La presente publicación recoge, actualizadas a 15 de julio de 2015, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El libro que el lector tiene entre sus manos constituye un análisis procesalista de la nueva Ley 15/2015, de 3 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Si uno de los pilares de la ciencia del Derecho Procesal es la Jurisdicción, el análisis de la llamada Jurisdicción Voluntaria plantea de manera ineludible la necesidad de acotar y diferenciar debidamente el campo de lo jurisdiccional, frente al cual adquiere verdadera naturaleza. . En este momento, en que la Ley comienza su andadura, todos los operadores jurídicos hemos de mostrar estar a la altura del reto que supone la irrupción en escena de una nueva iniciativa legislativa que viene a modificar los papeles adjudicados a los distintos actores del entramado. En primer lugar, formándonos adecuadamente, conociendo en profundidad su contenido y asumiendo los progresos del texto legal, a fin de suplir sus carencias, porque no creemos en la omnipotencia ni en la infalibilidad del legislador. . Esta aportación tiene una finalidad acorde con lo expuesto: un planteamiento crítico (porque esa misión es irrenunciable para la investigación jurídica), pero también tendente a coadyuvar al efectivo desenvolvimiento de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, facilitando su comprensión en estos momentos iniciales de su andadura.
Exposición sistemática del proceso civil español, útil para los universitarios y también para los profesionales del Derecho. Tras una introducción -que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina el proceso de declaración, con el estudio de las partes, jurisdicción y competencia, objeto del proceso, principales actos del mismo (alegaciones de actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una síntesis del proceso concursal. Actualizda hastal las disposiciones publicadas en el BOE de 22 de julio de 2015, la obra considera la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, así como, entre otras, las reformas de la legislación concursal y de la LOPJ.
La presente monografía es un ensayo sobre los procesos y los procedimientos de internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico que vienen regulados por los artículos 763 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No es un trabajo sobre incapacitación. Es un estudio sobre las actuaciones procesales destinadas a obtener de un juez autorización para proceder al internamiento forzoso de una persona por causa de trastorno psíquico. Parte de la base de que los de internamiento son unos procesos diferentes de los procesos relacionados con la incapacitación. No son una medida cautelar de estos últimos. Tienen entidad propia. La de internamiento es una medida que sirve para poder tratar a una persona de su trastorno mental. La incapacitación reconoce su falta de capacidad para gobernarse a sí misma y establece los medios necesarios para suplir esa falta de gobierno. Son pues medidas diferentes que se establecen y modifican a través de cauces procesales distintos. Los primeros capítulos del libro se dedican, precisamente, a tratar de argumentar por qué efectivamente estos procesos tienen una entidad propia. No son meros trámites de jurisdicción voluntaria, como a menudo se piensa, sino un proceso, de naturaleza especial y contenciosa, que encuentra su razón de ser en la tutela de ese derecho fundamental que es la libertad. Los capítulos siguientes tratan de desarrollar los elementos que esperamos encontrar en todo proceso y en todo procedimiento y que lo delimitan y constituyen como tal: competencia de los tribunales, estudio de las partes, fase de alegaciones, prueba, audiencias, recursos, seguimiento del internamiento, etc. El resultado, pues, es una propuesta sistematizada desde una perspectiva puramente procesal de los elementos que integran las actuaciones que a la postre llevan al juzgador a autorizar o a rechazar los internamientos forzosos por trastorno psíquico, tanto en los casos urgentes como en los que no lo son.
