La «incapacitación judicial» (o «modificación de la capacidad de obrar») es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Desde la perspectiva de la antropología jurídica y los Critical Disability Studies, se ofrece un análisis cualitativo sobre esta cuestión.
El Memento Experto Reforma Laboral 2012 constituye una referencia esencial para dominar las últimas novedades introducidas en el ámbito laboral, fundamentalmente por el RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Con esta publicación se pretende ofrecer a todos los profesionales que actúan en el ámbito laboral, no un simple comentario sobre la norma aprobada, sino una visión rigurosa y clarificadora de las consecuencias en la práctica de esta amplia reforma, ya en vigor desde el pasado 13 de febrero de 2012 y, por tanto, de obligada observancia desde ese momento. En él se abordan con detenimiento las numerosas cuestiones abordadas en la reforma y que afectan a cuestiones tan importantes como: - Empleabilidad del trabajador. - Contratación. - Flexibilidad interna en las empresas. - Despido individual y los despidos colectivos. - Suspensiones de contrato o reducciones de jornada temporales. - Modificaciones en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. - Negociación colectiva. - Medidas de apoyo, bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social, y otros beneficios. - Conciliación de vida laboral y familiar. - Modificaciones en sectores específicos. - Abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. - Etc. En definitiva, el Memento Experto Reforma Laboral 2012 es la referencia rápida de consulta para resolver al instante todas sus dudas sobre esta amplia reforma. Benefíciese de la sistemática Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la información.
Uno de los efectos más vistosos que las nuevas tecnologías provocan en el desarrollo de las relaciones laborales es la hiperdatificación del lugar de trabajo, donde la empresa se convierte en un emisor y un receptor constante de noticias, las cuales de forma simple, descontextualizadas o combinadas entre sí, a través del uso de ficheros, pueden contribuir a definir el devenir completo de los asalariados. Sin duda, el contrato de trabajo conlleva un necesario flujo de información entre el trabajador o candidato a un empleo y el empresario, no sólo ante los inevitables datos personales que los primeros han de revelar al segundo o que este último puede obtener fácilmente, sino por el carácter personalísimo de la prestación laboral en la que se ponen en juego valores esenciales del individuo en un intercambio de tracto sucesivo. Todo ello auspiciado por un proceso de digitalización que conlleva un importante abaratamiento del coste de acceso a la información y, al tiempo, una acusada simplificación a la hora de reconstruir las señas e identidades más profundas de la profesionalidad y de la personalidad de los trabajadores, lo cual puede provocar agresiones a sus derechos fundamentales derivadas de sencillas decisiones automatizadas. Ante estos peligros, el nuevo ordenamiento de protección de datos (integrado por el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), proporciona un elenco de medidas cautelares muy oportunas al objeto de salvaguardar la privacidad de los trabajadores, extendiendo a las relaciones laborales sus principios (transparencia, finalidad, proporcionalidad o pertinencia) y garantías (acceso, oposición, rectificación o cancelación). Al tiempo, esta nueva ordenación establece severos límites al ejercicio del poder de supervisión empresarial para salvaguardar los denominados derechos digitales, a saber: la intimidad de los asalariados tanto en el uso de los dispositivos informáticos, como frente al recurso a los mecanismos de vídeo-vigilancia y de grabación de sonidos o también a raíz del establecimiento de sistemas de geolocalización, sin dejar de regular la posibilidad de desconexión para respetar el tiempo de descanso. Sin duda, estas modernas coordenadas normativas van a reforzar la inutilidad de una prueba que pueda reputarse ilegal a la hora de justificar un posible despido o sanción disciplinaria, apostando por una presunción de intromisión ilegítima del empleador en la confidencialidad de los datos y en la esfera privada de los trabajadores.
