Cada vez con mayor frecuencia los Abogados fundamentan sus pretensiones en conversaciones de WhatsApp, e-mails, fotografías digitalizadas, audiciones, archivos existentes en una «nube» o documentos firmados electrónicamente. Surge, por tanto, la necesidad de regular esta «nueva frontera de la prueba», lo que plantea numerosos interrogantes. ¿Qué es una prueba electrónica? ¿En qué formato se puede aportar al proceso? ¿Cuál es su valor probatorio? ¿Qué requisitos son necesarios para que se admita por los Tribunales? ¿Qué medidas se pueden adoptar para garantizar la integridad de la prueba electrónica? ¿Puede un Notario examinar una página web para acreditar su contenido? ¿Y una cuenta de correo electrónico? En caso de impugnación de la prueba electrónica, ¿puede acompañarse un dictamen pericial informático? ¿Qué titulación debe tener el perito? Este Manual intenta responder a éstas y otras preguntas con la finalidad de ayudar a los Abogados a defender con éxito los intereses de sus clientes en la «era digital». Para lograr este objetivo, el libro se estructura en tres partes. La primera parte está dedicada al concepto de prueba electrónica, sus ventajas e inconvenientes, las medidas para garantizar su perdurabilidad, así como las clases más frecuentes en la práctica profesional, haciendo especial mención a las redes sociales. La segunda versa sobre la prueba pericial informática, sus principales características y las mejores prácticas profesionales para la extracción, análisis y custodia de evidencias digitales. Y, finalmente, en la tercera parte se analiza con detenimiento el régimen jurídico de la prueba electrónica en el proceso civil, penal y laboral, recogiendo las últimas reformas legislativas y la jurisprudencia sobre la materia.
La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de marzo de 2019, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Esta obra ha sido realizada por un equipo de autores que ejercen en el mundo del Derecho y que están en contacto diario y directo con los Tribunales de Justicia, lo que les exige un conocimiento profundo en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta obra, de carácter eminentemente práctico, es el resultado de una notable labor de investigación jurisprudencial que ha dado lugar a un inventario de 250 preguntas ?ordenadas temáticamente y por materias?, que ofrecen respuestas completas y exhaustivas a los múltiples problemas de naturaleza sustantiva y procesal a los que se enfrentan los profesionales del Derecho.
La obra ?El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares? aborda los dos elementos más problemáticos de la propiedad intelectual en la práctica arbitral actual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares. El estudio se centra en la justificación de la sumisión a arbitraje de los derechos de patente, marcas, diseños industriales y derechos de autor, así como los poderes de los árbitros para adoptar medidas cautelares. La obra analiza minuciosamente todos los recovecos del sistema, tanto a nivel nacional (no solo del español, sino también de otros ordenamientos de nuestro entorno) como a nivel internacional (pues no se puede obviar el carácter internacional de la infracción de estos derechos, dado que los avances tecnológicos son preciados objetos de las transacciones transnacionales). Además, cuenta con el análisis de decenas de laudos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional. Se trata, pues, de una monografía completa a la par que especializada.
La legitimación procesal civil suele determinarse a partir de conceptos como propietario, acreedor, deudor, perjudicado, accionista, consumidor, cónyuge? Se toman pues en consideración aquellas instituciones de Derecho sustantivo que apuntan a los titulares activo y pasivo de lo deducido en juicio. De ese modo la legitimación se concreta desde el denominado interés litigioso. Un mejor análisis atiende a la posición jurídica que ocupan las partes procesales respecto de ese interés litigioso, articulándose la legitimación a partir del interés legitimante, distinguiéndose así entre las situaciones legitimantes personal y directa, la personal e indirecta, o compartida con otros sujetos, sea individual, supraindividual o colectiva. La distinción de ambos intereses, clave en esta materia, permite constatar que la legitimación no consiste en ocupar una posición jurídica determinada, sino que se atribuye legalmente a partir de esa posición mediante la concreción de las reglas de legitimación. A partir de estas consideraciones el lector encontrará un detallado análisis conceptual sobre la materia y su plasmación práctica a través de las numerosísimas referencias jurisprudenciales examinadas. Se ofrece una novedosa ordenación de las situaciones jurídicas legitimantes, basada no en un capricho innovador sino en el convencimiento de aportar utilidad en el tratamiento teórico y práctico de la materia.
La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas. El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.
