Completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso social, desde una práctica visión doctrinal y jurisprudencial. Junto a los artículos y estudios de los más prestigiosos autores, se recogen también los principales pronunciamientos jurisprudenciales clasificados y estructurados según la temática a analizar. Además, se ha recogido un interesante repertorio de preguntas con respuesta planteadas sobre la materia examinada. Se acompaña de un índice cronológico y sistemático de jurisprudencia.
La preparación del Código de Derecho Canónico de 1983, en palabras de P. Lombardía, primer Director del Instituto Martín de Azpilcueta, "alentaba la programación de estudios en equipo dirigidos a la exégesis del nuevo cuerpo legal de la Iglesia latina y a la construcción de un renovado sistema de Derecho Canónico. De hecho se esbozaron varios proyectos de diverso alcance que fueron estudiados en distintas sesiones plenarias del Instituto, en la confianza de que puedan ser llevados a cabo durante el primer decenio de vigencia del nuevo Código" (P. Lombardía, Prólogo a «Código de Derecho Canónico. Edición anotada»). El primero de estos proyectos, inmediato a la aparición del CIC de 1983, fue el «Código de Derecho canónico. Edición anotada», que ha alcanzado ya su 5ª edición en castellano, además de las ediciones en portugués, catalán, italiano, francés e inglés. La obra que ahora ve la luz, superado ya el primer decenio de vigencia del Código, ofrece un comentario exegético extenso de todo el CIC, teniendo ya en cuenta las vicisitudes de los inicios de su aplicación, las interpretaciones auténticas que se han producido y la rica doctrina que ha ido surgiendo en estos años. Es una obra de rápido y fácil manejo, que ofrece los elementos suficientes para la interpretación de los cánones en su contexto y en sus fuentes. Por su orientación teórica y práctica, la obra va dirigida a profesores universitarios, profesores de seminarios, curias, jueces eclesiásticos, párrocos, abogados, bibliotecas, departamentos de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de Facultades de Derecho, Institutos de vida consagrada, asociaciones canónicas, investigadores, interesados en el Derecho Canónico en general. A cargo del Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra, el «Comentario exegético al Código de Derecho canónico» ha sido coordinada y dirigida por los Profs Angel Marzoa, Jorge Miras y Rafael Rodríguez-Ocaña. Participan en los Comentarios 116 relevantes canonistas de 18 países; especialistas dedicados a la investigación y a la docencia universitaria, o a la práctica jurídica en la Curia Romana y en diversas curias y tribunales diocesanos. DESCRIPCIÓN SUMARIA DE SU CONTENIDO Volumen I: Prolegómenos. Normas generales (Cánones 1-203). Volumen II: (2 tomos) Pueblo de Dios (Cánones 204-746) Volumen III: (2 tomos) Funciones de enseñar y santificar (Cánones 747-1253) Volumen IV: (2 tomos) Derecho patrimonial. Derecho penal. Derecho procesal (Cánones 1254-1752) Volumen V: Apéndices legislativos. Indices generales. 175x 250 mm. 8.200 págs. Introducción extensa a cada Libro, Parte, Sección y Título. Comentario amplio a cada canon, precedido del texto oficial, traducción, fuentes y relación de cánones conexos.
Esta Práctica procesal canónica de las causas matrimoniales es un manual esencialmente práctico para iniciarse en la tramitación de los procesos matrimoniales: declaración de nulidad matrimonial, nulidad por documentos, dispensa del matrimonio rato y no consumado, disolución en favor de la Fe y declaración de muerte presunta. Se ha pretendido, de un modo claro y sintético, presentar los formularios de cada uno de estos procesos. La presente obra puede ser muy útil no sólo para el estudiante de Derecho y alumnos de las Escuelas de Práctica Jurídica, sino para el jurista que desee dedicarse a la administración de Justicia en la Iglesia y para los sacerdotes y seglares, futuros miembros de los Tribunales Eclesiásticos.
Este libro ofrece una visión breve, pero completa, del arbitraje en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, y su finalidad es hacer accesible la institución tanto a los estudiantes de Derecho, que deben abordar esta materia dentro de la troncalidad del Derecho Procesal Civil, como a los profesionales del foro que no estén familiarizados con ella. Pretende así cubrir una laguna que se observa en el panorama editorial, en el que, a pesar del poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley, han aparecido ya obras exhaustivas de Comentarios, extensas y dirigidas a especialistas, y abundantes ?e interesantes- estudios monográficos sobre temas muy concretos. La obra se completa con un apéndice legal en el que se recogen tanto la Ley de Arbitraje como la Ley Modelo de la CNUDMI, que el legislador español ha acogido como base. Su inclusión permitirá al lector acceder a una visión rápida de ambos textos normativos y extraer sus propias conclusiones sobre la influencia del segundo en el primero.