Este estudio sobre el desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento de 2000 responde a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se ha implementado el desistimiento como forma de terminación del proceso? ¿Qué cuestionamientos son relevantes en las resoluciones judiciales cuando se decide sobre el tema? Luego en cadena se investiga cómo se acopló el desistimiento en la LEC frente a la contraparte y demás etapas formales que lo comprenden; para tal fin fue necesario desarrollar otros contenidos que se plantearon como problemas nodales de tal figura: ¿cómo se ejerció la bilateralidad en el desistimiento? En cuanto a las partes, ¿qué tratamiento normativo y práctico ha tenido la oposición como manifestación inequívoca de impedir el desistimiento? Ante esta cuestión y dada la legislación prevista en la LEC, se considera tener claro ¿en qué consiste la oposición y cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de las costas judiciales? Esto en razón de que hay que tener en cuenta las posturas que asumen las partes, esos factores juegan un papel preponderante en los criterios legales para concretar la condena en costas. Se suma a este trabajo para buscar respuesta a los mencionados problemas, la elaboración de una panorámica jurídica y completa del régimen del desistimiento dentro de la LEC. Resulta preciso poner en el punto de partida un concepto del desistimiento que permita verificar con él las adaptaciones de las circunstancias resueltas en la práctica judicial. De allí que se observe en su contenido temático, cómo se desarrollan los diferentes trámites e instituciones relevantes de la LEC en la primera instancia. María del Socorro Rueda Fonseca. Abogada e investigadora graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes-Colombia, profesora asociada en la misma universidad. Doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Desde 1990 ha enseñado en las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Obligaciones I y II, Argumentación de Procesos Civiles y Constitución y Democracia. Dentro de sus obras colectivas destaca el libro Derecho procesal civil (Editorial Temis y Biblioteca Jurídica Uniandina, Bogotá, 2009), así como el texto electrónico, elaborado bajo su coordinación, Hipertexto de derecho procesal (Bogotá, 2008). Publicó el libro Fundamentos de derecho procesal (Señal Editora, 2009). También es de su autoría el libro La reparación de perjuicios en el vínculo matrimonial (Ediciones Uniandes, Bogotá, 2011), La raíz del Código General del Proceso, Universidad de los Andes, Colección de Estudios Cijus, (Bogotá, 2015).
¿Cómo hay que interponer un Recurso de casación para la unificación de doctrina en la jurisdicción social? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer este recurso? ¿Cuál es el iter procesal? A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, preguntas con respuesta y formularios, «Recurso de casación para la unificación de doctrina en la jurisdicción social. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita un profesional del derecho para interponer con éxito ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en el ámbito laboral.
La presente monografía, de la que es autor Vicente Gimeno Sendra (Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado emérito del T.C.) efectuada en colaboración con Manuel Díaz Martínez (también Catedrático acreditado de dicha asignatura en la UNED) constituye un auténtico Tratado de Derecho Procesal Penal que, por haberse actualizado con arreglo a la Ley Orgánica 13/2015 y ordinaria 41/2015, ambas de 5 de octubre, sobre reforma de la LECRIM y contener una puesta al día de la jurisprudencia del TEDH, T.C. y T.S., la convierten en una obra de indispensable utilización por todos los profesionales del Derecho (Jueces y Fiscales, pero, sobre todo, Abogados penalistas) que se relacionen con la justicia penal. Se trata de una obra que combina la doctrina y jurisprudencia de nuestros más altos tribunales con la sólida formación práctica de sus autores, en la que el profesional encontrará la argumentación técnica necesaria para efectuar los actos procesales conducentes a la obtención del éxito de su pretensión o defensa.
