«Desde el punto de vista sociológico y práctico puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva». Son palabras del Tribunal Constitucional pronunciadas en 1983, que la autora de esta monografía recupera para destacar la trascendencia ?ahora ya la necesidad? de buscar fórmulas distintas a las que ofrece el proceso judicial para resolver los conflictos. El agotamiento del sistema judicial español ha puesto en jaque a los poderes públicos en un momento poco propicio para repensar la planta judicial y dotar de medios extraordinarios y materiales a la Judicatura. El contencioso-administrativo no es una excepción y participa, como el que más, de la llamada «crisis de la Justicia». De ahí que resulte tan sugerente la propuesta aquí formulada de recuperar la idea de implantar el arbitraje como medio de resolución extrajudicial de las controversias jurídico-públicas. Para la autora, el arbitraje no debe entenderse como la alternativa a la jurisdicción, porque será ésta, la contencioso-administrativa, la que seguirá sobrellevando el peso del control de la legalidad administrativa. Pero existe un espacio en el que la técnica arbitral puede representar un interesante papel, porque no solo aligerará la sobrecargada justicia administrativa, sino que permitirá proteger los derechos de la ciudadanía en un tiempo razonable y de modo eficiente. Con esta perspectiva se analiza la técnica arbitral bajo el rasero de la Constitución española de 1978, se estudia el ámbito material sobre el que podría recaer la técnica y se propone un régimen jurídico propio y adaptado a las exigencias de las relaciones jurídico-públicas. De paso, se despejan dudas en torno al llamado arbitraje administrativo y la actividad arbitral de la Administración Pública y se hacen sugerentes reflexiones respecto a la reciente Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Una obra de gran interés, sin duda, para estudiosos y profesionales del Derecho.
El Memento Procesal es la referencia de consulta rápida y rigurosa que permite encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la jurisdicción correspondiente: civil, penal, contencioso administrativo y laboral. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Se incorporan las novedades normativas recientemente aprobadas en las diferentes jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o específicas abundando en ellas en lo que sea preciso. En definitiva, el Memento Procesal es una obra práctica y técnicamente rigurosa, de consulta imprescindible tanto para el profesional (en la medida en que le permite conocer detallada, firme y sencillamente cuál es su posición jurídica en el proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia, doctrina y práctica asociadas), como para el particular (en cuanto que analiza con detalle compleja regulación procesal vigente desde una perspectiva multidisciplinar).
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consistente en el decreto que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue trascendental para sistema jurídico penal mexicano, pues establece la entrada en vigor de un proceso penal de carácter acusatorio y oral, y que tiene como eje principal los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En razón de ello, una de las novedades, como son las soluciones alternas y formas de terminación anticipada implican un procedimiento especial, que se rige por sus propias disposiciones y las concurrentes de la ley procesal penal ordinaria; lo que se traduce en un componente de simplificación del procedimiento penal y que encuentra sustento en el llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena mediante una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el Ministerio Público, con la aprobación necesaria del Juez de Control. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano en sus artículos 183 a 210, establece las Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, materializándose el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso como soluciones alternas y el procedimiento abreviado, como la forma de terminación anticipada; los cuales son analizados desde el derecho comparado tanto, en el sistema Norteamericano, como el sistema Europeo (Alemania y España), y Latinoamericano (Argentina, Colombia y Chile), para finalmente reseñarlos desde el punto de vista de México.
La posicion del Juez con respecto a la Ley, es decir, el concepto y los limites de la obediencia del primero a la segunda, es un problmea muy estudiado en los ultimos tiempos.
El trabajo que el lector tiene en sus manos recoge en esencia las ponencias presentadas en las Jornadas sobre resolución de conflictos en materia de consumo, organizadas por el Instituto Galego de Consumo y el Área de Derecho Procesal de la Universidade de Vigo, y celebradas en Vigo, a finales de 2008. Si bien la idea original era llevar a cabo un estudio pormenorizado del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, pronto se convino en complementarlo con el análisis de las peculiaridades de los procesos de consumo. Y el resultado ha sido el trabajo que ahora se presenta, que se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En la primera se hace una exposición detallada de las especialidades propias de los procesos para la tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios reguladas en la LEC, y más en concreto, las relativas a la capacidad, la legitimación y la intervención procesal, así como a los efectos y especialidades de la ejecución de la sentencia dictada en los mismos. La segunda parte se dedica al análisis de la nueva regulación del arbitraje de consumo introducida por el Real Decreto 231/2008, dedicando sendos capítulos al estudio de la organización del sistema arbitral de consumo, del estatuto jurídico de los árbitros, del procedimiento arbitral y del laudo arbitral.
