La neurociencia parece estar delimitando de forma -quizás- inevitable las fronteras del conocimiento humano de la realidad, constatación que está influyendo ya decisivamente en el estudio del proceso judicial. Actualmente es obligado saber qué es la fMRI, o resonancia magnética funcional por imágenes, para conocer los últimos avances prácticos -es difícil decir teóricos- tanto en materia probatoria como en la elaboración del juicio jurisdiccional. Hoy en día podemos averiguar aspectos relevantes para el juicio que hasta ayer mismo eran ciencia ficción. Está comenzando a determinarse, por ejemplo, si la configuración orgánica cerebral de una persona le ha llevado, no ya a cometer un delito, sino a actuar de una determinada manera, lo que encierra ventajas enormes, pero también riesgos igual de relevantes. También empieza a ser posible averiguar el grado de sufrimiento anímico de una víctima, lo que resulta esencial en el cálculo de los daños morales. Asimismo hay quien investiga, con esta técnica, en el campo de la detección de mentiras. Aunque esto último todavía está lejos de ser una realidad científica, se vislumbra que existe, al menos, cierto camino por recorrer. El presente libro aborda todas esas cuestiones, junto a las no menos importantes en torno al estudio de la voluntad humana, determinante para la propia existencia del Derecho, así como a la puesta en cuestión de las nociones habituales de imparcialidad o valoración de la prueba, entre otras. En definitiva, se abre una nueva fase en el estudio del enjuiciamiento con la que todos los juristas, inevitablemente, nos tendremos que enfrentar. De hecho, como seres humanos, ya nos enfrentamos con la misma, aunque sin ser conscientes de ello.
La evolución de la mediación en diferentes áreas del conocimiento ha sido vertiginosa en los últimos años, especialmente en España y México, acentuándose su desarrollo en el derecho penal, familiar y civil. El presente libro estudia su desarrollo, la aplicabilidad de estos tipos de mediación en diferentes niveles de la sociedad, y los modelos más recurrentes. Analiza su valor intangible, como uno de los parámetros más importantes en el proceso de culturización, y su contribución en la formación de valores de interacción social. En el mismo sentido, aborda la posibilidad de la implementación de la mediación en otras actividades profesionales, como herramienta de la intervención social. Desde esta perspectiva, analiza su vinculación con el Trabajo Social, y la trascendencia de los trabajadores sociales como verdaderos actores de la concertación social. Dentro de los diversos ámbitos en los que se desarrolla la mediación, en esta obra se abordan algunos muy relevantes: la mediación en menores infractores, la mediación penitenciaria, la mediación como una política social en pro de la paz social, la mediación comunitaria, o la mediación escolar (como punto de partida de la difusión de los métodos alternos de solución de conflictos). Esta obra explora de igual manera áreas emergentes en el entorno actual: la justicia restaurativa, la mediación tributaria, la mediación administrativa, o la mediación de consumo. Todo ello permite ofrecer una visión de conjunto sobre el estado del arte en un ámbito, la mediación y los métodos alternos de solución de conflictos, que va a jugar un papel clave en las sociedades del siglo XXI.
La obra tiene por objeto el análisis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, mediante el estudio de su articulado desde una perspectiva eminentemente práctica. Pretende abordar el examen del texto legal a la luz de la jurisprudencia recaída sobre su interpretación y dar respuesta a los problemas prácticos que plantea su aplicación en los Juzgados y Tribunales. La finalidad de esta obra no es realizar un estudio meramente teórico sobre el contenido de la Ley Jurisdiccional, sino poner a disposición de los operadores jurídicos un riguroso y sistemático análisis de los problemas procesales que suscita su aplicación en la jurisdicción contencioso-administrativa, ofreciendo las soluciones doctrinales y jurisprudenciales correspondientes. Asimismo, aborda la incidencia de la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso contencioso-administrativo, su alcance y la problemática que genera. Por otro lado, deja constancia también de la relevancia que tiene la jurisprudencia comunitaria en su interpretación y aplicación, con arreglo a los principios comunitarios y respecto de las instituciones procesales afectadas por ésta. Constituye, por tanto, una útil herramienta para cuantos intervienen en el proceso contencioso-administrativo y para quienes deseen profundizar en el estudio del proceso en esta jurisdicción.
