Prólogo. Vocación profesional decidida y sólida y dedicación intensa al ejercicio de la profesión son dos valores socialmente muy bien ponderados, cuya combinación tiene mucho que ver con un fenómeno clave de la organización social de nuestros días, al qu
El procedimiento de mediación goza en Derecho comparado y Derecho internacional del mayor de los predicamentos y ha ido cobrando en España una importancia creciente en las últimas tres décadas. Sin que deban desconocerse por ello las virtudes de la vía jurisdiccional como respuesta social y jurídica ante los agravios y las ofensas, la mediación ofrece como ventaja su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos, suponiendo cada vez más un instrumento alternativo, cuando no complementario, al proceso judicial. Este libro tiene por objeto el tratamiento de la mediación en el Derecho privado; en concreto, el examen de las novedades que presenta y las dudas que suscita el contenido de la reciente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El conflicto y su gestión; los caracteres y principios esenciales de la mediación; el procedimiento y su eficacia procesal; la figura y las técnicas a utilizar por el mediador; son algunos de los temas que, junto con el ámbito, la extensión y las posibilidades de desarrollo de la nueva norma, se examinan en esta obra. A diferencia de otros estudios de carácter más dogmático, los materiales recogidos en este volumen (esquemas, formularios, cuestiones, legislación y bibliografía) se han elaborado con una finalidad fundamentalmente práctica, buscando que la persona que quiera dedicarse al desarrollo de la mediación, ya proceda del ámbito del Derecho, de la Psicología o de otras Ciencias sociales, disponga de un apoyo instrumental que le facilite el ejercicio de la profesión.
La presente obra analiza la práctica del recurso Contencioso-administrativo para la protección de los Derechos fundamentales de la persona en la regulación que del mismo lleva a cabo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en sus artículos 114 a 122 bis. Y lo hace desde una perspectiva práctica, pues, los exhaustivos comentarios doctrinales de cada iter procesal, se acompañan de jurisprudencia al hilo de cada comentario, de los formularios de los principales escritos de los litigantes y de casos prácticos que tratan cada uno de los derechos fundamentales. La Primera Parte se dedican al análisis del recurso Contencioso-administrativo, con especial atención a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a las Administraciones Públicas, el agotamiento del «Recurso» como presupuesto del «Recurso de Amparo» ante el Tribunal Constitucional, las actuaciones administrativas impugnables, la legitimación de las partes procesales, los prepuestos de admisibilidad, la interposición del recurso y las actuaciones procesales subsiguientes, el trámite de admisión, alegaciones de contestación a la demanda, la prueba, la sentencias y los modos anormales de terminación del proceso, así como el proceso administrativo especial de protección del derecho fundamental de reunión. La Segunda Parte contiene los formularios generales y necesarios para interponer el Recurso Contencioso-administrativo y proseguir todas las fases del proceso: escrito de interposición del recurso, escrito de solicitud de inadmisión, demanda y alegaciones de los demandados en contestación a la demanda. La Tercera Parte comprende los casos prácticos, que incluyen formularios específicos, tratados desde el punto de vista de cada derecho fundamental vulnerado: derecho a la igualdad, de asociación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, legalidad penal, non bis in idem, libertad sindical, huelga, participar en asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y derecho de reunión. Finalmente, la obra contiene, a modo de anexo legislativo, el texto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Son autores de la misma el Catedrático de Derecho Procesal, ex-Letrado del Tribunal Constitucional, ex-Magistrado, Dr. José Garberí Llobregat (autor de diversos comentarios generales y monográficos sobre la vigente LECiv), y la Magistrada Suplente, y también profesora de Derecho Procesal, Alicia González Navarro.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social comportó numerosas innovaciones respecto de la precedente Ley de Procedimiento Laboral, por su necesaria concordancia con las normas sustantivas, por la ampliación competencial asumida (respecto de materias civiles o administrativas), por su visión de la oficina judicial, por los numerosos cambios de criterio acogidos (muchas veces interaccionando con la jurisprudencia), en fin por la modernización del procedimiento (en todas sus fases) y el realce del papel garante que corresponde al Juez (en orden a la tutela judicial efectiva, especialmente de los derechos). Los presentes Comentarios, como es obligado, pasan revista a todos y cada uno de los preceptos de la Norma, realizando constantes observaciones prácticas, concordancias normativas, valoraciones doctrinales o recordatorio de criterios judiciales. Se va mucho más allá de la mera glosa o nota de urgencia, pero sin abandonar la contención expositiva y la finalidad práctica perseguida. Los autores, conocidos profesionales de la Cátedra o el Foro, reúnen la doble condición que el estudio de la norma requiere. La edición se ha cerrado a marzo de 2013, de modo que ha tenido en cuenta las modificaciones experimentadas por la LRJS, así como las normas sustantivas indirectamente incidentes sobre ella (incluyendo la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; el Real Decreto-ley 20/2012, de estabilidad presupuestaria; el Real Decreto 1483/2012, sobre despido colectivo; o la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y el Real Decreto-ley 3/2013, de tasas judiciales) y las primeras sentencias aplicativas de la propia Ley.