Este manual contiene una exposición del proceso civil español. Dedicamos la obra, en concreto, al estudio de los procesos declarativos ordinarios, el juicio ordinario y el juicio verbal, así como a los procesos especiales; siendo todos ellos de utilidad en los comienzos del estudio de esta disciplina. En las primeras unidades se analizan los presupuestos del proceso: la jurisdicción y la competencia objetiva, territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales, así como el análisis de las partes en el proceso civil. Al tratamiento del proceso ordinario dedicamos gran parte de las unidades, comenzando con los actos previos al proceso. Posteriormente, estudiamos los diferentes medios de prueba, el momento de su aportación, proposición y práctica. Analizamos la demanda, la contestación, la posible reconvención y dedicamos un estudio exhaustivo a la audiencia previa, como trámite fundamental dentro del proceso ordinario. Encontraremos en estas páginas una explicación detallada del juicio verbal, para terminar con los recursos en el proceso civil y los diferentes procesos especiales. Junto a la exposición teórica, encontrará el lector ejemplos extraídos de la práctica real ante los juzgados y los tribunales, que dotan a la obra de un contenido práctico, que será de utilidad en los comienzos del ejercicio profesional. Índice: Prólogo Unidad didáctica 1. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional Unidad didáctica 2. Las partes en el proceso civil. Pluralidad de partes Unidad didáctica 3. El objeto del proceso Unidad didáctica 4. Actos previos al proceso y tipos de procesos Unidad didáctica 5. La prueba en el proceso civil Unidad didáctica 6. Juicio ordinario (I). Actos de alegación Unidad didáctica 7. Juicio ordinario (II). La audiencia previa al juicio. El juicio y su desarrollo Unidad didáctica 8. El juicio verbal Unidad didáctica 9. Los recursos en el proceso civil Unidad didáctica 10. Los procesos especiales: capacidad de las personas, procesos matrimoniales y menores, proceso monitorio y juicio cambiario Índice sistemático
Tras casi veinte años de negociaciones, el 12 de octubre de 2017 finalmente se adoptaba el Reglamento europeo para el establecimiento de una Fiscalía Europea. Esta novedosa institución, basada en una estructura centralizada, actuará a través de Fiscales Delegados nacionales en cada uno de los Estados miembros y será competente para investigar y enjuiciar los delitos de fraude contra los intereses financieros de la Unión definidos en la Directiva 2017/1371. Nos encontramos ante un nuevo actor en el ámbito de la justicia penal de la Unión Europea, regido por el principio de cooperación leal con las instituciones nacionales, y cuya misión es defender los intereses de todos los contribuyentes europeos a través de una acción penal eficiente frente al fraude. El presente libro aborda los retos que plantea la implantación y el funcionamiento de esta Fiscalía supranacional, poniendo especial énfasis en la dimensión de los derechos fundamentales de los acusados en los procesos penales transnacionales. Este volumen es el resultado de la fructífera cooperación entre el mundo científico académico y la experiencia práctica aportada tanto desde la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, lo cual aporta un indudable valor añadido a la obra. Todos sus autores son expertos en la materia y muchos de ellos han estado directamente vinculados en el desarrollo del proyecto de creación de la futura Fiscalía Europea.
La presente monografía aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando una atención muy especial al compliance program penal. Una parte fundamental de la obra se dedica al estudio del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla nuestro Código Penal -teniendo en consideración todo aquello que contiene la trascendental Circular 1/2016 FGE-. Entre otros aspectos, se analizan detalladamente los elementos necesarios para la atribución de responsabilidad al ente corporativo y que configuran los denominados «hechos de conexión»; los presupuestos que han de concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica según el puesto que ocupe la persona física que ha desarrollado el comportamiento delictivo (el doble régimen de exención); la función de compliance, sus exigencias orgánicas, funcionales y el papel del compliance officer en relación con la responsabilidad criminal corporativa; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones y para los entes sin personalidad jurídica, etc. Por otro lado, contiene unas propuestas para la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance al objeto de erigir un modelo actualizado y de mayor base científico-experimental. Con tal propósito, el autor realiza una compilación de las posturas dogmáticas existentes en torno al delito corporativo y los planteamientos contemplados en la obra precedente, «Compliances y Responsabilidad Penal Corporativa», para desarrollar este modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa cimentado en el nuevo institucionalismo de la elección racional y la teoría de juegos. No son meros aspectos teóricos, pues tienen un claro alcance pragmático en la elaboración del compliance y como nociones tendentes a probar su idoneidad; como paradigma de ello, se destaca la acreditada validez en la predicción de conductas de riesgo desde un plano estratégico. Igualmente, durante el estudio, se argumenta cómo estas propuestas permiten establecer un valioso nexo lógico de raíz socio-jurídica con la algoritmia, el big data y la inteligencia artificial, campos que vienen asumiendo un protagonismo cada vez mayor. En la última parte, se explican pormenorizadamente todos los elementos que ha tener un compliance program penal para que pueda ser considerado eficaz y, por tanto, se posibilite la exoneración de responsabilidad penal a la persona jurídica. Para ello, se examinan cada uno de los seis requisitos recogidos en el art. 31 bis 5 C.P. y se efectúa un contraste con aquello que, al respecto, dispone la Circular 1/2016 FGE. Durante la exposición, se recogen consideraciones que coadyuvan a concebir e implementar un compliance en la organización que realmente satisfaga las exigencias jurídico-penales vigentes. Además, a lo largo de la obra se tiene en cuenta la más reciente jurisprudencia que existe sobre la materia. Se trata, por tanto, de una monografía que nace con un doble objetivo: promover un modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa -actualizado y de base estratégica- y ser un instrumento muy útil de consulta sobre el régimen jurídico-penal aplicable a este tipo de organizaciones para jueces, fiscales, abogados expertos en compliance, asesores legales de entidades mercantiles y, cómo no, para directores de cumplimiento y compliance officers.
