemática de la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales, basándose principalmente en la búsqueda de instrumentos jurídicos que permitan de un lado, resolver la problemática de la insolvencia empresarial desde su raíz, y de otro, reducir el impacto de sus efectos, especialmente sobre aquellos que recaen sobre los perjudicados directos, ésto es, los trabajadores. El estudio viene a analizarse la insolvencia empresarial desde una triple perspectiva: (1) Las causas, entre las que se encuentran principalmente la Ley 22/2003 y ulteriores reformas, la escasa responsabilidad de la persona física, el trasvase de competencias del juez social al juez mercantil, el embargo preventivo como medida cautelar, entre otras; (2) Los efectos, entre los que principalmente destacan las consecuencias de carácter negativo sobre las administraciones y organismos públicos (FOGASA, Seguridad Social y Agencia Tributaria), así como aquellos sobre los trabajadores y su economía personal o familiar; y (3) Las propuestas de lege ferenda, destacando entre otras, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aplicación del artículo 257 del código penal en relación con el artículo 307 del mismo texto legal, todo ello a tenor de la frustración de la ejecución que a menudo se produce en el ámbito de la jurisdicción social, monitorio social, la nómina como título ejecutivo, la adquisición de la empresa concursada por parte de los trabajadores, el grupo de empresas, la sucesión de éstas o la vuelta al principio de ejecución separada, entre otras. En definitiva, del proyecto se desprende que desde el comienzo de la mal denominada crisis económica, la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales ha dejado de entenderse como una excepcionalidad para convertirse en la regla general, tema principal a lo largo de la presente investigación y por ende, situación analizada en profundidad a lo largo de un texto verdaderamente transversal, que aborda dicha temática, tanto desde una perspectiva puramente académica como desde el ejercicio práctico de la abogacía.
Abordar el tema de las atenuantes muy cualificadas es irrumpir en un mundo de inseguridades derivadas de su propia indefinición legal. A pesar de su interés práctico como instrumento adecuado de justicia material en la individualización de la pena, empleado con relativa frecuencia por jueces y tribunales a causa de su extraordinaria eficacia degradatoria (rebaja de la pena en uno o dos grados), sus contornos y criterios de estimación no son claros, sólo la jurisprudencia ha emprendido la elaboración de un cuerpo de doctrina ?aún no acabado? sobre esta figura. El presente trabajo, tras abordar de manera sistemática la evolución legislativa de este instituto penal, realiza, por una parte, un análisis de los presupuestos y efectos de su aplicación, y; por otra, examina los criterios acuñados por la práctica judicial en su caracterización y delimitación respecto de las atenuantes ordinarias o simples y, de las eximentes incompletas, con las que si bien comparte el quantum degradatorio, se discute si las distancia su naturaleza y justificación. La presente monografía constituye, pues, el primer tratamiento específico de las atenuantes muy cualificadas y con él se pretende resolver los puntos más controvertidos en su análisis dogmatico y su consideración práctica.
La institucionalización de la justicia, que alcanza ahora su tercera edición, es el intento más completo de reconstrucción y exposición de la teoría de la justicia de Robert Alexy, nunca publicada conjuntamente como tal. Los seis capítulos del libro, publicados originalmente en alemán e inglés a lo largo de tres décadas, muestran la constante evolución del pensamiento del autor y la conexión sistemática entre las ideas nucleares de su concepción no positivista del Derecho: la relación necesaria entre derecho y moral; la inclusión de la corrección como elemento esencial del derecho y su vinculación con la noción de justicia; la necesidad de un fundamento discursivo para la justicia; el carácter institucional de la justicia propia o específica del Derecho y su identificación con los derechos humanos; la determinación negativa del umbral o mínimo infranqueable del Derecho y la justicia mediante la denominada fórmula de Radbruch (la extrema injusticia no es Derecho); la afirmación de la existencia de los derechos humanos y su aportación a la tesis de la conexión entre derecho y moral. El Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Alexy (1945-) ha sido catedrático de Derecho público y Filosofía del Derecho de la Universidad de Kiel (Alemania) y es Doctor honoris causa en más de una docena de universidades europeas y americanas. Su teoría de la argumentación jurídica, su teoría de los derechos fundamentales y de la ponderación y su concepción no positivista del Derecho han influido en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de países europeos, americanos y asiáticos y lo han convertido en uno de los juristas y filósofos del Derecho más sobresalientes de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho Administrativo 2016 contiene 38 estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por 56 abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2015. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y cuestiones más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual.