La orden europea de retención de cuentas es una medida cautelar europea con la que se pretende conjurar el riesgo de que el deudor disponga de los fondos que mantiene en una cuenta bancaria, o que los transfiera a una cuenta situada fuera del territorio de la Unión, eludiendo así el control de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Este riesgo se ha incrementado exponencialmente con los servicios de la banca electrónica, que permiten movilizar los fondos a nivel mundial en cuestión de segundos. Para conjurar ese riesgo nace la orden, cuyo ámbito de aplicación se limita a los asuntos transfronterizos. Para garantizar la eficacia de la orden, el órgano jurisdiccional debe decidir sobre la solicitud de orden inaudita parte debitoris y en el breve plazo que establece la norma europea. La orden es eficaz en todos los Estados miembros vinculados por el Reglamento, y tras su recepción, el Estado miembro de ejecución deberá ejecutarla de forma inmediata, sin necesidad de reconocimiento ni declaración de ejecutividad. Solo después de que el banco haya retenido los fondos, la orden le será notificada al deudor. Esta obra es el primer estudio monográfico sobre este nuevo instrumento europeo para la tutela del crédito. Junto al análisis del Reglamento europeo, incluye la aplicación de la orden en España, a cargo de jueces, secretarios judiciales y entidades de crédito, todos ellos en su doble condición de sujetos del Estado miembro de origen o de ejecución. Además, incorpora la jurisprudencia reciente sobre el embargo de depósitos bancarios y saldos favorables de cuentas corrientes, que constituye un referente para la integración del régimen de la orden. El estudio es abonado para los profesionales del Derecho, en especial para jueces, secretarios judiciales, abogados y asesores de las entidades de crédito.
La presente monografía se centra en los litigios sobre consumo, poniendo el foco en las especialidades procesales que presentan y en las eventuales reclamaciones mediante el ejercicio de acciones colectivas. En concreto, se examina la cohabitación entre acciones individuales y acciones colectivas, prestando especial atención al papel que corresponde en su ejercicio al abogado (vgr. competencia judicial, capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, diligencias preliminares, publicidad e intervención de terceros, acumulación de procesos, tutela cautelar, carga de la prueba, efectos subjetivos de la sentencia, cosa juzgada, y ejecución forzosa). Del mismo modo, se aborda la protección de consumidores y usuarios en el sector bancario, con examen de las cláusulas de vencimiento anticipado, de las de interés de demora, de las cláusulas suelo, de las relativas a los gastos de apertura del préstamo hipotecario, de las preferentes y subordinadas, de las cláusulas IRPH, y de las hipotecas multividisa); la defensa de consumidores y usuarios en el sector turístico (vgr. transporte aéreo y utilización fraudulenta de las viviendas de uso turístico); y los conflictos que se suscitan en el sector de los suministros energéticos (luz, agua y gas) y de telecomunicaciones (vgr. la telefonía fija y móvil, así como internet).
El auge que ha experimentado en los últimos años el conocido como periodismo de tribunales ha generado un intenso debate en el conjunto de la Sociedad. El derecho a recibir información, de relevancia pública y veraz, está llamado a equilibrarse con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. De esta forma, el tradicional enfoque que permite dicho equilibrio ha seguido una línea jurisprudencial pensada generalmente desde la óptica del proceso civil. Sin embargo, cuando se aplican dichos parámetros al proceso penal, el equilibrio jurisprudencialmente alcanzado decae por la inclusión de un principio estructural del moderno proceso penal: la presunción de inocencia. Los tiempos del periodismo difieren notablemente de los tiempos de la investigación penal e incluso del propio enjuiciamiento. Actualmente, los medios de comunicación han potenciado el denominado periodismo de sucesos y tribunales, ocupando una posición privilegiada en la conformación de los diarios y noticiarios. Una disciplina tradicionalmente seria y rigurosa en el tratamiento de sus contenidos. No obstante, la mediatización del proceso penal ha supuesto la aparición de los mal llamados juicios paralelos, provocando, en ocasiones, una serie de disfunciones en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y afectándose potencialmente principios inherentes a la propia estructura del Estado.
