En el arco temporal que va desde junio de 2004 a diciembre de 2018, el presente estudio da cuenta de más de 50 sentencias del Tribunal Constitucional cuyo denominador común viene constituido por algún aspecto relativo al ámbito familiar con incidencia en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entre otros aspectos así ocurre, por ejemplo, con los que refieren al embarazo de las trabajadoras, a la maternidad y paternidad de hombres y mujeres trabajadores, a su conciliación de la vida familiar y laboral o a la protección social pública de las familias. Materias todas ellas en las que, generalmente, el artículo 39 de la Constitución no aparece contemplado como el precepto constitucional principal, sino tan solo de una forma tangencial en relación con otros derechos fundamentales en juego (muy especialmente el de igualdad). A tal efecto la obra se estructura en dos grandes apartados (a los que se añadiría un tercero de carácter más bien anecdótico sobre proceso laboral). En el primero de ellos (Familia y relaciones laborales) se abordan materias tan dispares como, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, la resolución del período de prueba, la extinción del contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, la promoción profesional o las reducciones de jornada por cuidado de hijos. En el segundo (Familia y protección social) se abordan cuestiones tales como, por ejemplo, las pensiones de viudedad, orfandad o las responsabilidades familiares en los supuestos de desempleo. Con este enfoque material, la doctrina social reciente del Tribunal Constitucional es analizada en todos los casos bajo una misma e idéntica metodología práctica: datos básicos de las sentencias comentadas, marco jurídico básico de referencia, cuestión suscitada, doctrina del Tribunal Constitucional y comentario.
La trayectoria académica de Bartolomé Clavero, todavía en curso, ha venido fructificando en una obra extensa e influyente. El espíritu renovador de sus aportaciones, la combatividad con la que las defiende, su apertura a campos del conocimiento distintos al suyo de origen, la preocupación por mantener la conexión con la realidad viva del presente, y también su fuerte compromiso profesional y ciudadano, son algunas de las cualidades que le han granjeado el aprecio de sus alumnos, de sus discípulos, de sus colegas, de sus lectores. Este libro recoge una parte necesariamente pequeña de ese reconocimiento, el homenaje de un conjunto de buenos conocedores de su obra, juristas e historiadores cuyas aportaciones inciden en algunas de las áreas temáticas predilectas de Bartolomé Clavero: la cultura jurídica de la modernidad, las constituciones pensadas y las vigentes, la construcción de identidades individuales y colectivas en un espacio de derechos, la trascendencia de la memoria en razón de justicia y de ciudadanía. En esos cuatro ámbitos, las contribuciones incluidas en este libro han querido participar del carácter renovador, combativo, abierto, vivo y comprometido del autor a quien se dedican.
Dentro del conjunto de bienes juridicos susceptibles de proteccion en el nuevo entorno constitucional, el derecho al agua ocupa un lugar preponderante.
La objeción de conciencia, entendida como la facultad del individuo para incumplir un deber jurídico por motivos ideológicos o religiosos, constituye uno de los fenómenos más sugerentes y controvertidos de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Nuevas pretensiones de objeción de conciencia ente obligaciones jurídicas más recientes que otras "clásicas" frente a las que tradicionalmente se había venido ejerciendo la objeción, muestran la actualidad de esta problemática. Dos son las posiciones que se han sostenido sobre la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia: bien se trata de un derecho fundamental directamente ejercitable ex artículo 16CE, o bien es un derecho distinto, no fundamental -a diferencia de la militar del artículo 30.2 CE-, que sólo existe en tanto se reconozca por la Constitución o las leyes. Esta última, con matices, es la posición defendida en este trabajo, a partir de las conclusiones extraídas del estudio de la doctrina científica, el Derecho comparado y la jurisprudencia (zigzagueante en el caso de la jurisprudencia constitucional española). Consecuentemente, se proporcionan una serie de criterios al legislador para la regulación de los distintos supuestos de objeción y, a partir de estas pautas, se ponderan los intereses en juego en los casos más relevantes, apostándose por la legitimación de algunas objeciones de conciencia y rechazándose la de otras.