El incremento de litigios internacionales relacionados con el deporte ha sido una de las principales preocupaciones de las entidades deportivas. En 1981 el Presidente del Comité Olímpico Internacional tuvo la idea de crear una jurisdicción especial para el deporte, nace así el Tribunal Arbitral del Deporte. Para que esta institución funcionara y el procedimiento estuviera blindado a los ataques de los tribunales estatales, era necesario un derecho arbitral sólido al lado de una judicatura que no fuera hostil al arbitraje, por eso eligió como sede Lausana. En este estudio se plantea el objetivo de conocer si el arbitraje representa realmente el mejor medio para resolver los conflictos deportivos internacionales. Para ello es imprescindible conocer la organización y funcionamiento del TAS, profundizar en su régimen jurídico, analizar sus ventajas y los problemas jurídicos que se plantean, identificar las materias susceptibles de arbitraje, su conciliación con la libre voluntad de las partes, la implantación de cláusulas de adhesión obligatorias y la anulabilidad y ejecución de los laudos. Se ha acudido a la doctrina cualificada existente, a analizar cientos de laudos y todos los recursos de anulación y revisión interpuestos ante el Tribunal Federal suizo. La realidad es que más de 2.000 casos sometidos al TAS han terminado con un laudo final y sólo 8 han sido anulados por el referido tribunal. Entre las conclusiones alcanzadas destaca la creación de una verdadera lex sportiva a partir de la jurisprudencia del TAS. Esta línea homogénea en algunos de sus pronunciamientos se observa sobre todo en materia de dopaje. Sin lugar a dudas, el arbitraje del TAS está siendo eficaz en la lucha contra el dopaje. También es incuestionable el papel de los tribunales ad hoc donde la inmediatez de sus laudos salvaguarda la celebración de las competiciones. La independencia del TAS se ha ido demostrando progresivamente a través de la resolución de casos en los que estaban implicadas organizaciones como el Comité Olímpico Internacional o importantes federaciones internacionales, además de ser refrendada en sentencias del Tribunal Federal suizo. No obstante, el TAS todavía tiene que afrontar una serie de retos que le ayuden a alcanzar una mayor independencia y transparencia, mejoren el sistema de elección de los árbitros y disminuyan la media del tiempo empleado para resolver un litigio.
La génesis, evolución y estado actual de los Impuestos sucesorios es el objeto de análisis. La obra se divide en siete apartados. En el primera parte se hace una introducción sobre el porqué del estudio realizado y se justifica tanto el estudio a realizar como la forma en que se va a llevar a cabo. En la segunda parte, se hace un recorrido exhaustivo de los impuestos sucesorios desde su establecimiento en España en el año 6 de nuestra era, en tiempos del emperador Octavio Augusto, hasta el momento actual. La tercera parte, estudia los fundamentos teórico-económicos de estos gravámenes. Del mundo de los arbitristas hasta el momento actual. La cuarta parte se dedica a estudiar la constitucionalidad o no de los gravámenes sucesorios, haciéndose un examen de todos aquéllos principios que se consideran que deben impregnar e informar a todos los tributos. La quinta parte estudia estas exacciones sucesorias a la vista de la normativa euro-pea, poniéndose de manifiesto su dudosa legalidad en aquellos aspectos en los que se introducen elementos de discriminación en función de la residencia en uno u otro Estado miembro. En la sexta parte, de carácter, esencialmente descriptivo, se expone la regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones vigente, poniendo de manifiesto sus singularidades en todas y cada una de las Comunidades Autónomas tanto en las de Régimen Común como en los Territorios forales. En la parte séptima se da fi n al estudio con una serie de conclusiones que llevan a cuestionar la propia validez de estos gravámenes. Se cierre el trabajo con una selecta bibliografía. Estudio, plenamente actual, por su alcance y oportunidad, pues hoy de nuevo, cual Ave Fénix renaciente de sus cenizas, se han reavivado las polémicas en torno a la necesidad y conveniencia de la imposición de las sucesiones, e incluso de su justicia. Antonio Aparicio es Doctor en Derecho por las Universidades de Valladolid y Bolonia. Realizó estudios en las Universidades de Valladolid, Politécnica de Madrid, Siena y Bolonia. Autor de 18 libros y de más de cien artículos de Derecho Financiero. Profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Oviedo, acreditado a catedrático. Miembro honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, socio colaborador de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid y académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.