La presente monografía tiene por objeto analizar, mediante una aproximación fundamentalmente procesal, los aspectos más problemáticos que se plantean en el ámbito del Derecho concursal, tanto en su vertiente puramente procesal como en la preconcursal. El hilo argumental de la obra pone el foco en cuatro cuestiones centrales: instituciones preconcursales; jurisdicción y competencia; proceso concursal laboral; y calificación y responsabilidad concursal. Esta heterogeneidad se proyecta sin perder de vista cada una de las sucesivas reformas que lleva acometiendo el legislador, la última de ellas de 27 de febrero de 2015. Desde la experiencia aportada por los autores, se concibe el Derecho concursal como una disciplina de naturaleza interdisciplinar: jurisdiccionalista, en atención al Derecho concursal como proceso; mercantilista y civilista, por las implicaciones jurídico-materiales que trae consigo todo sujeto concursado a través de sus distintas relaciones jurídicas externas; laboralista, a tenor de las especialidades procedimentales previstas para el tratamiento de los trabajadores dependientes del sujeto concursado; y fiscalista, a la vista de las obligaciones tributarias que subsisten en sede concursal. Entre otras muchos interrogantes que se despejan a lo largo de la obra cabe enumerar cuestiones tan comunes y controvertidas como: ¿Qué elementos permiten constituir una clase de acreedores? ¿Qué sucede si el deudor omite, ya sea por error o maliciosamente, ciertos pasivos en la documentación de su solicitud ex art.232.2 LC? ¿Compete a la Administración concursal la decisión última sobre el quantum dinerario de una retribución en especie? ¿Cuándo debe considerarse que un proceso ejecutivo ya ha sido iniciado con anterioridad al Auto declarativo de concurso, para así limitar el ámbito temporal del art.56.1 LC? ¿Qué ocurriría si el acuerdo contara con el 65% de apoyo de los acreedores financieros titulares de garantías reales, pero aun así no alcanzara el 51% del total de pasivo financiero? ¿Qué posición cabe adoptar ante un proceso iniciado con anterioridad al concurso y sobre el cual, una vez resuelto pero no firme, se pretendiera por el sujeto concursado interponer un recurso de apelación? ¿Puede un proceso penal suspenderse por razón del concurso?
El presente libro se inscribe dentro de las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Investigación «Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual» de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Este Grupo de Investigación comenzó su andadura en junio de 2012 y, desde entonces, ha venido desarrollando una interesante labor investigadora con una finalidad bien definida: analizar la respuesta jurídica al creciente pluralismo cultural y religioso de la sociedad occidental. Un fenómeno �éste del pluralismo religioso� que se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas por la confluencia de diversos factores, entre los que destacan, por un lado, el incremento de los flujos migratorios y, por otro, la constante diversificación de patrones de vida y de planteamientos culturales y éticos. En coherencia con esa finalidad de fondo, uno de los objetivos concretos que el Grupo se propuso fue estudiar la relevancia de los derechos confesionales en los ordenamientos jurídicos seculares. En el caso de España, no cabe duda de que la no confesionalidad del Estado y su neutralidad en lo que afecta a la religión, junto con el mandato de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y de mantener las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas (art. 16.3 CE), han propiciado las condiciones para un aumento significativo de los supuestos de relevancia de normas confesionales en la esfera jurídica del Estado. De ahí la oportunidad y la conveniencia de afrontar el estudio de esta cuestión, con mayor razón si se tiene en cuenta que, dentro del ámbito del Derecho Eclesiástico español, este tema en particular ha sido hasta ahora menos estudiado que otros. El presente libro pretende ser pues una aportación en este campo, y se propone mostrar, a partir del Derecho vigente y de la jurisprudencia, el alcance y la relevancia de las normas confesionales en nuestro ordenamiento jurídico y el modo mediante el que pueden operar en la práctica. Para lograr esa finalidad, desde la dirección del Grupo de Investigación se realizó una selección de temas que sería interesante estudiar, confiando luego el tratamiento autónomo de cada uno de ellos a un investigador del Grupo. Como regla general, se procuró que los temas elegidos tuviesen relevancia práctica, de modo que resultase más fácil descender al terreno jurisprudencial y de aplicación del Derecho. En consecuencia �y en cierto modo como contrapartida�, se renunció a la pretensión de ofrecer una visión completa y sistemática de la eficacia que las normas y actos de las confesiones