Lectores de huellas dactilares, escáneres de iris, dispositivos que captan la geometría facial o las particularidades en el comportamiento de las personas: las tecnologías biométricas han pasado de la ciencia ficción a la vida cotidiana en poco más de una década. En tanto basados en una captura métrica de características anatómico-físicas o comportamentales de las personas que tienen un elevado potencial singularizante, y dado que la información obtenida se gestiona con gran celeridad, los sistemas de reconocimiento biométrico se nos presentan como una tecnología casi perfecta. Una tecnología, según la narrativa de quienes la impulsan, capaz de separar a los malos y mantenerlos alejados de los buenos. Esa perfección tecnológica que se le atribuye llama, desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales, la atención sobre este espacio en el que se alían el conocimiento científico y la ingeniería computacional, esa idea de separar los buenos y los malos e incluso el modo o los criterios que están siendo empleados para determinar de qué buenos y qué malos estamos hablando. Esta monografía aborda la realidad de los sistemas biométricos contemporáneos, las utilidades que ofrecen y su fiabilidad, así como los riesgos que plantean para los derechos fundamentales de las personas. Existe un rango amplísimo de tecnologías biométricas, con muy diferentes niveles de calidad y eficiencia, y se emplean muy diversos escenarios y contextos a lo largo y ancho del Planeta, que incluyen sistemas de identificación de los ciudadanos, los viajeros o los desplazados por conflictos bélicos, controles aeroportuarios y/o zonas de seguridad, pero también usos tales como el control horario de los trabajadores, el desbloqueo de los teléfonos móviles o el control de acceso de abonados a parques de ocio o instalaciones deportivas. Difieren, y mucho, las condiciones de procesamiento y almacenamiento de los datos biométricos, los niveles de interoperatividad entre los sistemas y/o los niveles de amenaza para la libertad, la privacidad y otros derechos de las personas. No hay duda de que en el actual contexto social necesitamos sistemas ágiles y fiables para gestionar la identidad de las personas. Pero, ¿son los sistemas automatizados de reconocimiento biométrico, esos sistemas ágiles y fiables que necesitamos? Es decir, ¿hasta qué punto y en qué sentido las tecnologías de reconocimiento biométrico pueden, en estado actual de la ciencia y la tecnología, ofrecer calidad y eficiencia en el reconocimiento de las personas y cuál es el coste social que se deriva de su aplicación en diferentes formatos y escenarios operativos? A dichas preguntas se busca respuesta con un estudio detallado de los sistemas biométricos y de los retos que plantean para la protección de los derechos fundamentales.
La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazadas por los delitos, sino también, y a veces en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios e invasivos de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones que recibe la noble denominación de «justicia penal», pero que, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que los delitos cometidos. Desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo modela el derecho penal como sistema de garantías de los derechos individuales, idóneo para minimizar, junto con la violencia de los crímenes, la violencia institucional de los aparatos represivos. Esta obra constituye una vía de acceso asequible para el conocimiento del paradigma garantista elaborado por Luigi Ferrajoli. Recupera y ordena textos menos accesibles y páginas extraídas de algunas de sus principales monografías, proporcionando al lector los puntos de referencia indispensables para orientarse en el amplio y complejo corpus de los escritos penales ferrajolianos. Incorpora además una bibliografía exhaustiva de los mismos, tanto en forma de libro o artículos como de voces de diccionario, ponencias, prólogos o entrevistas, en italiano y en castellano.