La renovada formulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a finales de 2012 (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) ha dado lugar a un intenso y sonado debate sobre el papel que han de desempeñar las tasas judiciales y su encaje en nuestro sistema judicial. Hace falta por eso mismo tratar de ajustar y perfilar los contornos de esta figura, y con este propósito el libro propone un recorrido inspirado por dos ideas fuerza: de un lado, la necesidad de explicar la complejidad y el grado de precisión y tino que se requiere para alcanzar una convivencia armónica entre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, que es la primera de todas las demás, y las tasas judiciales, poniendo especial acento en las enseñanzas que proporciona la dilatada y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. De otro, la importancia de advertir la significación y el impacto particulares de las tasas judiciales en el contexto de una justicia tan singular como es la administrativa, donde está en juego mucho más que la defensa del interés particular del recurrente. Una especialidad que el legislador no ha acertado a retratar en toda su extensión y que, en combinación con otros obstáculos en el acceso al proceso como la reforma de las costas procesales en la primera instancia, puede hacer perder vitalidad al control judicial de nuestras Administraciones Públicas.
Con una redacción clara y un vocabulario alejado de todo tecnicismo, a partir de una serie de casos reales se denuncia públicamente una problemática social de sangrante actualidad, como es la que están padeciendo niños y niñas en el contexto de ciertos divorcios. La vida novelada de un psiquiatra, el Dr. Medina, sirve para introducir con logrado acierto conceptos como el Síndrome de alienación parental y el Maltrato emocional en la infancia, apostando por la Custodia Compartida como la única opción justa y adecuada en caso de ruptura, proponiendo pautas y planteamientos legales para su defensa, criticando abiertamente el radicalismo del feminismo de género que, en pleno siglo XXI, aún bloquea cualquier tipo de vía que conduzca a una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, contraponiéndole a éste otras opciones de feminismo más maduras, razonables, modernas, sanas, viables y operativas. Las páginas que siguen muestran en toda su crudeza que se está atentando contra la infancia, que la niñez, esa etapa crucial en nuestras vidas que nos convierte en persona, ya no es lo que era, pues para muchos infantes se ha transformado en una travesía interminable y dolorosa. Como remate, la obra se completa con un breve anexo de jurisprudencia e interesantes páginas webs de asociaciones, buscadores de legislación, otras afines a la temática tratada y libros recomendados en su introducción. J. R. José Riqueni Barrios presentó sus dos primeros libros Días de caza menor y El Periche en la Feria del Libro de Sevilla, en los años 2012 y 2013 respectivamente. Ahora, con El psiquiatra de almas pequeñas, se adentra en un nuevo registro literario, componiendo una obra original, de narrativa lúcida y moderna, que aúna con lograda maestría la novela y el ensayo.
El Memento IVA realiza en un solo volumen el análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la normativa referente a este complejo y laberíntico impuesto, ofreciéndole una referencia de consulta rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones que pueden surgir en su aplicación práctica. · El examen más completo En él se profundiza de forma sistemática en cada aspecto del impuesto, para que pueda obtener en pocos segundos una visión clara y precisa del hecho imponible, de las obligaciones formales que origina, de los diferentes tipos impositivos, exenciones, deducciones, devoluciones, regímenes especiales. · El estudio más práctico y clarificador Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada supuesto específico, acompañándole a lo largo de todo el impuesto. · Con el análisis de todas las novedades Una obra rigurosamente actualizada con todas las novedades normativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior y entre las que podemos destacar: - Nuevo Régimen especial del criterio de caja; - Modificaciones relativas a los regímenes de servicios de telecomunicaciones y por vía electrónica; - Nuevas obligaciones formales, registrales y de facturación en base al régimen especial del criterio de caja; - Etc. · Sin olvidar la jurisprudencia y normativa europeas Encontrará el examen de la doctrina constituida por las principales sentencias dictadas por el TJUE en los últimos años, toda vez que se hace necesaria la observancia y correcta interpretación de la legislación europea, Reglamentos y Directivas, en nivel de paridad con las leyes españolas. Benefíciese de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La regulación legal de la institución del despido colectivo ha sufrido numerosas modificaciones en los últimos años. Algunas, de profundo calado; otras, complementarias o de matiz. Para tener un fiel conocimiento de todos estos cambios, la presente edición ofrece el texto completo de los Reales Decretos 1.483 y 1.484/2012, de 29 de octubre, de aprobación del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. Se incluye además la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, así como una selección actualizada del Estatuto de los Trabajadores y de las Leyes Concursal, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y de la Jurisdicción Social. Los textos se completan con la Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, y el Convenio 158 OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo. Esta recopilación se completa con un importante aparataje de notas a pie de página, tanto de vigencia como de normas complementarias, así como un completo índice analítico de legislación, en el que se seccionan conceptualmente las normas y sus diversas materias, y un índice analítico de jurisprudencia, en el que se resumen los pronunciamientos jurisprudenciales más relevante sobre el despido colectivo que se han dictado desde el comienzo del proceso reformador de la institución en junio de 2010.