religiosas tienen en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, la opción llevada a cabo no ha impedido que, de una u otra manera, muchas de las grandes materias del Derecho eclesiástico estén presentes en esta obra: la personalidad jurídica de las entidades religiosas, así como su régimen patrimonial y fiscal; los ministros de culto; la enseñanza religiosa, los lugares de culto, etc. En otro orden de cosas, resulta evidente que algunos temas son notablemente más concretos que otros o que unos afectan más directamente a una confesión religiosa en particular que a otras. En cierto modo, se trata de un reflejo de la realidad misma, ya que no todas las cuestiones se plantean por igual, ni con el mismo alcance respecto de todas las confesiones. Pero, a la vez, es también reflejo de un criterio de flexibilidad, consistente en dejar a cada autor un amplio margen para delimitar o perfilar ulteriormente el tema inicialmente asignado. Criterio que, a la postre, ha resultado un acierto, por cuanto el diferente nivel de concreción adoptado en cada temática, lejos de obstaculizar la consecución del fin perseguido, ha contribuido positivamente a enriquecer el conjunto, dotándolo de un mayor número de perspectivas y enfoques. Con estos planteamientos de fondo, no resulta difícil adivinar que el hilo conductor de toda la obra, que subyace como denominador común de los diferentes estudios, radica precisamente en esa finalidad a la que antes nos referíamos: analizar cómo y en qué medida, normas o actos de las confesiones religiosas pueden desplegar, a diferentes niveles, sus efectos en el ordenamiento del Estado. El libro se abre con un trabajo de Pedro Sánchez Llavero sobre Las certificaciones confesionales y su relevancia en la esfera jurídica del Estado, que resulta muy apropiado como pórtico para los restantes estudios, por dos razones. En primer lugar, porque el autor sitúa su tema en el marco de las relaciones entre la legítima autonomía institucional y normativa de las confesiones religiosas, por un lado, y la aconfesionalidad del Estado, por otro, mostrando entonces la relevancia que asume el principio de cooperación entre ambas instancias: la confesional y la estatal. En segundo lugar, porque las certificaciones confesionales tienen un carácter trasversal y operan, de un modo u otro, en la mayor parte de las materias tratadas los sucesivos estudios que componen el libro. La noción de ministro de culto relevante para el Derecho estatal es el título del estudio sucesivo del que se ha encargado Mercedes Salido. El propósito de este trabajo es reflexionar sobre dicha noción, con el fin de ofrecer una delimitación de su contenido, que resulte apropiada y útil para el ordenamiento del Estado, en conformidad con la pluralidad religiosa existente en la sociedad y con la configuración constitucional del Estado español como un Estado laico. El Derecho estatal no dice en ningún sitio qué deba entenderse por ministro de culto, lo cual resulta coherente con la laicidad del Estado. Al mismo tiempo, resulta necesario fijar los límites de esa noción, al menos por dos motivos: a) porque, la actividad y las funciones de los ministros de las confesiones religiosas pueden proyectarse sobre ámbitos relevantes para el Estado; b) porque las personas revestidas de la condición de ministros de culto están sujetas, en ocasiones, a normas especiales de carácter favorable o más beneficioso, en atención precisamente a las funciones que desarrollan. Siguen después dos estudios relacionados con la personalidad civil de las entidades religiosas, concretamente las de la Iglesia católica. El primero de ellos, firmado por Beatriz Sáenz de Jubera Higuero, trata de la Eficacia civil de los requisitos canónicos en la enajenación de bienes eclesiásticos. La autora analiza los requisitos, controles y solemnidades que el Derecho canónico exige para la validez de determinados actos patrimoniales realizados por entidades eclesiásticas y se pregunta por la eficacia que pueden llegar a tener en el Derecho civil español, en particular, a la hora de practicar inscripciones en el Registro de la Propiedad. El segundo, del que me he ocupado yo mismo, lleva por título Eficacia civil de la supresión de asociaciones constituidas conforme al derecho canónico. Se trata de una cuestión poco tratada, no solo por lo que se refiere a las asociaciones en particular, sino por lo que se refiere, más en general, a todos los entes religiosos civilmente reconocidos y en la que parece haber un cierto vacío legal. De ahí, se pasa luego al ámbito del régimen económico y fiscal de las confesiones religiosas, con un estudio sobre Eficacia de las normas confesionales como presupuesto de hecho de las disposiciones tributarias, a cargo de Patricia Díaz Rubio. El propósito de este estudio es doble: por una parte, analizar los supuestos de no sujeción y las exenciones tributarias previstas por el ordenamiento jurídico para las confesiones religiosas que cuentan con un Acuerdo de cooperación con el Estado español; y, por otra parte, poner de relieve los conceptos o nociones de Derecho confesional que esos mismos Acuerdos de cooperación emplean, así como la interpretación que de ellos han hecho tanto la administración tributaria como los tribunales de justicia. El único trabajo del libro con autoría doble, que figura a continuación, es el firmado conjuntamente por M.