Esta obra está destinada a todo aquel que desee aprender, tanto desde el propio concepto como desde la orientación práctica enfocada a resultado, todo lo necesario en relación a los denominados ?delitos informáticos?. Y es que, pese a la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de todo lo que conllevan, el Derecho no debe permanecer ajeno a esta realidad y, por ello, en esta obra se pueden consultar de manera ordenada, práctica, clara y concisa todas las normas que, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, resultan de aplicación a todas las acciones que, tipificadas o no en el Código Penal, han de ser integradas en la figura de ?delitos informáticos?. Asimismo, a lo largo de la obra, además de hacer un ?barrido? por todo el Código Penal -haciendo hincapié en las novedades incorporadas en su última reforma e incluyendo una referencia a cuestiones de Compliance- analizando los delitos contemplados en él y cómo pueden ser cometidos haciendo uso de las TIC, se incorpora un análisis de los delitos informáticos que pueden tener lugar en/a través de Redes Sociales así como los que son consecuencia del llamado BYOT, pasando por el ransomware u otras cuestiones de ciberseguridad.
La presente obra contiene la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual. También se incluyen en este libro la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo contiene una relación de las disposiciones modificadoras del Código Penal y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
La presente monografía ofrece un completísimo inventario de modelos de denuncia, plenamente adaptados a los tipos penales vigentes. Se trata, en definitiva, de una obra de formularios completa, todos ellos orientados exclusivamente a la materialización de denuncias penales. La ordenación de los diferentes formularios se ajusta a la clasificación de las diversas figuras delictivas contempladas en el Código Penal. Cabe destacar la utilidad práctica de la obra, pues cada modelo de denuncia no solo se acompaña del correspondiente comentario doctrinal y jurisprudencial, sino también de las leyes aplicables del orden jurisdiccional, incluyendo aquéllas que aportan aspectos complementarios a la denuncia, tales como la posibilidad de solicitar las medidas de protección adecuadas a cada caso, o la mención a las ayudas estatales de índole económica de las que son tributarios muchos delitos. Especialmente valiosas resultan también las notas prácticas que matizan, en cada caso, aspectos de gran relevancia que deben de ser valorados convenientemente por el operador jurídico.
Delictum 2.0 es un libro pensado para el estudio personal de la teoría del delito. Es también un conjunto de materiales para las clases prácticas. Y un método de presentación y acceso inductivo a las categorías del delito. Dirigido a estudiantes, académicos e investigadores de Derecho penal y Criminología, el texto se plantea como un método que va del problema (el caso) a las estructuras teóricas (exposición sistemática). Ha sido ideado como un entramado de casos prácticos de la jurisprudencia y doctrina. Aborda en 14 lecciones las principales instituciones de la teoría del delito. Además, en Delictum 2.0 encontrará una serie de casos resueltos, con explicaciones adicionales, cuadros sinópticos, notas de Derecho angloamericano, bibliografía, ejercicios de autoevaluación, glosario? Estos contenidos se complementan con los que se hallan disponibles en Red: una amplia relación de casos resueltos, una sección de preguntas test para la autoevaluación, notas técnicas, más cuadros sinópticos? Tras el éxito de la primera, se presenta ahora la segunda edición, con casos adicionales. Puede ser de utilidad a quienes se inician en la técnica de resolución de casos prácticos sobre teoría del delito.
Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de mayo de 1996. Esta edición recoge el texto -concordado y anotado- del Código, modificado últimamente por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, así como las siguientes disposiciones -entre otras- concordadas con el actual Código Penal: - Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (1964). - Ley Orgánica de Represión del Contrabando (1995). - Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (2003). - Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley por la que se establecen reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto (1870). - Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). - Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2010). - Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (2002). - Constitución española (1978). Completa esta obra un extenso índice analítico, que facilita la consulta de los textos incluidos en el libro.
Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una completa visión de la legislación penal compilada en el Código y la recogida en Leyes especiales. Los autores han diseñado para ello un elaborado sistema de notas y concordancias con información detallada tanto de remisiones internas entre preceptos, como de las normas extrapenales con capacidad de incidencia en la interpretación de los distintos tipos penales. Esta vigésima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales incluye dieciocho normas repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle Muñiz y actualizada al cierre de la edición por los profesores Rosa Fernández Palma y Óscar Morales García. La distribución de normas, se agrupa en los siguientes epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su entrada en vigor y actualmente vigentes, incluidas las llevadas a cabo por LO 5/2010, de 22 de junio, por LO 3/2011, de 28 de enero y la más reciente LO 7/2012, de 27 de diciembre. III. Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral General. IV. Normas complementarias: Ley de Extradición Pasiva; Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado; Ley de la Gracia de Indulto; Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España; Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su nuevo Reglamento de Desarrollo, aprobado recientemente por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas en el exterior; Ley de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. El apartado IV se cierra con el denominado Baremo o Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación introducido como anexo al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizado a cierre de edición. La vigésima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales, completamente reformulada en sus notas y concordancias, finaliza con un índice analítico que se amplía a todas las normas reproducidas, incluida la Constitución, Legislación Penal Especial y Legislación Complementaria.
En muchas ocasiones la mujer que es objeto de violencia física o psíquica por su pareja se ve abocada a denunciar las agresiones sufridas y a alejarse de aquella, poniendo fin a la relación que les une. Esta situación le obliga a iniciar acciones civiles, para regular la nueva situación, y penales, para defender su integridad, pudiéndose solapar en el tiempo. La víctima se enfrenta, cuando menos, a dos actuaciones judiciales diferentes que derivan de una misma situación conflictiva. Para paliar las consecuencias de la dispersión de las causas judiciales, se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dotados de competencia penal y civil, con el fin de concentrar todos los procesos relativos a la víctima y su agresor ante un órgano judicial especializado. Con este mismo fin, se articuló un nuevo mecanismo procesal, la vis atractiva de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que en determinadas circunstancias desencadena el desplazamiento de los procesos civiles pendientes en primera instancia entre víctima y agresor hacia el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde se han iniciado actuaciones penales frente al hombre por causa en actos de violencia sobre la mujer. Esta obra, tras un breve pero necesario análisis conceptual de la figura, examina sus requisitos y regulación, y centra la atención en aspectos de la misma no resueltos por la ley y debatidos por los operadores jurídicos, indicando soluciones a los problemas planteados.
La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de apelación que abre esta fase del proceso, es un tema que tras años de estudio y discusión sigue estando de actualidad en nuestro país y, me atrevería a decir, que en muchos países de nuestro entorno. Esta actualidad viene marcada por el hecho de que más allá de la consideración de la segunda instancia como instrumento jurídico-técnico o como una nueva fase del proceso de declaración, alcanza la categoría de pieza básica del enjuiciamiento criminal. Además, y este es el eje central, hoy día, nuestro ordenamiento jurídico aún no ha ofrecido una respuesta legislativa al hecho de que no toda sentencia penal va a tener acceso a un recurso de apelación que abra la segunda instancia. Desde la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ de 1 de julio de 1985, que marcó las bases competenciales para la generalización de la segunda instancia penal se han sucedido numerosos intentos de plasmar la declaración programática de generalización que contenía la citada norma. En esta obra se analiza el fenómeno de la segunda instancia penal desde diferentes ópticas. La primera es un estudio del medio instrumental que, de ordinario, ha abierto la segunda instancia, esto es, el recurso de apelación. En segundo lugar se realiza un análisis de la segunda instancia como nueva fase del enjuiciamiento y sus posibilidades de configuración. Por último, se analiza la segunda instancia penal en nuestro ordenamiento jurídico desde diferentes ópticas que van, desde el análisis del derecho a la segunda instancia penal y el actual estado de cumplimiento del mismo atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la actual configuración de la segunda instancia atendiendo al eje fundamental sobre el que ha pivotado el asunto, esto es, la inmediación probatoria, fundamentalmente desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Además, aunque aún no ha pasado a su tramitación legislativa, no hemos podido obviar la existencia del Borrador del nuevo Código Procesal Penal el cual se ha analizado en cada uno de los aspectos de esta obra.
Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicación de los tipos penales indicados para las conductas responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, históricamente, por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la acción civil y la acción penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las víctimas y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el ejercicio y la renuncia a dicha acción, así como los sujetos responsables (incluidas las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de accidentes de trabajo. En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, establece claramente la competencia de esta jurisdicción para el conocimiento de las reclamaciones civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenía con la jurisdicción civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil adicional. Asimismo, se inclinan por la aplicación analógica del conocido como baremo de tráfico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la cuantificación de las indemnizaciones, haciendo especial hincapié en las distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando sobre cuáles de ellas y en qué cuantía resultan compensables con las prestaciones de la Seguridad Social. Por último, se aborda también el complejo problema que se suscita en aquellos supuestos en que por fallecimiento de la víctima durante la tramitación del procedimiento, se produce la sucesión de la misma, y cómo afecta esta a la legitimación de los herederos y a la cuantía de las indemnizaciones.
Esta obra está destinada a todo aquel que desee aprender, tanto desde el propio concepto como desde la orientación práctica enfocada a resultado, todo lo necesario en relación a los denominados ?delitos informáticos?. Y es que, pese a la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de todo lo que conllevan, el Derecho no debe permanecer ajeno a esta realidad y, por ello, en esta obra se pueden consultar de manera ordenada, práctica, clara y concisa todas las normas que, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, resultan de aplicación a todas las acciones que, tipificadas o no en el Código Penal, han de ser integradas en la figura de ?delitos informáticos?. Asimismo, a lo largo de la obra, además de hacer un ?barrido? por todo el Código Penal -haciendo hincapié en las novedades incorporadas en su última reforma e incluyendo una referencia a cuestiones de Compliance- analizando los delitos contemplados en él y cómo pueden ser cometidos haciendo uso de las TIC, se incorpora un análisis de los delitos informáticos que pueden tener lugar en/a través de Redes Sociales así como los que son consecuencia del llamado BYOT, pasando por el ransomware u otras cuestiones de ciberseguridad.
La presente obra contiene la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual. También se incluyen en este libro la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo contiene una relación de las disposiciones modificadoras del Código Penal y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
Es increíble que después de tres décadas de doctrina jurisprudencial con una interpretación en muchas ocasiones bien delimitada- de las intervenciones telefónicas, en la práctica judicial sigamos encontrándonos con irregularidades. Más sorprendente es que los tribunales ordinarios no las resuelvan correctamente y obliguen, en última instancia, a intervenir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es muy probable que todas las dificultades en relación con las escuchas telefónicas se deban en gran medida a la defectuosa regulación del art. 579 LECrim, con amplias y significativas lagunas legales. En la práctica, esta deficiente normativa ha originado que haya tenido que ser la jurisprudencia de nuestros altos tribunales la que se haya encargado de resolver la problemática de la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones con la diligencia de intervención telefónica, creando, en la mayoría de casos, una doctrina uniforme. Esta monografía, al hilo de todos y cada uno de los problemas que plantean las intervenciones telefónicas en el proceso penal, analiza y sistematiza las soluciones que han formulado doctrina y jurisprudencia, lo que permite a su autora dar su opinión crítica sobre todas las cuestiones que plantea esta compleja diligencia de investigación penal.