El libro que presentamos bajo el título Responsabilidad en el ámbito del Derecho público y por la lesión de los derechos fundamentales es una obra de plena actualidad jurídica y de contenido eminentemente práctico pensada, en particular, para aquellos juristas que desean especializarse en el llamado Derecho de daños. El trabajo compendia el estudio de diferentes tipos de responsabilidad civil caracterizados por la presencia de las Administraciones públicas o por la lesión de derechos reconocidos en la Constitución. En concreto, y a lo largo de cuatro capítulos, se aborda la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la derivada de los daños provocados al medio ambiente, la originada por la lesión de los llamados derechos de la personalidad (honor, intimidad y propia imagen) y la que, a modo de reparación económica por los daños ocasionados a la víctima, trae consecuencia de la comisión de delitos o faltas tras la determinación de la correspondiente responsabilidad penal. Ofrecemos, en suma, una obra necesaria para ampliar y actualizar conocimientos en materia de responsabilidad civil. Un estudio que consideramos esencial para todos aquellos profesionales que han hecho o desean hacer del Derecho de daños su ámbito de especialización. Índice: Nómina de autores Introducción Capítulo 1. La responsabilidad patrimonial de la Administración Capítulo 2. La responsabilidad por daños ambientales Capítulo 3. La responsabilidad por lesión de los derechos al honor, intimidad y propia imagen Capítulo 4. La responsabilidad civil derivada de delito Índice sistemático
Los instrumentos jurídicos que aseguran la efectividad de los derechos fundamentales son una de las piezas clave de los Estados modernos y de su calidad democrática. El constante desarrollo de las funciones del Estado trajo consigo un incremento de los conflictos entre los ciudadanos y la administración, empezando a resultar insuficientes los mecanismos clásicos de control. . La protección jurídica de los derechos y libertades se vio reforzada con los ombudsman, hoy presentes en una gran mayoría de Estados. Esta institución se caracteriza por su independencia y autoridad. En esta obra se abordan los elementos esenciales de los defensores del pueblo en España: su estatuto jurídico; su autoorganización y medios; sus funciones respecto de las administraciones y otros sujetos; la investigación y resolución de las quejas; la garantía de colaboración; la relación de los defensores del pueblo autonómicos y el estatal; los informes al Parlamento; y la evolución de sus funciones. . Profundizar en el estudio de los defensores del pueblo contribuye a la eficacia de los derechos y al control de la actividad pública, por lo que esta obra resulta de utilidad para los operadores jurídicos, tanto en el ámbito académico como en sus vertientes más prácticas, y en particular, para los especialistas en Derecho público. . Fernando Luis de Andrés Alonso es doctor en Derecho y en la actualidad desempeña las funciones de Secretario General del Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Galicia. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración General de la Xunta de Galicia y cuenta con una amplia experiencia en la administración y en sus órganos de control. También ha ejercido la docencia universitaria en Facultades de Derecho y de Sociología en Madrid y en A Coruña. . Ha publicado numerosos trabajos sobre cuestiones de Derecho público. En el ámbito del Derecho constitucional destacan Los Defensores del Pueblo y el contenido material de las leyes de presupuestos y Los Defensores impropios y el fenómeno de su proliferación. También en materia de Derecho administrativo, con especial incidencia en los aspectos ambientales, como por ejemplo El tratamiento administrativo de la contaminación acústica; Derechos fundamentales y contaminación acústica; Las últimas sentencias del Tribunal Supremo en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; La jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa en materia de contaminación acústica; El régimen jurídico del ruido nocturno provocado en la calle por las concentraciones de personas; Algunos problemas relativos al régimen jurídico de la contaminación acústica; o El medio ambiente en Galicia a la luz de los informes del Valedor do Pobo.
¿Cómo justificar la vinculatoriedad de los derechos sociales y de qué manera factibilizar su exigibilidad? Con este libro Bilchitz no solo se propone dotar de una fundamentación metaética a los derechos sociales o socioeconómicos, sino también plantear una vía concreta para su efectivización: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes (judicial review). La argumentación de Bilchitz se orienta a justificar el postulado consistente en que los derechos socioeconómicos deben ostentar una prioridad normativa equivalente a la de los derechos civiles y políticos. Dicha equiparación se basa en el argumento consistente en que las sociedades están en la obligación de tratar a todos los individuos con una importancia igual o equitativa. El reconocimiento de dicha importancia presupone para Bilchitz no solamente reconocer a los individuos su libre ejercicio de libertad, sino que además implica el garantizarles el acceso a recursos suficientes para permitirles alcanzar una amplia variedad de metas. En ello radica, según Bilchitz, el aseguramiento de que todas las personas vivan una vida valiosa.
La evolución y consolidación del derecho a la intimidad dentro del ordenamiento jurídico español es uno de los dos objetivos de estudio de la presente obra. Todos los cambios que ha experimentado desde su incursión en la Carta Magna, así como todas las transformaciones sufridas como consecuencia de los dos sistemas de derechos fundamentales que conviven en el ámbito del Viejo Continente (el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Consejo de Europa y la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea), y que tanto han influido dentro de nuestras fronteras, son el eje central que ha guiado la primera parte de la investigación. Una vez delimitada la posición y el contenido actual del derecho a la intimidad, la obra se centra en estudiar su incidencia en el caso de los menores de edad, poniendo especial atención al ámbito de los medios de comunicación y de Internet, y por supuesto de las redes sociales, teniendo en cuenta que las reglas de este derecho se transforman cuando el titular es menor.