ª del Carmen Caparrós y José María Vázquez García-Peñuela. Este estudio se sitúa en el ámbito de la enseñanza religiosa y, más concretamente, de la enseñanza de la religión católica. Lleva por título Alcance de la declaración confesional de idoneidad en la contratación de profesores de religión en centros docentes públicos y aborda un tema que ha sido objeto de numerosas controversias y pronunciamientos judiciales en nuestro país. Los autores examinan tanto los requisitos que la Iglesia católica exige a los candidatos a profesores de religión, como, sobre todo, el control que los tribunales estatales pueden hacer de ese juicio de idoneidad, especialmente por lo que se refiere a uno de esos requisitos en particular: el de la identidad católica del candidato. Seguidamente figuran dos estudios sobre materia funeraria, si bien referidos a confesiones diferentes y con diversas perspectivas de fondo. El primero de ellos, a cargo de Miguel Rodríguez Blanco, trata sobre La eficacia civil de las normas canónicas en la gestión de los cementerios de la Iglesia católica. El autor analiza la relevancia práctica que las normas del Derecho canónico en materia de cementerios pueden tener en el ámbito estatal, partiendo de las decisiones adoptadas en concretos pronunciamientos judiciales a diversos niveles. Su exposición sirve para mostrar que, lejos de haber unanimidad entre los distintos Tribunales en esta materia, las líneas jurisprudenciales han sido diversas y no siempre coherentes, de modo que se trata de una cuestión compleja y de no fácil delimitación. El segundo de los estudios mencionados lleva por título El particularismo normativo musulmán en materia funeraria y su relevancia en la reglamentación de policía sanitaria mortuoria española y lo firma José Luis Llaquet de Entrambasaguas. En este caso, no solo es diferente la confesión religiosa de referencia, sino también el planteamiento de fondo, ya que se trata de analizar en qué medida las vigentes normas sobre policía sanitaria mortuoria resultan conciliables con las tradiciones funerarias del Islam y en qué medida estas últimas tradiciones podrían desplegar una cierta eficacia en cuanto futuro elemento informador de la legislación en materia. Finalmente, el último de los estudios del libro es el de Tomás J. Aliste Santos que versa sobre Eficacia de normas y actos de las confesiones religiosas en el derecho procesal, con especial referencia al Derecho canónico. El autor se detiene, en primer lugar, en la relevancia que el Derecho canónico ha tenido en la formación del Derecho procesal, considerando que se trata de una forma de influencia de notable relevancia en este último campo. Examina, después, la eficacia, más bien indirecta, que los actos de naturaleza confesional pueden tener en el Derecho procesal español en concepto de actos de postulación, fruto de la actividad de las partes en el curso de un proceso. Finalmente, se adentra en la novedosa cuestión de la eficacia directa que podrían llegar a tener en nuestro sistema procesal determinados actos y normas de las confesiones religiosas, si en el futuro se llegasen a aceptar algunas formas confesionales de resolución de conflictos extrajudiciales, como, por ejemplo, el arbitraje religioso de los tribunales arbitrales islámicos. Antes de concluir estas páginas, me siento obligado a dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que este libro vea la luz. En primer lugar y de manera muy señalada, al Prof. Dr. Miguel Rodríguez Blanco �director del Grupo de Investigación «Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual»�, que no solo me confió la tarea de editar esta obra, sino que además intervino de manera decisiva en la génesis del proyecto y en la selección de los temas a tratar. Sin su labor de dirección al frente del Grupo, el resultado que ahora se presenta no hubiese sido posible. En segundo lugar, a cada una y cada uno de los autores, por su cordial disponibilidad para aceptar y perfilar los temas propuestos, así como por el esfuerzo y empeño con que han trabajado en sintonía con la finalidad prevista para el conjunto de la obra. Finalmente, a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) por su decidida apuesta en favor de la investigación y por su constante apoyo, a través de UNIR-Research y del equipo de la Oficina de Consultoría y Apoyo a Proyectos de Investigación (OCAPI).