En el Memento Procesal Penal 2015 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
El art. 24.2 CE consagra el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, al que se hace referencia frecuentemente como «derecho a no autoinculparse» o a «no incriminarse», el «derecho al silencio», el derecho a no ser testigo en causa propia, o incluso un sedicente «derecho a mentir» en juicio etc. Los diferentes matices y aspectos del derecho pueden compendiarse en la expresión «derecho a no incriminarse». Por lo que concierne al fundamento de dicho derecho o conjunto de derechos y a la significación, alcance y contenido de los mismos, el desconcierto, la falta de acuerdo y la disparidad de opiniones resultan de muy considerable magnitud. No sólo entre las grandes culturas jurídicas (el Common Law y el Civil Law, señaladamente), sino incluso dentro de cada una de ellas. El denominador común a todas las formulaciones, direcciones o facetas del derecho es determinar si y hasta qué punto pueden los ciudadanos involucrados como acusados o imputados en un procedimiento sancionador rehusar su cooperación activa en la consecución de elementos probatorios que pueden acarrearles una condena. Por sólo referir alguno de las aspectos más acuciantes del tema, discutible y discutida es, por ejemplo, la cuestión de si la negativa a prestar dicha cooperación puede, en absoluto, desencadenar consecuencias desfavorables o perjudiciales para la persona afectada, bien porque dicha negativa le acarree la imposición de sanciones; o porque pueda ser en términos probatorios valorada por el órgano sancionador como un elemento para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar su condena. Considerables quebraderos de cabeza ocasiona también la cuestión de si cabe conminar a quien está sujeto a un procedimiento administrativo de investigación en materia tributaria a que suministre informaciones o aporte documentos que posteriormente podrían conducir a probar su responsabilidad penal ante un órgano judicial. El modo en que se estructura el trabajo es el siguiente. En primer lugar se llevará a cabo un estudio de carácter histórico centrado en el ámbito los Derechos inglés y norteamericano. La razón de introducir este estudio así como de dedicarle una considerable amplitud radica en que es en dichas culturas jurídicas donde por primera vez se ha plasmado legislativa o jurisprudencialmente de modo expreso el derecho que nos ocupa (en el caso de la 5ª Enmienda de la Constitución norteamericana con rango constitucional) y donde ha recibido un tratamiento doctrinal más extenso. También se estudia la cuestión en el ordenamiento jurídico alemán, como exponente de la tradición jurídica continental europea. A continuación he llevado a cabo un análisis de la jurisprudencia sobre el derecho a no incriminarse. En primer lugar han sido objeto de estudio los escasos pronunciamientos al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente la extensa y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en esta materia y finalmente, la de los Tribunales Constitucional y Supremo español. Hecho lo cual, ya en una tercera parte del trabajo, he dividido la materia en una serie de apartados en los cuales he analizado el estado de la cuestión en la doctrina y en la jurisprudencia española tomando posición personal sobre los diferentes problemas y cuestiones que plantea el complejo derecho a no incriminarse.
En el Memento Procesal Civil 2016 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento de la jurisdicción civil. Incluye además el estudio detallado de ciertas cuestiones comunes a todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como, por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y competencia, la asistencia jurídica gratuita, el régimen de abogados y procuradores, la representación y defensa de las Administraciones públicas o la oficina judicial. Una herramienta rigurosamente actualizada, en el que se incluyen las numerosas novedades legislativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior. Se actualiza normativa y jurisprudencialmente la obra, incorporando profusamente doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en aquellos aspectos registrales conexos con el proceso civil en sus distintas manifestaciones. Benefíciate de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entró en vigor el 11 de diciembre de 2011, sustituyendo a la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Mantiene la misma estructura que su antecesora, formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales. La principal novedad es la ampliación de las materias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción social. Entre otros objetivos que nos brinda la disposición, nos ofrece una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, proporciona mayor seguridad jurídica al mercado laboral, dota a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias y moderniza la justicia. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos. La edición se ha cerrado a noviembre 2015, teniendo en cuenta las últimas modificaciones establecidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 1/2014 de 28 de febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. El libro tiene como principal finalidad aportar el vigente texto del Código Procesal Laboral (LRJS), ilustrado con los principales criterios interpretativos asumidos respecto de ellas por las Salas de lo Social de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pero también (en menor medida) otros tribunales (Audiencias Provinciales, otras Salas del Tribunal Supremo).