Acaba de aparecer una nueva edición, la séptima, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran críticos, excesivamente críticos con la Ley comentada. Como excesivos habían sido los elogios a la incidencia de la Constitución de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veían en la Ley de 1.996. La confrontación al comentar cada artículo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venía obligada por el carácter práctico de la obra, ya que durante el largo período de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, íbamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la crítica fue reducida a sus justos límites. La referencia a la jurisprudencia ha sido objeto de importantes modificaciones en cada edición. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era más selectiva, reduciendo la transcripción de los textos, salvo las más significativas a título de ejemplo y las más recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar la sexta edición habían sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, al continuar y hasta aumentar las innovaciones, algunas tan importantes como las impuestas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, la preparación de esta ha exigido un mayor esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean realmente los del Ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que el lector encuentre respuesta a todas las cuestiones que cada artículo plantea, las opiniones de la doctrina más cualificada y de jurisprudencial al día que permita llegar a su sentido y alcance.
Uno de los índices más expresivos para comprobar el verdadero progreso del arbitraje en un particular sistema jurídico es la actitud de los tribunales estatales respecto a la institución, cuestión ésta que, paradójicamente, no suele ser abordada en toda su intensidad y que prescinde del conocimiento global de las decisiones emitidas en este específico contexto. En el espíritu de la preparación del presente repertorio los compiladores han tenido como objetivo esencial ofrecer al operador jurídico del arbitraje, en el sentido más amplio de la expresión (abogados, árbitros, jueces?), un material de consulta sistematizado y de fácil acceso para respaldar su labor en el desarrollo de este concreto procedimiento de arreglo de controversias y este es el resultado que ahora se presenta. Una sistematización de la doctrina de nuestros tribunales, tanto de la justicia constitucional como ordinaria, de los últimos sesenta años, con un especial énfasis en las reformas operadas por la LA/1988 y, sobre todo, por la LA/2003, tras la modificación efectuada por la Ley 11/2011. El presente compendio está centrado preferentemente en las decisiones derivadas del «arbitraje comercial». Sin embargo, como quiera que la acción de anulación de los laudos es común a otras modalidades de arbitraje, señaladamente el arbitraje de consumo o el arbitraje de transportes, se han insertado numerosos pasajes relevantes, concernientes a dichas modalidades, que son de perfecta proyección al objeto central de esta obra.
El nuevo régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, introducido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre ?modi?cada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero?, y por las normas dictadas para su desarrollo reglamentario ?Órdenes HAP/2662/2012 y HAP/490/2013?, ofrece importantes novedades en la gestión de la denominada «tasa judicial», que obligan al profesional del Derecho a realizar un esfuerzo de actualización. Esta segunda edición adapta su contenido a las exigencias del nuevo régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, con objeto de proporcionar al lector un instrumento práctico para la adecuada aplicación de las novedosas pautas. La actividad de nuestras Audiencias ha seguido produciendo un cuantioso número de resoluciones desde que apareció la primera edición de esta obra. Este nuevo impulso editorial aprovecha para recoger los criterios más recientes de nuestros tribunales, incorporando la doctrina más actualizada en multitud de aspectos que afectan a todas las fases de desarrollo del proceso monitorio. Aspira esta nueva edición, en de?nitiva, a convertirse en un aliado imprescindible para quien desee disponer de un medio de consulta en el que se recojan las reglas más actualizadas para la gestión de la tasa y las más recientes directrices que guían a nuestros tribunales en la interpretación de los diferentes aspectos que afectan a la aplicación práctica del proceso monitorio.
