Fundamentos de Derecho Empresarial es el resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid -algunos volcados exclusivamente en la docencia y la investigación y, otros, combinando la docencia con el ejercicio profesional del Derecho en prestigiosísimos despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades y necesidades de los nuevos grados de Derecho que el Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra Universidad. Es una obra que se estructura en cuatro volúmenes, que abarcan toda la disciplina mercantil. Para ello se ha partido de una premisa básica, reconfigurar y actualizar los viejos programas de derecho mercantil de la Licenciatura y adaptarlos al nuevo espacio, a la nueva realidad bolónica, así como al número de créditos resultantes de las asignaturas que hoy componen los Grados. Así, a este cuarto volumen, que versa sobre el derecho concursal, le han seguido en meses anteriores los volúmenes de empresario, empresa y mercado, sociedades y contratación mercantil. En ellos se analizan y desarrollan los principales conceptos e instituciones de esta rama de conocimiento. Se estudia y desarrolla lo fundamental, lo más esencial y dinámico que el alumno de grado tiene que estudiar y conocer. Los autores buscan la claridad, el rigor y sobre todo la utilidad para el estudio de los alumnos. Fundamentos es un punto de partida y aproximación inicial y principal a las instituciones mercantiles, al empresario, al mercado, las propiedades especiales, el derecho de sociedades, la contratación, el título valor y el derecho de las insolvencias.
El presente libro aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos, cuya ordenación sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, desde un enfoque práctico, considerando la Jurisprudencia del TS y la doctrina tanto del TEDH como la del TC. La redacción cuidada y clara permite al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva moderna, a los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los tribunales del orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo que es el proceso penal, desde sus inicios, las medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones que surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La sexta edición presenta importantes modificaciones y actualizaciones: Se añaden capítulos nuevos (legitimación en la teoría del Estado, la naturaleza jurídica del proceso, el derecho a confrontar la prueba, la nulidad de actuaciones; la responsabilidad del Estado juez, reflexiones acerca de la necesaria reforma del proceso penal, entre otros); Destaca la adecuación de diversas materias a causa de recientes reformas legales (art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «justicia universal», las normas sobre detención que recoge la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, modificaciones relativas a la justicia gratuita); Inclusión de numerosas Directivas comunitarias con gran incidencia en el proceso penal; Recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia relativas a cuestiones como el derecho al principio non bis in idem, la confidencialidad entre abogado y cliente y la obligación de las operadoras de conservar y ceder datos relativos a las comunicaciones; Añade la jurisprudencia y la doctrina constitucional más reciente en distintos apartados (la llamada conexión de antijuricidad, la toma de muestras biológicas para el análisis de ADN, las grabaciones con cámara oculta o la utilización de imágenes como prueba, referencia a los Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
La presente obra contiene una exposición sistematizada de los diferentes procesos que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se examinan todos los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales ) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria..), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada ), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales ).
El sector del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha ido enriqueciendo con un conjunto de normas internacionales que tienen por objeto exclusivo a un destinatario antes desconocido: la víctima. Se trata de un concepto de víctima más amplio, toda vez que en el marco de estas nuevas normas la condición de tal acontece bien como consecuencia del comportamiento del Estado, bien por el actuar de actores no estatales o, incluso, de individuos. Un comportamiento, por otra parte, concretado en la violación de normas internas (delitos) o internacionales (en materia de derechos humanos, de Derecho Internacional Penal o de Derecho Internacional Humanitario). Esas normas internacionales de nueva creación que contemplan la realidad de la víctima tienen en común la afirmación de una serie de derechos relativos a las víctimas, algunos de los cuales son derechos actualmente vigentes en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que constituyen al mismo tiempo obligaciones a cargo del Estado (obligación de asegurar el disfrute efectivo de los derechos humanos y obligación de investigar, por ejemplo). Otros, se proclaman respecto de las distintas categorías de víctimas. Así, el derecho a la justicia concretado en la obligación estatal de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas, el derecho a una justa y adecuada reparación a las víctimas y a sus familiares, el derecho a la verdad o el derecho a la memoria. Hasta la fecha, las categorías de víctimas contempladas por las normas internacionales son ocho: víctimas de delitos, víctimas del abuso de poder, víctimas de desaparición forzada de personas, víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, víctimas del terrorismo y víctimas de trata.