Cada vez con mayor frecuencia los Abogados fundamentan sus pretensiones en conversaciones de WhatsApp, e-mails, fotografías digitalizadas, audiciones, archivos existentes en una «nube» o documentos firmados electrónicamente. Surge, por tanto, la necesidad de regular esta «nueva frontera de la prueba», lo que plantea numerosos interrogantes. ¿Qué es una prueba electrónica? ¿En qué formato se puede aportar al proceso? ¿Cuál es su valor probatorio? ¿Qué requisitos son necesarios para que se admita por los Tribunales? ¿Qué medidas se pueden adoptar para garantizar la integridad de la prueba electrónica? ¿Puede un Notario examinar una página web para acreditar su contenido? ¿Y una cuenta de correo electrónico? En caso de impugnación de la prueba electrónica, ¿puede acompañarse un dictamen pericial informático? ¿Qué titulación debe tener el perito? Este Manual intenta responder a éstas y otras preguntas con la finalidad de ayudar a los Abogados a defender con éxito los intereses de sus clientes en la «era digital». Para lograr este objetivo, el libro se estructura en tres partes. La primera parte está dedicada al concepto de prueba electrónica, sus ventajas e inconvenientes, las medidas para garantizar su perdurabilidad, así como las clases más frecuentes en la práctica profesional, haciendo especial mención a las redes sociales. La segunda versa sobre la prueba pericial informática, sus principales características y las mejores prácticas profesionales para la extracción, análisis y custodia de evidencias digitales. Y, finalmente, en la tercera parte se analiza con detenimiento el régimen jurídico de la prueba electrónica en el proceso civil, penal y laboral, recogiendo las últimas reformas legislativas y la jurisprudencia sobre la materia.
La presente publicación recoge, actualizadas a 1 de marzo de 2019, las principales normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico. En total contiene las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Esta obra ha sido realizada por un equipo de autores que ejercen en el mundo del Derecho y que están en contacto diario y directo con los Tribunales de Justicia, lo que les exige un conocimiento profundo en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta obra, de carácter eminentemente práctico, es el resultado de una notable labor de investigación jurisprudencial que ha dado lugar a un inventario de 250 preguntas ?ordenadas temáticamente y por materias?, que ofrecen respuestas completas y exhaustivas a los múltiples problemas de naturaleza sustantiva y procesal a los que se enfrentan los profesionales del Derecho.
La obra ?El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares? aborda los dos elementos más problemáticos de la propiedad intelectual en la práctica arbitral actual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares. El estudio se centra en la justificación de la sumisión a arbitraje de los derechos de patente, marcas, diseños industriales y derechos de autor, así como los poderes de los árbitros para adoptar medidas cautelares. La obra analiza minuciosamente todos los recovecos del sistema, tanto a nivel nacional (no solo del español, sino también de otros ordenamientos de nuestro entorno) como a nivel internacional (pues no se puede obviar el carácter internacional de la infracción de estos derechos, dado que los avances tecnológicos son preciados objetos de las transacciones transnacionales). Además, cuenta con el análisis de decenas de laudos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional. Se trata, pues, de una monografía completa a la par que especializada.
La legitimación procesal civil suele determinarse a partir de conceptos como propietario, acreedor, deudor, perjudicado, accionista, consumidor, cónyuge? Se toman pues en consideración aquellas instituciones de Derecho sustantivo que apuntan a los titulares activo y pasivo de lo deducido en juicio. De ese modo la legitimación se concreta desde el denominado interés litigioso. Un mejor análisis atiende a la posición jurídica que ocupan las partes procesales respecto de ese interés litigioso, articulándose la legitimación a partir del interés legitimante, distinguiéndose así entre las situaciones legitimantes personal y directa, la personal e indirecta, o compartida con otros sujetos, sea individual, supraindividual o colectiva. La distinción de ambos intereses, clave en esta materia, permite constatar que la legitimación no consiste en ocupar una posición jurídica determinada, sino que se atribuye legalmente a partir de esa posición mediante la concreción de las reglas de legitimación. A partir de estas consideraciones el lector encontrará un detallado análisis conceptual sobre la materia y su plasmación práctica a través de las numerosísimas referencias jurisprudenciales examinadas. Se ofrece una novedosa ordenación de las situaciones jurídicas legitimantes, basada no en un capricho innovador sino en el convencimiento de aportar utilidad en el tratamiento teórico y práctico de la materia.
La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas. El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción.