Practicum Procesal Laboral, es una de las obras de la colección Practicum creada con el objetivo de ayudar y facilitar la labor cotidiana del asesor jurídico, proporcionándole información jurídica y práctica actualizada sobre las cuestiones más relevantes que se generan, en este caso, en la práctica procesal ante los Juzgados y Tribunales de lo Social. Esta obra que se ha realizado siguiendo el esquema de la LRJS, analiza jurídicamente las cuestiones procesales más relevantes que se plantean los operadores jurídicos en aplicación de la normativa procesal laboral: ¿Qué acciones pueden acumularse en materia de Seguridad Social?, ¿Cómo y cuándo debe proponerse y practicarse la prueba?, ¿Qué efectos han tenido las últimas reformas laborales en los distintos procedimientos de despido?, ¿Cómo opera el límite cuantitativo de 3.000? en el recurso de suplicación?, ¿Cuándo debe solicitarse la ejecución provisional de las sentencias de despido?, son sólo un ejemplo de las distintas materias que se abordan. Las respuestas a las cuestiones planteadas se han realizado de forma sistemática abordando las especificidades del proceso laboral respecto a otros órdenes jurisdiccionales, a partir del análisis de la normativa, la jurisprudencia y doctrina en suplicación más reciente, y la propia experiencia de los autores en Juzgados y Tribunales.
En la obra se analiza el proceso penal en su integridad de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando las opiniones, orientaciones y consejos, proporcionando el máximo de elementos de juicio para orientar correctamente la intervención en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada uno de los procesos, que incluye los procesos de jurado, menores y la ejecución de sentencias, se intercalan diferentes formularios de intervenciones procesales en el ámbito penal que complementan el comentario; en este sentido, hay que subrayar que la obra no es un libro «de formularios», sino un libro de práctica procesal «con formularios», donde el comentario y el análisis de tipo práctico adquieren mayor protagonismo que el formulario que los complementa. Por último, y como consecuencia de la vocación práctica de esta obra, se concede una especial importancia al estudio jurisprudencial de cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando la jurisprudencia más relevante en el ámbito procesal en un índice analítico de jurisprudencia, donde se puede consultar de forma ágil y sencilla las resoluciones judiciales más importantes en el ámbito del proceso penal.
Completo análisis de la regulación de la prueba en el proceso social, desde una práctica visión doctrinal y jurisprudencial. Junto a los artículos y estudios de los más prestigiosos autores, se recogen también los principales pronunciamientos jurisprudenciales clasificados y estructurados según la temática a analizar. Además, se ha recogido un interesante repertorio de preguntas con respuesta planteadas sobre la materia examinada. Se acompaña de un índice cronológico y sistemático de jurisprudencia.
La preparación del Código de Derecho Canónico de 1983, en palabras de P. Lombardía, primer Director del Instituto Martín de Azpilcueta, "alentaba la programación de estudios en equipo dirigidos a la exégesis del nuevo cuerpo legal de la Iglesia latina y a la construcción de un renovado sistema de Derecho Canónico. De hecho se esbozaron varios proyectos de diverso alcance que fueron estudiados en distintas sesiones plenarias del Instituto, en la confianza de que puedan ser llevados a cabo durante el primer decenio de vigencia del nuevo Código" (P. Lombardía, Prólogo a «Código de Derecho Canónico. Edición anotada»). El primero de estos proyectos, inmediato a la aparición del CIC de 1983, fue el «Código de Derecho canónico. Edición anotada», que ha alcanzado ya su 5ª edición en castellano, además de las ediciones en portugués, catalán, italiano, francés e inglés. La obra que ahora ve la luz, superado ya el primer decenio de vigencia del Código, ofrece un comentario exegético extenso de todo el CIC, teniendo ya en cuenta las vicisitudes de los inicios de su aplicación, las interpretaciones auténticas que se han producido y la rica doctrina que ha ido surgiendo en estos años. Es una obra de rápido y fácil manejo, que ofrece los elementos suficientes para la interpretación de los cánones en su contexto y en sus fuentes. Por su orientación teórica y práctica, la obra va dirigida a profesores universitarios, profesores de seminarios, curias, jueces eclesiásticos, párrocos, abogados, bibliotecas, departamentos de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de Facultades de Derecho, Institutos de vida consagrada, asociaciones canónicas, investigadores, interesados en el Derecho Canónico en general. A cargo del Instituto Martín de Azpilcueta de la Universidad de Navarra, el «Comentario exegético al Código de Derecho canónico» ha sido coordinada y dirigida por los Profs Angel Marzoa, Jorge Miras y Rafael Rodríguez-Ocaña. Participan en los Comentarios 116 relevantes canonistas de 18 países; especialistas dedicados a la investigación y a la docencia universitaria, o a la práctica jurídica en la Curia Romana y en diversas curias y tribunales diocesanos. DESCRIPCIÓN SUMARIA DE SU CONTENIDO Volumen I: Prolegómenos. Normas generales (Cánones 1-203). Volumen II: (2 tomos) Pueblo de Dios (Cánones 204-746) Volumen III: (2 tomos) Funciones de enseñar y santificar (Cánones 747-1253) Volumen IV: (2 tomos) Derecho patrimonial. Derecho penal. Derecho procesal (Cánones 1254-1752) Volumen V: Apéndices legislativos. Indices generales. 175x 250 mm. 8.200 págs. Introducción extensa a cada Libro, Parte, Sección y Título. Comentario amplio a cada canon, precedido del texto oficial, traducción, fuentes y relación de cánones conexos.
