La presente obra contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual. La citada Ley se estructura en los siguientes libros: -Libro I. Disposiciones generales [arts. 1 a 258]. -Libro II. Del sumario [arts. 259 a 648]. -Libro III. Del juicio oral [arts. 649 a 749]. -Libro IV. De los procedimientos especiales [arts. 750 a 846]. -Libro V. De los recursos de apelación, casación y revisión [arts. 846 bis a) a 961]. -Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas [arts. 962 a 982]. -Libro VII. De la ejecución de las sentencias [arts. 983 a 998]. Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
La presente edición pretende ser una obra de consulta básica y útil para el profesional del Derecho que tiene que actuar en y ante los tribunales y para el estudiante y el estudioso que se acerque a la legislación procesal civil española. En esta obra constan todas las normas que rigen las actuaciones de los procesos civiles que tienen lugar en España: en efecto, junto a los preceptos de la Constitución con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. Además, se transcriben los preceptos de la Ley de 1881 todavía en vigor, la Ley y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y consignaciones judiciales en metálico de efectos o valores y sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet. Y como aún existen normas con relevancia procesal en determinadas leyes especiales, también figuran algunos artículos de las Leyes Orgánicas de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y del derecho de rectificación, concretos preceptos de las Leyes de Arrendamientos Rústicos, Cambiaria y del Cheque, de Condiciones Generales de la Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de Propiedad Horizontal, de Propiedad Intelectual, de Patentes, de Marcas, de Publicidad, de Competencia Desleal, de Sociedades de Capital, de Cooperativas, Hipotecaria y del Código Civil. Asimismo, se incluyen la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y varios Reglamentos comunitarios de naturaleza procesal, directamente aplicables en nuestro Derecho. Queda completa la obra con una doble tabla de correspondencias entre la LEC-2000 y la LEC-1881 y un extenso índice analítico.
Contiene este volumen la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), actualizada conforme a las sucesivas leyes de reforma y complementada, entre otras, por las siguientes disposiciones legales: - Ley Orgánica del Poder Judicial (1985). - Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales (1987). - Ley de Demarcación y de Planta Judicial (1988). - Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (1981). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994). - Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales (2006). - Ley Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus (1984). - Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (1992). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (1986). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (1987). - Ley Orgánica Procesal Militar (1989). La obra se completa con un extenso índice analítico para facilitar su consulta.
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se incluyen aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social; la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega; la Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. La edición se completa con una relación de Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una incidencia directa en las anteriores normas. La obra se estructura de la siguiente manera: I. Constitución Española. II. Ley de Enjuiciamiento Criminal. III. Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. IV. Legislación orgánica. V. Normas complementarias. - Proceso de menores. - «Habeas Corpus». - Violencia de género. - Seguridad ciudadana. - Protección a Testigos y Peritos. - Ayuda y asistencia a las víctimas de delitos. - Senadores y Diputados. - Extradición Pasiva. - Legislación Penitenciaria. - Asistencia jurídica gratuita. - Derecho de Gracia. - Derechos y Libertades de Extranjeros. - Tecnologías de la información y comunicación. - Depósitos judiciales y piezas de convicción. VI. Circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. VII. Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se completa esta edición con un extenso índice analítico que permitirá la fácil localización de cualquier norma o concepto jurídico de interés relacionado con la materia.
La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece la responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido previamente imputada, acusada y condenada en un proceso penal. Ante la ausencia de una reforma procesal que acompañara a la LO 5/2010, el legislador aprobó mediante la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal ciertas modificaciones de la LECrim que, desgraciadamente, resultan insuficientes. Existen multitud de cuestiones -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la sentencia- que deben ser analizadas con mayor exhaustividad que la ofrecida por el legislador para obtener la mejor solución posible. Con el citado propósito, el objeto del presente libro consiste en la configuración de un proceso penal para las personas jurídicas que resuelva los interrogantes que el nuevo modelo plantea en todos los estadios del proceso (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares,?). Para ello se ha analizado la regulación actual, la jurisprudencia existente, así como las soluciones que ofrece el Derecho comparado, especialmente la regulación norteamericana y la aplicación de los programas de cumplimiento o «compliance» como elemento indispensable para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
INDICE:. Parte 1. El proceso civil, cuestiones generales.. Parte 2. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares. Los procesos declarativos y procesos especiales.. Parte 3. Los recursos en el proceso civil y la rescisión de sentencias firmes.. Pa
Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con éxito dichas exigencias, pues a través de una sistemática sencilla desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Secretarios Judiciales, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.
