Una perspectiva de análisis jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una idéntica protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido. Estas problemáticas demuestra la dificultad de regulación específica de la temática de los medios de comunicación digitales y sobre todo el establecimiento de mecanismos de control de su actividad. La estructuración de sistemas de control o supervisión de cibermedios requiere de unas pautas y parámetros específicos, con articulación subjetiva y objetiva de mecanismos de autorregulación y unas reglas de conducta explicitadas y publicadas en el propio medio con carácter más genérico.
El ejercicio legítimo de los derechos fundamentales no puede ser determinado en abstracto, depende de su desarrollo dentro de un concreto contexto vital que determina su ajuste a las particulares características de la relación jurídica en que se desenvuelve. Esta investigación dirige sus esfuerzos a la delimitación armonizadora de los derechos fundamentales a la intimidad, secreto de las comunicaciones, protección de datos y derecho a la propia imagen en las relaciones jurídico laborales ajustando o modulando su ejercicio de acuerdo a las particularidades propias del contrato de trabajo y de las circunstancias específicas que en cada situación en concreto puedan presentarse atendiendo particularmente a la facultad del empresario para controlar y vigilar las actividades laborales de sus trabajadores.
La libertad de expresión siempre ha estado perseguida. Al poder siempre le ha asustado que circulen libremente mensajes que se escapan de su control. Así que las amenazas actuales no son ninguna novedad. Sin embargo, en nuestros días, por primera vez en siglos, aceptamos casi unánimemente que todo el mundo debe poder expresar sus ideas aunque sean molestas para el poder. O incluso, sobre todo, si son molestas para el poder. Al menos, en teoría. En la práctica, es un derecho que a menudo se queda en nada. Al contrario que los demás derechos fundamentales, parece que la libertad de expresión no tuviera un contenido esencial intangible para los poderes públicos. Este libro intenta acabar con esa idea. Se centra en aclarar qué es exactamente la libertad de expresión y ofrece una idea concisa pero profunda de su régimen jurídico. Parte de los antecedentes históricos que muestran cuándo y por qué el poder político tomó conciencia del poder de las palabras. Narra cómo intentó controlarlas y cómo, frente a ello, se ha ido abriendo paso de manera lenta pero imparable la idea de que no hay democracia sin libre intercambio de ideas. Explica luego, de manera accesible para el lego en derecho, cómo aparece regulada en nuestra Constitución y en qué casos la ciudadanía puede invocarla para expresarse con la seguridad de no poder ser molestado por ello. Traza, al final, el panorama actual y las amenazas actuales de la libre expresión, que a menudo no se esconden tanto bajo la forma de la dictadura sino de lo políticamente correcto o el discurso del odio. En definitiva, pretende servir como auténtica guía de uso de la libertad de expresión.
Una perspectiva de análisis jurídico de los medios de comunicación digitales, tanto a nivel interno como comparado, permite concluir que se plantean similares problemáticas en los diversos Estados, como pueden ser la de determinar si procede una idéntica protección constitucional y jurídica a los medios tradicionales y a los cibermedios, la corrección jurídica de medidas restrictivas como el cierre de páginas webs o blogs, la aplicación de la protección de derechos de terceras personas como mecanismo de los juicios paralelos y el alcance del derecho al olvido. Estas problemáticas demuestra la dificultad de regulación específica de la temática de los medios de comunicación digitales y sobre todo el establecimiento de mecanismos de control de su actividad. La estructuración de sistemas de control o supervisión de cibermedios requiere de unas pautas y parámetros específicos, con articulación subjetiva y objetiva de mecanismos de autorregulación y unas reglas de conducta explicitadas y publicadas en el propio medio con carácter más genérico.
El ejercicio legítimo de los derechos fundamentales no puede ser determinado en abstracto, depende de su desarrollo dentro de un concreto contexto vital que determina su ajuste a las particulares características de la relación jurídica en que se desenvuelve. Esta investigación dirige sus esfuerzos a la delimitación armonizadora de los derechos fundamentales a la intimidad, secreto de las comunicaciones, protección de datos y derecho a la propia imagen en las relaciones jurídico laborales ajustando o modulando su ejercicio de acuerdo a las particularidades propias del contrato de trabajo y de las circunstancias específicas que en cada situación en concreto puedan presentarse atendiendo particularmente a la facultad del empresario para controlar y vigilar las actividades laborales de sus trabajadores.
La libertad de expresión siempre ha estado perseguida. Al poder siempre le ha asustado que circulen libremente mensajes que se escapan de su control. Así que las amenazas actuales no son ninguna novedad. Sin embargo, en nuestros días, por primera vez en siglos, aceptamos casi unánimemente que todo el mundo debe poder expresar sus ideas aunque sean molestas para el poder. O incluso, sobre todo, si son molestas para el poder. Al menos, en teoría. En la práctica, es un derecho que a menudo se queda en nada. Al contrario que los demás derechos fundamentales, parece que la libertad de expresión no tuviera un contenido esencial intangible para los poderes públicos. Este libro intenta acabar con esa idea. Se centra en aclarar qué es exactamente la libertad de expresión y ofrece una idea concisa pero profunda de su régimen jurídico. Parte de los antecedentes históricos que muestran cuándo y por qué el poder político tomó conciencia del poder de las palabras. Narra cómo intentó controlarlas y cómo, frente a ello, se ha ido abriendo paso de manera lenta pero imparable la idea de que no hay democracia sin libre intercambio de ideas. Explica luego, de manera accesible para el lego en derecho, cómo aparece regulada en nuestra Constitución y en qué casos la ciudadanía puede invocarla para expresarse con la seguridad de no poder ser molestado por ello. Traza, al final, el panorama actual y las amenazas actuales de la libre expresión, que a menudo no se esconden tanto bajo la forma de la dictadura sino de lo políticamente correcto o el discurso del odio. En definitiva, pretende servir como auténtica guía de uso de la libertad de expresión.