La mediación familiar se trata de una opción poco utilizada en España. Sin embargo, los datos señalan que el 80% de las personas que acuden de forma voluntaria a un proceso de mediación logran un acuerdo, porcentaje muy alejado del 20% que lo consigue cuando los casos llegan a manos de los Tribunales. Siendo así, ¿por qué solo un 1% de la población española acude a mediación por cuenta propia? La razón no es otra que el desconocimiento generalizado. Por este motivo, es importante dar a conocer que se trata de una fórmula más económica, rápida y de menor coste emocional que la vía judicial. Así, pues, la elaboración de este manual docente va enfocado a un aprendizaje teórico acompañado de casos prácticos y test de autoevaluación de modo que permitan al alumno empezar, desde el estudio, a ser mediador.
La reforma de Bolonia ha supuesto una evidente disminución en la formación de los actuales juristas. Por desgracia, se han reducido drásticamente los contenidos que pueden transmitirse en la docencia del Grado de Derecho. Los reformadores, pretendiendo de buena fe que los alumnos tuvieran un acceso más rápido y directo al know how, han acabado produciendo una merma relevante de los conocimientos que el jurista aprende en el Grado e incluso en el Postgrado. Esta obra parte de la idea de que la realidad anterior es terriblemente injusta no sólo para los juristas noveles, sino para la sociedad en general, y por ello pretende rebelarse a esa realidad. Con una exposición en la que ha primado, en la medida de lo posible, la exhaustividad, pero también la claridad y la sencillez, se trata de ofrecer a los alumnos un material con el que puedan estudiar, conociendo la doctrina y la jurisprudencia, y que en el futuro puedan conservar y les sea útil en su dedicación posterior como profesionales del mundo del Derecho, en el ámbito que sea. El Derecho procesal es una materia muy interdisciplinar, y más en la actualidad en materia probatoria. En esta obra se ha intentado mantener este enfoque realizando algunas reordenaciones de varias materias, actualizando otras muchas con los aportes prácticos sobre todo, y dejando atrás, como superadas, discusiones dogmáticas del pasado, pero sin descuidar la exposición del origen histórico y el desarrollo de la doctrina extranjera y española con respecto a cada institución polémica.
La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de febrero de 2018, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El progreso tecnológico que durante las últimas décadas se ha venido produciendo ha cambiado por completo nuestras vidas y la manera de relacionarnos con los demás. Pero si de entre los avances del mundo moderno hubiera que escoger el más significativo d
Los medios de investigación tecnológicos están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el proceso penal. Su importancia proviene no solo del hecho de que sean un instrumento de averiguación de hechos presente en la mayoría de los procesos penales por cualquier tipo de delito, sino también porque son imprescindibles en la investigación de los delitos cometidos por dispositivos de comunicación o a través de la red. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la LO 13/2015 trata de dar respuesta a la escasa y obsoleta regulación que tenían estos medios hasta la fecha. La implementación de esta nueva normativa, los problemas prácticos que suscita y la respuesta jurisprudencial a cuestiones aún no contempladas en la Ley son objeto de atención en esta obra.