Esta obra se inicia con un estudio preliminar sobre la organización, funcionamiento y principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. A continuación aborda la organización interna y su naturaleza jurídica, luego analiza su competencia contenciosa. En este apartado estudia la competencia personal o subjetiva. Sigue con el tema de la competencia de la Corte por razón de la materia. También se exponen las competencias consultivas y de arbitraje y el análisis de las medidas provisionales que puede dictar interlocutoriamente la Corte. Finalmente, trata someramente sobre la jurisprudencia de la Corte en materia de garantías judiciales y debido proceso, así como sobre el principio de legalidad en materia penal, para concluir con el estudio de la libertad de información. Como anexo se incluyen las principales 25 sentencias dictadas por la Corte a junio de 2011.
¿Por qué no se cumplen los derechos humanos incluso allí donde están reconocidos jurídicamente? ¿Cómo podemos favorecer su implantación en las conciencias y las vidas de la gente? Las respuestas no son sencillas porque las propias realidades en las que se trata de instaurar los derechos humanos tampoco lo son. El problema que entrañan tales derechos fundamentales sólo podrá ser resuelto mediante el conocimiento de las causas y los procesos que en cada situación inducen a determinadas personas, grupos o instituciones a vulnerar o promover esos derechos. Por otra parte, las condiciones sociales que favorecen los actuales retrocesos y avances en materia de derechos humanos en el mundo incluyen una importantísima dimensión subjetiva, es decir, psicológica o psicosocial, cuyo análisis puede resultar esclarecedor para quienes se ocupan o preocupan de estas cuestiones. Preparado por expertos investigadores provenientes de la Psicología, este libro abarca temas como los de la cultura y los valores morales, los derechos violentados de mujeres, menores y grupos étnicos, la violencia política, los efectos de la represión política, los movimientos sociales y su influencia en la consolidación de la democracia, los procesos de reconciliación nacional, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, la atención a los refugiados políticos, el voluntariado y el desarrollo local, el papel de la educación en la formación de ciudadanos responsables, tolerantes y pacíficos. Los estudios psicológicos pueden desempeñar un doble e importante papel en la protección y en la restauración de los derechos humanos. Esta obra es, sin duda, una contribución de gran calidad a ese importante y necesario cometido. Federico Mayor Zaragoza. Luis de la Corte Ibañez es profesor de Psicología social de la Universidad Autónoma de Madrid. Amalio Blanco es catedrático de Psicología social de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel Sabucedo es catedrático de Psicología social de la Universidad de Santiago de Compostela.
La publicación que aquí presentamos supone, antes que nada, un diálogo con nuestras propias convicciones, acaso puestas en cuestión por vía del artificio fílmico, que hábiles han sabido aprovechar cada uno de nuestros autores.
El objetivo prioritario de este libro es el análisis de las tareas decisivas que incumben a los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
Las libertades reguladas por el artículo 20 CE son esenciales en un sistema democrático, aunque la determinación de su contenido esencial y de sus límites no es tarea sencilla. En los últimos tiempos se han constatado nuevos frentes que exceden de la delimitación de su alcance tradicional y que tienen que ver con la oscilante praxis judicial y de la policía de seguridad en materia de delitos de enaltecimiento del terrorismo, odio o injurias a la Corona, que ha comprometido la libertad de expresión, especialmente la ejercida a través de las redes sociales. También recientemente, el ejercicio del derecho de manifestación y reunión, incluso ante las sedes parlamentarias o en su modalidad a domicilio (escraches), así como la exhibición de símbolos políticos en el espacio público e institucional, ha concitado un enconado debate en el que ha terciado la jurisdicción constitucional, ordinaria y europea, así como las administraciones y la policía de seguridad, en que se dirime la prevalencia del derecho a un espacio público neutral, exento de injerencias políticas, o el derecho a un espacio legítimamente politizado en consonancia con la naturaleza propia de toda sociedad pluralista.