Este nuevo Tratado, con la finalidad de dotar a la obra de utilidad para el jurista práctico, y por qué no, también al académico, tiene una vocación de análisis global e integral, incluyendo en los comentarios aspectos de organización judicial y, sobre todo, la problemática de la legislación supletoria representada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incidiendo en dos aspectos esenciales del proceso contencioso-administrativo, incluyendo por un lado referencia expresa a la supletoriedad de la LEC en esa materia en concreto, y por otro lado, una minuciosa recepción realizada de la jurisprudencia existente sobre todos los aspectos relevantes del proceso contenido en la LJCA. Una obra que cobra una nueva dimensión práctica dirigida al profesional que busca en un mismo texto: Una rigurosa formulación teórica sobre la interpretación de las normas aplicables. Una adecuada descripción de la institución de que se trate. Una precisa indicación de los aspectos problemáticos de la figura analizada. Una eficaz identificación de las soluciones empleadas por los tribunales. Una correcta exposición de soluciones teóricas para una perfecta aplicación práctica. Las reformas operadas en los últimos años, y las que previsiblemente deban realizarse en el futuro inmediato, justifican que exista una obra de referencia que sistematice las normas y que permita una mejor comprensión global y general del marco estable en el que, con carácter general, se desarrolla el contencioso-administrativo. Sumario Tomo I Parte General Tomo II Los Procedimientos Tomo III Los Recursos Tomo IV Ejecución, Procedimientos Especiales y Medidas Cautelares Tomo V Documentación General: Legislación, Bibliografía e Índices Tomo VI Contiene texto y la LJCA en su versión reformada.
«Desde el punto de vista sociológico y práctico puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva». Son palabras del Tribunal Constitucional pronunciadas en 1983, que la autora de esta monografía recupera para destacar la trascendencia ?ahora ya la necesidad? de buscar fórmulas distintas a las que ofrece el proceso judicial para resolver los conflictos. El agotamiento del sistema judicial español ha puesto en jaque a los poderes públicos en un momento poco propicio para repensar la planta judicial y dotar de medios extraordinarios y materiales a la Judicatura. El contencioso-administrativo no es una excepción y participa, como el que más, de la llamada «crisis de la Justicia». De ahí que resulte tan sugerente la propuesta aquí formulada de recuperar la idea de implantar el arbitraje como medio de resolución extrajudicial de las controversias jurídico-públicas. Para la autora, el arbitraje no debe entenderse como la alternativa a la jurisdicción, porque será ésta, la contencioso-administrativa, la que seguirá sobrellevando el peso del control de la legalidad administrativa. Pero existe un espacio en el que la técnica arbitral puede representar un interesante papel, porque no solo aligerará la sobrecargada justicia administrativa, sino que permitirá proteger los derechos de la ciudadanía en un tiempo razonable y de modo eficiente. Con esta perspectiva se analiza la técnica arbitral bajo el rasero de la Constitución española de 1978, se estudia el ámbito material sobre el que podría recaer la técnica y se propone un régimen jurídico propio y adaptado a las exigencias de las relaciones jurídico-públicas. De paso, se despejan dudas en torno al llamado arbitraje administrativo y la actividad arbitral de la Administración Pública y se hacen sugerentes reflexiones respecto a la reciente Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. Una obra de gran interés, sin duda, para estudiosos y profesionales del Derecho.
El Memento Procesal es la referencia de consulta rápida y rigurosa que permite encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la jurisdicción correspondiente: civil, penal, contencioso administrativo y laboral. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Se incorporan las novedades normativas recientemente aprobadas en las diferentes jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o específicas abundando en ellas en lo que sea preciso. En definitiva, el Memento Procesal es una obra práctica y técnicamente rigurosa, de consulta imprescindible tanto para el profesional (en la medida en que le permite conocer detallada, firme y sencillamente cuál es su posición jurídica en el proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia, doctrina y práctica asociadas), como para el particular (en cuanto que analiza con detalle compleja regulación procesal vigente desde una perspectiva multidisciplinar).
