Esta obra es un completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso contencioso-administrativo. Le permitirá conocer y manejar las diferentes actividades a través de las cuales la fuente de información se introduce en el proceso. Todo ello trabajado desde una perspectiva eminentemente práctica. En la obra incluimos una selección de doctrina elaborada por profesionales de reconocido prestigio. También recogemos la legislación de referencia. En un simple visionado encontramos el marco normativo que interesa. Por supuesto, la recopilación de jurisprudencia nos va a permitir conocer a detalle el análisis y pronunciamiento judicial de los diferentes vértices de la materia. Y con el mismo objetivo también incluimos las máximas jurisprudenciales más interesantes. La sección de preguntas y respuestas vendría a clarificar diversas cuestiones que en la práctica pueden crear interrogantes. Y para terminar, una selección de formularios de aplicación directa.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 y la de 14 de marzo de 2013, han provocado una verdadera convulsión en nuestro proceso civil. Ello ha obligado a introducir sustanciales modificaciones legislativas que se han plasmado en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social, que ha reformado en profundidad las ejecuciones hipotecarias. De igual modo se ha promulgado la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que ha dado nueva regulación a los juicios de desahucio. Con la finalidad de proporcionar una sencilla herramienta para abordar el estudio del modelo de proceso diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, este libro ofrece una aproximación al régimen procesal civil en términos que aúnan teoría y práctica de una manera rigurosa pero asequible, pensando especialmente en los profesionales del derecho y orillando disquisiciones sin provecho práctico inmediato, para centrarse en un enfoque que reporte la máxima utilidad a quienes desempeñan los papeles protagonistas del proceso: fundamentalmente Jueces, Abogados, Secretarios y Procuradores. Es por ello que cada una de las lecciones se completa con formularios y esquemas.
La importancia económica del sector primario en la economía nacional ha ido declinando en los últimos treinta años paulatinamente, así como el número de personas que realizan sus labores características. Fenómeno que ha corrido paralelo al de reordenación jurídica de los modelos de contratación y protección social, con especial intensidad en los últimos años con la integración del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social. Es buen momento, por ello, para reflexionar colectivamente sobre el estado actual de la cuestión, intentando vislumbrar hacia qué modelo laboral se dirige el trabajo en el campo, y cómo se va a juridificar el proceso. Se han reunido para este objetivo a especialistas en la materia que han abordado las diferentes facetas que un estudio colectivo de estas características requiere: la perspectiva de futuro desde el estudio de los antecedentes histórico-jurídicos; la influencia de las normas de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia; la importancia de la negociación colectiva y sus posibilidades de actuación; la perspectiva salarial del trabajo en el campo; la prevención de riesgos laborales en la agricultura, y la protección de seguridad social en el régimen integrado que se ha ideado.
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo las reformas realizadas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
Este libro de derecho procesal practico contencioso aspira a conseguir como objetivo principal aproximar e intentar hacer comprender el funcionamiento diario de nuestros Juzgados y Tribunales a todas aquellas personas que están o van a relacionarse íntima
Esta obra se presenta como un completo estudio de la revisión penal, tanto desde el punto de vista científico como desde la práctica forense, pues acomete un exhaustivo análisis de la institución, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, presentándose como la primera obra que aborda esta institución desde estos dos puntos de vista, el de la Ciencia Jurídica y el de la práctica del Derecho. La acción de revisión penal se erige en fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo desde el ámbito del Derecho procesal sino también desde la perspectiva práctica de la Administración de la Justicia y de la protección del derecho fundamental a la libertad, pues nuestra Constitución sitúa a la "justicia" como uno de los más preciados "valores superiores del ordenamiento jurídico", contra la que se alza, sin discusión posible, la intangibilidad de aquellas condenas penales que, por acontecimientos sobrevenidos, se revelan radicalmente injustas, solventando, de este modo, la pugna entre seguridad jurídica y justicia en favor de esta última.
