Ir al contenidoDerecho y procedimiento penal
Esta segunda edición representa la consolidacion de un valioso instrumento al servicio de la formacion juridica de un colectivo, la Policia Judicial, cuya cualificacion goza de un alto nivel y reconocimiento en nuestro pais. Los autores ha asumido con ex
Este trabajo analiza la intervención judicial de las comunicaciones que regula la LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Estudia también la novedosa regulación de otras medidas de investigación tecnológica de uso (intervención de las conversaciones, e imágenes, intervención de datos personales a través de terminales informáticos, o colocación de aparatos de escucha y vídeo con ocasión de la entrada en un domicilio), que por no consistir en la interceptación de comunicaciones a través de medio técnico son proyección de otros derechos fundamentales diferentes a la delimitación restrictiva del secreto de las comunicaciones: intimidad, imagen, protección de datos personales e inviolabilidad del domicilio. Se propone reformar la Constitución para incluir la autorización judicial como garantía para la delimitación restrictiva del derecho a la intimidad y a la imagen, y la protección de datos personales.
La obra que el lector tiene en sus manos es el resultado de un estudio completo, sistematizado y crítico de las leyes que han modificado recientemente el proceso penal español. Abandonada la idea en la X Legislatura de tramitar una ley de nueva planta de proceso penal, a pesar de existir un texto prelegislativo, la reforma se ha concretado en los siguientes aspectos: 1ª) medidas de agilización de la justicia penal; 2ª) previsión de un procedimiento de decomiso autónomo; 3ª) instauración general de la segunda instancia; 4ª) ampliación del recurso de casación; y, 5ª) reforma de la revisión penal. A su vez, las medidas de agilización propuestas son: A) la modificación de la regulación de la conexión delictiva; B) la reforma del régimen de remisión por la Policía Judicial a los Juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido; C) la fijación de plazos máximos para la instrucción; y, D) la regulación de un procedimiento monitorio penal. A las anteriores hay que añadir, las medidas introducidas para el fortalecimiento del derecho defensa y las relativas a la investigación tecnológica, carentes hasta ahora de regulación. Por último, se analizan las modificaciones derivadas de la reforma Código Penal (juicio sobre delitos leves), de la introducción del estatuto de la víctima y sobre el derecho a la interpretación y traducción.
En la presente monografía, la autora aborda uno de los desafíos más importantes a los que se enfrente el Derecho Penal Internacional en la actualidad: la determinación de la responsabilidad penal individual de cada uno de los múltiples intervinientes en
La presente monografía tiene por objeto el estudio de la responsabilidad del superior por omisión en el ámbito del Derecho Penal Internacional. Dicha figura conforma el instrumento dogmático más sofisticado para imputar crímenes internacionales a los jefes militares o superiores civiles cuando no evitan los crímenes de sus subordinados, teniendo capacidad para ello. El libro se divide en dos partes fundamentales. En la primera parte, se repasa el origen consuetudinario de la creación de la responsabilidad del superior, así como se examina su aplicación por parte de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. En la segunda parte, se efectúa un análisis dogmático, donde se detalla la naturaleza jurídica y el fundamento de esta figura, el título de intervención que corresponde al superior con respecto al crimen cometido por sus subordinados, concluyendo con un análisis sobre el aspecto subjetivo en la responsabilidad del superior, atendiendo a la configuración típica que propone el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Mostrar alegría por la muerte de un personaje público; desear el fallecimiento de alguien, o el peor de los destinos, por sus ideas, por sus gustos; amenazar, más o menos veladamente, a una persona, con un mal más o menos concreto; defender diferentes formas de violencia por razón de etnia, religión o género; incitar a realizar actos violentos o injustos contra otros; mostrar imágenes desagradables, ofensivas y violentas y burlarse de quienes son humillados en ellas; transmitir ideas extremistas y defender ideologías intolerantes. Ninguna de estas conductas es originaria ni exclusiva de las redes sociales, pero así lo parece, dada su proliferación en alguna de ellas, la exagerada alarma social que han generado y el número de resoluciones judiciales que las han enjuiciado en los últimos años. La presente obra colectiva analiza la respuesta del Derecho penal a las expresiones modernas de odio y a los mensajes de radicalización en Internet, a partir de la constatación de que los márgenes punitivos pueden estar creciendo en la práctica mientras disminuyen los de la libertad de expresión. Pese a la referencia a los 140 caracteres, no se centra exclusivamente en Twitter. Tampoco las reflexiones de los penalistas, constitucionalistas y filósofos del Derecho que integran este libro son únicamente válidas para el odio y la radicalización comunicados a través de Internet, sino para cualesquiera otros modos de comunicación de tales mensajes. Sí se presta, sin embargo, una especial atención a este medio de expresión y comunicación universal, debido a que es la supuesta capacidad de Internet para transmitir ideas radicales y de odio y configurar una sociedad más intolerante y violenta la que ha determinado la creciente preocupación social por el fenómeno y las reformas legislativas y decisiones judiciales que, con espíritu crítico, son analizadas aquí.