La presente publicación recoge, actualizadas a 15 de julio de 2015, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El libro que el lector tiene entre sus manos constituye un análisis procesalista de la nueva Ley 15/2015, de 3 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Si uno de los pilares de la ciencia del Derecho Procesal es la Jurisdicción, el análisis de la llamada Jurisdicción Voluntaria plantea de manera ineludible la necesidad de acotar y diferenciar debidamente el campo de lo jurisdiccional, frente al cual adquiere verdadera naturaleza. . En este momento, en que la Ley comienza su andadura, todos los operadores jurídicos hemos de mostrar estar a la altura del reto que supone la irrupción en escena de una nueva iniciativa legislativa que viene a modificar los papeles adjudicados a los distintos actores del entramado. En primer lugar, formándonos adecuadamente, conociendo en profundidad su contenido y asumiendo los progresos del texto legal, a fin de suplir sus carencias, porque no creemos en la omnipotencia ni en la infalibilidad del legislador. . Esta aportación tiene una finalidad acorde con lo expuesto: un planteamiento crítico (porque esa misión es irrenunciable para la investigación jurídica), pero también tendente a coadyuvar al efectivo desenvolvimiento de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, facilitando su comprensión en estos momentos iniciales de su andadura.
Exposición sistemática del proceso civil español, útil para los universitarios y también para los profesionales del Derecho. Tras una introducción -que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina el proceso de declaración, con el estudio de las partes, jurisdicción y competencia, objeto del proceso, principales actos del mismo (alegaciones de actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una síntesis del proceso concursal. Actualizda hastal las disposiciones publicadas en el BOE de 22 de julio de 2015, la obra considera la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, así como, entre otras, las reformas de la legislación concursal y de la LOPJ.
La presente monografía es un ensayo sobre los procesos y los procedimientos de internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico que vienen regulados por los artículos 763 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No es un trabajo sobre incapacitación. Es un estudio sobre las actuaciones procesales destinadas a obtener de un juez autorización para proceder al internamiento forzoso de una persona por causa de trastorno psíquico. Parte de la base de que los de internamiento son unos procesos diferentes de los procesos relacionados con la incapacitación. No son una medida cautelar de estos últimos. Tienen entidad propia. La de internamiento es una medida que sirve para poder tratar a una persona de su trastorno mental. La incapacitación reconoce su falta de capacidad para gobernarse a sí misma y establece los medios necesarios para suplir esa falta de gobierno. Son pues medidas diferentes que se establecen y modifican a través de cauces procesales distintos. Los primeros capítulos del libro se dedican, precisamente, a tratar de argumentar por qué efectivamente estos procesos tienen una entidad propia. No son meros trámites de jurisdicción voluntaria, como a menudo se piensa, sino un proceso, de naturaleza especial y contenciosa, que encuentra su razón de ser en la tutela de ese derecho fundamental que es la libertad. Los capítulos siguientes tratan de desarrollar los elementos que esperamos encontrar en todo proceso y en todo procedimiento y que lo delimitan y constituyen como tal: competencia de los tribunales, estudio de las partes, fase de alegaciones, prueba, audiencias, recursos, seguimiento del internamiento, etc. El resultado, pues, es una propuesta sistematizada desde una perspectiva puramente procesal de los elementos que integran las actuaciones que a la postre llevan al juzgador a autorizar o a rechazar los internamientos forzosos por trastorno psíquico, tanto en los casos urgentes como en los que no lo son.