Con la creación de los Juzgados de lo Mercantil por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, son frecuentes los conflictos con los Juzgados de Primera Instancia en materia de competencia. Por otro lado, la declaración de concurso ha planteado numerosos problemas en los procesos seguidos ante los Juzgados de Primera Instancia, tanto en procesos declarativos pendientes (capacidad del concursado, representación, acumulación, suspensión....), como en los que se pretenden incoar (legitimación, competencia, inadmisión...); en los procesos de ejecución aún no iniciados o en trámite, ya sean ordinarios o hipotecarios (suspensión, reanudación, inadmisión, competencia...) y en procesos con especialidades (proceso monitorio, cambiario, de desahucio, de alimentos) o meros incidentes (jura de cuentas, provisión de fondos, medidas cautelares, tasación de costas...). En este libro se analizan las principales cuestiones que han suscitado estas materias, tanto desde el punto de visto sustantivo como desde su tratamiento procesal. Y ello con una finalidad eminentemente práctica, con referencia a las últimas resoluciones y doctrina elaborada en torno a una legislación en continuo cambio, que no siempre es objeto de detenido estudio por el profesional del derecho, cuya atención suele estar más dirigida al debate sobre el fondo del asunto y al que se pretende facilitar el conocimiento de cuestiones que, aunque parezcan más accesorias, pueden obstar a que aquel se produzca o dilatar su planteamiento. Cristina Fernández Gil es Magistrada-Juez.
La mediación destaca entre los nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos y se configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. El carácter alternativo viene a significar que estamos ante un instrumento distinto que persigue la resolución de conflictos. Si la mediación, en ocasiones, excluye la intervención del juez, en otras la necesita. Esa necesidad surge de otra: la de conceder la tutela jurisdiccional ante el incumplimiento de lo acordado. Esta tutela se vincula a la adecuada formación del título ejecutivo, mediante la elevación del acuerdo a escritura pública o su homologación judicial. Y en tales casos de incumplimiento habrá que determinar qué concreto tribunal es el que ha de llevar a cabo las actuaciones. Cuándo debe el juez abstenerse y cuándo debe actuar son interrogantes examinados en esta obra. Junto a estos, cobra relieve la posibilidad de control de la actividad ejecutiva realizada por el juez, con la oposición al despacho de la ejecución o haciendo valer la nulidad del título ejecutivo o del propio acuerdo de mediación.
La regulación del proceso de ejecución hipotecaria está siendo cuestionada desde hace ya varios años, por revelarse ineficaz e incompleta de cara a solventar el grave problema que la crisis económica ha originado en relación con el impago de los créditos hipotecarios, contratados en garantía de la adquisición de la vivienda habitual durante la etapa de mayor auge de la llamada "burbuja inmobiliaria". Ineficaz porque, al no propiciar claramente la dación en pago (sino más bien lo contrario), hace que los ejecutados, tras perder la propiedad del inmueble y ser desahuciados del mismo, aún mantengan con la entidad bancaria una deuda dineraria en muchos casos considerable. Incompleta porque no facilita el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado, al estar estrictamente tasadas las defensas de éste. Por esta razón, en los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de medidas judiciales que intentan solventar dicho problema (por ejemplo, el reciente y exitoso cuestionamiento de aquella regulación legislativa con la legislación comunitaria) y también de tímidas medidas legislativas (por ejemplo, las contempladas en el RDLey 6/2012, de 9 de marzo), que han culminado con la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Al examen de dichos antecedentes y, sobre todo, al análisis del contenido y las consecuencias que derivan de esta última norma legal, va dedicada la presente obra.
Los discípulos, compañeros y amigos de la profesora Mª del Carmen Calvo Sánchez presentan en este volumen un conjunto de estudios en torno a cuatro ejes temáticos del ámbito del Derecho procesal que, entre otros, han caracterizado la nutrida obra investigadora de esta universitaria ejemplar: imparcialidad, prueba, juicio de faltas y cooperación procesal internacional. Junto a ellos, desde otras diversas disciplinas jurídicas se completa el homenaje con los aportes que se han reunido bajo el encabezamiento «miscelánea», donde se demuestra que también destacados especialistas de otras áreas del conocimiento jurídico reconocen la fecunda labor académica de esta ilustre profesora zamorana. La variedad de planteamientos que contiene este libro no obsta para que pueda encontrarse en ellos una clara línea común que se ha tratado de plasmar en el título: un conjunto de análisis minuciosos en variados campos del Derecho en los que se pretende encontrar un equilibrio entre la eficacia de las normas dentro del imprescindible respeto a las garantías esenciales. Con ello, la profesora Calvo Sánchez Carmina, para todos estos autores recoge buena parte de los afectos que ha ido sembrando a lo largo de su extensa trayectoria.
