Tan importante como la función de juzgar es la de hacer efectiva la declaración judicial contenida en la sentencia. Pero, en la práctica forense, la ejecución de sus pronunciamientos se sitúa en un plano secundario y es muy lenta, sin que el legislador, a lo largo de las sucesivas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya adoptado medidas adecuadas al respecto. En la presente monografía el autor analiza, de forma exhaustiva, crítica y con una perspectiva eminentemente práctica, los diversos aspectos de esta materia, estudiando de manera separada la ejecución de la responsabilidad penal (penas, medidas de seguridad, suspensión y sustitución de penas, indulto) de la civil y de las costas.
A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código Penal los directivos y órganos de gobierno eran, en su mayoría, cuanto menos reticentes a atender las exigencias que en él se recogían viéndolas como obstáculos para el negocio, a día de hoy esta mentalidad ha cambiado enormemente. Desde esta primera aparición en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han sido muchos los pasos que se han dado en esta dirección, como por ejemplo la publicación a finales de 2014 del estándar ISO 19600, la posterior publicación en 2017 de las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 la reforma del Código Penal del año 2015 y la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por último, la reciente reforma del Código Penal a inicios de 2019 así como la UNE 19602 en relación con el Compliance Tributario. La re-edición del presente Practicum Compliance amplía el análisis desde un punto de vista práctico de los diferentes elementos y exigencias que se han ido incorporando y modificando a lo largo de todo este proceso. La presente obra pretende ser una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de organización y gestión.
Las concepciones dogmaticas en que se fundamenta nuestro sistema tradicional del derecho penal, elaboradas hacia fines del pasado y comienzos del presente siglo, han experimentado durante las ultimas tres decadas correcciones considerables en cuestiones
Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la información que busca de una manera mucho más rápida y sencilla.
Desde los años ochenta del siglo XX se están produciendo una serie de cambios en la política criminal de los países de nuestro entorno cuya finalidad es endurecer la respuesta penal al delito. Uno de los ejemplos más característicos de esta nueva tendencia ha sido, sin duda, la recuperación de la cadena perpetua en España a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo. Casi un siglo después de su derogación por el Código Penal de 1928, el legislador español ha introducido la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves. Su incorporación al arsenal punitivo español ha dado lugar a un intenso debate doctrinal acerca de su necesidad, justificación y adecuación constitucional. ¿Qué delitos se castigan con esta pena? ¿Cuál es el régimen jurídico de cumplimiento? ¿Existe una justificación criminológica que avale su introducción en España? ¿Respeta su regulación el principio de legalidad penal? ¿Es una pena proporcionada? ¿Puede conciliarse esta pena con el mandato de reinserción social? ¿Es posible la rehabilitación del delincuente tras un período de cumplimiento efectivo de treinta años? ¿En qué supuestos podría calificarse la pena como inhumana? La presente obra pretende responder a éstas y otras cuestiones en un intento de abrir un debate más amplio sobre los límites del castigo en un Estado de Derecho.
Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares que permiten el control de las entidades en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En ese marco, resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o impedir las citadas potestades. Éste es examinado de forma sistemática, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación, a lo que no es ajeno la ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución de los que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas, y numerosas, infracciones administrativas. Por ello mismo se hace especial énfasis en la relación concursal del delito con estas últimas. De igual forma, se estudian los límites a dichas potestades administrativas, las cuales constituyen, simultáneamente, causas de justificación de los ilícitos penal y administrativo, en especial, los derechos a no autoincriminarse, a la inviolabilidad domiciliaria, al secreto de las comunicaciones y al ejercicio del derecho a la defensa. El trabajo se complementa con el examen de un instrumento central en la ejecución de las potestades de inspección y supervisión: la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas, materia que difícilmente puede ser desligada de la anterior. La precisión de sus requisitos y límites, particularmente al hilo de la jurisprudencia constitucional, resulta esencial para evitar el relativamente frecuente fracaso en la persecución de graves ilícitos administrativos y penales.