Una de las novedades principales que introdujo la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 fue la del régimen de la ejecución provisional, estableciéndose el criterio general de que todas las sentencias no firmes son susceptibles de ella con la sola excepción de aquellas a las que la ley procesal priva de tal efecto. Además, no es necesario prestar fianza ni ofrecer caución alguna por el solicitante, si bien el ejecutado puede oponerse a la ejecución en los casos y términos concretos previstos en la ley. Precisamente esta, la relativa a la «oposición», es una de las cuestiones fundamentales de su regulación. En efecto, la ley procesal civil cubrió una laguna muy importante en sede de ejecución forzosa al establecer un régimen de oposición a la misma, distinguiendo la oposición por defectos procesales y por motivos de fondo. Ahora bien, dicho régimen no se trasladó a la ejecución provisional sino que en ella se prevé una regulación completa de esta institución. Han pasado más de diez años de vigencia de la ley procesal civil, por lo que resulta oportuno analizar si este régimen de la oposición se adecua a la situación social y económica vigente o necesita de una reforma, singularmente cuando se trata de las sentencias de condena dinerarias. A todo ello se dedica el presente estudio.
Incluye las reformas de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003 y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, completada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los cambios introducidos por necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus reformas posteriores, desde la extensísima Ley 13/2009, de 5 de diciembre, Ley 37/2011 de 19 de abril, han tenido una clara incidencia en el ámbito del arbitraje, por afectar, por ejemplo, entre otras materias al proceso judicial de anulación del laudo y a la ejecución de éste. No han sido solamente esas modificaciones legislativas las que han incidido sobre el arbitraje; también la promulgación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en la medida en que esta figura forma parte del conglomerado de sistemas alternativos de solución de conflictos, porque en muchas ocasiones la mediación es la antesala del arbitraje; pero también debe tenerse en cuenta a la hora de adaptar el presente libro a la realidad jurídica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que reconocen a la mediación y al arbitraje como formas de resolución de conflictos. Pero sobretodo y en mayor medida, hay que tener en cuenta la «jurisprudencia» recaída en materias como nombramiento y remoción de árbitros, conocimiento de la acción de anulación y reconocimiento de laudos y resoluciones extranjeras dictadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han sustituido en esas competencias a las Audiencias Provinciales después de la Ley 11/2011.
La presente obra pretende ser un instrumento de ayuda para los estudiantes que se acercan por primera vez al Derecho procesal. Se encuentra en la dirección apuntada por las modernas tendencias dentro de la enseñanza universitaria, que apuestan por nuevos métodos y sistemas pedagógicos. Estos Materiales no constituyen exclusivamente una colección de casos prácticos al uso, ni una mera recopilación ordenada de jurisprudencia o un repertorio de formularios propios de la práctica forense. Se trata de un conjunto seleccionado de todos ellos, al que hay que añadir esquemas, cuestionarios de evaluación, documentación de interés y bibliografía que, como se dice en la presentación del libro, sin duda, facilitarán la labor tanto de los estudiantes como de los encargados de la tarea docente. En ningún caso se pretende sustituir la docencia teórica de la asignatura, sino complementarla con unos materiales de carácter práctico que, tras su lectura o resolución, según proceda, hagan más accesible el conocimiento de una disciplina tan importante como ésta (sin olvidar que este primer volumen está dedicado a la introducción, es decir, a la parte general de la misma).
Esta obra aborda, de una forma clara y concisa, el análisis de los procesos matrimoniales con abundante aportación jurisprudencial y doctrinal, y la especial regulación que de los mismos ha realizado el legislador apartándose de los criterios generales propios del proceso civil, como ocurre con las particularidades de la prueba, para intentar desplegar la protección que la familia requiere cuando entra en crisis. De este modo, se analiza muy especialmente la regulación provisional y la posibilidad de aplicar a las medidas provisionales matrimoniales el régimen del instituto cautelar, particularmente en lo que se refiere a las medidas anticipatorias, escasamente tratadas en nuestro Derecho pero con plasmación en el Derecho comparado, con las importantes consecuencias prácticas que ello puede tener. Pero también se analiza el nuevo estatuto familiar, creado tras un no tan especial proceso contencioso que ofrece posibilidades en la práctica pero también presenta problemas, como los derivados de no abordar una específica regulación de las uniones de hecho. Estatuto, que para la protección familiar, puede modificarse si hay variación sustancial de circunstancias, analizándose de este modo la modificación de medidas definitivas. Por último, también se trata la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial, cuestión no baladí, ya que la familia supone un grupo de seres humanos que no puede paralizarse por la crisis habida y donde las necesidades diarias están muy presentes, introduciéndose con fin tuitivo nuevos mecanismos conminatorios al cumplimiento de lo debido. Por todo ello, y por su sencillez y fácil lectura, la obra se dirige a todo aquel estudioso del Derecho (universitario, investigador...) que quiera conocer con profundidad la dimensión procesal de los juicios matrimoniales, y sobre todo a los prácticos que se ocupan del Derecho procesal matrimonial diariamente, principalmente abogados y jueces, para los que puede ser una consulta de referencia.