En el Memento Procesal Penal 2015 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento. Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se analizan las novedades normativas introducidas recientemente. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
El art. 24.2 CE consagra el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, al que se hace referencia frecuentemente como «derecho a no autoinculparse» o a «no incriminarse», el «derecho al silencio», el derecho a no ser testigo en causa propia, o incluso un sedicente «derecho a mentir» en juicio etc. Los diferentes matices y aspectos del derecho pueden compendiarse en la expresión «derecho a no incriminarse». Por lo que concierne al fundamento de dicho derecho o conjunto de derechos y a la significación, alcance y contenido de los mismos, el desconcierto, la falta de acuerdo y la disparidad de opiniones resultan de muy considerable magnitud. No sólo entre las grandes culturas jurídicas (el Common Law y el Civil Law, señaladamente), sino incluso dentro de cada una de ellas. El denominador común a todas las formulaciones, direcciones o facetas del derecho es determinar si y hasta qué punto pueden los ciudadanos involucrados como acusados o imputados en un procedimiento sancionador rehusar su cooperación activa en la consecución de elementos probatorios que pueden acarrearles una condena. Por sólo referir alguno de las aspectos más acuciantes del tema, discutible y discutida es, por ejemplo, la cuestión de si la negativa a prestar dicha cooperación puede, en absoluto, desencadenar consecuencias desfavorables o perjudiciales para la persona afectada, bien porque dicha negativa le acarree la imposición de sanciones; o porque pueda ser en términos probatorios valorada por el órgano sancionador como un elemento para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar su condena. Considerables quebraderos de cabeza ocasiona también la cuestión de si cabe conminar a quien está sujeto a un procedimiento administrativo de investigación en materia tributaria a que suministre informaciones o aporte documentos que posteriormente podrían conducir a probar su responsabilidad penal ante un órgano judicial. El modo en que se estructura el trabajo es el siguiente. En primer lugar se llevará a cabo un estudio de carácter histórico centrado en el ámbito los Derechos inglés y norteamericano. La razón de introducir este estudio así como de dedicarle una considerable amplitud radica en que es en dichas culturas jurídicas donde por primera vez se ha plasmado legislativa o jurisprudencialmente de modo expreso el derecho que nos ocupa (en el caso de la 5ª Enmienda de la Constitución norteamericana con rango constitucional) y donde ha recibido un tratamiento doctrinal más extenso. También se estudia la cuestión en el ordenamiento jurídico alemán, como exponente de la tradición jurídica continental europea. A continuación he llevado a cabo un análisis de la jurisprudencia sobre el derecho a no incriminarse. En primer lugar han sido objeto de estudio los escasos pronunciamientos al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente la extensa y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en esta materia y finalmente, la de los Tribunales Constitucional y Supremo español. Hecho lo cual, ya en una tercera parte del trabajo, he dividido la materia en una serie de apartados en los cuales he analizado el estado de la cuestión en la doctrina y en la jurisprudencia española tomando posición personal sobre los diferentes problemas y cuestiones que plantea el complejo derecho a no incriminarse.
En el Memento Procesal Civil 2016 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento de la jurisdicción civil. Incluye además el estudio detallado de ciertas cuestiones comunes a todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso), como, por ejemplo, los conflictos de jurisdicción y competencia, la asistencia jurídica gratuita, el régimen de abogados y procuradores, la representación y defensa de las Administraciones públicas o la oficina judicial. Una herramienta rigurosamente actualizada, en el que se incluyen las numerosas novedades legislativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior. Se actualiza normativa y jurisprudencialmente la obra, incorporando profusamente doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en aquellos aspectos registrales conexos con el proceso civil en sus distintas manifestaciones. Benefíciate de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entró en vigor el 11 de diciembre de 2011, sustituyendo a la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Mantiene la misma estructura que su antecesora, formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales. La principal novedad es la ampliación de las materias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción social. Entre otros objetivos que nos brinda la disposición, nos ofrece una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, proporciona mayor seguridad jurídica al mercado laboral, dota a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias y moderniza la justicia. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos. La edición se ha cerrado a noviembre 2015, teniendo en cuenta las últimas modificaciones establecidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 1/2014 de 28 de febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. El libro tiene como principal finalidad aportar el vigente texto del Código Procesal Laboral (LRJS), ilustrado con los principales criterios interpretativos asumidos respecto de ellas por las Salas de lo Social de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pero también (en menor medida) otros tribunales (Audiencias Provinciales, otras Salas del Tribunal Supremo).