La "Enciclopedia de formularios básicos" ofrece una amplia selección de escritos y modelos procesales referidos a todas las materias del Derecho, proporcionando la herramienta imprescindible para afrontar los trámites y obligaciones legales más habituales de una forma rápida y sencilla. Para la versión papel se han seleccionado 352 formularios, procurando que todas las materias contengan alguna. En el CD-ROM se recopilan más de 700 formularios editables, organizados en un completo índice de conceptos jurídicos o voces, que sistematiza y recoge los conceptos más relevantes y significativos de cada rama del Derecho y los ordena alfabéticamente. A modo de ejemplo: - ¿Quiere alquilar un piso? - ¿Necesita una licencia de obra? - ¿Cómo constituir una Sociedad Anónima? - ¿Va a interponer una demanda de separación? - ¿Tiene que recurrir una multa de tráfico? - ¿Hay que requerir a un propietario moroso? - ¿Necesita un modelo de contrato de franquicia? Todos estos modelos y muchos más, están recogidos en esta 2.ª edición de la "Enciclopedia de formularios básicos".
INDICE:. SECCION PRIMERA.- El fundamento y concepto de la jurisdicción.. . SECCIÓN SEGUNDA.- Principios Constitucionales de la Jurisdicción.. . SECCIÓN TERCERA.- La organización del Poder Judicial.. . SECCIÓN CUARTA.- El personal jurisdiccional y colabora
Prólogo. Vocación profesional decidida y sólida y dedicación intensa al ejercicio de la profesión son dos valores socialmente muy bien ponderados, cuya combinación tiene mucho que ver con un fenómeno clave de la organización social de nuestros días, al qu
El procedimiento de mediación goza en Derecho comparado y Derecho internacional del mayor de los predicamentos y ha ido cobrando en España una importancia creciente en las últimas tres décadas. Sin que deban desconocerse por ello las virtudes de la vía jurisdiccional como respuesta social y jurídica ante los agravios y las ofensas, la mediación ofrece como ventaja su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos, suponiendo cada vez más un instrumento alternativo, cuando no complementario, al proceso judicial. Este libro tiene por objeto el tratamiento de la mediación en el Derecho privado; en concreto, el examen de las novedades que presenta y las dudas que suscita el contenido de la reciente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El conflicto y su gestión; los caracteres y principios esenciales de la mediación; el procedimiento y su eficacia procesal; la figura y las técnicas a utilizar por el mediador; son algunos de los temas que, junto con el ámbito, la extensión y las posibilidades de desarrollo de la nueva norma, se examinan en esta obra. A diferencia de otros estudios de carácter más dogmático, los materiales recogidos en este volumen (esquemas, formularios, cuestiones, legislación y bibliografía) se han elaborado con una finalidad fundamentalmente práctica, buscando que la persona que quiera dedicarse al desarrollo de la mediación, ya proceda del ámbito del Derecho, de la Psicología o de otras Ciencias sociales, disponga de un apoyo instrumental que le facilite el ejercicio de la profesión.