Tan importante como la función de juzgar es la de hacer efectiva la declaración judicial contenida en la sentencia. Pero, en la práctica forense, la ejecución de sus pronunciamientos se sitúa en un plano secundario y es muy lenta, sin que el legislador, a lo largo de las sucesivas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya adoptado medidas adecuadas al respecto. En la presente monografía el autor analiza, de forma exhaustiva, crítica y con una perspectiva eminentemente práctica, los diversos aspectos de esta materia, estudiando de manera separada la ejecución de la responsabilidad penal (penas, medidas de seguridad, suspensión y sustitución de penas, indulto) de la civil y de las costas.
A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código Penal los directivos y órganos de gobierno eran, en su mayoría, cuanto menos reticentes a atender las exigencias que en él se recogían viéndolas como obstáculos para el negocio, a día de hoy esta mentalidad ha cambiado enormemente. Desde esta primera aparición en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han sido muchos los pasos que se han dado en esta dirección, como por ejemplo la publicación a finales de 2014 del estándar ISO 19600, la posterior publicación en 2017 de las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 la reforma del Código Penal del año 2015 y la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por último, la reciente reforma del Código Penal a inicios de 2019 así como la UNE 19602 en relación con el Compliance Tributario. La re-edición del presente Practicum Compliance amplía el análisis desde un punto de vista práctico de los diferentes elementos y exigencias que se han ido incorporando y modificando a lo largo de todo este proceso. La presente obra pretende ser una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de organización y gestión.
Las concepciones dogmaticas en que se fundamenta nuestro sistema tradicional del derecho penal, elaboradas hacia fines del pasado y comienzos del presente siglo, han experimentado durante las ultimas tres decadas correcciones considerables en cuestiones
Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a las exigencias de rigor que los profesionales jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un compendio de la legislación vigente en los diferentes ámbitos que componen el derecho español, pero cabe destacar que incluyen una Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que verse el Código Básico en cuestión, así como una Relación de Preceptos modificados. Además gracias a su índice alfabético accederá a la información que busca de una manera mucho más rápida y sencilla.
Desde los años ochenta del siglo XX se están produciendo una serie de cambios en la política criminal de los países de nuestro entorno cuya finalidad es endurecer la respuesta penal al delito. Uno de los ejemplos más característicos de esta nueva tendencia ha sido, sin duda, la recuperación de la cadena perpetua en España a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo. Casi un siglo después de su derogación por el Código Penal de 1928, el legislador español ha introducido la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves. Su incorporación al arsenal punitivo español ha dado lugar a un intenso debate doctrinal acerca de su necesidad, justificación y adecuación constitucional. ¿Qué delitos se castigan con esta pena? ¿Cuál es el régimen jurídico de cumplimiento? ¿Existe una justificación criminológica que avale su introducción en España? ¿Respeta su regulación el principio de legalidad penal? ¿Es una pena proporcionada? ¿Puede conciliarse esta pena con el mandato de reinserción social? ¿Es posible la rehabilitación del delincuente tras un período de cumplimiento efectivo de treinta años? ¿En qué supuestos podría calificarse la pena como inhumana? La presente obra pretende responder a éstas y otras cuestiones en un intento de abrir un debate más amplio sobre los límites del castigo en un Estado de Derecho.
Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares que permiten el control de las entidades en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En ese marco, resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o impedir las citadas potestades. Éste es examinado de forma sistemática, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación, a lo que no es ajeno la ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución de los que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas, y numerosas, infracciones administrativas. Por ello mismo se hace especial énfasis en la relación concursal del delito con estas últimas. De igual forma, se estudian los límites a dichas potestades administrativas, las cuales constituyen, simultáneamente, causas de justificación de los ilícitos penal y administrativo, en especial, los derechos a no autoincriminarse, a la inviolabilidad domiciliaria, al secreto de las comunicaciones y al ejercicio del derecho a la defensa. El trabajo se complementa con el examen de un instrumento central en la ejecución de las potestades de inspección y supervisión: la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas, materia que difícilmente puede ser desligada de la anterior. La precisión de sus requisitos y límites, particularmente al hilo de la jurisprudencia constitucional, resulta esencial para evitar el relativamente frecuente fracaso en la persecución de graves ilícitos administrativos y penales.