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
A nadie escapa la importancia que tiene la información judicial en el mundo actual, toda vez que no es más que un fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad. Hablamos de una fuente de información privilegiada que permite dar a conocer a los ciudadanos algunas de las facetas de la vida de la sociedad española. Ello no obstante, en todo proceso judicial hay derechos que es imprescindible salvaguardar y que gozan de protección constitucional; básicamente, todo lo relacionado con la presunción de inocencia de quienes se ven inmersos en un proceso judicial. El tratamiento de la información sobre procesos judiciales es importantísimo en una sociedad democrática, que debe basarse en la transparencia y el respeto a la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, no en todos los países se percibe esta transparencia en el ámbito judicial y, en algunos de ellos, existen incluso restricciones del derecho a la información por razones de orden público o seguridad, recogidas en sus ordenamientos jurídicos. En todo caso, estas medidas han de ser siempre razonables, proporcionadas y adaptadas a las circunstancias. En este libro se analiza la situación en varios países y se aportan algunas ideas y sugerencias que pueden ayudar a mejorar la garantía del derecho a la información en el ámbito judicial.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
A partir del 10 de enero de 2015 será aplicable el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (Reglamento Bruselas I, refundición), resultado de la evolución (y revolución) de más de cuarenta y cinco años en el Derecho Procesal Civil Internacional europeo. Desde el año 1976, el TJUE ha pronunciado dos centenares de sentencias interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 y el Reglamento 44/2001, que constituyen los dos antecedentes normativos del nuevo Reglamento, y que, en principio, también le son aplicables. La presente obra recoge toda esta información, de manera que a cada precepto del nuevo Reglamento le sigue, en su caso, la transcripción del correspondiente del Reglamento 44/2001 y del Convenio de Bruselas, así como una relación de las sentencias del TJUE interpretando los artículos de estos últimos textos. El lector tiene así a su disposición, reunidos en un mismo volumen, tanto los antecedentes legislativos del precepto como la jurisprudencia que lo interpreta. Al final de la obra se recoge la relación en orden cronológico de todas las sentencias dictadas por el TJUE, con expresión de los preceptos que interpretan y la referencia de su publicación.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.
La dictadura franquista coincidió con el desarrollo del cinematógrafo en España, por lo que su popularidad originó un control exhaustivo de las imágenes proyectadas. La institucionalización de la censura se convierte en un medio de subsistencia para el régimen. En los años sesenta, las circunstancias políticas propiciaron el nacimiento del Nuevo Cine Español. El movimiento irrumpió como un islote de intelectualidad en un medio constreñido y forzado a la huida de compromiso. Autores como Saura, Camus, Martín Patino o Summers filmaron sus primeras películas. El carácter efímero de la corriente creativa devino de un aperturismo calculado, inducido por factores estratégicos perfectamente calibrados por la dictadura. Sin embargo, quedaron establecidas algunas bases para una diferente óptica a la hora de crear un discurso cinematográfico que reflejara la realidad de los españoles Luis Vaquerizo García es licenciado y doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, y licenciado y doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Docente en Enseñanzas Medias desde 1993.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.
Fundamentos de Derecho Empresarial es el resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid -algunos volcados exclusivamente en la docencia y la investigación y, otros, combinando la docencia con el ejercicio profesional del Derecho en prestigiosísimos despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades y necesidades de los nuevos grados de Derecho que el Espacio Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra Universidad. Es una obra que se estructura en cuatro volúmenes, que abarcan toda la disciplina mercantil. Para ello se ha partido de una premisa básica, reconfigurar y actualizar los viejos programas de derecho mercantil de la Licenciatura y adaptarlos al nuevo espacio, a la nueva realidad bolónica, así como al número de créditos resultantes de las asignaturas que hoy componen los Grados. Así, a este cuarto volumen, que versa sobre el derecho concursal, le han seguido en meses anteriores los volúmenes de empresario, empresa y mercado, sociedades y contratación mercantil. En ellos se analizan y desarrollan los principales conceptos e instituciones de esta rama de conocimiento. Se estudia y desarrolla lo fundamental, lo más esencial y dinámico que el alumno de grado tiene que estudiar y conocer. Los autores buscan la claridad, el rigor y sobre todo la utilidad para el estudio de los alumnos. Fundamentos es un punto de partida y aproximación inicial y principal a las instituciones mercantiles, al empresario, al mercado, las propiedades especiales, el derecho de sociedades, la contratación, el título valor y el derecho de las insolvencias.