Esta obra, fruto de la tesis doctoral realizada por la autora, va dirigida a todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, funcionarios de prisiones, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.) y constituye un eficaz instrumento de consulta en el quehacer diario de estos profesionales, al tratarse de una completa monografía sobre los derechos fundamentales que pueden resultar afectados en la ejecución de las intervenciones corporales, los requisitos que deben concurrir para la validez y eficacia de estas medidas, los problemas que surgen en la práctica jurídica y la forma de solucionarlos. Se realiza, además, un análisis exhaustivo de la regulación legal de esta materia en nuestro ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia más relevante del TEDH, TC Y TS, así como de la normativa existente en otros países de nuestro entorno, tanto europeos como iberoamericanos, EE.UU, Canadá, etc. Igualmente se aborda el estudio de otras materias íntimamente relacionadas con este ámbito y prácticamente inexploradas como la intimidad y la integridad genética o los tratamientos sanitarios obligatorios.
En 2007 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 62/149, en la que se reclamaba una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo para el año 2015, reafirmando así el compromiso de la organización internacional con la abolición de la pena de muerte e impulsando el debate en torno a ella. Este libro es una nueva contribución de la Red Académica Internacional contra la pena de muerte a este debate, que se dedica especialmente a la Comisión Internacional contra la pena de muerte y a su Presidente Federico Mayor Zaragoza.
La finalidad del presente trabajo es analizar el contenido y alcance de las garantías que deben rodear la decisión de entrega de un ciudadano, dedicando particular atención al contenido de la doctrina constitucional desarrollada con relación a la extradición y la euroorden, y a partir de la diferenciación antes apuntada entre la protección ad intra frente vulneraciones ?directas? por parte de los órganos judiciales españoles (Capítulo segundo), y la protección ad extra frente a vulneraciones ?indirectas? (Capítulo tercero). Al hilo de dicho análisis, se destacarán las novedades que, frente a la derogada Ley 3/2003, ha introducido en materia de euroorden la recientemente aprobada Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La última parte del trabajo (Capítulo cuarto) irá dirigida a analizar el texto, contexto e implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 26 de febrero de 2013, dictada en el asunto Melloni, y de la respuesta dada por el TC a la anterior con la STC 26/2014, de 13 de febrero, poniendo de relieve las tensiones que genera la asimétrica protección de los derechos en los Estados de la Unión.
En poco más de quince años, la irrupción de Internet ha cambiado nuestras vidas. Los tribunales están desempeñando una función esencial de protección de los derechos fundamentales y de resolución de conflictos. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha configurado los límites, no siempre precisos, de nuestros derechos a la vida privada y familiar o a la libertad de expresión. . El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado un derecho a la protección de los datos personales resolviendo, en sentencias de amplio eco global como L'Oréal, Digital Rights Ireland o Google Spain, cuestiones tan prácticas como cuál es el juez que debe resolver los litigios, cuál es la responsabilidad de los proveedores de servicios y de los motores de búsqueda, qué alcance tiene la lucha contra la ciberpiratería o hasta dónde puede llegar el uso por los competidores de las marcas en Internet. . Esta obra permite que los operadores jurídicos y los ciudadanos conozcan aspectos esenciales de nuestra vida referidos a la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos o el derecho al olvido; en fin, que comprendan lo que nos rodea y es cotidiano en una sociedad digital.
La obra tiene un doble objetivo. En primer lugar, analizar la intervención judicial de las comunicaciones constitucionalmente conforme en los nuevos escenarios tecnológicos (computación en la nube, móviles, ordenadores) con el fin de diferenciar tal derecho fundamental de otros que también pueden ser vulnerados con ocasión de dicha interceptación judicial: intimidad, protección de datos personales, o inviolabilidad del domicilio. En segundo lugar, verificar la protección del art. 18.3 CE en las diferentes modalidades de comunicación (electrónica, telefónica, postal, telegráfica, o mediante faxes y burofaxes) y en los supuestos especiales de intervención (empresa, centro penitenciario, intervención por los servicios de inteligencia, y suspensión de este derecho y sus garantías en los estados excepcionales).