La presente obra tiene por objeto el estudio de las genéricamente denominadas en el proceso penal intervenciones corporales. Una denominación que incluye un sinfín de diligencias que únicamente tienen en común el hecho de recaer sobre el cuerpo de una persona: desde un simple examen corporal hasta la extracción de elementos o sustancias del interior del cuerpo. Una materia caracterizada, pues, por su heterogeneidad y, en nuestro proceso penal, por su falta de regulación completa y detallada. Por ello, es necesario delimitar tal concepto a fin de poder distinguir, con mayor precisión, si cabe, los distintos supuestos de inspecciones, registros e intervenciones corporales que pueden tener lugar en la fase de instrucción del proceso penal como actos de investigación. Trata, pues, el presente libro las principales cuestiones problemáticas que plantean las investigaciones corporales: su naturaleza jurídica, su deficiente regulación, los derechos fundamentales afectados por las mismas, los presupuestos y requisitos necesarios para su ordenación, la controvertida cuestión de su ejecución forzosa y, finalmente, su eficacia probatoria en el juicio oral. Cuestiones que siguen teniendo actualidad gracias al crecimiento exponencial en los últimos años del uso del ADN como prueba en el proceso penal, la cual, entre otras cuestiones, ha venido a reabrir el debate sobre la utilización del cuerpo del imputado como objeto o fuente de prueba. En definitiva, la presente obra constituye un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de las inspecciones, registros e intervenciones corporales como actos de investigación en el ámbito del proceso penal desde una perspectiva teórica, pero al mismo tiempo pragmática, enmarcada en una concepción garantista del Derecho Procesal Penal.
Mi dilatada actuación profesional en los Tribunales civiles y canónicos me enseñó que era urgente exhibir «otra verdad»: la que brota de la vida de las personas, la que fluye del impacto de la aplicación formal de las normas a sus destinatarios. Lo he intentado respecto a las causas de nulidad del matrimonio con ¿El divorcio católico? Un sitio a la verdad, Palma 1998, respecto a la guarda y custodia de los hijos con La custodia de los hijos. La guarda compartida: opción preferente, Pamplona 2010, y, ahora, respecto de los abusos sexuales contra menores por parte del clero católico con La investigación previa -La respuesta de la Iglesia al delito de abuso sexual-. La verdad oculta que he encontrado en el procedimiento de La investigación previa (cc. 1717-1719) me ha parecido que debía sacarla a la luz. En este sentido, he querido contrastar esa práctica con las exigencias derivadas de la formulación de algunos principios básicos como la búsqueda y el respeto a la verdad, como la realización de la justicia y la preocupación por el bien común eclesial, como el respeto a las normas vigentes y la colaboración con la autoridad civil, como el secreto y diligencia en la realización de las actuaciones. El resultado configura un procedimiento que muy poco tiene que ver con el vigente. La anterior perspectiva resulta aún más confirmada al verificar el modo como ahora se tutelan en dicho procedimiento derechos como los siguientes: a una investigación justa y equitativa, a la presunción de inocencia, a la información al denunciado, a la propia defensa, a la buena fama, a la asistencia al denunciado, al apoyo a las víctimas. La formulación doctrinal no se compadece en muchos casos con las actuaciones concretas que se llevan a cabo. Todo un largo camino a recorrer. A partir de la luz que deriva de tales principios y derechos, todo cambia en el itinerario concreto que ha de seguir el procedimiento, tanto en su fase de instrucción como conclusiva. Hemos otorgado una atención preferente al último discernimiento del Obispo, que siempre puede tener una doble salida: archivo del procedimiento o remisión a la Santa Sede en espera de recibir instrucciones. No es necesario subrayar que el trabajo está lleno de sugerencias de reforma de cara al futuro. Es urgente superar el modo como actualmente se procede, que no se compadece con la cultura actual. La Iglesia también en este terreno ha de dar testimonio y mostrar que, en su ámbito, se respetan, de modo real y efectivo, los derechos humanos y del fiel. Todo un abanico de propuestas de reforma urgente.