El presente libro aborda una de las materias más sometidas a cambios de los últimos tiempos, cuya ordenación sistemática resulta esencial para todo aquel que necesite adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra profundiza en la materia y en la exposición y resolución de los problemas teniendo en cuenta las soluciones doctrinales, desde un enfoque práctico, considerando la Jurisprudencia del TS y la doctrina tanto del TEDH como la del TC. La redacción cuidada y clara permite al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva moderna, a los innumerables problemas que se plantean en el acontecer diario de los tribunales del orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo que es el proceso penal, desde sus inicios, las medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones que surgen o que son precisas para comprender nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La sexta edición presenta importantes modificaciones y actualizaciones: Se añaden capítulos nuevos (legitimación en la teoría del Estado, la naturaleza jurídica del proceso, el derecho a confrontar la prueba, la nulidad de actuaciones; la responsabilidad del Estado juez, reflexiones acerca de la necesaria reforma del proceso penal, entre otros); Destaca la adecuación de diversas materias a causa de recientes reformas legales (art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, «justicia universal», las normas sobre detención que recoge la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, modificaciones relativas a la justicia gratuita); Inclusión de numerosas Directivas comunitarias con gran incidencia en el proceso penal; Recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia relativas a cuestiones como el derecho al principio non bis in idem, la confidencialidad entre abogado y cliente y la obligación de las operadoras de conservar y ceder datos relativos a las comunicaciones; Añade la jurisprudencia y la doctrina constitucional más reciente en distintos apartados (la llamada conexión de antijuricidad, la toma de muestras biológicas para el análisis de ADN, las grabaciones con cámara oculta o la utilización de imágenes como prueba, referencia a los Acuerdos de Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo).
La presente obra contiene una exposición sistematizada de los diferentes procesos que contempla la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se examinan todos los trámites a través de los cuales se desarrollan los procesos declarativos ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal), los procesos declarativos especiales (proceso monitorio, juicio cambiario, procesos matrimoniales
) y, finalmente, los procesos de ejecución (ejecución dineraria, no dineraria, ejecución hipotecaria..), tanto en la primera instancia como en las ulteriores vías de recurso (apelación, casación, acciones de revisión y rescisión). Asimismo se aborda el estudio de los distintos presupuestos de dichos procesos (jurisdicción, competencia judicial, capacidad y postulación de las partes), de sus eventuales actuaciones previas (diligencias preliminares, prueba anticipada
), medidas cautelares y demás instituciones relacionadas con los procesos civiles (formas de terminación anormal, cosa juzgada, costas procesales
).
El sector del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha ido enriqueciendo con un conjunto de normas internacionales que tienen por objeto exclusivo a un destinatario antes desconocido: la víctima. Se trata de un concepto de víctima más amplio, toda vez que en el marco de estas nuevas normas la condición de tal acontece bien como consecuencia del comportamiento del Estado, bien por el actuar de actores no estatales o, incluso, de individuos. Un comportamiento, por otra parte, concretado en la violación de normas internas (delitos) o internacionales (en materia de derechos humanos, de Derecho Internacional Penal o de Derecho Internacional Humanitario). Esas normas internacionales de nueva creación que contemplan la realidad de la víctima tienen en común la afirmación de una serie de derechos relativos a las víctimas, algunos de los cuales son derechos actualmente vigentes en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que constituyen al mismo tiempo obligaciones a cargo del Estado (obligación de asegurar el disfrute efectivo de los derechos humanos y obligación de investigar, por ejemplo). Otros, se proclaman respecto de las distintas categorías de víctimas. Así, el derecho a la justicia concretado en la obligación estatal de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas, el derecho a una justa y adecuada reparación a las víctimas y a sus familiares, el derecho a la verdad o el derecho a la memoria. Hasta la fecha, las categorías de víctimas contempladas por las normas internacionales son ocho: víctimas de delitos, víctimas del abuso de poder, víctimas de desaparición forzada de personas, víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, víctimas de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, víctimas del terrorismo y víctimas de trata.