La defensa de las víctimas es uno de los elementos esenciales sobre los que se construye la Justicia Penal Internacional; sin embargo, hasta la llegada del Estatuto de Roma (1998) por el que se creó la Corte Penal Internacional, las víctimas no tenían la posibilidad de alegar ni probar en los juicios ante los Tribunales Penales Internacionales (Nüremberg, Tokio, ex Yugoslavia o Ruanda). Tampoco podían solicitar la compensación y restitución del daño dentro del mismo procedimiento, debiendo acudir a las jurisdicciones nacionales. Su actuación se limitaba a ser oídos como testigos de la acusación, cuando eran llamados. El Estatuto de Roma modifica esta situación, otorgando a las víctimas la posibilidad real de participar en el procedimiento a través de un abogado (legal representative) que actuará como acusación al lado del fiscal. El Estatuto y la demás normativa aplicable configuran un régimen de intervención procesal que no puede equipararse al de las genuinas partes del proceso (fiscalía y la defensa), pero que permite una actuación sustancial de las víctimas en la práctica totalidad de las fases del proceso. Asimismo, será la Corte la que resuelva sobre la compensación y reparación a los perjudicados, asignándose para ello un relevante papel a su representación y defensa. La presente monografía analiza todas las posibilidades procesales de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, con base en los textos normativos que rigen su actuación y con cita de abundante jurisprudencia emanada de sus diferentes Salas. Como introducción a todo ello, la obra dedica un relevante apartado al análisis de las instituciones de la Corte, aproximándose tanto al derecho penal sustantivo como al derecho procesal dimanante de su normativa. Por último, se realiza un estudio del sistema de participación procesal de las víctimas en el Special Tribunal for Lebanon y en las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. El presente trabajo aparece prologado por la eminente jurista brasileña Sylvia Steiner, actualmente, y desde el año 2003, Jueza de la Corte Penal Internacional.
Esta obra, tiene 138 años de historia y cuenta con 22 ediciones que han incorporado las tres grandes reformas procesales: la inicial de la LEC de 1855 (ediciones 1.ª y 2.ª), la LEC de 1881 (ediciones 3.ª a 22.ª) y la LEC de 2000 (edición 23.ª). La entrada en vigor de la LEC de 2000 ha constituido el mayor de los retos para esta obra, tan dilatada en el tiempo, toda vez que los profundos cambios que se han efectuado en el proceso han obligado a rehacerla totalmente, tanto en su aspecto legislativo, de comentarios, formularios, jurisprudencia y bibliografía (los cinco grandes capítulos en que se estructura ahora la misma) como en su adaptación al estado de la ciencia procesal y de los medios técnicos actuales. Se combina la tradición jurídica con la atención a las necesidades telemáticas actuales de cualquier operador jurídico y se ofrece al lector una visión profunda del proceso en todos sus aspectos y especialidades, combinando los comentarios doctrinales con la jurisprudencia y los formularios de uso ordinario ante los Tribunales de Justicia y facilitando su tratamiento informático y consulta telemática. Los años transcurridos desde la entrada en vigor de la LEC de 2000, explicables ante la complejidad de la obra realizada, ha permitido incorporar no solo la corrección de las omisiones o desajustes que se detectaron en la LEC nada más iniciar su aplicación, sino también las reformas parciales que, con más o menos importancia, se han ido sucediendo. Asimismo, se ha podido incorporar un cuerpo jurisprudencial nuevo en relación con la aplicación de la LEC de 2000 con una selección cuidada y clasificada de las sentencias, especialmente las del Tribunal Supremo, con la finalidad de que la obra no pierda su espíritu eminentemente práctico y pueda dar respuesta a la mayor parte de las preguntas que se suceden en la aplicación diaria de la LEC ante los Tribunales