Este Código Aranzadi incluye la normativa actualizada, con el texto a color señalando los artículos más recientemente modificados, junto con un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un ágil acceso al artículo buscado. Pensado específicamente para el estudiante, esta colección de Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo necesites. El libro impreso incluye además la versión digital a través de ProView para que el contenido te acompañe donde vayas. Aranzadi es uno de los sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional líder en soluciones de información, software y formación, que provee a los profesionales de la tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor equipo para contar con respuestas fiables. Conoce más sobre nuestra soluciones en: www.thomsonreuters.es
Una mirada a las publicaciones más recientes que hemos revisado con cuidado revela, en efecto, el gran y creciente interés por la Parte especial de nuestro Derecho penal, así como una progresiva apertura a la realidad empírica y social.
El Código penal comentado y con jurisprudencia y concordancias es una obra de referencia con una importante base teórica y con gran utilidad práctica. Las completas y actualizadas concordancias facilitan la interpretación de las normas penales sustantivas, desde la perspectiva sistemática que impone la unidad del Ordenamiento jurídico, particularmente en la conformación de los bienes jurídicos protegidos y, de modo especial, en los tipos penales en blanco o con abundantes elementos jurídico normativos. En esta nueva edición se ha puesto especial atención en la nueva doctrina jurisprudencial posterior a la última reforma de 2015. Los destinatarios de este Código continúan siendo tanto los penalistas prácticos (Magistrados y Jueces, Fiscales y Abogados) como los académicos, pues presenta una panorámica completa y fácilmente abarcable de los preceptos del Código con los complementos interpretativos mencionados, seguidos de la jurisprudencia emanada del TEDH, TC, TS y AAPP cuidadosamente seleccionada, resumida y sistematizada.
La violencia contra las mujeres (gender violence) es una lacra social de tal magnitud que desde hace décadas se han gestado numerosos movimientos sociales, avances legislativos y políticas públicas en pro de su erradicación; así como el Ministerio Fiscal
La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, afecta a más de 250 artículos del texto punitivo. La presente publicación ofrece una visión muy práctica de esta amplia reforma del CP al presentarse útiles cuadros comparativos de los artículos afectados junto con comentarios doctrinales, esquemas y formularios del nuevo "Juicio sobre delitos leves". Igualmente se incluye un cuadro comparativo de la reforma efectuada por la Ley Orgánica 2/2015 en materia de delitos de terrorismo.
Este libro aborda el llamado "nuevo Derecho penal" a través de un estudio interdisciplinar del Derecho penal de empresa. Y es que en las conductas constitutivas de delito que se desarrollan en el marco de la actividad empresarial nos encontramos con conceptos que, teniendo un contenido propio en el ámbito del Derecho penal, tienen su correlato en otras ramas, como el Derecho mercantil, administrativo, del trabajo y de la seguridad social, y financiero y tributario, especialmente.
La investigación de las actividades delictivas que se planifican y desarrollan en el ciberespacio requiere, en muchas ocasiones, de la utilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. La potencialidad y las capacidades que ofrecen estas herramientas son frecuentemente el único medio que hace factible el descubrimiento de la acción criminal y la determinación de sus responsables y por tanto, el ejercicio en defensa de la sociedad de la acción sancionadora del Estado frente a esas ilícitas conductas. Se trata, no obstante, de instrumentos y/o técnicas de investigación claramente invasivas que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por lo que es imprescindible que su utilización quede supeditada, en todo caso, al respeto debido a dichos derechos y libertades y a las garantías inherentes al Estado de Derecho. La ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la regulación detallada de una pluralidad de medidas de investigación tecnológica, en la que se conjugan ambos parámetros: reforzar la capacidad investigadora del Estado ante esta nueva forma de delincuencia y garantizar los principios y valores que sustentan nuestro ordenamiento jurídico. Con ese objetivo, el legislador ha recogido y sistematizado la doctrina que venían estableciendo los Tribunales nacionales e internacionales sobre muchas de las técnicas de investigación limitativas de derechos, como también -en un meritorio esfuerzo de armonización normativa- algunas importantes herramientas que, con esa misma finalidad, se han definido en disposiciones normativas y convenios internacionales sobre la materia.