En la presente obra, ?Intereses colectivos y legitimación activa?, se ofrece a los lectores, operadores jurídicos, profesionales y académicos, un estudio completo y minucioso sobre temas de gran relevancia teórica y práctica: los intereses colectivos y difusos, el interés legítimo y la legitimación para su defensa ante la Administración y los Tribunales. Todo ello, además, se estudia y profundiza desde una perspectiva transversal y lo más completa posible. Así, los autores de las diversas aportaciones provienen de diferentes áreas de conocimiento jurídicas: Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Filosofía del Derecho, Procesal civil y penal. Esta característica le da un valor añadido al libro pues, aparte de presentar los temas propuestos desde una perspectiva general, después se van concretando la problemática que presentan en campos tan variados como el procedimiento administrativo sancionador, en la contratación del sector público, en materia de medio ambiente, en la acción pública en urbanismo, en la defensa de consumidores y usuarios, en la publicidad ilícita, en la propiedad intelectual, en la legislación de extranjería, en el proceso de modificación de la capacidad de obrar, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de los intereses profesionales y en la legitimación de la administración concursal en el concurso de acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en la primera parte de la obra, que se inicia con un extenso estudio preliminar sobre los intereses colectivos en la jurisdicción contencioso-administrativa, se profundiza sobre la legitimación en el proceso civil, las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y el efecto de cosa juzgada en las mismas. También se trata sobre la legitimación en los procesos constitucionales, los intereses difusos bajo la óptica del Derecho civil y sobre la noción de interesado y el concepto de interés en el ámbito del Derecho administrativo español y comparado, y sobre la legitimación del acusador popular en el proceso penal. En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, aspectos generales y concretos de cuestiones jurídicas referentes a los intereses colectivos y a la legitimación, siempre necesitados de aclaración conceptual y práctica.
A nadie escapa la importancia que tiene la información judicial en el mundo actual, toda vez que no es más que un fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad. Hablamos de una fuente de información privilegiada que permite dar a conocer a los ciudadanos algunas de las facetas de la vida de la sociedad española. Ello no obstante, en todo proceso judicial hay derechos que es imprescindible salvaguardar y que gozan de protección constitucional; básicamente, todo lo relacionado con la presunción de inocencia de quienes se ven inmersos en un proceso judicial. El tratamiento de la información sobre procesos judiciales es importantísimo en una sociedad democrática, que debe basarse en la transparencia y el respeto a la formación de una opinión pública libre. Sin embargo, no en todos los países se percibe esta transparencia en el ámbito judicial y, en algunos de ellos, existen incluso restricciones del derecho a la información por razones de orden público o seguridad, recogidas en sus ordenamientos jurídicos. En todo caso, estas medidas han de ser siempre razonables, proporcionadas y adaptadas a las circunstancias. En este libro se analiza la situación en varios países y se aportan algunas ideas y sugerencias que pueden ayudar a mejorar la garantía del derecho a la información en el ámbito judicial.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
A partir del 10 de enero de 2015 será aplicable el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (Reglamento Bruselas I, refundición), resultado de la evolución (y revolución) de más de cuarenta y cinco años en el Derecho Procesal Civil Internacional europeo. Desde el año 1976, el TJUE ha pronunciado dos centenares de sentencias interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 y el Reglamento 44/2001, que constituyen los dos antecedentes normativos del nuevo Reglamento, y que, en principio, también le son aplicables. La presente obra recoge toda esta información, de manera que a cada precepto del nuevo Reglamento le sigue, en su caso, la transcripción del correspondiente del Reglamento 44/2001 y del Convenio de Bruselas, así como una relación de las sentencias del TJUE interpretando los artículos de estos últimos textos. El lector tiene así a su disposición, reunidos en un mismo volumen, tanto los antecedentes legislativos del precepto como la jurisprudencia que lo interpreta. Al final de la obra se recoge la relación en orden cronológico de todas las sentencias dictadas por el TJUE, con expresión de los preceptos que interpretan y la referencia de su publicación.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.