La presente obra analiza la práctica del recurso Contencioso-administrativo para la protección de los Derechos fundamentales de la persona en la regulación que del mismo lleva a cabo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en sus artículos 114 a 122 bis. Y lo hace desde una perspectiva práctica, pues, los exhaustivos comentarios doctrinales de cada iter procesal, se acompañan de jurisprudencia al hilo de cada comentario, de los formularios de los principales escritos de los litigantes y de casos prácticos que tratan cada uno de los derechos fundamentales. La Primera Parte se dedican al análisis del recurso Contencioso-administrativo, con especial atención a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a las Administraciones Públicas, el agotamiento del «Recurso» como presupuesto del «Recurso de Amparo» ante el Tribunal Constitucional, las actuaciones administrativas impugnables, la legitimación de las partes procesales, los prepuestos de admisibilidad, la interposición del recurso y las actuaciones procesales subsiguientes, el trámite de admisión, alegaciones de contestación a la demanda, la prueba, la sentencias y los modos anormales de terminación del proceso, así como el proceso administrativo especial de protección del derecho fundamental de reunión. La Segunda Parte contiene los formularios generales y necesarios para interponer el Recurso Contencioso-administrativo y proseguir todas las fases del proceso: escrito de interposición del recurso, escrito de solicitud de inadmisión, demanda y alegaciones de los demandados en contestación a la demanda. La Tercera Parte comprende los casos prácticos, que incluyen formularios específicos, tratados desde el punto de vista de cada derecho fundamental vulnerado: derecho a la igualdad, de asociación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, legalidad penal, non bis in idem, libertad sindical, huelga, participar en asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y derecho de reunión. Finalmente, la obra contiene, a modo de anexo legislativo, el texto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Son autores de la misma el Catedrático de Derecho Procesal, ex-Letrado del Tribunal Constitucional, ex-Magistrado, Dr. José Garberí Llobregat (autor de diversos comentarios generales y monográficos sobre la vigente LECiv), y la Magistrada Suplente, y también profesora de Derecho Procesal, Alicia González Navarro.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social comportó numerosas innovaciones respecto de la precedente Ley de Procedimiento Laboral, por su necesaria concordancia con las normas sustantivas, por la ampliación competencial asumida (respecto de materias civiles o administrativas), por su visión de la oficina judicial, por los numerosos cambios de criterio acogidos (muchas veces interaccionando con la jurisprudencia), en fin por la modernización del procedimiento (en todas sus fases) y el realce del papel garante que corresponde al Juez (en orden a la tutela judicial efectiva, especialmente de los derechos). Los presentes Comentarios, como es obligado, pasan revista a todos y cada uno de los preceptos de la Norma, realizando constantes observaciones prácticas, concordancias normativas, valoraciones doctrinales o recordatorio de criterios judiciales. Se va mucho más allá de la mera glosa o nota de urgencia, pero sin abandonar la contención expositiva y la finalidad práctica perseguida. Los autores, conocidos profesionales de la Cátedra o el Foro, reúnen la doble condición que el estudio de la norma requiere. La edición se ha cerrado a marzo de 2013, de modo que ha tenido en cuenta las modificaciones experimentadas por la LRJS, así como las normas sustantivas indirectamente incidentes sobre ella (incluyendo la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; el Real Decreto-ley 20/2012, de estabilidad presupuestaria; el Real Decreto 1483/2012, sobre despido colectivo; o la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y el Real Decreto-ley 3/2013, de tasas judiciales) y las primeras sentencias aplicativas de la propia Ley.
Acaba de aparecer una nueva edición, la séptima, de los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de Jesús González Pérez. El texto primitivo ha sido objeto de una revisión tan meticulosa que, realmente estamos, ante un libro nuevo. Los Comentarios eran críticos, excesivamente críticos con la Ley comentada. Como excesivos habían sido los elogios a la incidencia de la Constitución de 1.978 en la Justicia administrativa y excesivos los defectos que muchos veían en la Ley de 1.996. La confrontación al comentar cada artículo de la Ley con el correlativo de la anterior y la referencia a la jurisprudencia interpretativa de una y otra venía obligada por el carácter práctico de la obra, ya que durante el largo período de transitoriedad, impuesto por la lentitud de la Justicia, íbamos a tener que aplicar ambas. En las ediciones sucesivas, se fueron eliminando las referencias a la Ley anterior y la crítica fue reducida a sus justos límites. La referencia a la jurisprudencia ha sido objeto de importantes modificaciones en cada edición. Por un lado, se ha eliminado toda la que iba perdiendo vigencia. Y la referencia a las que se iban dictando cada vez era más selectiva, reduciendo la transcripción de los textos, salvo las más significativas a título de ejemplo y las más recientes en los puntos indispensables para llegar al sentido de la norma. Si al preparar la sexta edición habían sido muchas las modificaciones introducidas en la Ley, al continuar y hasta aumentar las innovaciones, algunas tan importantes como las impuestas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, la preparación de esta ha exigido un mayor esfuerzo para evitar omisiones y poder ofrecer unos comentarios que sean realmente los del Ordenamiento vigente regulador del proceso administrativo, en los que el lector encuentre respuesta a todas las cuestiones que cada artículo plantea, las opiniones de la doctrina más cualificada y de jurisprudencial al día que permita llegar a su sentido y alcance.