Doce años después de publicarse la última edición del sistema de penas y reglas de determinación de la pena tras las reformas de 2003, y como continuación de aquel, se publica Sistema de penas, reglas de determinación de la pena y suspensión de la ejecución de la pena. Se amplía notablemente las materias que se abordan, incluyéndose las penas imponibles a las personas jurídicas y sus especiales reglas así como la profunda reforma que ha afectado a la institución del decomiso. Son más de 400 resoluciones judiciales, fundamentalmente del Tribunal Supremo (Acuerdos de pleno no jurisdiccional, Sentencias y Autos), pero también del TEDH, TC y Audiencia Provinciales las que se citan a lo largo del texto. Además, por supuesto, se mencionan las Circulares y Consultas de la la Fiscalía General del Estado sobre la materia. Se mantienen las más de cincuenta tablas que se emplean para ejemplificar e ilustrar el proceso de determinación de la pena, tanto con las reglas generales como las reglas materiales específicas. Por último se amplía el contenido con una tercera parte de dicada a la suspensión de la ejecución de la pena, sustitución de penas para los extranjeros y libertad condicional, tres instituciones que también han sufrido un profundo cambio tras las reformas de 2003.
El fraude de inversores del artículo 282 bis CP, es un delito introducido por la L.O 5/2010, y que en los últimos años ha tenido un impacto mediático, social y jurídico de primera magnitud como lo ponen de relieve el Caso Bankia , el Caso Gowex y más
La conducta criminal es compleja y hasta cierta medida imprevisible y consecuentemente impredecible. No obstante, y a pesar de esta afirmación de tipo general, las ciencias del comportamiento defienden que existen modelos estándares de conductas que han de ser tenidos en cuenta. La conducta criminal se puede manifestar en una serie de síntomas o características propias de cada individuo, donde el hecho criminal puede reflejar ciertos matices o características personales del autor. El reto del investigador está en descubrir esos matices e interpretarlos, haciendo un análisis de las evidencias, pronunciando un diagnóstico sobre la personalidad y la tipología del autor del hecho criminal. El análisis de todas las evidencias y características del crimen, tanto en los ámbitos físicos como en los personales y su integración en todos los resultados analíticos, nos permitirán el diagnóstico del hecho criminal.
En el terreno de la práctica judicial, cada vez son más numerosos los casos en los que están implicados por diferentes delitos agentes internos de la empresa y, más recientemente, las propias organizaciones. De hecho, una de las principales problemáticas actuales a las que se enfrenta la praxis forense es la individualización de la responsabilidad penal en el seno de la estructura empresarial, y quizás por ello sea, también, un campo de investigación vivo en el que la teoría del delito se sigue desarrollando para su mejora como instrumento sistemático y metodológico. La presente monografía supone una novedosa forma de contribuir tanto a comprender mejor el sentido de la responsabilidad penal frente a quienes cometen delitos en el ámbito empresarial, como a mejorar nuestra propia capacidad hermenéutica aprendiendo de otros modos de ver los problemas dogmáticos. Tomando como punto de partida la evolución del sistema estadounidense desde la implantación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahondando en la problemática constatada de que en EE.UU. el sistema de responsabilidad penal de las empresas está mercantilizando el Derecho penal empresarial enmascarando a los auténticos artífices de una gran actividad delictiva, la autora explica profusamente, de un modo inédito en nuestro idioma, y con una perspectiva crítica, cómo esto fue el inicio de una tendencia creciente sobre la que la dogmática estadounidense ya manifestó su preocupación décadas atrás y sobre la que recientemente también se ha pronunciado la propia Fiscalía General de EE.UU. En este sentido, la autora propone, a partir de los criterios jurisprudenciales que desde hace décadas se están utilizado en EE.UU. para el levantamiento del velo y la individualización de la responsabilidad de los distintos sujetos que intervienen en la delincuencia empresarial, la potenciación y mejora también en nuestro sistema, de la individualización de la responsabilidad en la empresa. Así, partiendo de la práctica penal estadounidense propone el empleo en nuestro sistema de distintos criterios para la atribución de la responsabilidad de los altos directivos, los trabajadores y los asesores externos a la propia empresa; que encuentran en la presente obra, un sugerente planteamiento que no pasará desapercibido para la práctica y la Dogmática penal. La Dra. Elena B. Fernández Castejón es Profesora de Derecho penal en la Universidad Miguel Hernández e investigadora del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, de la misma Universidad. Licenciada en Derecho por la UMH,cursó sus estudios de Máster en Derecho penal y Ciencias penales en la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, así como el Máster en Intervención Criminológica y Victimológica en la UMH. Fue visitingscholar en la University of Texas at San Antonio donde estuvo trabajando sobre la individualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial.