La defensa de las víctimas es uno de los elementos esenciales sobre los que se construye la Justicia Penal Internacional; sin embargo, hasta la llegada del Estatuto de Roma (1998) por el que se creó la Corte Penal Internacional, las víctimas no tenían la posibilidad de alegar ni probar en los juicios ante los Tribunales Penales Internacionales (Nüremberg, Tokio, ex Yugoslavia o Ruanda). Tampoco podían solicitar la compensación y restitución del daño dentro del mismo procedimiento, debiendo acudir a las jurisdicciones nacionales. Su actuación se limitaba a ser oídos como testigos de la acusación, cuando eran llamados. El Estatuto de Roma modifica esta situación, otorgando a las víctimas la posibilidad real de participar en el procedimiento a través de un abogado (legal representative) que actuará como acusación al lado del fiscal. El Estatuto y la demás normativa aplicable configuran un régimen de intervención procesal que no puede equipararse al de las genuinas partes del proceso (fiscalía y la defensa), pero que permite una actuación sustancial de las víctimas en la práctica totalidad de las fases del proceso. Asimismo, será la Corte la que resuelva sobre la compensación y reparación a los perjudicados, asignándose para ello un relevante papel a su representación y defensa. La presente monografía analiza todas las posibilidades procesales de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, con base en los textos normativos que rigen su actuación y con cita de abundante jurisprudencia emanada de sus diferentes Salas. Como introducción a todo ello, la obra dedica un relevante apartado al análisis de las instituciones de la Corte, aproximándose tanto al derecho penal sustantivo como al derecho procesal dimanante de su normativa. Por último, se realiza un estudio del sistema de participación procesal de las víctimas en el Special Tribunal for Lebanon y en las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. El presente trabajo aparece prologado por la eminente jurista brasileña Sylvia Steiner, actualmente, y desde el año 2003, Jueza de la Corte Penal Internacional.
La presente obra realiza un estudio sistemático de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de proceso laboral, desde su origen e inicio de su actividad en 1981, hasta 2013. Parece un momento histórico especialmente apropiado para una retrospectiva de tal dimensión, desde el momento en que la jurisdicción social ha asistido a la promulgación de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción, que sustituye a la anterior Ley de Procedimiento Laboral. Lo cierto es contamos ya con una perspectiva lo bastante amplia para poder valor dentro del ámbito del proceso general, y de manera muy particular el proceso social, las aportaciones del Tribunal Constitucional, que pueden calificarse ciertamente como titánicas, en cuanto que el Tribunal ha contribuido de manera indiscutible y decisiva a la construcción del proceso tal como lo conocemos en la actualidad. La obra no solo recopila buena parte de los pronunciamientos en la materia. Los ha ordenado sistemáticamente, de manera que cualquier estudioso, tanto teórico como práctico, tenga un fácil acceso a los criterios del Tribunal requeridos en cada caso. Por otro lado se ha optado por algo más que una mera ordenación de pronunciamientos. Cuando ello es necesario, la exposición se acompaña de la explicación del desarrollo histórico de la doctrina para comprender su sentido y alcance, y por ello también estar en disposición de detectar su eventual potencial de evolución. En no pocas ocasiones, se acompaña también una crítica sobre las implicaciones de la doctrina del Tribunal. Con tal aproximación crítica se intenta detectar los eventuales problemas de su aplicación práctica, con un ánimo en el que resulta difícil ocultar la preocupación por alguna de las tradicionales disfunciones de la jurisdicción social, apenas corregidas en la vigente Ley Rituaria.
Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.
La presente obra contiene un estudio de todos y cada uno de los procedimientos monitorios civiles regulados en las leyes procesales civiles. Tras una referencia a la técnica monitoria, su naturaleza y principales caracteres definitorios, se analiza con detalle la regulación del procedimiento monitorio contenida en los arts. 812 a 818 LEC, incluidas las especialidades contenidas en el art. 21 de la LPH para la reclamación de los créditos derivados de gastos de comunidad de vecinos. Igualmente se estudia el procedimiento monitorio regulado en el Reglamento (CE) 1896/2006, de 12 de diciembre, por el que se establece un proceso monitorio europeo para la reclamación de ciertos créditos de carácter transfronterizo. Pero los procedimientos monitorios civiles no se limitan a los anteriores en el derecho español. También instrumentan la misma técnica monitoria, aunque sea con importantes caracteres especiales, los procedimientos regulados en el art. 440.3 LEC, tras la última redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, sobre el ejercicio de la pretensión de desahucio por falta de pago; el juicio cambiario regulado en los arts. 819 a 829 LEC; así como también los procedimientos regulados en los arts. 34 y 35 LEC para la reclamación de gastos y suplidos por el procurador, y de honorarios por el abogado. Por ello, todos estos procedimientos son objeto de la debida atención en este trabajo. En el que se ofrece una perspectiva original y de interés para el docente e investigador del derecho procesal, así como también destaca por la extraordinaria utilidad práctica, no solamente para abogados y secretarios judiciales, sino también para jueces y magistrados, procuradores, abogados, así como para todos aquellos estudiosos que deseen tener un conocimiento completo y pormenorizado de la tutela judicial del crédito civil mediante la técnica monitoria en el derecho español.
El proceso social presenta múltiples problemas aplicativos en tanto que su práctica real, basada en el proceso verbal, la inmediación y la instancia única, conlleva que muchas inercias consuetudinarias en juzgados y tribunales se hayan ido conformando a través del día a día de los conflictos sociales y la jurisprudencia. La presente obra intenta dar una respuesta rápida y ágil a los interrogantes que pueden tener los profesionales en su ejercicio profesional, siguiendo los grandes apartados y capítulos de la propia Ley Reguladora. A dichos efectos se ha optado por un texto eminentemente práctico, huyendo de la mera dogmática para insertarse en el terreno de la realidad del fuero laboral. En esa tónica se incluyen multitud de referencias a la jurisprudencia, integrando formularios y respuestas a aspectos prácticos. El texto se complementa con un exhaustivo índice que permite en forma ágil acceder a los contenidos integrados.
La presente obra contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual. La citada Ley se estructura en los siguientes libros: -Libro I. Disposiciones generales [arts. 1 a 258]. -Libro II. Del sumario [arts. 259 a 648]. -Libro III. Del juicio oral [arts. 649 a 749]. -Libro IV. De los procedimientos especiales [arts. 750 a 846]. -Libro V. De los recursos de apelación, casación y revisión [arts. 846 bis a) a 961]. -Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas [arts. 962 a 982]. -Libro VII. De la ejecución de las sentencias [arts. 983 a 998]. Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
La presente edición pretende ser una obra de consulta básica y útil para el profesional del Derecho que tiene que actuar en y ante los tribunales y para el estudiante y el estudioso que se acerque a la legislación procesal civil española. En esta obra constan todas las normas que rigen las actuaciones de los procesos civiles que tienen lugar en España: en efecto, junto a los preceptos de la Constitución con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. Además, se transcriben los preceptos de la Ley de 1881 todavía en vigor, la Ley y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y consignaciones judiciales en metálico de efectos o valores y sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet. Y como aún existen normas con relevancia procesal en determinadas leyes especiales, también figuran algunos artículos de las Leyes Orgánicas de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y del derecho de rectificación, concretos preceptos de las Leyes de Arrendamientos Rústicos, Cambiaria y del Cheque, de Condiciones Generales de la Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, de Propiedad Horizontal, de Propiedad Intelectual, de Patentes, de Marcas, de Publicidad, de Competencia Desleal, de Sociedades de Capital, de Cooperativas, Hipotecaria y del Código Civil. Asimismo, se incluyen la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y varios Reglamentos comunitarios de naturaleza procesal, directamente aplicables en nuestro Derecho. Queda completa la obra con una doble tabla de correspondencias entre la LEC-2000 y la LEC-1881 y un extenso índice analítico.