de Justicia. La obra sigue estando destinada, como desde su primera edición, a constituir una herramienta de trabajo completa, práctica y sencilla para los jueces, secretarios judiciales, abogados y procuradores encargados de la aplicación de las leyes ante los Tribunales de justicia, pero contiene un previo y exhaustivo análisis de cada institución procesal. Persigue, pues, dar respuestas prácticas a los problemas que se suscitan a diario ante los Juzgados y Tribunales españoles sin renunciar al rigor científico ni a la incorporación crítica de las distintas soluciones ofrecidas por los tratadistas en las publicaciones sobre la materia. No obstante, se debe advertir que el procedimiento sobre tráfico y seguridad vial ha sido objeto últimamente por el legislador de un apartamiento del procedimiento general, razón por la cual se hace una referencia en este trabajo, aunque sea somera. Jesús Corbal Fernández, apoyado por un formidable equipo de juristas que han colaborado con él, ha hecho valer el ingente saber acumulado durante su dilatada trayectoria en el Alto Tribunal (Sala I de lo Civil) para dar vida a la que, probablemente, constituye la edición más renovada y esforzada de la Práctica Procesal Civil. La obra dispone un microsite dedicado, en exclusiva, a la consulta, edición y descarga de los más de 2.5000 formularios que incorpora la obra.
Los tributos locales y el régimen fiscal de los Ayuntamientos es una obra eminentemente práctica preparada cuidadosamente por Inspectores de Hacienda, profesores universitarios y abogados en ejercicio que pretende abordar de una forma clara toda la problemática que encierra actualmente los tributos locales. Para ello, con ayuda de numerosos ejemplos prácticos, algunos de ellos entresacados de la jurisprudencia más novedosa se desgranan todos los tributos que tienen ocasión de liquidarse en la esfera local, así como otros tributos estatales con incidencia para las Corporaciones Locales (Impuesto sobre Sociedades e IVA). Junto a las consideraciones críticas que se realizan sobre todos los tributos locales (Impuestos obligatorios y potestativos, tasas y precios públicos, así como contribuciones especiales), el libro además dedica también especial atención a aquellos aspectos que son susceptibles de una mejora técnica con vistas a que puedan corregirse determinadas disfunciones actuales del sistema tributario local con ocasión de la futura reforma fiscal de las Haciendas Locales. Dicho libro tiene como objetivo principal priorizar la claridad en los planteamientos que se recogen a lo largo de la obra al objeto de que pueda ser una guía fundamentalmente técnica pero también con un interés eminentemente práctico, y tanto para personas legas en la materia local, así como para aquellas que aún siendo especialistas en esta esfera decidan acercarse al libro para buscar una solución ordenada y clara al problema con el que se enfrentan diariamente como profesionales en el ejercicio de su actividad, o bien directamente desde la gestión tributaria como Administración Local .
El proceso social presenta múltiples problemas aplicativos en tanto que su práctica real, basada en el proceso verbal, la inmediación y la instancia única, conlleva que muchas inercias consuetudinarias en juzgados y tribunales se hayan ido conformando a través del día a día de los conflictos sociales y la jurisprudencia. La presente obra intenta dar una respuesta rápida y ágil a los interrogantes que pueden tener los profesionales en su ejercicio profesional, siguiendo los grandes apartados y capítulos de la propia Ley Reguladora. A dichos efectos se ha optado por un texto eminentemente práctico, huyendo de la mera dogmática para insertarse en el terreno de la realidad del fuero laboral. En esa tónica se incluyen multitud de referencias a la jurisprudencia, integrando formularios y respuestas a aspectos prácticos. El texto se complementa con un exhaustivo índice que permite en forma ágil acceder a los contenidos integrados.