Esta obra trata de colmar los distintos vacíos legales con los que nos encontramos en la regulación legal de la personación en el proceso penal, poniendo a disposición del lector diversas soluciones dirigidas a cumplir las expectativas legales de quienes deben o quieren participar como parte. Desde una perspectiva práctica, fundamentada en la doctrina, jurisprudencia y práctica forense, se examinan y clarifican diversos aspectos relacionados con la intervención de las distintas partes en el proceso penal como acusadoras, investigadas y responsables civiles, así como los requisitos, facultades, actuaciones y efectos de su personación en el proceso penal. Yolanda Valdivielso García, es Letrada de la Administración de Justicia desde 1993, actualmente está destinada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla. Se doctoró en 2017, con la tesis ?La personación procesal?, en la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude.
En el delito de asesinato se introducen supuestos a los que todos podemos poner nombre y apellido, propiciados por casos mediáticos de menores o adolescentes asesinadas tras sufrir delitos sexuales o por la influencia de las asociaciones de víctimas del
El objeto de la presente obra se circunscribe al análisis de los delitos sometidos a algún tipo de requisito de perseguibilidad. Más en concreto, y en la medida en que esta particular disponibilidad entra en contradicción con alguno de los cánones tradicionales de nuestro Derecho penal, así como por los problemas de aplicación práctica que plantea en muchos casos, nuestro estudio se centrará en la justificación y la viabilidad de las restricciones impuestas por el legislador en cuanto a la perseguibilidad de todo este elenco de ilícitos. El objetivo, por tanto, es doble. En primer lugar, analizar esta peculiar privacidad de la punibilidad, en orden a verificar si efectivamente hay algún tipo de justificación que soporte eficazmente el sometimiento de la investigación y sanción de determinadas infracciones a la voluntad de la víctima, pese a la gravedad de algunas de ellas. Adicionalmente, el distinto tratamiento y las múltiples variantes y salvedades que plantean este tipo de excepciones, obliga a extender nuestro análisis también al estudio de la funcionalidad y viabilidad de este peculiar modelo de persecución en el ámbito penal, a fin de poder constatar si efectivamente este régimen de perseguibilidad privada está dotado de la coherencia mínima exigible.
Este Código Aranzadi incluye la normativa actualizada, con el texto a color señalando los artículos más recientemente modificados, junto con un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un ágil acceso al artículo buscado. Pensado específicamente para el estudiante, esta colección de Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo necesites. El libro impreso incluye además la versión digital a través de ProView para que el contenido te acompañe donde vayas. Aranzadi es uno de los sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional líder en soluciones de información, software y formación, que provee a los profesionales de la tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor equipo para contar con respuestas fiables. Conoce más sobre nuestra soluciones en: www.thomsonreuters.es
Una mirada a las publicaciones más recientes que hemos revisado con cuidado revela, en efecto, el gran y creciente interés por la Parte especial de nuestro Derecho penal, así como una progresiva apertura a la realidad empírica y social.
El Código penal comentado y con jurisprudencia y concordancias es una obra de referencia con una importante base teórica y con gran utilidad práctica. Las completas y actualizadas concordancias facilitan la interpretación de las normas penales sustantivas, desde la perspectiva sistemática que impone la unidad del Ordenamiento jurídico, particularmente en la conformación de los bienes jurídicos protegidos y, de modo especial, en los tipos penales en blanco o con abundantes elementos jurídico normativos. En esta nueva edición se ha puesto especial atención en la nueva doctrina jurisprudencial posterior a la última reforma de 2015. Los destinatarios de este Código continúan siendo tanto los penalistas prácticos (Magistrados y Jueces, Fiscales y Abogados) como los académicos, pues presenta una panorámica completa y fácilmente abarcable de los preceptos del Código con los complementos interpretativos mencionados, seguidos de la jurisprudencia emanada del TEDH, TC, TS y AAPP cuidadosamente seleccionada, resumida y sistematizada.
La violencia contra las mujeres (gender violence) es una lacra social de tal magnitud que desde hace décadas se han gestado numerosos movimientos sociales, avances legislativos y políticas públicas en pro de su erradicación; así como el Ministerio Fiscal
La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, afecta a más de 250 artículos del texto punitivo. La presente publicación ofrece una visión muy práctica de esta amplia reforma del CP al presentarse útiles cuadros comparativos de los artículos afectados junto con comentarios doctrinales, esquemas y formularios del nuevo "Juicio sobre delitos leves". Igualmente se incluye un cuadro comparativo de la reforma efectuada por la Ley Orgánica 2/2015 en materia de delitos de terrorismo.