Contiene este volumen la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), actualizada conforme a las sucesivas leyes de reforma y complementada, entre otras, por las siguientes disposiciones legales: - Ley Orgánica del Poder Judicial (1985). - Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales (1987). - Ley de Demarcación y de Planta Judicial (1988). - Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (1981). - Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994). - Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales (2006). - Ley Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus (1984). - Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (1992). - Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000). - Reglamento de la responsabilidad penal de los menores (2004). - Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (1986). - Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (1987). - Ley Orgánica Procesal Militar (1989). La obra se completa con un extenso índice analítico para facilitar su consulta.
La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras Normas Procesales, ha sido preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de Derecho Procesal. Además de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, actualizada a la fecha de cierre, se incluyen aquellas normas que han supuesto importantes modificaciones en el sistema procesal español, en particular, la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su Reglamento; la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual; la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social; la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega; la Ley 18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, que regula los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. La edición se completa con una relación de Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una incidencia directa en las anteriores normas. La obra se estructura de la siguiente manera: I. Constitución Española. II. Ley de Enjuiciamiento Criminal. III. Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. IV. Legislación orgánica. V. Normas complementarias. - Proceso de menores. - «Habeas Corpus». - Violencia de género. - Seguridad ciudadana. - Protección a Testigos y Peritos. - Ayuda y asistencia a las víctimas de delitos. - Senadores y Diputados. - Extradición Pasiva. - Legislación Penitenciaria. - Asistencia jurídica gratuita. - Derecho de Gracia. - Derechos y Libertades de Extranjeros. - Tecnologías de la información y comunicación. - Depósitos judiciales y piezas de convicción. VI. Circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. VII. Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se completa esta edición con un extenso índice analítico que permitirá la fácil localización de cualquier norma o concepto jurídico de interés relacionado con la materia.
La LO 5/2010 de 22 de junio de reforma del Código penal ha supuesto un antes y un después en nuestro ordenamiento, puesto que establece la responsabilidad penal, directa y autónoma de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido previamente imputada, acusada y condenada en un proceso penal. Ante la ausencia de una reforma procesal que acompañara a la LO 5/2010, el legislador aprobó mediante la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal ciertas modificaciones de la LECrim que, desgraciadamente, resultan insuficientes. Existen multitud de cuestiones -desde la determinación del órgano competente hasta la ejecución de la sentencia- que deben ser analizadas con mayor exhaustividad que la ofrecida por el legislador para obtener la mejor solución posible. Con el citado propósito, el objeto del presente libro consiste en la configuración de un proceso penal para las personas jurídicas que resuelva los interrogantes que el nuevo modelo plantea en todos los estadios del proceso (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares,?). Para ello se ha analizado la regulación actual, la jurisprudencia existente, así como las soluciones que ofrece el Derecho comparado, especialmente la regulación norteamericana y la aplicación de los programas de cumplimiento o «compliance» como elemento indispensable para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
INDICE:. Parte 1. El proceso civil, cuestiones generales.. Parte 2. Las diligencias preliminares y las medidas cautelares. Los procesos declarativos y procesos especiales.. Parte 3. Los recursos en el proceso civil y la rescisión de sentencias firmes.. Pa
Una de las disciplinas jurídicas de mayor complejidad y, a la vez, de incontestable importancia práctica es, sin lugar a dudas, el proceso civil. Por ello se revela esencial disponer de una obra que aúne rigor técnico y sencillez expositiva. El libro que ponemos a disposición del lector cumple con éxito dichas exigencias, pues a través de una sistemática sencilla desgrana cada uno de los procedimientos civiles, reforzando cada opinión vertida con constantes referencias jurisprudenciales y doctrinales. Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Secretarios Judiciales, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.