Lectores de huellas dactilares, escáneres de iris, dispositivos que captan la geometría facial o las particularidades en el comportamiento de las personas: las tecnologías biométricas han pasado de la ciencia ficción a la vida cotidiana en poco más de una década. En tanto basados en una captura métrica de características anatómico-físicas o comportamentales de las personas que tienen un elevado potencial singularizante, y dado que la información obtenida se gestiona con gran celeridad, los sistemas de reconocimiento biométrico se nos presentan como una tecnología casi perfecta. Una tecnología, según la narrativa de quienes la impulsan, capaz de separar a los malos y mantenerlos alejados de los buenos. Esa perfección tecnológica que se le atribuye llama, desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales, la atención sobre este espacio en el que se alían el conocimiento científico y la ingeniería computacional, esa idea de separar los buenos y los malos e incluso el modo o los criterios que están siendo empleados para determinar de qué buenos y qué malos estamos hablando. Esta monografía aborda la realidad de los sistemas biométricos contemporáneos, las utilidades que ofrecen y su fiabilidad, así como los riesgos que plantean para los derechos fundamentales de las personas. Existe un rango amplísimo de tecnologías biométricas, con muy diferentes niveles de calidad y eficiencia, y se emplean muy diversos escenarios y contextos a lo largo y ancho del Planeta, que incluyen sistemas de identificación de los ciudadanos, los viajeros o los desplazados por conflictos bélicos, controles aeroportuarios y/o zonas de seguridad, pero también usos tales como el control horario de los trabajadores, el desbloqueo de los teléfonos móviles o el control de acceso de abonados a parques de ocio o instalaciones deportivas. Difieren, y mucho, las condiciones de procesamiento y almacenamiento de los datos biométricos, los niveles de interoperatividad entre los sistemas y/o los niveles de amenaza para la libertad, la privacidad y otros derechos de las personas. No hay duda de que en el actual contexto social necesitamos sistemas ágiles y fiables para gestionar la identidad de las personas. Pero, ¿son los sistemas automatizados de reconocimiento biométrico, esos sistemas ágiles y fiables que necesitamos? Es decir, ¿hasta qué punto y en qué sentido las tecnologías de reconocimiento biométrico pueden, en estado actual de la ciencia y la tecnología, ofrecer calidad y eficiencia en el reconocimiento de las personas y cuál es el coste social que se deriva de su aplicación en diferentes formatos y escenarios operativos? A dichas preguntas se busca respuesta con un estudio detallado de los sistemas biométricos y de los retos que plantean para la protección de los derechos fundamentales.
La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazadas por los delitos, sino también, y a veces en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios e invasivos de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones que recibe la noble denominación de «justicia penal», pero que, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que los delitos cometidos. Desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo modela el derecho penal como sistema de garantías de los derechos individuales, idóneo para minimizar, junto con la violencia de los crímenes, la violencia institucional de los aparatos represivos. Esta obra constituye una vía de acceso asequible para el conocimiento del paradigma garantista elaborado por Luigi Ferrajoli. Recupera y ordena textos menos accesibles y páginas extraídas de algunas de sus principales monografías, proporcionando al lector los puntos de referencia indispensables para orientarse en el amplio y complejo corpus de los escritos penales ferrajolianos. Incorpora además una bibliografía exhaustiva de los mismos, tanto en forma de libro o artículos como de voces de diccionario, ponencias, prólogos o entrevistas, en italiano y en castellano.