La dictadura franquista coincidió con el desarrollo del cinematógrafo en España, por lo que su popularidad originó un control exhaustivo de las imágenes proyectadas. La institucionalización de la censura se convierte en un medio de subsistencia para el régimen. En los años sesenta, las circunstancias políticas propiciaron el nacimiento del Nuevo Cine Español. El movimiento irrumpió como un islote de intelectualidad en un medio constreñido y forzado a la huida de compromiso. Autores como Saura, Camus, Martín Patino o Summers filmaron sus primeras películas. El carácter efímero de la corriente creativa devino de un aperturismo calculado, inducido por factores estratégicos perfectamente calibrados por la dictadura. Sin embargo, quedaron establecidas algunas bases para una diferente óptica a la hora de crear un discurso cinematográfico que reflejara la realidad de los españoles
Luis Vaquerizo García es licenciado y doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, y licenciado y doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Docente en Enseñanzas Medias desde 1993.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.
Cumplida ya la primera década del nuevo siglo y en el propósito de Thomson Reuters Aranzadi de revisar los grandes pilares del Derecho de todas las épocas, pero haciéndolo desde las distintas disciplinas jurídicas, en esta obra se estudian los contratos en particular. Civiles, mercantiles, internacionales, públicos y laborales. Y con el objeto de que la obra tenga pleno carácter interdisciplinar, cada capítulo concluye con las implicaciones fiscales que comporta la celebración de cada contrato. Ello permitirá, por poner solo un ejemplo, conocer no solamente si el arrendamiento urbano tiene un tratamiento u otro en sede de IVA o de ITP, sino también qué reflejo tendrá la celebración del contrato en el IRPF o en el IS de arrendador y arrendatario. No solamente se hallan cualquiera de los contratos por siempre presentes en los manuales y tratados de Derecho civil, mercantil e internacional privado de referencia (compraventa, arrendamiento, servicios, obra, transporte, comisión?), sino también los que han comenzado a convivir con ellos en los índices a pesar de su atipicidad legal pero desde su indiscutible tipicidad social (leasing, patrocinio, factoring, joint venture, project finance?) y los que por su sola adscripción a una familia de contratos constituyen figuras fácilmente reconocibles (contratos bancarios, del mercado de valores, contratos sobre bienes inmateriales?). No sólo los contratos sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público, sino aquellos contratos administrativos que no se rigen por ella (contratos patrimoniales, convenios adoptados en el seno de un procedimiento administrativo?). No solo el contrato laboral indefinido, sino las múltiples relaciones laborales especiales (fijos discontinuos, deportistas, tiempo parcial, alta dirección?). Se ha hecho, en fin, un especial esfuerzo para que en Contratos se ofrezca documentada respuesta a quien la busque en cualquiera de los contratos que se celebran cada día en nuestro país. Siempre, por supuesto, a la vista de la normativa vigente, la doctrina y la jurisprudencia. En esta obra tienen presencia un total de 222 contratos, agrupados en 185 capítulos en los que han participado un total de 240 autores. Hay profesores de 44 Universidades españolas, investigadores, Catedráticos y docentes de toda categoría, edad y condición, pero junto al nutrido y muy mayoritario elenco de autores provenientes del mundo académico, hay capítulos escritos por Notarios, Abogados del Estado, Magistrados, altos funcionarios de distintas Administraciones públicas o altos directivos de entidades bancarias. Y Abogados especializados en los contratos bancarios, en el mercado de valores, expertos de la propiedad intelectual y la industrial, en el ámbito del mercado inmobiliario, de la distribución, del transporte, de la financiación, o de los contratos administrativos.