Ir al contenidoDerecho y procedimiento penal
La cuarta edición de Nociones Fundamentales de Derecho Penal. Parte General se publica transcurridos ya algo más de tres años desde la entrada en vigor de la reforma del Código penal operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que incorporó importantes novedades en la disciplina. De la mano de la exposición de los distintos temas, la obra no solo da cuenta del modo en que durante este periodo de tiempo los Tribunales de justicia han interpretado y aplicado las nuevas previsiones, sino que también ofrece una selección actualizada de la jurisprudencia penal sobre las diversas materias que conforman la Parte General del Derecho penal, así como de las Instrucciones, Circulares de la Fiscalía General del Estado y Acuerdos de Pleno no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El resultado de todo lo anterior es una obra que pretende seguir siendo fiel a la finalidad que inspiró su creación: ofrecer una presentación exhaustiva de los conocimientos teóricos de la Parte General pero siempre de la mano de las cuestiones que suscitan sus diferentes aspectos en la aplicación práctica.
En la obra se analizan principalmente los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos. En un capítulo inicial se tratan cuestiones comunes a la mayoría de estos delitos (principio non bis in ídem con el régimen disciplinario, especialidades de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal?). En otros capítulos se tratan los delitos que contemplan, ya en el tipo principal ya en alguna de sus modalidades, que el sujeto activo sea funcionario público: - los delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias?), - los delitos contra la Administración de Justicia (prevaricación, quebrantamiento de condena, encubrimiento?) y - otros delitos en los que puedan intervenir funcionarios públicos (delitos electorales, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, delitos contra el patrimonio histórico?).
La situación de las personas detenidas en la prisión militar de Guantánamo sospechosas de cometer acciones terroristas plantea problemas jurídicos y constitucionales. Desde el carácter indefinido e irrevisable de las detenciones hasta la privación a esta
La obra analiza la reforma introducida por la LO 1/15 de 30 de marzo que modifica el Código Penal, en todo lo que afecta a los delitos de corrupción pública, centrándose la parte fundamental de la misma, de propósito eminentemente práctico, en los delitos contra la Administración Pública y las nuevas figuras de la financiación ilegal de partidos políticos. Se estudian así las figuras delictivas desde una perspectiva que compara la situación actual con las novedades que introduce la reforma, imprescindible para la comprensión de los efectos que tendrá ésta tanto en los casos que se hallan sub iudice, como en los futuros. Como complemento de la perspectiva dogmática y práctica no se renuncia a un breve análisis de la realidad social en la que se gesta la reforma, abordándose así mismo el mapa normativo de la tutela penal internacional frente a la corrupción, y finalizando con una perspectiva valorativa y crítica de las novedades introducidas, que será útil desde la óptica política criminal.
Aunque centrado especialmente en el procedimiento de actuación de ahí su título, este trabajo también aborda otras cuestiones relativas a los orígenes, marco normativo y aspectos orgánicos del Juez de Vigilancia Penitenciaria, pues podemos afirmar que
Este libro aborda la problemática de los ciberdelitos, que conforman una nueva generación de infracciones penales que se cometen en el ámbito de Internet, mediante un estudio práctico de las características de esta forma de delincuencia, la descripción detallada de cada uno de tales delitos, y, sobre todo, de su tipificación penal, con especial atención a los últimos cambios introducidos en el Código Penal por la reforma de 2015. . . De este modo, se analizan en profundidad el intrusismo e interceptación de las comunicaciones (hacking), la protección de la intimidad, los daños y sabotajes (cracking), el abuso de sistemas informáticos (phreaking), los fraudes y estafas a través de Internet, el envío de mensajes o grabaciones sexuales por medio de teléfonos móviles (sexting), el ciberacoso infantil (child grooming) o los delitos contra la propiedad intelectual. . . En definitiva, esta obra expone, en un lenguaje sencillo, comprensible y con carácter integral, una visión práctica y actualizada de este fenómeno criminal, al tiempo que constituye el primer libro actualizado a la última reforma del Código Penal español. . . Moisés Barrio Andrés es Letrado del Consejo de Estado, Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas por ICADE, ESADE y Deusto, y Licenciado en Derecho por ICADE (E-1). . . Además, es abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Igualmente ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Harvard, es Profesor de la Regulación económica y Derecho de las Telecomunicaciones e Internet, es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es Secretario de la Revista «Documentación Administrativa» y es el Secretario del «Foro de Debate Jurídico Reus». . . Es autor de múltiples publicaciones individuales y colectivas en el campo del Derecho de Internet.
¿Cómo se determina la pena correspondiente al autor de un delito? ¿Cómo se adecúa la pena a cada caso concreto? La presente obra pretende dar adecuada respuesta a ambas cuestiones. Su propósito no es otro que el de facilitar la rápida determinación de las penas previstas en el Código Penal para cada delito, mediante un amplio inventario de cuadros y tablas que resultan extremadamente útiles para tal fin. Del mismo modo, se contemplan todos aquellos elementos que acaban determinando el cálculo de la pena. Así, delito por delito, se recoge la pena base que prevé el CP y la pena calculada en su grado superior o inferior, o en su mitad superior o inferior para los subtipos agravados o atenuados que especifique el CP para cada delito. También se incluyen tablas con las cuantías correspondientes a los días-multa, plazos de prescripción, modalidades de suspensión de la pena, supuestos de libertad condicional, etc. En definitiva, se trata de una obra extraordinariamente útil para el cálculo de las penas establecidas en el Código Penal y ha sido ideada como una herramienta de consulta recurrente por parte de los operadores jurídicos que intervienen ante la jurisdicción penal.
La obra se ocupa de un aspecto central en las relaciones entre la Parte General y la Parte Especial del Derecho penal: la legitimidad y conveniencia de establecer reglas concursales específicas en determinados supuestos de posible aplicación de varios tipos delictivos de la Parte Especial, como ¿concreción? de las reglas concursales generales establecidas en la Parte General. El estudio comienza planteándose la legitimidad en abstracto de las excepciones previstas en la Parte Especial, debate en que enseguida se manifiesta lo específico de la materia concursal, que (según se argumenta) obsta a la legitimidad de las excepciones en el ámbito concursal: en las normas sobre posible apreciación simultánea de varios delitos en un supuesto de hecho, las reglas específicas o constituyen un recuerdo innecesario de las reglas generales o una contradicción con ellas. En cuanto a la conveniencia de adoptar esta técnica de resolver singularmente casos concretos, se examina la competencia en abstracto y en concreto puesta de manifiesto por el legislador al ponerla en práctica. A tal fin, se aborda el «estudio de campo», es decir, el análisis de las técnicas específicas de solución concursal expresa utilizadas por el legislador, en busca de los sesgos en la elección de dichas técnicas, profundizando en el arbitrario tratamiento legal de grupos de supuestos concursales que presentan cierta homogeneidad estructural. A partir de tales premisas, se extraen conclusiones contrarias tanto a la legitimidad como a la competencia técnica de la actuación del legislador en este ámbito y se formulan propuestas de lege ferenda; ante todo un llamamiento para que el legislador del futuro abandone la técnica de las reglas concursales expresas e incluso suprima los numerosos ejemplos existentes. Pero también se sugiere una serie de líneas interpretativas útiles para el práctico del Derecho, a fin de poner coto a la exacerbación del rigor punitivo que comportan las excepciones al régimen concursal general previstas en el propio Derecho positivo, en contradicción con sus propias reglas generales.