En el arco temporal que va desde junio de 2004 a diciembre de 2018, el presente estudio da cuenta de más de 50 sentencias del Tribunal Constitucional cuyo denominador común viene constituido por algún aspecto relativo al ámbito familiar con incidencia en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entre otros aspectos así ocurre, por ejemplo, con los que refieren al embarazo de las trabajadoras, a la maternidad y paternidad de hombres y mujeres trabajadores, a su conciliación de la vida familiar y laboral o a la protección social pública de las familias. Materias todas ellas en las que, generalmente, el artículo 39 de la Constitución no aparece contemplado como el precepto constitucional principal, sino tan solo de una forma tangencial en relación con otros derechos fundamentales en juego (muy especialmente el de igualdad). A tal efecto la obra se estructura en dos grandes apartados (a los que se añadiría un tercero de carácter más bien anecdótico sobre proceso laboral). En el primero de ellos (Familia y relaciones laborales) se abordan materias tan dispares como, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, la resolución del período de prueba, la extinción del contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, la promoción profesional o las reducciones de jornada por cuidado de hijos. En el segundo (Familia y protección social) se abordan cuestiones tales como, por ejemplo, las pensiones de viudedad, orfandad o las responsabilidades familiares en los supuestos de desempleo. Con este enfoque material, la doctrina social reciente del Tribunal Constitucional es analizada en todos los casos bajo una misma e idéntica metodología práctica: datos básicos de las sentencias comentadas, marco jurídico básico de referencia, cuestión suscitada, doctrina del Tribunal Constitucional y comentario.
La trayectoria académica de Bartolomé Clavero, todavía en curso, ha venido fructificando en una obra extensa e influyente. El espíritu renovador de sus aportaciones, la combatividad con la que las defiende, su apertura a campos del conocimiento distintos al suyo de origen, la preocupación por mantener la conexión con la realidad viva del presente, y también su fuerte compromiso profesional y ciudadano, son algunas de las cualidades que le han granjeado el aprecio de sus alumnos, de sus discípulos, de sus colegas, de sus lectores. Este libro recoge una parte necesariamente pequeña de ese reconocimiento, el homenaje de un conjunto de buenos conocedores de su obra, juristas e historiadores cuyas aportaciones inciden en algunas de las áreas temáticas predilectas de Bartolomé Clavero: la cultura jurídica de la modernidad, las constituciones pensadas y las vigentes, la construcción de identidades individuales y colectivas en un espacio de derechos, la trascendencia de la memoria en razón de justicia y de ciudadanía. En esos cuatro ámbitos, las contribuciones incluidas en este libro han querido participar del carácter renovador, combativo, abierto, vivo y comprometido del autor a quien se dedican.
Dentro del conjunto de bienes juridicos susceptibles de proteccion en el nuevo entorno constitucional, el derecho al agua ocupa un lugar preponderante.
La objeción de conciencia, entendida como la facultad del individuo para incumplir un deber jurídico por motivos ideológicos o religiosos, constituye uno de los fenómenos más sugerentes y controvertidos de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Nuevas pretensiones de objeción de conciencia ente obligaciones jurídicas más recientes que otras "clásicas" frente a las que tradicionalmente se había venido ejerciendo la objeción, muestran la actualidad de esta problemática. Dos son las posiciones que se han sostenido sobre la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia: bien se trata de un derecho fundamental directamente ejercitable ex artículo 16CE, o bien es un derecho distinto, no fundamental -a diferencia de la militar del artículo 30.2 CE-, que sólo existe en tanto se reconozca por la Constitución o las leyes. Esta última, con matices, es la posición defendida en este trabajo, a partir de las conclusiones extraídas del estudio de la doctrina científica, el Derecho comparado y la jurisprudencia (zigzagueante en el caso de la jurisprudencia constitucional española). Consecuentemente, se proporcionan una serie de criterios al legislador para la regulación de los distintos supuestos de objeción y, a partir de estas pautas, se ponderan los intereses en juego en los casos más relevantes, apostándose por la legitimación de algunas objeciones de conciencia y rechazándose la de otras.