La ineficacia de los actos procesales es uno de los institutos del Derecho procesal que se ha visto más sometido a reformas y contrarreformas. Los vicios de los actos procesales pueden llevar aparejados tres efectos posibles: nulidad, anulabilidad e irregularidad. Esta aparente simplicidad encierra en su interior muchas dudas y contrastes acerca de la conceptualización, tratamiento y efectos de estos tres fenómenos de antijuridicidad. Dudas y contrastes que han llevado a la doctrina científica y a la jurisprudencia a esforzarse para lograr una teoría general de las nulidades que sin embargo a día de hoy no ha despejado todas las dudas. La ubicación de la regulación de las nulidades, la determinación conceptual de las distintas categorías de ineficacia, su conexión con los principios de subsanación y conservación de actos, así como los efectos anudados a la nulidad absoluta y a la anulabilidad (e irregularidad), siguen generando problemas de interpretación, circunstancia que conduce y explica que no pueda hablarse de un régimen de ineficacia de las actuaciones procesales sistemático y clarificador. La presente monografía se dirige precisamente a ofrecer una sistematización y clarificación de los citados conceptos, precedida de un estudio doctrinal y jurisprudencial serio y riguroso, que culmina con un epílogo a modo de reflexión final dirigido tanto a juristas en general como a abogados en particular, con las consideraciones y propuestas concretas, adaptadas, como no puede ser de otra forma, a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Esta obra es un completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso contencioso-administrativo. Le permitirá conocer y manejar las diferentes actividades a través de las cuales la fuente de información se introduce en el proceso. Todo ello trabajado desde una perspectiva eminentemente práctica. En la obra incluimos una selección de doctrina elaborada por profesionales de reconocido prestigio. También recogemos la legislación de referencia. En un simple visionado encontramos el marco normativo que interesa. Por supuesto, la recopilación de jurisprudencia nos va a permitir conocer a detalle el análisis y pronunciamiento judicial de los diferentes vértices de la materia. Y con el mismo objetivo también incluimos las máximas jurisprudenciales más interesantes. La sección de preguntas y respuestas vendría a clarificar diversas cuestiones que en la práctica pueden crear interrogantes. Y para terminar, una selección de formularios de aplicación directa.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012 y la de 14 de marzo de 2013, han provocado una verdadera convulsión en nuestro proceso civil. Ello ha obligado a introducir sustanciales modificaciones legislativas que se han plasmado en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social, que ha reformado en profundidad las ejecuciones hipotecarias. De igual modo se ha promulgado la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que ha dado nueva regulación a los juicios de desahucio. Con la finalidad de proporcionar una sencilla herramienta para abordar el estudio del modelo de proceso diseñado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, este libro ofrece una aproximación al régimen procesal civil en términos que aúnan teoría y práctica de una manera rigurosa pero asequible, pensando especialmente en los profesionales del derecho y orillando disquisiciones sin provecho práctico inmediato, para centrarse en un enfoque que reporte la máxima utilidad a quienes desempeñan los papeles protagonistas del proceso: fundamentalmente Jueces, Abogados, Secretarios y Procuradores. Es por ello que cada una de las lecciones se completa con formularios y esquemas.
La importancia económica del sector primario en la economía nacional ha ido declinando en los últimos treinta años paulatinamente, así como el número de personas que realizan sus labores características. Fenómeno que ha corrido paralelo al de reordenación jurídica de los modelos de contratación y protección social, con especial intensidad en los últimos años con la integración del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social. Es buen momento, por ello, para reflexionar colectivamente sobre el estado actual de la cuestión, intentando vislumbrar hacia qué modelo laboral se dirige el trabajo en el campo, y cómo se va a juridificar el proceso. Se han reunido para este objetivo a especialistas en la materia que han abordado las diferentes facetas que un estudio colectivo de estas características requiere: la perspectiva de futuro desde el estudio de los antecedentes histórico-jurídicos; la influencia de las normas de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia; la importancia de la negociación colectiva y sus posibilidades de actuación; la perspectiva salarial del trabajo en el campo; la prevención de riesgos laborales en la agricultura, y la protección de seguridad social en el régimen integrado que se ha ideado.