Las transferencias del Estado a los individuos se pueden realizar en efectivo, como el desempleo o las pensiones, o en especie, en forma de bienes o servicios, como la sanidad, la educación o la vivienda. La elección entre ambas opciones supone un debate recurrente en el campo de la economía pública y en dicha cuestión se centra este trabajo. El objetivo es exponer los distintos argumentos teóricos que justifican las prestaciones en dinero o en especie, las metodologías y modelos empleados en la literatura para valorar éstas últimas, la experiencia en España de este tipo de programas y, por último, estimar los beneficios y costes de una transferencia en especie en nuestro país, la vivienda protegida, es decir, la entrega por parte del Sector Público de viviendas en especie a un precio inferior al que tendrían dichas viviendas si se adquirieran en el mercado libre, y comparada con una prestación en efectivo equivalente sin restricciones.
La presente recopilación incorpora las normas del Derecho Administrativo Sancionador del Orden Social estructuradas en tres grandes apartados [infracciones y sanciones (II), procedimiento sancionador (III) y ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (IV)] que van precedidos por los preceptos constitucionales pertinentes (I) y concluyen con las normas comunes del Derecho Administrativo Sancionador [V: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el RD 1398/1993, de 4 de agosto (§ 19 y § 20)] y otras no directamente sancionadoras cuyo frecuente uso en esta materia aconsejaba incluir [VI: la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción (§ 24) y su Reglamento (§ 24.1); el RD 171/2004, de 30 de enero que desarrolla el artículo 24 de la LPRL (§ 25); la Ley de Enjuiciamiento Civil con los preceptos reguladores de las presunciones de derecho (§ 22) y la Ley de Procedimiento Laboral con los preceptos reguladores de los procesos de oficio (§ 23)]. Dentro del apartado de infracciones y sanciones se recoge, abundantemente anotada y concordada, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (§ 2), acompañada de otras normas que también tipifican ilícitos sociales como, entre otras, la Ley de Extranjería (§ 4) y el Código Penal con los preceptos en los que se tipifican los delitos laborales (§ 7). Las normas de procedimiento sancionador (§§ 8 y 9) y las ordenadoras de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (§§ 10 a 18) constituyen el indispensable complemento para la aplicación de este sector del ordenamiento jurídico. Se han incorporado unos índices (sistemático, cronológico y, muy detallado, analítico), que permiten localizar con rapidez la norma o el concepto que interesa en cada caso para la solución de la abundante problemática del Derecho Sancionador. Propósito fundamental de esta edición es facilitar el trabajo de los numerosos profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (jueces, funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, abogados y graduados sociales) que intervienen en esta materia y proporcionar a empresarios y trabajadores un instrumento básico para el conocimiento de sus obligaciones y derechos.
La clásica obra iniciada por el maestro Alonso Olea en 1983 alcanza con este volumen XXVI los mil quinientos comentarios a resoluciones del Tribunal Constitucional en materia laboral y de Seguridad Social, prosiguiendo el empeño de ofrecer estudios monográficos de alto valor teórico y evidente utilidad práctica sobre todas y cada una de dichas resoluciones.
La clásica obra iniciada por el maestro Alonso Olea en 1983 alcanza con este volumen XXIX los mil quinientos sesenta y nueve comentarios a resoluciones del Tribunal Constitucional en materia laboral y de Seguridad Social, prosiguiendo el empeño de ofrecer estudios monográficos de alto valor teórico y evidente utilidad práctica sobre todas y cada una de dichas resoluciones.
Esta obra aborda, con carácter integrador, la legislación sobre protección social en dos volúmenes, conteniendo el primero la legislación básica, la legislación de Seguridad Social institucional, de funcionarios públicos y asimilados y otros regímenes estatutarios, sobre asistencia sanitaria y organización de los servicios de salud, protección contra el desempleo y la internacional sobre protección social.;El segundo volumen incluye la legislación sobre mejoras voluntarias y regímenes complementarios, jurisdicción y procedimiento de Seguridad Social institucional, de protección social de funcionarios públicos, de regímenes estatutarios, juridicción y procedimientos para las cuestiones de asistencia social y legislación de asistencia social.