Esta obra se inicia con un estudio preliminar sobre la organización, funcionamiento y principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. A continuación aborda la organización interna y su naturaleza jurídica, luego analiza su competencia contenciosa. En este apartado estudia la competencia personal o subjetiva. Sigue con el tema de la competencia de la Corte por razón de la materia. También se exponen las competencias consultivas y de arbitraje y el análisis de las medidas provisionales que puede dictar interlocutoriamente la Corte. Finalmente, trata someramente sobre la jurisprudencia de la Corte en materia de garantías judiciales y debido proceso, así como sobre el principio de legalidad en materia penal, para concluir con el estudio de la libertad de información. Como anexo se incluyen las principales 25 sentencias dictadas por la Corte a junio de 2011.
¿Por qué no se cumplen los derechos humanos incluso allí donde están reconocidos jurídicamente? ¿Cómo podemos favorecer su implantación en las conciencias y las vidas de la gente? Las respuestas no son sencillas porque las propias realidades en las que se trata de instaurar los derechos humanos tampoco lo son. El problema que entrañan tales derechos fundamentales sólo podrá ser resuelto mediante el conocimiento de las causas y los procesos que en cada situación inducen a determinadas personas, grupos o instituciones a vulnerar o promover esos derechos. Por otra parte, las condiciones sociales que favorecen los actuales retrocesos y avances en materia de derechos humanos en el mundo incluyen una importantísima dimensión subjetiva, es decir, psicológica o psicosocial, cuyo análisis puede resultar esclarecedor para quienes se ocupan o preocupan de estas cuestiones. Preparado por expertos investigadores provenientes de la Psicología, este libro abarca temas como los de la cultura y los valores morales, los derechos violentados de mujeres, menores y grupos étnicos, la violencia política, los efectos de la represión política, los movimientos sociales y su influencia en la consolidación de la democracia, los procesos de reconciliación nacional, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, la atención a los refugiados políticos, el voluntariado y el desarrollo local, el papel de la educación en la formación de ciudadanos responsables, tolerantes y pacíficos. Los estudios psicológicos pueden desempeñar un doble e importante papel en la protección y en la restauración de los derechos humanos. Esta obra es, sin duda, una contribución de gran calidad a ese importante y necesario cometido. Federico Mayor Zaragoza. Luis de la Corte Ibañez es profesor de Psicología social de la Universidad Autónoma de Madrid. Amalio Blanco es catedrático de Psicología social de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel Sabucedo es catedrático de Psicología social de la Universidad de Santiago de Compostela.
La publicación que aquí presentamos supone, antes que nada, un diálogo con nuestras propias convicciones, acaso puestas en cuestión por vía del artificio fílmico, que hábiles han sabido aprovechar cada uno de nuestros autores.
El objetivo prioritario de este libro es el análisis de las tareas decisivas que incumben a los derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
Las libertades reguladas por el artículo 20 CE son esenciales en un sistema democrático, aunque la determinación de su contenido esencial y de sus límites no es tarea sencilla. En los últimos tiempos se han constatado nuevos frentes que exceden de la delimitación de su alcance tradicional y que tienen que ver con la oscilante praxis judicial y de la policía de seguridad en materia de delitos de enaltecimiento del terrorismo, odio o injurias a la Corona, que ha comprometido la libertad de expresión, especialmente la ejercida a través de las redes sociales. También recientemente, el ejercicio del derecho de manifestación y reunión, incluso ante las sedes parlamentarias o en su modalidad a domicilio (escraches), así como la exhibición de símbolos políticos en el espacio público e institucional, ha concitado un enconado debate en el que ha terciado la jurisdicción constitucional, ordinaria y europea, así como las administraciones y la policía de seguridad, en que se dirime la prevalencia del derecho a un espacio público neutral, exento de injerencias políticas, o el derecho a un espacio legítimamente politizado en consonancia con la naturaleza propia de toda sociedad pluralista.