La presente obra contiene la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con todas las modificaciones que se han producido desde aquella fecha hasta el momento actual, incluyendo las reformas realizadas por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. La citada Ley se estructura de la siguiente forma: -Título Preliminar. De las normas procesales y su aplicación (arts. 1 a 4). -Libro I. De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles (arts. 5 a 247). -Libro II. De los procesos declarativos (arts. 248 a 516). -Libro III. De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares (arts. 517 a 747). -Libro IV. De los procesos especiales (arts. 748 a 827). Asimismo contiene una relación de las normas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Civil y un extenso índice de conceptos que facilita su consulta.
Este libro de derecho procesal practico contencioso aspira a conseguir como objetivo principal aproximar e intentar hacer comprender el funcionamiento diario de nuestros Juzgados y Tribunales a todas aquellas personas que están o van a relacionarse íntima
Esta obra se presenta como un completo estudio de la revisión penal, tanto desde el punto de vista científico como desde la práctica forense, pues acomete un exhaustivo análisis de la institución, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, presentándose como la primera obra que aborda esta institución desde estos dos puntos de vista, el de la Ciencia Jurídica y el de la práctica del Derecho. La acción de revisión penal se erige en fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, no sólo desde el ámbito del Derecho procesal sino también desde la perspectiva práctica de la Administración de la Justicia y de la protección del derecho fundamental a la libertad, pues nuestra Constitución sitúa a la "justicia" como uno de los más preciados "valores superiores del ordenamiento jurídico", contra la que se alza, sin discusión posible, la intangibilidad de aquellas condenas penales que, por acontecimientos sobrevenidos, se revelan radicalmente injustas, solventando, de este modo, la pugna entre seguridad jurídica y justicia en favor de esta última.
Una de las novedades principales que introdujo la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 fue la del régimen de la ejecución provisional, estableciéndose el criterio general de que todas las sentencias no firmes son susceptibles de ella con la sola excepción de aquellas a las que la ley procesal priva de tal efecto. Además, no es necesario prestar fianza ni ofrecer caución alguna por el solicitante, si bien el ejecutado puede oponerse a la ejecución en los casos y términos concretos previstos en la ley. Precisamente esta, la relativa a la «oposición», es una de las cuestiones fundamentales de su regulación. En efecto, la ley procesal civil cubrió una laguna muy importante en sede de ejecución forzosa al establecer un régimen de oposición a la misma, distinguiendo la oposición por defectos procesales y por motivos de fondo. Ahora bien, dicho régimen no se trasladó a la ejecución provisional sino que en ella se prevé una regulación completa de esta institución. Han pasado más de diez años de vigencia de la ley procesal civil, por lo que resulta oportuno analizar si este régimen de la oposición se adecua a la situación social y económica vigente o necesita de una reforma, singularmente cuando se trata de las sentencias de condena dinerarias. A todo ello se dedica el presente estudio.
Incluye las reformas de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003 y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado, completada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y los cambios introducidos por necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y sus reformas posteriores, desde la extensísima Ley 13/2009, de 5 de diciembre, Ley 37/2011 de 19 de abril, han tenido una clara incidencia en el ámbito del arbitraje, por afectar, por ejemplo, entre otras materias al proceso judicial de anulación del laudo y a la ejecución de éste. No han sido solamente esas modificaciones legislativas las que han incidido sobre el arbitraje; también la promulgación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en la medida en que esta figura forma parte del conglomerado de sistemas alternativos de solución de conflictos, porque en muchas ocasiones la mediación es la antesala del arbitraje; pero también debe tenerse en cuenta a la hora de adaptar el presente libro a la realidad jurídica actual, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, que reconocen a la mediación y al arbitraje como formas de resolución de conflictos. Pero sobretodo y en mayor medida, hay que tener en cuenta la «jurisprudencia» recaída en materias como nombramiento y remoción de árbitros, conocimiento de la acción de anulación y reconocimiento de laudos y resoluciones extranjeras dictadas por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que han sustituido en esas competencias a las Audiencias Provinciales después de la Ley 11/2011.