La presente obra tiene por objeto el estudio de las genéricamente denominadas en el proceso penal intervenciones corporales. Una denominación que incluye un sinfín de diligencias que únicamente tienen en común el hecho de recaer sobre el cuerpo de una persona: desde un simple examen corporal hasta la extracción de elementos o sustancias del interior del cuerpo. Una materia caracterizada, pues, por su heterogeneidad y, en nuestro proceso penal, por su falta de regulación completa y detallada. Por ello, es necesario delimitar tal concepto a fin de poder distinguir, con mayor precisión, si cabe, los distintos supuestos de inspecciones, registros e intervenciones corporales que pueden tener lugar en la fase de instrucción del proceso penal como actos de investigación. Trata, pues, el presente libro las principales cuestiones problemáticas que plantean las investigaciones corporales: su naturaleza jurídica, su deficiente regulación, los derechos fundamentales afectados por las mismas, los presupuestos y requisitos necesarios para su ordenación, la controvertida cuestión de su ejecución forzosa y, finalmente, su eficacia probatoria en el juicio oral. Cuestiones que siguen teniendo actualidad gracias al crecimiento exponencial en los últimos años del uso del ADN como prueba en el proceso penal, la cual, entre otras cuestiones, ha venido a reabrir el debate sobre la utilización del cuerpo del imputado como objeto o fuente de prueba. En definitiva, la presente obra constituye un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de las inspecciones, registros e intervenciones corporales como actos de investigación en el ámbito del proceso penal desde una perspectiva teórica, pero al mismo tiempo pragmática, enmarcada en una concepción garantista del Derecho Procesal Penal.
Mi dilatada actuación profesional en los Tribunales civiles y canónicos me enseñó que era urgente exhibir «otra verdad»: la que brota de la vida de las personas, la que fluye del impacto de la aplicación formal de las normas a sus destinatarios. Lo he intentado respecto a las causas de nulidad del matrimonio con ¿El divorcio católico? Un sitio a la verdad, Palma 1998, respecto a la guarda y custodia de los hijos con La custodia de los hijos. La guarda compartida: opción preferente, Pamplona 2010, y, ahora, respecto de los abusos sexuales contra menores por parte del clero católico con La investigación previa -La respuesta de la Iglesia al delito de abuso sexual-. La verdad oculta que he encontrado en el procedimiento de La investigación previa (cc. 1717-1719) me ha parecido que debía sacarla a la luz. En este sentido, he querido contrastar esa práctica con las exigencias derivadas de la formulación de algunos principios básicos como la búsqueda y el respeto a la verdad, como la realización de la justicia y la preocupación por el bien común eclesial, como el respeto a las normas vigentes y la colaboración con la autoridad civil, como el secreto y diligencia en la realización de las actuaciones. El resultado configura un procedimiento que muy poco tiene que ver con el vigente. La anterior perspectiva resulta aún más confirmada al verificar el modo como ahora se tutelan en dicho procedimiento derechos como los siguientes: a una investigación justa y equitativa, a la presunción de inocencia, a la información al denunciado, a la propia defensa, a la buena fama, a la asistencia al denunciado, al apoyo a las víctimas. La formulación doctrinal no se compadece en muchos casos con las actuaciones concretas que se llevan a cabo. Todo un largo camino a recorrer. A partir de la luz que deriva de tales principios y derechos, todo cambia en el itinerario concreto que ha de seguir el procedimiento, tanto en su fase de instrucción como conclusiva. Hemos otorgado una atención preferente al último discernimiento del Obispo, que siempre puede tener una doble salida: archivo del procedimiento o remisión a la Santa Sede en espera de recibir instrucciones. No es necesario subrayar que el trabajo está lleno de sugerencias de reforma de cara al futuro. Es urgente superar el modo como actualmente se procede, que no se compadece con la cultura actual. La Iglesia también en este terreno ha de dar testimonio y mostrar que, en su ámbito, se respetan, de modo real y efectivo, los derechos humanos y del fiel. Todo un abanico de propuestas de reforma urgente.
