Este Manual de Derecho Penal, Parte Especial, ha sido elaborado con la finalidad básica de proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y Fiscal un instrumento útil para la preparación de las pruebas selectivas. Aborda el estudio de los temas 27 a 63 que componen el Programa Oficial, los cuales han sido confeccionados teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido esta materia en dichas pruebas. Los autores del libro han tratado de buscar la sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja en un texto fácilmente asimilable debido al empleo de una metodología didáctica caracterizada por presentar una estructura temática homogénea, detallados esquemas de la materia y la utilización de un lenguaje claro y comprensible. Basado en lo que constituye la doctrina mayoritaria, este Manual da cuenta, además, de las últimas y más significativas tendencias científicas. Aparte de contar con una bibliografía de obras generales, destacan, asimismo, las abundantes y recientes citas jurisprudenciales -muchas de ellas del año 2017-, especialmente del Tribunal Supremo, Acuerdos no jurisdiccionales y Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, lo que también confiere al libro una significación práctica que lo hace idóneo para los abogados, jueces, fiscales y restantes operadores jurídicos por encontrar en él una obra de consulta que desborda el campo de lo puramente académico.
El presente trabajo aborda el análisis de los principales delitos económicos configurados en el Código Penal, tras las últimas modificaciones en el ámbito penal, procesal y penitenciario, ofreciendo una visión práctica para los profesionales del derecho interesados en el derecho penal económico, y aquellos otros profesionales, investigadores o interesados por la delincuencia económica, desde un prisma multidisciplinar, recogiendo los criterios de aplicación e interpretación doctrinales y jurisprudenciales más relevantes sobre esta temática objeto de estudio.
A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando posiciones en la escala de prioridades de las personas jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la reforma del Código Penal los directivos y órganos de gobierno eran, en su mayoría, cuanto menos reticentes a atender las exigencias que en él se recogían viéndolas como obstáculos para el negocio, a día de hoy esta mentalidad ha cambiado enormemente. Desde esta primera aparición en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han sido muchos los pasos que se han dado en esta dirección, como por ejemplo la publicación a finales de 2014 del estándar ISO 19600, la posterior publicación en 2017 de las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 y, por supuesto, la reforma del Código Penal del año 2015 y la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El presente Practicum Compliance realiza un análisis desde un punto de vista práctico de los diferentes elementos y exigencias que se han ido incorporando y modificando a lo largo de todo este proceso. La presente obra pretende ser una herramienta para la valoración y el planteamiento de las diferentes casuísticas en las que puede encontrarse una persona jurídica en el momento de implantar y dar continuidad a su modelo de organización y gestión.
La presente investigación desarrolla un análisis criminológico de los asesinos en serie tanto desde una perspectiva teórica como práctica. En este sentido, la obra se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se procede a analiz
Uno de los problemas cruciales de la criminalidad de nuestros representantes públicos y políticos radica principalmente en que unos mismos hechos, pueden ser objeto de una valoración política y otra jurídica, concretamente penal. La pregunta que nos hace
La presente obra se inclina en todo momento a defender y preservar el debido proceso en el juicio penal y muy particularmente se encuentra dedicado a tratar el derecho de defensa e igualdad de las partes, como garantias de proteccion y legitimidad cuando
Este libro hace su aparicion para entrar en claro conflicto con nuestros dogmas y conocimientos previos sobre la sistematica del dolo y la culpa; conocimientos que por mucho tiempo y de manera reiterada se reprodujeron en tratados, monografias y articulo
El artículo 31bis del Código Penal ha introducido un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que ha supuesto, implícitamente y de facto, el establecimiento de un DEBER NORMATIVO dirigido mediatamente a los ADMINISTRADORES SOCIALES y cuyo contenido consiste en que éstos, en el ámbito de su deber fiduciario de gestionar la empresa con la diligencia de un ordenado empresario, DEBEN configurar una estructura organizativa en el seno de la persona jurídica objetivamente idónea para reducir o minimizar el riesgo jurídico-penal de que una persona física integrada en la misma cometa un delito. ?incluidos los propios administradores sociales?. El INCUMPLIMIENTO de dicho DEBER NORMATIVO por parte de los administradores sociales, tanto por omisión imprudente como dolosa, conllevará su RESPONSABILIDAD CIVIL/SOCIETARIA, siempre y cuando de dicho incumplimiento se haya derivado cualquier clase de DAÑO o PERJUICIO PATRIMONIAL para la sociedad, y de modo reflejo, para los socios y acreedores. Dichas responsabilidades societarias de los administradores sociales serán susceptibles de ser exigidas ante la jurisdicción mercantil por la sociedad, socios y acreedores perjudicados.
Los trabajos que se vuelven a presentar con esta nueva edición se caracterizan porque las posibles respuestas a las diversas cuestiones que se plantean se buscan a partir de una determinada propuesta metodológica centrada en la normativización de las ca
Entre los artículos, el autor aborda y comenta críticamente las más importantes cuestiones jurídicas que han sido noticias relevantes en los medios de comunicación durante los últimos años, relacionadas con materias tan dispares como las libertades de información y expresión, la violencia de género, la corrupción política, la amnistía fiscal, la cuestión catalana, la doctrina Botín y el derecho penal internacional, por sólo mencionar algunas de ellas.
Una de las finalidades que se pretende dentro del procedimiento penal es llegar a establecer una verdad juridica sobre el hecho delictivo que se plantea al juez, quie a su vez necesita de medios probatorios que sean evidentes, de tal manera que le permit