La «incapacitación judicial» (o «modificación de la capacidad de obrar») es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Desde la perspectiva de la antropología jurídica y los Critical Disability Studies, se ofrece un análisis cualitativo sobre esta cuestión.
El Memento Experto Reforma Laboral 2012 constituye una referencia esencial para dominar las últimas novedades introducidas en el ámbito laboral, fundamentalmente por el RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Con esta publicación se pretende ofrecer a todos los profesionales que actúan en el ámbito laboral, no un simple comentario sobre la norma aprobada, sino una visión rigurosa y clarificadora de las consecuencias en la práctica de esta amplia reforma, ya en vigor desde el pasado 13 de febrero de 2012 y, por tanto, de obligada observancia desde ese momento. En él se abordan con detenimiento las numerosas cuestiones abordadas en la reforma y que afectan a cuestiones tan importantes como: - Empleabilidad del trabajador. - Contratación. - Flexibilidad interna en las empresas. - Despido individual y los despidos colectivos. - Suspensiones de contrato o reducciones de jornada temporales. - Modificaciones en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. - Negociación colectiva. - Medidas de apoyo, bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social, y otros beneficios. - Conciliación de vida laboral y familiar. - Modificaciones en sectores específicos. - Abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. - Etc. En definitiva, el Memento Experto Reforma Laboral 2012 es la referencia rápida de consulta para resolver al instante todas sus dudas sobre esta amplia reforma. Benefíciese de la sistemática Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la información.
Uno de los efectos más vistosos que las nuevas tecnologías provocan en el desarrollo de las relaciones laborales es la hiperdatificación del lugar de trabajo, donde la empresa se convierte en un emisor y un receptor constante de noticias, las cuales de forma simple, descontextualizadas o combinadas entre sí, a través del uso de ficheros, pueden contribuir a definir el devenir completo de los asalariados. Sin duda, el contrato de trabajo conlleva un necesario flujo de información entre el trabajador o candidato a un empleo y el empresario, no sólo ante los inevitables datos personales que los primeros han de revelar al segundo o que este último puede obtener fácilmente, sino por el carácter personalísimo de la prestación laboral en la que se ponen en juego valores esenciales del individuo en un intercambio de tracto sucesivo. Todo ello auspiciado por un proceso de digitalización que conlleva un importante abaratamiento del coste de acceso a la información y, al tiempo, una acusada simplificación a la hora de reconstruir las señas e identidades más profundas de la profesionalidad y de la personalidad de los trabajadores, lo cual puede provocar agresiones a sus derechos fundamentales derivadas de sencillas decisiones automatizadas. Ante estos peligros, el nuevo ordenamiento de protección de datos (integrado por el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), proporciona un elenco de medidas cautelares muy oportunas al objeto de salvaguardar la privacidad de los trabajadores, extendiendo a las relaciones laborales sus principios (transparencia, finalidad, proporcionalidad o pertinencia) y garantías (acceso, oposición, rectificación o cancelación). Al tiempo, esta nueva ordenación establece severos límites al ejercicio del poder de supervisión empresarial para salvaguardar los denominados derechos digitales, a saber: la intimidad de los asalariados tanto en el uso de los dispositivos informáticos, como frente al recurso a los mecanismos de vídeo-vigilancia y de grabación de sonidos o también a raíz del establecimiento de sistemas de geolocalización, sin dejar de regular la posibilidad de desconexión para respetar el tiempo de descanso. Sin duda, estas modernas coordenadas normativas van a reforzar la inutilidad de una prueba que pueda reputarse ilegal a la hora de justificar un posible despido o sanción disciplinaria, apostando por una presunción de intromisión ilegítima del empleador en la confidencialidad de los datos y en la esfera privada de los trabajadores.