La presente obra viene a abordar la problemática de la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales, basándose principalmente en la búsqueda de instrumentos jurídicos que permitan de un lado, resolver la problemática de la insolvencia empresarial desde su raíz, y de otro, reducir el impacto de sus efectos, especialmente sobre aquellos que recaen sobre los perjudicados directos, ésto es, los trabajadores. El estudio viene a analizarse la insolvencia empresarial desde una triple perspectiva: (1) Las causas, entre las que se encuentran principalmente la Ley 22/2003 y ulteriores reformas, la escasa responsabilidad de la persona física, el trasvase de competencias del juez social al juez mercantil, el embargo preventivo como medida cautelar, entre otras; (2) Los efectos, entre los que principalmente destacan las consecuencias de carácter negativo sobre las administraciones y organismos públicos (FOGASA, Seguridad Social y Agencia Tributaria), así como aquellos sobre los trabajadores y su economía personal o familiar; y (3) Las propuestas de lege ferenda, destacando entre otras, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aplicación del artículo 257 del código penal en relación con el artículo 307 del mismo texto legal, todo ello a tenor de la frustración de la ejecución que a menudo se produce en el ámbito de la jurisdicción social, monitorio social, la nómina como título ejecutivo, la adquisición de la empresa concursada por parte de los trabajadores, el grupo de empresas, la sucesión de éstas o la vuelta al principio de ejecución separada, entre otras. En definitiva, del proyecto se desprende que desde el comienzo de la mal denominada crisis económica, la insolvencia empresarial en el ámbito de las relaciones laborales ha dejado de entenderse como una excepcionalidad para convertirse en la regla general, tema principal a lo largo de la presente investigación y por ende, situación analizada en profundidad a lo largo de un texto verdaderamente transversal, que aborda dicha temática, tanto desde una perspectiva puramente académica como desde el ejercicio práctico de la abogacía.
Abordar el tema de las atenuantes muy cualificadas es irrumpir en un mundo de inseguridades derivadas de su propia indefinición legal. A pesar de su interés práctico como instrumento adecuado de justicia material en la individualización de la pena, empleado con relativa frecuencia por jueces y tribunales a causa de su extraordinaria eficacia degradatoria (rebaja de la pena en uno o dos grados), sus contornos y criterios de estimación no son claros, sólo la jurisprudencia ha emprendido la elaboración de un cuerpo de doctrina ?aún no acabado? sobre esta figura. El presente trabajo, tras abordar de manera sistemática la evolución legislativa de este instituto penal, realiza, por una parte, un análisis de los presupuestos y efectos de su aplicación, y; por otra, examina los criterios acuñados por la práctica judicial en su caracterización y delimitación respecto de las atenuantes ordinarias o simples y, de las eximentes incompletas, con las que si bien comparte el quantum degradatorio, se discute si las distancia su naturaleza y justificación. La presente monografía constituye, pues, el primer tratamiento específico de las atenuantes muy cualificadas y con él se pretende resolver los puntos más controvertidos en su análisis dogmatico y su consideración práctica.
La institucionalización de la justicia, que alcanza ahora su tercera edición, es el intento más completo de reconstrucción y exposición de la teoría de la justicia de Robert Alexy, nunca publicada conjuntamente como tal. Los seis capítulos del libro, publicados originalmente en alemán e inglés a lo largo de tres décadas, muestran la constante evolución del pensamiento del autor y la conexión sistemática entre las ideas nucleares de su concepción no positivista del Derecho: la relación necesaria entre derecho y moral; la inclusión de la corrección como elemento esencial del derecho y su vinculación con la noción de justicia; la necesidad de un fundamento discursivo para la justicia; el carácter institucional de la justicia propia o específica del Derecho y su identificación con los derechos humanos; la determinación negativa del umbral o mínimo infranqueable del Derecho y la justicia mediante la denominada fórmula de Radbruch (la extrema injusticia no es Derecho); la afirmación de la existencia de los derechos humanos y su aportación a la tesis de la conexión entre derecho y moral. El Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Alexy (1945-) ha sido catedrático de Derecho público y Filosofía del Derecho de la Universidad de Kiel (Alemania) y es Doctor honoris causa en más de una docena de universidades europeas y americanas. Su teoría de la argumentación jurídica, su teoría de los derechos fundamentales y de la ponderación y su concepción no positivista del Derecho han influido en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de países europeos, americanos y asiáticos y lo han convertido en uno de los juristas y filósofos del Derecho más sobresalientes de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del ordenamiento jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho Administrativo 2016 contiene 38 estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la materia, que han sido elaborados por 56 abogados de reconocido prestigio, y además incluye una selección de las normas jurídico-administrativas, la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2015. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho Administrativo, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y cuestiones más candentes de la aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo actual.