El libro que presentamos bajo el título Responsabilidad en el ámbito del Derecho público y por la lesión de los derechos fundamentales es una obra de plena actualidad jurídica y de contenido eminentemente práctico pensada, en particular, para aquellos juristas que desean especializarse en el llamado Derecho de daños. El trabajo compendia el estudio de diferentes tipos de responsabilidad civil caracterizados por la presencia de las Administraciones públicas o por la lesión de derechos reconocidos en la Constitución. En concreto, y a lo largo de cuatro capítulos, se aborda la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la derivada de los daños provocados al medio ambiente, la originada por la lesión de los llamados derechos de la personalidad (honor, intimidad y propia imagen) y la que, a modo de reparación económica por los daños ocasionados a la víctima, trae consecuencia de la comisión de delitos o faltas tras la determinación de la correspondiente responsabilidad penal. Ofrecemos, en suma, una obra necesaria para ampliar y actualizar conocimientos en materia de responsabilidad civil. Un estudio que consideramos esencial para todos aquellos profesionales que han hecho o desean hacer del Derecho de daños su ámbito de especialización. Índice: Nómina de autores Introducción Capítulo 1. La responsabilidad patrimonial de la Administración Capítulo 2. La responsabilidad por daños ambientales Capítulo 3. La responsabilidad por lesión de los derechos al honor, intimidad y propia imagen Capítulo 4. La responsabilidad civil derivada de delito Índice sistemático
Los instrumentos jurídicos que aseguran la efectividad de los derechos fundamentales son una de las piezas clave de los Estados modernos y de su calidad democrática. El constante desarrollo de las funciones del Estado trajo consigo un incremento de los conflictos entre los ciudadanos y la administración, empezando a resultar insuficientes los mecanismos clásicos de control. . La protección jurídica de los derechos y libertades se vio reforzada con los ombudsman, hoy presentes en una gran mayoría de Estados. Esta institución se caracteriza por su independencia y autoridad. En esta obra se abordan los elementos esenciales de los defensores del pueblo en España: su estatuto jurídico; su autoorganización y medios; sus funciones respecto de las administraciones y otros sujetos; la investigación y resolución de las quejas; la garantía de colaboración; la relación de los defensores del pueblo autonómicos y el estatal; los informes al Parlamento; y la evolución de sus funciones. . Profundizar en el estudio de los defensores del pueblo contribuye a la eficacia de los derechos y al control de la actividad pública, por lo que esta obra resulta de utilidad para los operadores jurídicos, tanto en el ámbito académico como en sus vertientes más prácticas, y en particular, para los especialistas en Derecho público. . Fernando Luis de Andrés Alonso es doctor en Derecho y en la actualidad desempeña las funciones de Secretario General del Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Galicia. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración General de la Xunta de Galicia y cuenta con una amplia experiencia en la administración y en sus órganos de control. También ha ejercido la docencia universitaria en Facultades de Derecho y de Sociología en Madrid y en A Coruña. . Ha publicado numerosos trabajos sobre cuestiones de Derecho público. En el ámbito del Derecho constitucional destacan Los Defensores del Pueblo y el contenido material de las leyes de presupuestos y Los Defensores impropios y el fenómeno de su proliferación. También en materia de Derecho administrativo, con especial incidencia en los aspectos ambientales, como por ejemplo El tratamiento administrativo de la contaminación acústica; Derechos fundamentales y contaminación acústica; Las últimas sentencias del Tribunal Supremo en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; La jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa en materia de contaminación acústica; El régimen jurídico del ruido nocturno provocado en la calle por las concentraciones de personas; Algunos problemas relativos al régimen jurídico de la contaminación acústica; o El medio ambiente en Galicia a la luz de los informes del Valedor do Pobo.
¿Cómo justificar la vinculatoriedad de los derechos sociales y de qué manera factibilizar su exigibilidad? Con este libro Bilchitz no solo se propone dotar de una fundamentación metaética a los derechos sociales o socioeconómicos, sino también plantear una vía concreta para su efectivización: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes (judicial review). La argumentación de Bilchitz se orienta a justificar el postulado consistente en que los derechos socioeconómicos deben ostentar una prioridad normativa equivalente a la de los derechos civiles y políticos. Dicha equiparación se basa en el argumento consistente en que las sociedades están en la obligación de tratar a todos los individuos con una importancia igual o equitativa. El reconocimiento de dicha importancia presupone para Bilchitz no solamente reconocer a los individuos su libre ejercicio de libertad, sino que además implica el garantizarles el acceso a recursos suficientes para permitirles alcanzar una amplia variedad de metas. En ello radica, según Bilchitz, el aseguramiento de que todas las personas vivan una vida valiosa.
La evolución y consolidación del derecho a la intimidad dentro del ordenamiento jurídico español es uno de los dos objetivos de estudio de la presente obra. Todos los cambios que ha experimentado desde su incursión en la Carta Magna, así como todas las transformaciones sufridas como consecuencia de los dos sistemas de derechos fundamentales que conviven en el ámbito del Viejo Continente (el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Consejo de Europa y la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea), y que tanto han influido dentro de nuestras fronteras, son el eje central que ha guiado la primera parte de la investigación. Una vez delimitada la posición y el contenido actual del derecho a la intimidad, la obra se centra en estudiar su incidencia en el caso de los menores de edad, poniendo especial atención al ámbito de los medios de comunicación y de Internet, y por supuesto de las redes sociales, teniendo en cuenta que las reglas de este derecho se transforman cuando el titular es menor.