Este libro aborda el llamado "nuevo Derecho penal" a través de un estudio interdisciplinar del Derecho penal de empresa. Y es que en las conductas constitutivas de delito que se desarrollan en el marco de la actividad empresarial nos encontramos con conceptos que, teniendo un contenido propio en el ámbito del Derecho penal, tienen su correlato en otras ramas, como el Derecho mercantil, administrativo, del trabajo y de la seguridad social, y financiero y tributario, especialmente.
La investigación de las actividades delictivas que se planifican y desarrollan en el ciberespacio requiere, en muchas ocasiones, de la utilización a dicho fin de las propias herramientas tecnológicas. La potencialidad y las capacidades que ofrecen estas herramientas son frecuentemente el único medio que hace factible el descubrimiento de la acción criminal y la determinación de sus responsables y por tanto, el ejercicio en defensa de la sociedad de la acción sancionadora del Estado frente a esas ilícitas conductas. Se trata, no obstante, de instrumentos y/o técnicas de investigación claramente invasivas que pueden afectar a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por lo que es imprescindible que su utilización quede supeditada, en todo caso, al respeto debido a dichos derechos y libertades y a las garantías inherentes al Estado de Derecho. La ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre incorpora a la Ley de Enjuiciamiento Criminal la regulación detallada de una pluralidad de medidas de investigación tecnológica, en la que se conjugan ambos parámetros: reforzar la capacidad investigadora del Estado ante esta nueva forma de delincuencia y garantizar los principios y valores que sustentan nuestro ordenamiento jurídico. Con ese objetivo, el legislador ha recogido y sistematizado la doctrina que venían estableciendo los Tribunales nacionales e internacionales sobre muchas de las técnicas de investigación limitativas de derechos, como también -en un meritorio esfuerzo de armonización normativa- algunas importantes herramientas que, con esa misma finalidad, se han definido en disposiciones normativas y convenios internacionales sobre la materia.
Doce años después de publicarse la última edición del sistema de penas y reglas de determinación de la pena tras las reformas de 2003, y como continuación de aquel, se publica Sistema de penas, reglas de determinación de la pena y suspensión de la ejecución de la pena. Se amplía notablemente las materias que se abordan, incluyéndose las penas imponibles a las personas jurídicas y sus especiales reglas así como la profunda reforma que ha afectado a la institución del decomiso. Son más de 400 resoluciones judiciales, fundamentalmente del Tribunal Supremo (Acuerdos de pleno no jurisdiccional, Sentencias y Autos), pero también del TEDH, TC y Audiencia Provinciales las que se citan a lo largo del texto. Además, por supuesto, se mencionan las Circulares y Consultas de la la Fiscalía General del Estado sobre la materia. Se mantienen las más de cincuenta tablas que se emplean para ejemplificar e ilustrar el proceso de determinación de la pena, tanto con las reglas generales como las reglas materiales específicas. Por último se amplía el contenido con una tercera parte de dicada a la suspensión de la ejecución de la pena, sustitución de penas para los extranjeros y libertad condicional, tres instituciones que también han sufrido un profundo cambio tras las reformas de 2003.
El fraude de inversores del artículo 282 bis CP, es un delito introducido por la L.O 5/2010, y que en los últimos años ha tenido un impacto mediático, social y jurídico de primera magnitud como lo ponen de relieve el Caso Bankia , el Caso Gowex y más
La conducta criminal es compleja y hasta cierta medida imprevisible y consecuentemente impredecible. No obstante, y a pesar de esta afirmación de tipo general, las ciencias del comportamiento defienden que existen modelos estándares de conductas que han de ser tenidos en cuenta. La conducta criminal se puede manifestar en una serie de síntomas o características propias de cada individuo, donde el hecho criminal puede reflejar ciertos matices o características personales del autor. El reto del investigador está en descubrir esos matices e interpretarlos, haciendo un análisis de las evidencias, pronunciando un diagnóstico sobre la personalidad y la tipología del autor del hecho criminal. El análisis de todas las evidencias y características del crimen, tanto en los ámbitos físicos como en los personales y su integración en todos los resultados analíticos, nos permitirán el diagnóstico del hecho criminal.