La presente obra pretende ser un instrumento de ayuda para los estudiantes que se acercan por primera vez al Derecho procesal. Se encuentra en la dirección apuntada por las modernas tendencias dentro de la enseñanza universitaria, que apuestan por nuevos métodos y sistemas pedagógicos. Estos Materiales no constituyen exclusivamente una colección de casos prácticos al uso, ni una mera recopilación ordenada de jurisprudencia o un repertorio de formularios propios de la práctica forense. Se trata de un conjunto seleccionado de todos ellos, al que hay que añadir esquemas, cuestionarios de evaluación, documentación de interés y bibliografía que, como se dice en la presentación del libro, sin duda, facilitarán la labor tanto de los estudiantes como de los encargados de la tarea docente. En ningún caso se pretende sustituir la docencia teórica de la asignatura, sino complementarla con unos materiales de carácter práctico que, tras su lectura o resolución, según proceda, hagan más accesible el conocimiento de una disciplina tan importante como ésta (sin olvidar que este primer volumen está dedicado a la introducción, es decir, a la parte general de la misma).
Esta obra aborda, de una forma clara y concisa, el análisis de los procesos matrimoniales con abundante aportación jurisprudencial y doctrinal, y la especial regulación que de los mismos ha realizado el legislador apartándose de los criterios generales propios del proceso civil, como ocurre con las particularidades de la prueba, para intentar desplegar la protección que la familia requiere cuando entra en crisis. De este modo, se analiza muy especialmente la regulación provisional y la posibilidad de aplicar a las medidas provisionales matrimoniales el régimen del instituto cautelar, particularmente en lo que se refiere a las medidas anticipatorias, escasamente tratadas en nuestro Derecho pero con plasmación en el Derecho comparado, con las importantes consecuencias prácticas que ello puede tener. Pero también se analiza el nuevo estatuto familiar, creado tras un no tan especial proceso contencioso que ofrece posibilidades en la práctica pero también presenta problemas, como los derivados de no abordar una específica regulación de las uniones de hecho. Estatuto, que para la protección familiar, puede modificarse si hay variación sustancial de circunstancias, analizándose de este modo la modificación de medidas definitivas. Por último, también se trata la ejecución de las resoluciones en materia matrimonial, cuestión no baladí, ya que la familia supone un grupo de seres humanos que no puede paralizarse por la crisis habida y donde las necesidades diarias están muy presentes, introduciéndose con fin tuitivo nuevos mecanismos conminatorios al cumplimiento de lo debido. Por todo ello, y por su sencillez y fácil lectura, la obra se dirige a todo aquel estudioso del Derecho (universitario, investigador...) que quiera conocer con profundidad la dimensión procesal de los juicios matrimoniales, y sobre todo a los prácticos que se ocupan del Derecho procesal matrimonial diariamente, principalmente abogados y jueces, para los que puede ser una consulta de referencia.
La ineficacia de los actos procesales es uno de los institutos del Derecho procesal que se ha visto más sometido a reformas y contrarreformas. Los vicios de los actos procesales pueden llevar aparejados tres efectos posibles: nulidad, anulabilidad e irregularidad. Esta aparente simplicidad encierra en su interior muchas dudas y contrastes acerca de la conceptualización, tratamiento y efectos de estos tres fenómenos de antijuridicidad. Dudas y contrastes que han llevado a la doctrina científica y a la jurisprudencia a esforzarse para lograr una teoría general de las nulidades que sin embargo a día de hoy no ha despejado todas las dudas. La ubicación de la regulación de las nulidades, la determinación conceptual de las distintas categorías de ineficacia, su conexión con los principios de subsanación y conservación de actos, así como los efectos anudados a la nulidad absoluta y a la anulabilidad (e irregularidad), siguen generando problemas de interpretación, circunstancia que conduce y explica que no pueda hablarse de un régimen de ineficacia de las actuaciones procesales sistemático y clarificador. La presente monografía se dirige precisamente a ofrecer una sistematización y clarificación de los citados conceptos, precedida de un estudio doctrinal y jurisprudencial serio y riguroso, que culmina con un epílogo a modo de reflexión final dirigido tanto a juristas en general como a abogados en particular, con las consideraciones y propuestas concretas, adaptadas, como no puede ser de otra forma, a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.