La presente publicación recoge, actualizado a 12 de enero de 2018, el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, así como legislación especial contenida en la Ley orgánica de represión del contrabando, Ley orgánica electoral general, Ley sobre régimen jurídico de control de cambios, Ley sobre transacciones económicas con el exterior, y Ley y Reglamento de responsabilidad penal de los menores. Se completa, asimismo, con legislación complementaria,constituida por la Ley que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, Ley de Extradición Pasiva, Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, Ley sobre fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, Real Decreto por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad y suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas y Ley del Estatuto de la víctima del delito, así como legislación penitenciaria constituida por la Ley orgánica general penitenciaria y su reglamento. La obra se encuentra debidamente anotada para favorecer un mejor conocimiento de las diferentes materias. Al final del libro se incluye un índice analítico. Índice: Abreviaturas 1. CÓDIGO PENAL 1.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 2. LEGISLACIÓN ESPECIAL 2.1. Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando 2.2. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 135 a 153) 2.3. Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios (arts. 6 a 9) 2.4. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior 2.5. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 2.6. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,reguladora de la responsabilidad penal de los menores 3. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 3.1. Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto 3.2. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 3.3. Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva 3.4. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 3.5. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 3.6. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución de penas 3.7. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 4. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA 4.1. Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 4.2. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario 4.3. Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (artículos vigentes) Índice analítico
Esta obra es el resultado de un trabajo colectivo de profesores de Derecho Penal que se sienten vinculados entre sí por compartir una misma concepción básica del Derecho Penal, cuyas raíces académicas y científicas se encuentran en el Prof. Dr. D. José C
La creciente normativización de las categorías del delito es una tendencia incuestionable. Con este trabajo se pretende aportar una visión alternativa de dicho fenómeno en el ámbito de los elementos subjetivos del tipo, en concreto, del dolo y la imprudencia. El enfoque dogmático escogido para el estudio de estos elementos subjetivos será el de la teoría de las normas y de la imputación, abordado desde los aportes de las ciencias sociales. Desde la teoría de las normas se pondrá en evidencia la conexión que existe entre el autor del delito y sus conocimientos necesarios para la infracción del deber (contenido en la norma de conducta). Desde la doctrina de la imputación se advertirá la dimensión exclusivamente subjetiva que ha de someterse al juicio de desvalor y de atribución. Los aportes de las ciencias sociales revelarán los aspectos no estrictamente jurídicos que deben considerarse en la elaboración dogmática de los elementos del delito. El trabajo se estructura en dos cuestiones capitales: la definición y clasificación cognitiva del elemento subjetivo y su valoración e imputación. Lorena Varela es Abogada (2001) y Posgrado (2003) en Derecho penal por la Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina). Diploma de Estudios Avanzados (2006) y Doctora en Derecho penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Profesora ayudante de Derecho penal en la Universidad Nacional del Nordeste (2002-2004) y Pompeu Fabra (2011-2016). Actualmente, Investigadora del Instituto de Derecho penal económico y Derecho penal internacional y europeo (Institut für Wirtschaftsstrafrecht sowie Internationales und Europäisches Strafrecht) de la Universidad de Saarlandes (Saarbrücken, Alemania)".
Este libro tiene como objetivo el estudio y discusión de una parte central la relativa a la penas de las novedades introducidas por las LO 1/2015 y LO 2/2015 de reforma del Código Penal y de los delitos de terrorismo, respectivamente, que ya entraron e