En el Memento Procesal Civil 2014 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y riguroso que le permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción. En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las partes que intervienen en cada proceso, conforme a la práctica habitual en los juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al instante, toda la información necesaria para dominar cualquier procedimiento de la jurisdicción civil. Una herramienta rigurosamente actualizada, en el que se incluyen las numerosas novedades legislativas ocurridas desde la publicación de la edición anterior, y entre las que destacan: - Reforma de la L 10/2012 tasas judiciales-, de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de costas procesales- y de la L 1/1996 asistencia jurídica gratuita- por RDL 3/2013. - Ley 4/2013. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de procesos arrendaticios. - Ley 1/2013. Medidas el reforzamiento de la protección de los deudores hipotecarios. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de títulos ejecutivos con cláusulas abusivas a raíz de de la doctrina contenida en la Sentencia TJUE 14-3-2013 Asunto C-415/11. - Ley 8/2013. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución. - Etc. Se actualiza normativa y jurisprudencialmente la obra, incorporando profusamente doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en aquellos aspectos registrales conexos con el proceso civil en sus distintas manifestaciones. Se analiza detenidamente la doctrina sobre cláusulas abusivas y ejecución hipotecaria contenida en TJUE 14-3-2013 Asunto C-415/11, o, por ejemplo, la TCo 108/2013 en materia de aranceles de procuradores, en relación con RDL 5/2010 disp.adic.única. Es particularmente amplio el cuerpo de resoluciones judiciales incorporadas en el capítulo de proceso concursal. Se estudian figuras nuevas o analizadas con menor detalle en la edición anterior como: - el régimen de cesión de información administrativa a los juzgados y tribunales; - el tratamiento de las resoluciones de homologación de acuerdos entre partes en los procesos de familia; - etc. Benefíciese de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de acceso a la información. PÚBLICO OBJETIVO - Abogados - Procuradores - Jueces del área civil - Magistrados del área civil - Secretarios judiciales del área civil - Asesorías jurídicas - Asesorías Administrativas
Las universidades españolas se encuentran en estos momentos implantando los nuevos planes de estudio, derivados del denominado «Plan de Bolonia». El libro Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil ofrece el contenido completo de las asignaturas obligatorias del Grado en Derecho que conforman el Derecho Procesal Civil, según las guías docentes aprobadas en diversas universidades y en particular en la Universidad Complutense de Madrid. Los autores tienen amplia experiencia en la docencia del Derecho Procesal y, con un enfoque eminentemente pedagógico, exponen en esta obra, de forma sencilla y sistemática, las características principales de la organización judicial civil y del proceso civil en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de que el alumno cuente con los elementos fundamentales para su adecuada comprensión, incluidas las principales sentencias dictadas al respecto tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. Quizá ello también contribuya a que el texto pueda resultar de interés para los abogados y demás profesionales que desempeñan su actividad en relación con el proceso civil, tan necesitados muchas veces de obras claras y coherentes referentes a esta materia. Así, el libro trata, en primer lugar, de los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, como son la jurisdicción en su sentido funcional y orgánico, el proceso y la regulación de los actos que lo componen, y la acción y demás derechos básicos de los justiciables. Seguidamente se exponen los sujetos, el objeto y el procedimiento propios de los procesos civiles declarativos ordinarios, lo que incluye el estudio de sus trámites hasta la sentencia y sus medios de impugnación. A continuación se explican los aspectos esenciales del proceso de ejecución y las medidas cautelares, así como los procesos especiales, para terminar con el arbitraje y la mediación.