Esta obra, fruto de la tesis doctoral realizada por la autora, va dirigida a todos los operadores jurídicos (jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, funcionarios de prisiones, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.) y constituye un eficaz instrumento de consulta en el quehacer diario de estos profesionales, al tratarse de una completa monografía sobre los derechos fundamentales que pueden resultar afectados en la ejecución de las intervenciones corporales, los requisitos que deben concurrir para la validez y eficacia de estas medidas, los problemas que surgen en la práctica jurídica y la forma de solucionarlos. Se realiza, además, un análisis exhaustivo de la regulación legal de esta materia en nuestro ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia más relevante del TEDH, TC Y TS, así como de la normativa existente en otros países de nuestro entorno, tanto europeos como iberoamericanos, EE.UU, Canadá, etc. Igualmente se aborda el estudio de otras materias íntimamente relacionadas con este ámbito y prácticamente inexploradas como la intimidad y la integridad genética o los tratamientos sanitarios obligatorios.
En 2007 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 62/149, en la que se reclamaba una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo para el año 2015, reafirmando así el compromiso de la organización internacional con la abolición de la pena de muerte e impulsando el debate en torno a ella. Este libro es una nueva contribución de la Red Académica Internacional contra la pena de muerte a este debate, que se dedica especialmente a la Comisión Internacional contra la pena de muerte y a su Presidente Federico Mayor Zaragoza.
La finalidad del presente trabajo es analizar el contenido y alcance de las garantías que deben rodear la decisión de entrega de un ciudadano, dedicando particular atención al contenido de la doctrina constitucional desarrollada con relación a la extradición y la euroorden, y a partir de la diferenciación antes apuntada entre la protección ad intra frente vulneraciones ?directas? por parte de los órganos judiciales españoles (Capítulo segundo), y la protección ad extra frente a vulneraciones ?indirectas? (Capítulo tercero). Al hilo de dicho análisis, se destacarán las novedades que, frente a la derogada Ley 3/2003, ha introducido en materia de euroorden la recientemente aprobada Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La última parte del trabajo (Capítulo cuarto) irá dirigida a analizar el texto, contexto e implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 26 de febrero de 2013, dictada en el asunto Melloni, y de la respuesta dada por el TC a la anterior con la STC 26/2014, de 13 de febrero, poniendo de relieve las tensiones que genera la asimétrica protección de los derechos en los Estados de la Unión.
En poco más de quince años, la irrupción de Internet ha cambiado nuestras vidas. Los tribunales están desempeñando una función esencial de protección de los derechos fundamentales y de resolución de conflictos. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha configurado los límites, no siempre precisos, de nuestros derechos a la vida privada y familiar o a la libertad de expresión. . El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado un derecho a la protección de los datos personales resolviendo, en sentencias de amplio eco global como L'Oréal, Digital Rights Ireland o Google Spain, cuestiones tan prácticas como cuál es el juez que debe resolver los litigios, cuál es la responsabilidad de los proveedores de servicios y de los motores de búsqueda, qué alcance tiene la lucha contra la ciberpiratería o hasta dónde puede llegar el uso por los competidores de las marcas en Internet. . Esta obra permite que los operadores jurídicos y los ciudadanos conozcan aspectos esenciales de nuestra vida referidos a la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos o el derecho al olvido; en fin, que comprendan lo que nos rodea y es cotidiano en una sociedad digital.
La obra tiene un doble objetivo. En primer lugar, analizar la intervención judicial de las comunicaciones constitucionalmente conforme en los nuevos escenarios tecnológicos (computación en la nube, móviles, ordenadores) con el fin de diferenciar tal derecho fundamental de otros que también pueden ser vulnerados con ocasión de dicha interceptación judicial: intimidad, protección de datos personales, o inviolabilidad del domicilio. En segundo lugar, verificar la protección del art. 18.3 CE en las diferentes modalidades de comunicación (electrónica, telefónica, postal, telegráfica, o mediante faxes y burofaxes) y en los supuestos especiales de intervención (empresa, centro penitenciario, intervención por los servicios de inteligencia, y suspensión de este derecho y sus garantías en los estados excepcionales).