Las transferencias del Estado a los individuos se pueden realizar en efectivo, como el desempleo o las pensiones, o en especie, en forma de bienes o servicios, como la sanidad, la educación o la vivienda. La elección entre ambas opciones supone un debate recurrente en el campo de la economía pública y en dicha cuestión se centra este trabajo. El objetivo es exponer los distintos argumentos teóricos que justifican las prestaciones en dinero o en especie, las metodologías y modelos empleados en la literatura para valorar éstas últimas, la experiencia en España de este tipo de programas y, por último, estimar los beneficios y costes de una transferencia en especie en nuestro país, la vivienda protegida, es decir, la entrega por parte del Sector Público de viviendas en especie a un precio inferior al que tendrían dichas viviendas si se adquirieran en el mercado libre, y comparada con una prestación en efectivo equivalente sin restricciones.
La presente recopilación incorpora las normas del Derecho Administrativo Sancionador del Orden Social estructuradas en tres grandes apartados [infracciones y sanciones (II), procedimiento sancionador (III) y ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (IV)] que van precedidos por los preceptos constitucionales pertinentes (I) y concluyen con las normas comunes del Derecho Administrativo Sancionador [V: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el RD 1398/1993, de 4 de agosto (§ 19 y § 20)] y otras no directamente sancionadoras cuyo frecuente uso en esta materia aconsejaba incluir [VI: la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción (§ 24) y su Reglamento (§ 24.1); el RD 171/2004, de 30 de enero que desarrolla el artículo 24 de la LPRL (§ 25); la Ley de Enjuiciamiento Civil con los preceptos reguladores de las presunciones de derecho (§ 22) y la Ley de Procedimiento Laboral con los preceptos reguladores de los procesos de oficio (§ 23)]. Dentro del apartado de infracciones y sanciones se recoge, abundantemente anotada y concordada, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (§ 2), acompañada de otras normas que también tipifican ilícitos sociales como, entre otras, la Ley de Extranjería (§ 4) y el Código Penal con los preceptos en los que se tipifican los delitos laborales (§ 7). Las normas de procedimiento sancionador (§§ 8 y 9) y las ordenadoras de la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (§§ 10 a 18) constituyen el indispensable complemento para la aplicación de este sector del ordenamiento jurídico. Se han incorporado unos índices (sistemático, cronológico y, muy detallado, analítico), que permiten localizar con rapidez la norma o el concepto que interesa en cada caso para la solución de la abundante problemática del Derecho Sancionador. Propósito fundamental de esta edición es facilitar el trabajo de los numerosos profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (jueces, funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, abogados y graduados sociales) que intervienen en esta materia y proporcionar a empresarios y trabajadores un instrumento básico para el conocimiento de sus obligaciones y derechos.
Cómo cumplir la Ley de Dependencia. Incluye Solucionarios Glosario Bibliografía y Anexo.
La clásica obra iniciada por el maestro Alonso Olea en 1983 alcanza con este volumen XXVI los mil quinientos comentarios a resoluciones del Tribunal Constitucional en materia laboral y de Seguridad Social, prosiguiendo el empeño de ofrecer estudios monográficos de alto valor teórico y evidente utilidad práctica sobre todas y cada una de dichas resoluciones.
La clásica obra iniciada por el maestro Alonso Olea en 1983 alcanza con este volumen XXIX los mil quinientos sesenta y nueve comentarios a resoluciones del Tribunal Constitucional en materia laboral y de Seguridad Social, prosiguiendo el empeño de ofrecer estudios monográficos de alto valor teórico y evidente utilidad práctica sobre todas y cada una de dichas resoluciones.
Esta obra aborda, con carácter integrador, la legislación sobre protección social en dos volúmenes, conteniendo el primero la legislación básica, la legislación de Seguridad Social institucional, de funcionarios públicos y asimilados y otros regímenes estatutarios, sobre asistencia sanitaria y organización de los servicios de salud, protección contra el desempleo y la internacional sobre protección social.;El segundo volumen incluye la legislación sobre mejoras voluntarias y regímenes complementarios, jurisdicción y procedimiento de Seguridad Social institucional, de protección social de funcionarios públicos, de regímenes estatutarios, juridicción y procedimientos para las cuestiones de asistencia social y legislación de asistencia social.