El proceso de ejecución hipotecaria, regulado hoy en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha convertido en uno de los procesos más polémicos dada la gran incidencia que hoy tiene por los efectos de la crisis económica y la extensión de las hipotecas. Los aspectos más criticables de este proceso se arrastran desde su configuración inicial en la Ley Hipotecaria, pues la actual Ley de Enjuiciamiento Civil no hizo, en su momento, sino incorporar a su articulado lo establecido en esa Ley. Lo que ha había venido siendo una discusión doctrinal se ha convertido en un problema social, especialmente cuando se incide sobre viviendas habituales, abriéndose una oposición social, legislativa, doctrinal y jurisprudencial que ha llevado a una cierta modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria a través de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, además de por otras normas que no inciden tanto en los aspectos procesales, que son los estudiados en esta obra, sino en buscar mecanismos para paliar los efectos que los impagos de deudas garantizadas con hipotecas pueden provocar en las personas más vulnerables. En esta obra se estudia el procedimiento de ejecución hipotecaria, dando especial relevancia a las últimas reformas legislativas y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en cierta medida, las ha propiciado. Desde un enfoque eminentemente práctico, se incluye un estudio doctrinal que analiza el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto a una amplia selección de jurisprudencia que lo complementa. Del mismo modo, se incorporan también una serie de esquemas procesales, así como formularios, casos prácticos sobre aspectos especialmente polémicos de la ley y, por último, una amplia selección legislativa, para propiciar un estudio más cómodo y eficaz del procedimiento.
La regulación de la inactividad administrativa fue una de las novedades de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 (LJ). Dicha ley, haciéndose eco de la doctrina, que reclamaba desde tiempo atrás un lugar en el ordenamiento para el control de la inactividad, la llevó a su articulado como una de las cuatro modalidades del recurso contencioso-administrativo. En el presente libro se aborda de forma exhaustiva el estudio de la denominada inactividad prestacional, regulada en el art. 29.1 de la ley, para aquellos casos en los que la Administración, obligada a cumplir una prestación en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación, o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, no la realiza, permanece pasiva. El citado precepto contiene en pocas palabras una apretada síntesis de conceptos centrales del Derecho Administrativo, lo que hace que su interpretación sea una de las más complejas y necesitadas de la ley. Prácticamente todo en él está abierto a la reflexión y determinación, agudizada por la tensión abierta entre las cautelas con que el legislador ha abordado por primera la lucha contra la inactividad y el necesario control judicial plenario de la Administración. El libro se detiene en los aspectos principales, sustantivos y procesales, de la acción contra la inactividad administrativa. Así los caracteres generales de la prestación, la discrecionalidad que puede concurrir en el contenido de la prestación, la posible compatibilidad de este recurso con el de los actos presuntos, la legitimación activa, las medidas cautelares, la sentencia de condena a actuar y su ejecución, etc. Y lo hace buscando la perspectiva más acorde con la tutela judicial efectiva y la sujeción de la Administración a la ley. Como es lógico se ha tenido muy en cuenta la doctrina de los autores, auténtica precursora de la regulación legal, y la abundante jurisprudencia recaída sobre el artículo 29 LJ.
La cosa juzgada constituye el punto de convergencia por excelencia entre el Derecho sustancial y el proceso, y precisamente esa es la razón por la cual es considerado un problema central del Derecho. En esta obra, Allorio analiza el tema de la cosa juzgada en una específica vertiente que es la de la cosa juzgada «frente a terceros». Por lo general, en los manuales de la materia esta temática recibe la denominación de «límites subjetivos» de la cosa juzgada; sin embargo, una de las finalidades principales de esta obra es precisamente negar la existencia de los «límites subjetivos», por lo menos en la forma en que frecuentemente se entienden. Ahora bien, dado que el tema de la cosa juzgada respecto a los terceros no puede afrontarse sin antes tomar una posición en relación con la naturaleza de la cosa juzgada, en esta obra el autor se adentra en dicha cuestión para finalmente manifestar su adherencia a la teoría sustancial de la cosa juzgada. Finalmente, Allorio también reformula algunas nociones preliminares generales, dedica una particular atención al concepto de prejudicialidad y analiza con profundidad algunos casos particulares en los que la cosa juzgada surte efectos frente a terceros.