La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consistente en el decreto que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue trascendental para sistema jurídico penal mexicano, pues establece la entrada en vigor de un proceso penal de carácter acusatorio y oral, y que tiene como eje principal los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En razón de ello, una de las novedades, como son las soluciones alternas y formas de terminación anticipada implican un procedimiento especial, que se rige por sus propias disposiciones y las concurrentes de la ley procesal penal ordinaria; lo que se traduce en un componente de simplificación del procedimiento penal y que encuentra sustento en el llamado derecho procesal penal transaccional, que busca evitar un procedimiento penal innecesario obteniendo el procesado un beneficio de reducción de la pena mediante una fórmula de acuerdo o de consenso realizado entre el imputado y el Ministerio Público, con la aprobación necesaria del Juez de Control. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano en sus artículos 183 a 210, establece las Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, materializándose el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso como soluciones alternas y el procedimiento abreviado, como la forma de terminación anticipada; los cuales son analizados desde el derecho comparado tanto, en el sistema Norteamericano, como el sistema Europeo (Alemania y España), y Latinoamericano (Argentina, Colombia y Chile), para finalmente reseñarlos desde el punto de vista de México.
La posicion del Juez con respecto a la Ley, es decir, el concepto y los limites de la obediencia del primero a la segunda, es un problmea muy estudiado en los ultimos tiempos.
El trabajo que el lector tiene en sus manos recoge en esencia las ponencias presentadas en las Jornadas sobre resolución de conflictos en materia de consumo, organizadas por el Instituto Galego de Consumo y el Área de Derecho Procesal de la Universidade de Vigo, y celebradas en Vigo, a finales de 2008. Si bien la idea original era llevar a cabo un estudio pormenorizado del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, pronto se convino en complementarlo con el análisis de las peculiaridades de los procesos de consumo. Y el resultado ha sido el trabajo que ahora se presenta, que se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En la primera se hace una exposición detallada de las especialidades propias de los procesos para la tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios reguladas en la LEC, y más en concreto, las relativas a la capacidad, la legitimación y la intervención procesal, así como a los efectos y especialidades de la ejecución de la sentencia dictada en los mismos. La segunda parte se dedica al análisis de la nueva regulación del arbitraje de consumo introducida por el Real Decreto 231/2008, dedicando sendos capítulos al estudio de la organización del sistema arbitral de consumo, del estatuto jurídico de los árbitros, del procedimiento arbitral y del laudo arbitral.
Este nuevo Tratado, con la finalidad de dotar a la obra de utilidad para el jurista práctico, y por qué no, también al académico, tiene una vocación de análisis global e integral, incluyendo en los comentarios aspectos de organización judicial y, sobre todo, la problemática de la legislación supletoria representada por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Incidiendo en dos aspectos esenciales del proceso contencioso-administrativo, incluyendo por un lado referencia expresa a la supletoriedad de la LEC en esa materia en concreto, y por otro lado, una minuciosa recepción realizada de la jurisprudencia existente sobre todos los aspectos relevantes del proceso contenido en la LJCA. Una obra que cobra una nueva dimensión práctica dirigida al profesional que busca en un mismo texto: Una rigurosa formulación teórica sobre la interpretación de las normas aplicables. Una adecuada descripción de la institución de que se trate. Una precisa indicación de los aspectos problemáticos de la figura analizada. Una eficaz identificación de las soluciones empleadas por los tribunales. Una correcta exposición de soluciones teóricas para una perfecta aplicación práctica. Las reformas operadas en los últimos años, y las que previsiblemente deban realizarse en el futuro inmediato, justifican que exista una obra de referencia que sistematice las normas y que permita una mejor comprensión global y general del marco estable en el que, con carácter general, se desarrolla el contencioso-administrativo. Sumario Tomo I Parte General Tomo II Los Procedimientos Tomo III Los Recursos Tomo IV Ejecución, Procedimientos Especiales y Medidas Cautelares Tomo V Documentación General: Legislación, Bibliografía e Índices Tomo VI Contiene texto y la LJCA en su versión reformada.