Este estudio sobre el desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento de 2000 responde a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se ha implementado el desistimiento como forma de terminación del proceso? ¿Qué cuestionamientos son relevantes en las resoluciones judiciales cuando se decide sobre el tema? Luego en cadena se investiga cómo se acopló el desistimiento en la LEC frente a la contraparte y demás etapas formales que lo comprenden; para tal fin fue necesario desarrollar otros contenidos que se plantearon como problemas nodales de tal figura: ¿cómo se ejerció la bilateralidad en el desistimiento? En cuanto a las partes, ¿qué tratamiento normativo y práctico ha tenido la oposición como manifestación inequívoca de impedir el desistimiento? Ante esta cuestión y dada la legislación prevista en la LEC, se considera tener claro ¿en qué consiste la oposición y cuáles son sus consecuencias desde el punto de vista de las costas judiciales? Esto en razón de que hay que tener en cuenta las posturas que asumen las partes, esos factores juegan un papel preponderante en los criterios legales para concretar la condena en costas. Se suma a este trabajo para buscar respuesta a los mencionados problemas, la elaboración de una panorámica jurídica y completa del régimen del desistimiento dentro de la LEC. Resulta preciso poner en el punto de partida un concepto del desistimiento que permita verificar con él las adaptaciones de las circunstancias resueltas en la práctica judicial. De allí que se observe en su contenido temático, cómo se desarrollan los diferentes trámites e instituciones relevantes de la LEC en la primera instancia. María del Socorro Rueda Fonseca. Abogada e investigadora graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes-Colombia, profesora asociada en la misma universidad. Doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España. Desde 1990 ha enseñado en las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Obligaciones I y II, Argumentación de Procesos Civiles y Constitución y Democracia. Dentro de sus obras colectivas destaca el libro Derecho procesal civil (Editorial Temis y Biblioteca Jurídica Uniandina, Bogotá, 2009), así como el texto electrónico, elaborado bajo su coordinación, Hipertexto de derecho procesal (Bogotá, 2008). Publicó el libro Fundamentos de derecho procesal (Señal Editora, 2009). También es de su autoría el libro La reparación de perjuicios en el vínculo matrimonial (Ediciones Uniandes, Bogotá, 2011), La raíz del Código General del Proceso, Universidad de los Andes, Colección de Estudios Cijus, (Bogotá, 2015).
¿Cómo hay que interponer un Recurso de casación para la unificación de doctrina en la jurisdicción social? ¿Cuáles son las claves para su admisión? ¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer este recurso? ¿Cuál es el iter procesal? A través de una exposición clara de la materia, con la jurisprudencia más actual, la definición del concepto, preguntas con respuesta y formularios, «Recurso de casación para la unificación de doctrina en la jurisdicción social. Cómo lograr su admisión» se convierte en la guía que necesita un profesional del derecho para interponer con éxito ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en el ámbito laboral.
La presente monografía, de la que es autor Vicente Gimeno Sendra (Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado emérito del T.C.) efectuada en colaboración con Manuel Díaz Martínez (también Catedrático acreditado de dicha asignatura en la UNED) constituye un auténtico Tratado de Derecho Procesal Penal que, por haberse actualizado con arreglo a la Ley Orgánica 13/2015 y ordinaria 41/2015, ambas de 5 de octubre, sobre reforma de la LECRIM y contener una puesta al día de la jurisprudencia del TEDH, T.C. y T.S., la convierten en una obra de indispensable utilización por todos los profesionales del Derecho (Jueces y Fiscales, pero, sobre todo, Abogados penalistas) que se relacionen con la justicia penal. Se trata de una obra que combina la doctrina y jurisprudencia de nuestros más altos tribunales con la sólida formación práctica de sus autores, en la que el profesional encontrará la argumentación técnica necesaria para efectuar los actos procesales conducentes a la obtención del éxito de su pretensión o defensa.