El propósito de este libro es ofrecer una exposición sistemática, aunque de carácter introductorio, sobre las nociones fundamentales concernientes a la ejecución procesal civil. La obra ha sido ideada para que pueda servir de guía didáctica a los estudiantes de grado y de posgrado que se inician en el estudio de esta materia. Pero también se ha intentado elaborarla de forma que pueda tener alguna utilidad para los profesionales del Derecho que, sin ser especialistas en el proceso de ejecución civil, se enfrentan con problemas prácticos suscitados en este ámbito. Cada capítulo se completa con algunos ejercicios de autoevaluación. Son cuestionarios en forma de test y referidos a casos prácticos, que permitirán al lector comprobar sus conocimientos. Al final del libro se inserta un apéndice con las respuestas de los cuestionarios, y con indicación de las normas legales más relevantes respecto de cada una de las preguntas planteadas.
La presente obra subraya la importancia de la Psicología en las Ciencias jurídicas, singularmente en el Derecho procesal. Sin embargo, se encuentra infrautilizada y permite ineficiencias muy significativas, por ejemplo en la institución del Jurado, sea para el proceso de selección representativa de sus miembros legos, base de su auténtica legitimación política, sea en cómo componerlo, en la elección del mecanismo de deliberación o en el nivel de instrucción jurídica a recibir. Sobre estos y otros temas se plantean las opciones más eficaces, en el orden de mejorar un sistema muy relevante en el ámbito de la participación ciudadana en la Administración de Justicia.
Litigar contra la Administración en España es tarea de titanes. La mayoría de los procedimientos que se tramitan ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo lo son a través del procedimiento abreviado, tanto por la materia -cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, extranjería, inadmisiones de asilo político y disciplina deportiva en materia de dopaje-, como por la cuantía, pretensiones no superiores a los 30.000 euros. El procedimiento abreviado y los Juzgados unipersonales (Juzgados provinciales y centrales de lo contencioso-administrativo) fueron las dos grandes novedades de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998. Un procedimiento innovador, basado en los principios de concentración, oralidad, inmediación y celeridad, en un orden jurisdiccional tradicionalmente regido por la colegialidad y la escritura y, por ende, por la lentitud. Iniciado directamente por demanda, el procedimiento pasa a concentrar en la vista oral el resto de actuaciones procesales, tras una defectuosamente regulada fase intermedia. La puesta en marcha en 2011 del denominado procedimiento abreviado «exprés» ha supuesto la posibilidad de que el pleito se falle sin proposición de prueba y sin vista, lo que cercena, en opinión del autor, la esencia del procedimiento abreviado, su oralidad e inmediación. Este libro constituye una síntesis sobre el proceso jurisdiccional administrativo que tan escasa atención ha merecido por parte de los procesalistas. Desde una visión práctica, el autor se centra en las claves procesales del procedimiento abreviado y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tanto generales -jurisdicción, competencia, procedimiento, legitimación, demanda, actividad probatoria, vista oral, costas-, como específicas, actividad administrativa previa y objeto del recurso contencioso-administrativo -su naturaleza impugnatoria en la que el acto recurrido identifica a la acción-, su supuesto y superado carácter revisor, la vía administrativa como carga del recurrente, la rehabilitación de plazos del art. 128 LJCA98, el expediente administrativo, los emplazamientos, la ejecución de sentencia, etc. La obra se complementa con una actualizada colección de formularios.
Las reformas legislativas que hacen más difícil el acceso al proceso y a los recursos, las que invitan a evitar la incoación de un pleito o a concluirlo anticipadamente y las que sustraen de los jueces ciertos cometidos aduciendo una redistribución de tareas tienen algo en común: asistimos a una tendencia que parece orientarse hacia el adelgazamiento de la justicia, entendida esta como la actuación del Derecho objetivo. En este marco se analiza la interrelación entre la mediación -civil y penal- y la jurisdicción, la distribución de funciones entre el juez y el secretario, la prolongada discusión sobre los protagonistas de la instrucción penal, las tasas judiciales y su incidencia sobre el derecho de acceso a la justicia y las limitaciones que se han ido perfilando en el régimen de recursos. Una perspectiva general como la adoptada permite una consideración de conjunto que entrelaza visiones fragmentarias del ordenamiento procesal. Anima a no olvidar que hacia él, como un todo, debe dirigirse la atención y desde él, como un sistema, deben nacer las reflexiones y las propuestas.