En el terreno de la práctica judicial, cada vez son más numerosos los casos en los que están implicados por diferentes delitos agentes internos de la empresa y, más recientemente, las propias organizaciones. De hecho, una de las principales problemáticas actuales a las que se enfrenta la praxis forense es la individualización de la responsabilidad penal en el seno de la estructura empresarial, y quizás por ello sea, también, un campo de investigación vivo en el que la teoría del delito se sigue desarrollando para su mejora como instrumento sistemático y metodológico. La presente monografía supone una novedosa forma de contribuir tanto a comprender mejor el sentido de la responsabilidad penal frente a quienes cometen delitos en el ámbito empresarial, como a mejorar nuestra propia capacidad hermenéutica aprendiendo de otros modos de ver los problemas dogmáticos. Tomando como punto de partida la evolución del sistema estadounidense desde la implantación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahondando en la problemática constatada de que en EE.UU. el sistema de responsabilidad penal de las empresas está mercantilizando el Derecho penal empresarial enmascarando a los auténticos artífices de una gran actividad delictiva, la autora explica profusamente, de un modo inédito en nuestro idioma, y con una perspectiva crítica, cómo esto fue el inicio de una tendencia creciente sobre la que la dogmática estadounidense ya manifestó su preocupación décadas atrás y sobre la que recientemente también se ha pronunciado la propia Fiscalía General de EE.UU. En este sentido, la autora propone, a partir de los criterios jurisprudenciales que desde hace décadas se están utilizado en EE.UU. para el levantamiento del velo y la individualización de la responsabilidad de los distintos sujetos que intervienen en la delincuencia empresarial, la potenciación y mejora también en nuestro sistema, de la individualización de la responsabilidad en la empresa. Así, partiendo de la práctica penal estadounidense propone el empleo en nuestro sistema de distintos criterios para la atribución de la responsabilidad de los altos directivos, los trabajadores y los asesores externos a la propia empresa; que encuentran en la presente obra, un sugerente planteamiento que no pasará desapercibido para la práctica y la Dogmática penal. La Dra. Elena B. Fernández Castejón es Profesora de Derecho penal en la Universidad Miguel Hernández e investigadora del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, de la misma Universidad. Licenciada en Derecho por la UMH,cursó sus estudios de Máster en Derecho penal y Ciencias penales en la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, así como el Máster en Intervención Criminológica y Victimológica en la UMH. Fue visitingscholar en la University of Texas at San Antonio donde estuvo trabajando sobre la individualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial.
Esta obra trata de colmar los distintos vacíos legales con los que nos encontramos en la regulación legal de la personación en el proceso penal, poniendo a disposición del lector diversas soluciones dirigidas a cumplir las expectativas legales de quienes deben o quieren participar como parte. Desde una perspectiva práctica, fundamentada en la doctrina, jurisprudencia y práctica forense, se examinan y clarifican diversos aspectos relacionados con la intervención de las distintas partes en el proceso penal como acusadoras, investigadas y responsables civiles, así como los requisitos, facultades, actuaciones y efectos de su personación en el proceso penal. Yolanda Valdivielso García, es Letrada de la Administración de Justicia desde 1993, actualmente está destinada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla. Se doctoró en 2017, con la tesis ?La personación procesal?, en la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude.
En el delito de asesinato se introducen supuestos a los que todos podemos poner nombre y apellido, propiciados por casos mediáticos de menores o adolescentes asesinadas tras sufrir delitos sexuales o por la influencia de las asociaciones de víctimas del
El objeto de la presente obra se circunscribe al análisis de los delitos sometidos a algún tipo de requisito de perseguibilidad. Más en concreto, y en la medida en que esta particular disponibilidad entra en contradicción con alguno de los cánones tradicionales de nuestro Derecho penal, así como por los problemas de aplicación práctica que plantea en muchos casos, nuestro estudio se centrará en la justificación y la viabilidad de las restricciones impuestas por el legislador en cuanto a la perseguibilidad de todo este elenco de ilícitos. El objetivo, por tanto, es doble. En primer lugar, analizar esta peculiar privacidad de la punibilidad, en orden a verificar si efectivamente hay algún tipo de justificación que soporte eficazmente el sometimiento de la investigación y sanción de determinadas infracciones a la voluntad de la víctima, pese a la gravedad de algunas de ellas. Adicionalmente, el distinto tratamiento y las múltiples variantes y salvedades que plantean este tipo de excepciones, obliga a extender nuestro análisis también al estudio de la funcionalidad y viabilidad de este peculiar modelo de persecución en el ámbito penal, a fin de poder constatar si efectivamente este régimen de perseguibilidad privada está dotado de la coherencia mínima exigible.