Este manual contiene una exposición del proceso civil español. Dedicamos la obra, en concreto, al estudio de los procesos declarativos ordinarios, el juicio ordinario y el juicio verbal, así como a los procesos especiales; siendo todos ellos de utilidad en los comienzos del estudio de esta disciplina. En las primeras unidades se analizan los presupuestos del proceso: la jurisdicción y la competencia objetiva, territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales, así como el análisis de las partes en el proceso civil. Al tratamiento del proceso ordinario dedicamos gran parte de las unidades, comenzando con los actos previos al proceso. Posteriormente, estudiamos los diferentes medios de prueba, el momento de su aportación, proposición y práctica. Analizamos la demanda, la contestación, la posible reconvención y dedicamos un estudio exhaustivo a la audiencia previa, como trámite fundamental dentro del proceso ordinario. Encontraremos en estas páginas una explicación detallada del juicio verbal, para terminar con los recursos en el proceso civil y los diferentes procesos especiales. Junto a la exposición teórica, encontrará el lector ejemplos extraídos de la práctica real ante los juzgados y los tribunales, que dotan a la obra de un contenido práctico, que será de utilidad en los comienzos del ejercicio profesional. Índice: Prólogo Unidad didáctica 1. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional Unidad didáctica 2. Las partes en el proceso civil. Pluralidad de partes Unidad didáctica 3. El objeto del proceso Unidad didáctica 4. Actos previos al proceso y tipos de procesos Unidad didáctica 5. La prueba en el proceso civil Unidad didáctica 6. Juicio ordinario (I). Actos de alegación Unidad didáctica 7. Juicio ordinario (II). La audiencia previa al juicio. El juicio y su desarrollo Unidad didáctica 8. El juicio verbal Unidad didáctica 9. Los recursos en el proceso civil Unidad didáctica 10. Los procesos especiales: capacidad de las personas, procesos matrimoniales y menores, proceso monitorio y juicio cambiario Índice sistemático
Tras casi veinte años de negociaciones, el 12 de octubre de 2017 finalmente se adoptaba el Reglamento europeo para el establecimiento de una Fiscalía Europea. Esta novedosa institución, basada en una estructura centralizada, actuará a través de Fiscales Delegados nacionales en cada uno de los Estados miembros y será competente para investigar y enjuiciar los delitos de fraude contra los intereses financieros de la Unión definidos en la Directiva 2017/1371. Nos encontramos ante un nuevo actor en el ámbito de la justicia penal de la Unión Europea, regido por el principio de cooperación leal con las instituciones nacionales, y cuya misión es defender los intereses de todos los contribuyentes europeos a través de una acción penal eficiente frente al fraude. El presente libro aborda los retos que plantea la implantación y el funcionamiento de esta Fiscalía supranacional, poniendo especial énfasis en la dimensión de los derechos fundamentales de los acusados en los procesos penales transnacionales. Este volumen es el resultado de la fructífera cooperación entre el mundo científico académico y la experiencia práctica aportada tanto desde la Fiscalía como de la Abogacía del Estado, lo cual aporta un indudable valor añadido a la obra. Todos sus autores son expertos en la materia y muchos de ellos han estado directamente vinculados en el desarrollo del proyecto de creación de la futura Fiscalía Europea.
La presente monografía aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando una atención muy especial al compliance program penal. Una parte fundamental de la obra se dedica al estudio del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla nuestro Código Penal -teniendo en consideración todo aquello que contiene la trascendental Circular 1/2016 FGE-. Entre otros aspectos, se analizan detalladamente los elementos necesarios para la atribución de responsabilidad al ente corporativo y que configuran los denominados «hechos de conexión»; los presupuestos que han de concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica según el puesto que ocupe la persona física que ha desarrollado el comportamiento delictivo (el doble régimen de exención); la función de compliance, sus exigencias orgánicas, funcionales y el papel del compliance officer en relación con la responsabilidad criminal corporativa; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones y para los entes sin personalidad jurídica, etc. Por otro lado, contiene unas propuestas para la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance al objeto de erigir un modelo actualizado y de mayor base científico-experimental. Con tal propósito, el autor realiza una compilación de las posturas dogmáticas existentes en torno al delito corporativo y los planteamientos contemplados en la obra precedente, «Compliances y Responsabilidad Penal Corporativa», para desarrollar este modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa cimentado en el nuevo institucionalismo de la elección racional y la teoría de juegos. No son meros aspectos teóricos, pues tienen un claro alcance pragmático en la elaboración del compliance y como nociones tendentes a probar su idoneidad; como paradigma de ello, se destaca la acreditada validez en la predicción de conductas de riesgo desde un plano estratégico. Igualmente, durante el estudio, se argumenta cómo estas propuestas permiten establecer un valioso nexo lógico de raíz socio-jurídica con la algoritmia, el big data y la inteligencia artificial, campos que vienen asumiendo un protagonismo cada vez mayor. En la última parte, se explican pormenorizadamente todos los elementos que ha tener un compliance program penal para que pueda ser considerado eficaz y, por tanto, se posibilite la exoneración de responsabilidad penal a la persona jurídica. Para ello, se examinan cada uno de los seis requisitos recogidos en el art. 31 bis 5 C.P. y se efectúa un contraste con aquello que, al respecto, dispone la Circular 1/2016 FGE. Durante la exposición, se recogen consideraciones que coadyuvan a concebir e implementar un compliance en la organización que realmente satisfaga las exigencias jurídico-penales vigentes. Además, a lo largo de la obra se tiene en cuenta la más reciente jurisprudencia que existe sobre la materia. Se trata, por tanto, de una monografía que nace con un doble objetivo: promover un modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa -actualizado y de base estratégica- y ser un instrumento muy útil de consulta sobre el régimen jurídico-penal aplicable a este tipo de organizaciones para jueces, fiscales, abogados expertos en compliance, asesores legales de entidades mercantiles y, cómo no, para directores de cumplimiento y compliance officers.