Uno de los índices más expresivos para comprobar el verdadero progreso del arbitraje en un particular sistema jurídico es la actitud de los tribunales estatales respecto a la institución, cuestión ésta que, paradójicamente, no suele ser abordada en toda su intensidad y que prescinde del conocimiento global de las decisiones emitidas en este específico contexto. En el espíritu de la preparación del presente repertorio los compiladores han tenido como objetivo esencial ofrecer al operador jurídico del arbitraje, en el sentido más amplio de la expresión (abogados, árbitros, jueces?), un material de consulta sistematizado y de fácil acceso para respaldar su labor en el desarrollo de este concreto procedimiento de arreglo de controversias y este es el resultado que ahora se presenta. Una sistematización de la doctrina de nuestros tribunales, tanto de la justicia constitucional como ordinaria, de los últimos sesenta años, con un especial énfasis en las reformas operadas por la LA/1988 y, sobre todo, por la LA/2003, tras la modificación efectuada por la Ley 11/2011. El presente compendio está centrado preferentemente en las decisiones derivadas del «arbitraje comercial». Sin embargo, como quiera que la acción de anulación de los laudos es común a otras modalidades de arbitraje, señaladamente el arbitraje de consumo o el arbitraje de transportes, se han insertado numerosos pasajes relevantes, concernientes a dichas modalidades, que son de perfecta proyección al objeto central de esta obra.
El nuevo régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, introducido por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre ?modi?cada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero?, y por las normas dictadas para su desarrollo reglamentario ?Órdenes HAP/2662/2012 y HAP/490/2013?, ofrece importantes novedades en la gestión de la denominada «tasa judicial», que obligan al profesional del Derecho a realizar un esfuerzo de actualización. Esta segunda edición adapta su contenido a las exigencias del nuevo régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, con objeto de proporcionar al lector un instrumento práctico para la adecuada aplicación de las novedosas pautas. La actividad de nuestras Audiencias ha seguido produciendo un cuantioso número de resoluciones desde que apareció la primera edición de esta obra. Este nuevo impulso editorial aprovecha para recoger los criterios más recientes de nuestros tribunales, incorporando la doctrina más actualizada en multitud de aspectos que afectan a todas las fases de desarrollo del proceso monitorio. Aspira esta nueva edición, en de?nitiva, a convertirse en un aliado imprescindible para quien desee disponer de un medio de consulta en el que se recojan las reglas más actualizadas para la gestión de la tasa y las más recientes directrices que guían a nuestros tribunales en la interpretación de los diferentes aspectos que afectan a la aplicación práctica del proceso monitorio.
Con la creación de los Juzgados de lo Mercantil por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, son frecuentes los conflictos con los Juzgados de Primera Instancia en materia de competencia. Por otro lado, la declaración de concurso ha planteado numerosos problemas en los procesos seguidos ante los Juzgados de Primera Instancia, tanto en procesos declarativos pendientes (capacidad del concursado, representación, acumulación, suspensión....), como en los que se pretenden incoar (legitimación, competencia, inadmisión...); en los procesos de ejecución aún no iniciados o en trámite, ya sean ordinarios o hipotecarios (suspensión, reanudación, inadmisión, competencia...) y en procesos con especialidades (proceso monitorio, cambiario, de desahucio, de alimentos) o meros incidentes (jura de cuentas, provisión de fondos, medidas cautelares, tasación de costas...). En este libro se analizan las principales cuestiones que han suscitado estas materias, tanto desde el punto de visto sustantivo como desde su tratamiento procesal. Y ello con una finalidad eminentemente práctica, con referencia a las últimas resoluciones y doctrina elaborada en torno a una legislación en continuo cambio, que no siempre es objeto de detenido estudio por el profesional del derecho, cuya atención suele estar más dirigida al debate sobre el fondo del asunto y al que se pretende facilitar el conocimiento de cuestiones que, aunque parezcan más accesorias, pueden obstar a que aquel se produzca o dilatar su planteamiento. Cristina Fernández Gil es Magistrada-Juez.
La mediación destaca entre los nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos y se configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. El carácter alternativo viene a significar que estamos ante un instrumento distinto que persigue la resolución de conflictos. Si la mediación, en ocasiones, excluye la intervención del juez, en otras la necesita. Esa necesidad surge de otra: la de conceder la tutela jurisdiccional ante el incumplimiento de lo acordado. Esta tutela se vincula a la adecuada formación del título ejecutivo, mediante la elevación del acuerdo a escritura pública o su homologación judicial. Y en tales casos de incumplimiento habrá que determinar qué concreto tribunal es el que ha de llevar a cabo las actuaciones. Cuándo debe el juez abstenerse y cuándo debe actuar son interrogantes examinados en esta obra. Junto a estos, cobra relieve la posibilidad de control de la actividad ejecutiva realizada por el juez, con la oposición al despacho de la ejecución o haciendo valer la nulidad del título ejecutivo o del propio acuerdo de mediación.