La defensa de las víctimas es uno de los elementos esenciales sobre los que se construye la Justicia Penal Internacional; sin embargo, hasta la llegada del Estatuto de Roma (1998) por el que se creó la Corte Penal Internacional, las víctimas no tenían la posibilidad de alegar ni probar en los juicios ante los Tribunales Penales Internacionales (Nüremberg, Tokio, ex Yugoslavia o Ruanda). Tampoco podían solicitar la compensación y restitución del daño dentro del mismo procedimiento, debiendo acudir a las jurisdicciones nacionales. Su actuación se limitaba a ser oídos como testigos de la acusación, cuando eran llamados. El Estatuto de Roma modifica esta situación, otorgando a las víctimas la posibilidad real de participar en el procedimiento a través de un abogado (legal representative) que actuará como acusación al lado del fiscal. El Estatuto y la demás normativa aplicable configuran un régimen de intervención procesal que no puede equipararse al de las genuinas partes del proceso (fiscalía y la defensa), pero que permite una actuación sustancial de las víctimas en la práctica totalidad de las fases del proceso. Asimismo, será la Corte la que resuelva sobre la compensación y reparación a los perjudicados, asignándose para ello un relevante papel a su representación y defensa. La presente monografía analiza todas las posibilidades procesales de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, con base en los textos normativos que rigen su actuación y con cita de abundante jurisprudencia emanada de sus diferentes Salas. Como introducción a todo ello, la obra dedica un relevante apartado al análisis de las instituciones de la Corte, aproximándose tanto al derecho penal sustantivo como al derecho procesal dimanante de su normativa. Por último, se realiza un estudio del sistema de participación procesal de las víctimas en el Special Tribunal for Lebanon y en las Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. El presente trabajo aparece prologado por la eminente jurista brasileña Sylvia Steiner, actualmente, y desde el año 2003, Jueza de la Corte Penal Internacional.
La presente obra realiza un estudio sistemático de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de proceso laboral, desde su origen e inicio de su actividad en 1981, hasta 2013. Parece un momento histórico especialmente apropiado para una retrospectiva de tal dimensión, desde el momento en que la jurisdicción social ha asistido a la promulgación de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción, que sustituye a la anterior Ley de Procedimiento Laboral. Lo cierto es contamos ya con una perspectiva lo bastante amplia para poder valor dentro del ámbito del proceso general, y de manera muy particular el proceso social, las aportaciones del Tribunal Constitucional, que pueden calificarse ciertamente como titánicas, en cuanto que el Tribunal ha contribuido de manera indiscutible y decisiva a la construcción del proceso tal como lo conocemos en la actualidad. La obra no solo recopila buena parte de los pronunciamientos en la materia. Los ha ordenado sistemáticamente, de manera que cualquier estudioso, tanto teórico como práctico, tenga un fácil acceso a los criterios del Tribunal requeridos en cada caso. Por otro lado se ha optado por algo más que una mera ordenación de pronunciamientos. Cuando ello es necesario, la exposición se acompaña de la explicación del desarrollo histórico de la doctrina para comprender su sentido y alcance, y por ello también estar en disposición de detectar su eventual potencial de evolución. En no pocas ocasiones, se acompaña también una crítica sobre las implicaciones de la doctrina del Tribunal. Con tal aproximación crítica se intenta detectar los eventuales problemas de su aplicación práctica, con un ánimo en el que resulta difícil ocultar la preocupación por alguna de las tradicionales disfunciones de la jurisdicción social, apenas corregidas en la vigente Ley Rituaria.