Esta Práctica procesal canónica de las causas matrimoniales es un manual esencialmente práctico para iniciarse en la tramitación de los procesos matrimoniales: declaración de nulidad matrimonial, nulidad por documentos, dispensa del matrimonio rato y no consumado, disolución en favor de la Fe y declaración de muerte presunta. Se ha pretendido, de un modo claro y sintético, presentar los formularios de cada uno de estos procesos. La presente obra puede ser muy útil no sólo para el estudiante de Derecho y alumnos de las Escuelas de Práctica Jurídica, sino para el jurista que desee dedicarse a la administración de Justicia en la Iglesia y para los sacerdotes y seglares, futuros miembros de los Tribunales Eclesiásticos.
Este libro ofrece una visión breve, pero completa, del arbitraje en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, y su finalidad es hacer accesible la institución tanto a los estudiantes de Derecho, que deben abordar esta materia dentro de la troncalidad del Derecho Procesal Civil, como a los profesionales del foro que no estén familiarizados con ella. Pretende así cubrir una laguna que se observa en el panorama editorial, en el que, a pesar del poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley, han aparecido ya obras exhaustivas de Comentarios, extensas y dirigidas a especialistas, y abundantes ?e interesantes- estudios monográficos sobre temas muy concretos. La obra se completa con un apéndice legal en el que se recogen tanto la Ley de Arbitraje como la Ley Modelo de la CNUDMI, que el legislador español ha acogido como base. Su inclusión permitirá al lector acceder a una visión rápida de ambos textos normativos y extraer sus propias conclusiones sobre la influencia del segundo en el primero.
La orden europea de retención de cuentas es una medida cautelar europea con la que se pretende conjurar el riesgo de que el deudor disponga de los fondos que mantiene en una cuenta bancaria, o que los transfiera a una cuenta situada fuera del territorio de la Unión, eludiendo así el control de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Este riesgo se ha incrementado exponencialmente con los servicios de la banca electrónica, que permiten movilizar los fondos a nivel mundial en cuestión de segundos. Para conjurar ese riesgo nace la orden, cuyo ámbito de aplicación se limita a los asuntos transfronterizos. Para garantizar la eficacia de la orden, el órgano jurisdiccional debe decidir sobre la solicitud de orden inaudita parte debitoris y en el breve plazo que establece la norma europea. La orden es eficaz en todos los Estados miembros vinculados por el Reglamento, y tras su recepción, el Estado miembro de ejecución deberá ejecutarla de forma inmediata, sin necesidad de reconocimiento ni declaración de ejecutividad. Solo después de que el banco haya retenido los fondos, la orden le será notificada al deudor. Esta obra es el primer estudio monográfico sobre este nuevo instrumento europeo para la tutela del crédito. Junto al análisis del Reglamento europeo, incluye la aplicación de la orden en España, a cargo de jueces, secretarios judiciales y entidades de crédito, todos ellos en su doble condición de sujetos del Estado miembro de origen o de ejecución. Además, incorpora la jurisprudencia reciente sobre el embargo de depósitos bancarios y saldos favorables de cuentas corrientes, que constituye un referente para la integración del régimen de la orden. El estudio es abonado para los profesionales del Derecho, en especial para jueces, secretarios judiciales, abogados y asesores de las entidades de crédito.