La regulación del proceso de ejecución hipotecaria está siendo cuestionada desde hace ya varios años, por revelarse ineficaz e incompleta de cara a solventar el grave problema que la crisis económica ha originado en relación con el impago de los créditos hipotecarios, contratados en garantía de la adquisición de la vivienda habitual durante la etapa de mayor auge de la llamada "burbuja inmobiliaria". Ineficaz porque, al no propiciar claramente la dación en pago (sino más bien lo contrario), hace que los ejecutados, tras perder la propiedad del inmueble y ser desahuciados del mismo, aún mantengan con la entidad bancaria una deuda dineraria en muchos casos considerable. Incompleta porque no facilita el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado, al estar estrictamente tasadas las defensas de éste. Por esta razón, en los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de medidas judiciales que intentan solventar dicho problema (por ejemplo, el reciente y exitoso cuestionamiento de aquella regulación legislativa con la legislación comunitaria) y también de tímidas medidas legislativas (por ejemplo, las contempladas en el RDLey 6/2012, de 9 de marzo), que han culminado con la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Al examen de dichos antecedentes y, sobre todo, al análisis del contenido y las consecuencias que derivan de esta última norma legal, va dedicada la presente obra.
Los discípulos, compañeros y amigos de la profesora Mª del Carmen Calvo Sánchez presentan en este volumen un conjunto de estudios en torno a cuatro ejes temáticos del ámbito del Derecho procesal que, entre otros, han caracterizado la nutrida obra investigadora de esta universitaria ejemplar: imparcialidad, prueba, juicio de faltas y cooperación procesal internacional. Junto a ellos, desde otras diversas disciplinas jurídicas se completa el homenaje con los aportes que se han reunido bajo el encabezamiento «miscelánea», donde se demuestra que también destacados especialistas de otras áreas del conocimiento jurídico reconocen la fecunda labor académica de esta ilustre profesora zamorana. La variedad de planteamientos que contiene este libro no obsta para que pueda encontrarse en ellos una clara línea común que se ha tratado de plasmar en el título: un conjunto de análisis minuciosos en variados campos del Derecho en los que se pretende encontrar un equilibrio entre la eficacia de las normas dentro del imprescindible respeto a las garantías esenciales. Con ello, la profesora Calvo Sánchez Carmina, para todos estos autores recoge buena parte de los afectos que ha ido sembrando a lo largo de su extensa trayectoria.
La "Enciclopedia de formularios básicos" ofrece una amplia selección de escritos y modelos procesales referidos a todas las materias del Derecho, proporcionando la herramienta imprescindible para afrontar los trámites y obligaciones legales más habituales de una forma rápida y sencilla. Para la versión papel se han seleccionado 352 formularios, procurando que todas las materias contengan alguna. En el CD-ROM se recopilan más de 700 formularios editables, organizados en un completo índice de conceptos jurídicos o voces, que sistematiza y recoge los conceptos más relevantes y significativos de cada rama del Derecho y los ordena alfabéticamente. A modo de ejemplo: - ¿Quiere alquilar un piso? - ¿Necesita una licencia de obra? - ¿Cómo constituir una Sociedad Anónima? - ¿Va a interponer una demanda de separación? - ¿Tiene que recurrir una multa de tráfico? - ¿Hay que requerir a un propietario moroso? - ¿Necesita un modelo de contrato de franquicia? Todos estos modelos y muchos más, están recogidos en esta 2.ª edición de la "Enciclopedia de formularios básicos".
INDICE:. SECCION PRIMERA.- El fundamento y concepto de la jurisdicción.. . SECCIÓN SEGUNDA.- Principios Constitucionales de la Jurisdicción.. . SECCIÓN TERCERA.- La organización del Poder Judicial.. . SECCIÓN CUARTA.- El personal jurisdiccional y colabora
Índice Abreviaturas 21 Presentación 23 parte primera los procesos civiles Lección 1 Procesos civiles PLANTEAMIENTO 27 LOS PROCESOS DECLARATIVOS 27 1. Principios que informan los procesos declarativos civiles. Remisión 27 2. Procesos declarativos ordinario