Hace año y medio la Ley 5/2012, de 6 de julio, reguló la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cumpliendo el mandato que años atrás impuso la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo. Una de las grandes novedades de la misma fue la conformación del acuerdo de mediación, homologado judicialmente o elevado a escritura pública, como título ejecutivo. En principio dicha configuración no tenía nada de especial; el problema proviene del hecho de atribuir naturaleza jurisdiccional a dicho título ejecutivo, incluso cuando el mismo es elevado a escritura pública. Esa ficción legal, que lleva a ejecutar cualquier tipo de acuerdo de mediación por la vía establecida para los títulos jurisdiccionales, plantea no pocos problemas. El presente libro analiza precisamente aquellos aspectos del proceso de ejecución que requieren de un tratamiento específico debido a la singularidad del título en cuestión. Temas controvertidos como la necesidad o no de pagar tasa judicial para solicitar la ejecución del acuerdo, la extensión del control judicial para despachar ejecución, la fijación del dies a quo del cómputo de los plazos de espera y caducidad o la amplitud de la oposición a la ejecución, son tratados y resueltos en la presente obra.
La presente obra contiene un estudio de todos y cada uno de los procedimientos monitorios civiles regulados en las leyes procesales civiles. Tras una referencia a la técnica monitoria, su naturaleza y principales caracteres definitorios, se analiza con detalle la regulación del procedimiento monitorio contenida en los arts. 812 a 818 LEC, incluidas las especialidades contenidas en el art. 21 de la LPH para la reclamación de los créditos derivados de gastos de comunidad de vecinos. Igualmente se estudia el procedimiento monitorio regulado en el Reglamento (CE) 1896/2006, de 12 de diciembre, por el que se establece un proceso monitorio europeo para la reclamación de ciertos créditos de carácter transfronterizo. Pero los procedimientos monitorios civiles no se limitan a los anteriores en el derecho español. También instrumentan la misma técnica monitoria, aunque sea con importantes caracteres especiales, los procedimientos regulados en el art. 440.3 LEC, tras la última redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, sobre el ejercicio de la pretensión de desahucio por falta de pago; el juicio cambiario regulado en los arts. 819 a 829 LEC; así como también los procedimientos regulados en los arts. 34 y 35 LEC para la reclamación de gastos y suplidos por el procurador, y de honorarios por el abogado. Por ello, todos estos procedimientos son objeto de la debida atención en este trabajo. En el que se ofrece una perspectiva original y de interés para el docente e investigador del derecho procesal, así como también destaca por la extraordinaria utilidad práctica, no solamente para abogados y secretarios judiciales, sino también para jueces y magistrados, procuradores, abogados, así como para todos aquellos estudiosos que deseen tener un conocimiento completo y pormenorizado de la tutela judicial del crédito civil mediante la técnica monitoria en el derecho español.
El proceso social presenta múltiples problemas aplicativos en tanto que su práctica real, basada en el proceso verbal, la inmediación y la instancia única, conlleva que muchas inercias consuetudinarias en juzgados y tribunales se hayan ido conformando a través del día a día de los conflictos sociales y la jurisprudencia. La presente obra intenta dar una respuesta rápida y ágil a los interrogantes que pueden tener los profesionales en su ejercicio profesional, siguiendo los grandes apartados y capítulos de la propia Ley Reguladora. A dichos efectos se ha optado por un texto eminentemente práctico, huyendo de la mera dogmática para insertarse en el terreno de la realidad del fuero laboral. En esa tónica se incluyen multitud de referencias a la jurisprudencia, integrando formularios y respuestas a aspectos prácticos. El texto se complementa con un exhaustivo índice que permite en forma ágil acceder a los contenidos integrados.