La mediación familiar se trata de una opción poco utilizada en España. Sin embargo, los datos señalan que el 80% de las personas que acuden de forma voluntaria a un proceso de mediación logran un acuerdo, porcentaje muy alejado del 20% que lo consigue cuando los casos llegan a manos de los Tribunales. Siendo así, ¿por qué solo un 1% de la población española acude a mediación por cuenta propia? La razón no es otra que el desconocimiento generalizado. Por este motivo, es importante dar a conocer que se trata de una fórmula más económica, rápida y de menor coste emocional que la vía judicial. Así, pues, la elaboración de este manual docente va enfocado a un aprendizaje teórico acompañado de casos prácticos y test de autoevaluación de modo que permitan al alumno empezar, desde el estudio, a ser mediador.
La reforma de Bolonia ha supuesto una evidente disminución en la formación de los actuales juristas. Por desgracia, se han reducido drásticamente los contenidos que pueden transmitirse en la docencia del Grado de Derecho. Los reformadores, pretendiendo de buena fe que los alumnos tuvieran un acceso más rápido y directo al know how, han acabado produciendo una merma relevante de los conocimientos que el jurista aprende en el Grado e incluso en el Postgrado. Esta obra parte de la idea de que la realidad anterior es terriblemente injusta no sólo para los juristas noveles, sino para la sociedad en general, y por ello pretende rebelarse a esa realidad. Con una exposición en la que ha primado, en la medida de lo posible, la exhaustividad, pero también la claridad y la sencillez, se trata de ofrecer a los alumnos un material con el que puedan estudiar, conociendo la doctrina y la jurisprudencia, y que en el futuro puedan conservar y les sea útil en su dedicación posterior como profesionales del mundo del Derecho, en el ámbito que sea. El Derecho procesal es una materia muy interdisciplinar, y más en la actualidad en materia probatoria. En esta obra se ha intentado mantener este enfoque realizando algunas reordenaciones de varias materias, actualizando otras muchas con los aportes prácticos sobre todo, y dejando atrás, como superadas, discusiones dogmáticas del pasado, pero sin descuidar la exposición del origen histórico y el desarrollo de la doctrina extranjera y española con respecto a cada institución polémica.
La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de febrero de 2018, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
El progreso tecnológico que durante las últimas décadas se ha venido produciendo ha cambiado por completo nuestras vidas y la manera de relacionarnos con los demás. Pero si de entre los avances del mundo moderno hubiera que escoger el más significativo d
Los medios de investigación tecnológicos están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el proceso penal. Su importancia proviene no solo del hecho de que sean un instrumento de averiguación de hechos presente en la mayoría de los procesos penales por cualquier tipo de delito, sino también porque son imprescindibles en la investigación de los delitos cometidos por dispositivos de comunicación o a través de la red. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la LO 13/2015 trata de dar respuesta a la escasa y obsoleta regulación que tenían estos medios hasta la fecha. La implementación de esta nueva normativa, los problemas prácticos que suscita y la respuesta jurisprudencial a cuestiones aún no contempladas en la Ley son objeto de atención en esta obra.