La presente monografía ofrece un completísimo inventario de modelos de denuncia, plenamente adaptados a los tipos penales vigentes. Se trata, en definitiva, de una obra de formularios completa, todos ellos orientados exclusivamente a la materialización de denuncias penales. La ordenación de los diferentes formularios se ajusta a la clasificación de las diversas figuras delictivas contempladas en el Código Penal. Cabe destacar la utilidad práctica de la obra, pues cada modelo de denuncia no solo se acompaña del correspondiente comentario doctrinal y jurisprudencial, sino también de las leyes aplicables del orden jurisdiccional, incluyendo aquéllas que aportan aspectos complementarios a la denuncia, tales como la posibilidad de solicitar las medidas de protección adecuadas a cada caso, o la mención a las ayudas estatales de índole económica de las que son tributarios muchos delitos. Especialmente valiosas resultan también las notas prácticas que matizan, en cada caso, aspectos de gran relevancia que deben de ser valorados convenientemente por el operador jurídico.
Delictum 2.0 es un libro pensado para el estudio personal de la teoría del delito. Es también un conjunto de materiales para las clases prácticas. Y un método de presentación y acceso inductivo a las categorías del delito. Dirigido a estudiantes, académicos e investigadores de Derecho penal y Criminología, el texto se plantea como un método que va del problema (el caso) a las estructuras teóricas (exposición sistemática). Ha sido ideado como un entramado de casos prácticos de la jurisprudencia y doctrina. Aborda en 14 lecciones las principales instituciones de la teoría del delito. Además, en Delictum 2.0 encontrará una serie de casos resueltos, con explicaciones adicionales, cuadros sinópticos, notas de Derecho angloamericano, bibliografía, ejercicios de autoevaluación, glosario? Estos contenidos se complementan con los que se hallan disponibles en Red: una amplia relación de casos resueltos, una sección de preguntas test para la autoevaluación, notas técnicas, más cuadros sinópticos? Tras el éxito de la primera, se presenta ahora la segunda edición, con casos adicionales. Puede ser de utilidad a quienes se inician en la técnica de resolución de casos prácticos sobre teoría del delito.
Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de mayo de 1996. Esta edición recoge el texto -concordado y anotado- del Código, modificado últimamente por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, así como las siguientes disposiciones -entre otras- concordadas con el actual Código Penal: - Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (1964). - Ley Orgánica de Represión del Contrabando (1995). - Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior (2003). - Ley Orgánica del Régimen Electoral General (1985). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley por la que se establecen reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto (1870). - Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). - Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2010). - Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (2002). - Constitución española (1978). Completa esta obra un extenso índice analítico, que facilita la consulta de los textos incluidos en el libro.
Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una completa visión de la legislación penal compilada en el Código y la recogida en Leyes especiales. Los autores han diseñado para ello un elaborado sistema de notas y concordancias con información detallada tanto de remisiones internas entre preceptos, como de las normas extrapenales con capacidad de incidencia en la interpretación de los distintos tipos penales. Esta vigésima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales incluye dieciocho normas repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle Muñiz y actualizada al cierre de la edición por los profesores Rosa Fernández Palma y Óscar Morales García. La distribución de normas, se agrupa en los siguientes epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la incorporación de todas las reformas operadas desde su entrada en vigor y actualmente vigentes, incluidas las llevadas a cabo por LO 5/2010, de 22 de junio, por LO 3/2011, de 28 de enero y la más reciente LO 7/2012, de 27 de diciembre. III. Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral General. IV. Normas complementarias: Ley de Extradición Pasiva; Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado; Ley de la Gracia de Indulto; Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España; Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su nuevo Reglamento de Desarrollo, aprobado recientemente por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, de transacciones económicas en el exterior; Ley de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. El apartado IV se cierra con el denominado Baremo o Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación introducido como anexo al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, actualizado a cierre de edición. La vigésima edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales, completamente reformulada en sus notas y concordancias, finaliza con un índice analítico que se amplía a todas las normas reproducidas, incluida la Constitución, Legislación Penal Especial y Legislación Complementaria.
En muchas ocasiones la mujer que es objeto de violencia física o psíquica por su pareja se ve abocada a denunciar las agresiones sufridas y a alejarse de aquella, poniendo fin a la relación que les une. Esta situación le obliga a iniciar acciones civiles, para regular la nueva situación, y penales, para defender su integridad, pudiéndose solapar en el tiempo. La víctima se enfrenta, cuando menos, a dos actuaciones judiciales diferentes que derivan de una misma situación conflictiva. Para paliar las consecuencias de la dispersión de las causas judiciales, se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dotados de competencia penal y civil, con el fin de concentrar todos los procesos relativos a la víctima y su agresor ante un órgano judicial especializado. Con este mismo fin, se articuló un nuevo mecanismo procesal, la vis atractiva de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que en determinadas circunstancias desencadena el desplazamiento de los procesos civiles pendientes en primera instancia entre víctima y agresor hacia el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde se han iniciado actuaciones penales frente al hombre por causa en actos de violencia sobre la mujer. Esta obra, tras un breve pero necesario análisis conceptual de la figura, examina sus requisitos y regulación, y centra la atención en aspectos de la misma no resueltos por la ley y debatidos por los operadores jurídicos, indicando soluciones a los problemas planteados.
La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de apelación que abre esta fase del proceso, es un tema que tras años de estudio y discusión sigue estando de actualidad en nuestro país y, me atrevería a decir, que en muchos países de nuestro entorno. Esta actualidad viene marcada por el hecho de que más allá de la consideración de la segunda instancia como instrumento jurídico-técnico o como una nueva fase del proceso de declaración, alcanza la categoría de pieza básica del enjuiciamiento criminal. Además, y este es el eje central, hoy día, nuestro ordenamiento jurídico aún no ha ofrecido una respuesta legislativa al hecho de que no toda sentencia penal va a tener acceso a un recurso de apelación que abra la segunda instancia. Desde la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ de 1 de julio de 1985, que marcó las bases competenciales para la generalización de la segunda instancia penal se han sucedido numerosos intentos de plasmar la declaración programática de generalización que contenía la citada norma. En esta obra se analiza el fenómeno de la segunda instancia penal desde diferentes ópticas. La primera es un estudio del medio instrumental que, de ordinario, ha abierto la segunda instancia, esto es, el recurso de apelación. En segundo lugar se realiza un análisis de la segunda instancia como nueva fase del enjuiciamiento y sus posibilidades de configuración. Por último, se analiza la segunda instancia penal en nuestro ordenamiento jurídico desde diferentes ópticas que van, desde el análisis del derecho a la segunda instancia penal y el actual estado de cumplimiento del mismo atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, a la actual configuración de la segunda instancia atendiendo al eje fundamental sobre el que ha pivotado el asunto, esto es, la inmediación probatoria, fundamentalmente desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre. Además, aunque aún no ha pasado a su tramitación legislativa, no hemos podido obviar la existencia del Borrador del nuevo Código Procesal Penal el cual se ha analizado en cada uno de los aspectos de esta obra.
Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los requisitos para la aplicación de los tipos penales indicados para las conductas responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, históricamente, por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la acción civil y la acción penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las víctimas y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el ejercicio y la renuncia a dicha acción, así como los sujetos responsables (incluidas las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de accidentes de trabajo. En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, establece claramente la competencia de esta jurisdicción para el conocimiento de las reclamaciones civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenía con la jurisdicción civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil adicional. Asimismo, se inclinan por la aplicación analógica del conocido como baremo de tráfico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la cuantificación de las indemnizaciones, haciendo especial hincapié en las distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando sobre cuáles de ellas y en qué cuantía resultan compensables con las prestaciones de la Seguridad Social. Por último, se aborda también el complejo problema que se suscita en aquellos supuestos en que por fallecimiento de la víctima durante la tramitación del procedimiento, se produce la sucesión de la misma, y cómo afecta esta a la legitimación de los herederos y a la cuantía de las indemnizaciones.