La presente monografía se centra en los litigios sobre consumo, poniendo el foco en las especialidades procesales que presentan y en las eventuales reclamaciones mediante el ejercicio de acciones colectivas. En concreto, se examina la cohabitación entre acciones individuales y acciones colectivas, prestando especial atención al papel que corresponde en su ejercicio al abogado (vgr. competencia judicial, capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, diligencias preliminares, publicidad e intervención de terceros, acumulación de procesos, tutela cautelar, carga de la prueba, efectos subjetivos de la sentencia, cosa juzgada, y ejecución forzosa). Del mismo modo, se aborda la protección de consumidores y usuarios en el sector bancario, con examen de las cláusulas de vencimiento anticipado, de las de interés de demora, de las cláusulas suelo, de las relativas a los gastos de apertura del préstamo hipotecario, de las preferentes y subordinadas, de las cláusulas IRPH, y de las hipotecas multividisa); la defensa de consumidores y usuarios en el sector turístico (vgr. transporte aéreo y utilización fraudulenta de las viviendas de uso turístico); y los conflictos que se suscitan en el sector de los suministros energéticos (luz, agua y gas) y de telecomunicaciones (vgr. la telefonía fija y móvil, así como internet).
El auge que ha experimentado en los últimos años el conocido como periodismo de tribunales ha generado un intenso debate en el conjunto de la Sociedad. El derecho a recibir información, de relevancia pública y veraz, está llamado a equilibrarse con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. De esta forma, el tradicional enfoque que permite dicho equilibrio ha seguido una línea jurisprudencial pensada generalmente desde la óptica del proceso civil. Sin embargo, cuando se aplican dichos parámetros al proceso penal, el equilibrio jurisprudencialmente alcanzado decae por la inclusión de un principio estructural del moderno proceso penal: la presunción de inocencia. Los tiempos del periodismo difieren notablemente de los tiempos de la investigación penal e incluso del propio enjuiciamiento. Actualmente, los medios de comunicación han potenciado el denominado periodismo de sucesos y tribunales, ocupando una posición privilegiada en la conformación de los diarios y noticiarios. Una disciplina tradicionalmente seria y rigurosa en el tratamiento de sus contenidos. No obstante, la mediatización del proceso penal ha supuesto la aparición de los mal llamados juicios paralelos, provocando, en ocasiones, una serie de disfunciones en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y afectándose potencialmente principios inherentes a la propia estructura del Estado.
La presente monografía tiene por objeto analizar, mediante una aproximación fundamentalmente procesal, los aspectos más problemáticos que se plantean en el ámbito del Derecho concursal, tanto en su vertiente puramente procesal como en la preconcursal. El hilo argumental de la obra pone el foco en cuatro cuestiones centrales: instituciones preconcursales; jurisdicción y competencia; proceso concursal laboral; y calificación y responsabilidad concursal. Esta heterogeneidad se proyecta sin perder de vista cada una de las sucesivas reformas que lleva acometiendo el legislador, la última de ellas de 27 de febrero de 2015. Desde la experiencia aportada por los autores, se concibe el Derecho concursal como una disciplina de naturaleza interdisciplinar: jurisdiccionalista, en atención al Derecho concursal como proceso; mercantilista y civilista, por las implicaciones jurídico-materiales que trae consigo todo sujeto concursado a través de sus distintas relaciones jurídicas externas; laboralista, a tenor de las especialidades procedimentales previstas para el tratamiento de los trabajadores dependientes del sujeto concursado; y fiscalista, a la vista de las obligaciones tributarias que subsisten en sede concursal. Entre otras muchos interrogantes que se despejan a lo largo de la obra cabe enumerar cuestiones tan comunes y controvertidas como: ¿Qué elementos permiten constituir una clase de acreedores? ¿Qué sucede si el deudor omite, ya sea por error o maliciosamente, ciertos pasivos en la documentación de su solicitud ex art.232.2 LC? ¿Compete a la Administración concursal la decisión última sobre el quantum dinerario de una retribución en especie? ¿Cuándo debe considerarse que un proceso ejecutivo ya ha sido iniciado con anterioridad al Auto declarativo de concurso, para así limitar el ámbito temporal del art.56.1 LC? ¿Qué ocurriría si el acuerdo contara con el 65% de apoyo de los acreedores financieros titulares de garantías reales, pero aun así no alcanzara el 51% del total de pasivo financiero? ¿Qué posición cabe adoptar ante un proceso iniciado con anterioridad al concurso y sobre el cual, una vez resuelto pero no firme, se pretendiera por el sujeto concursado interponer un recurso de apelación? ¿Puede un proceso penal suspenderse por razón del concurso?
El presente libro se inscribe dentro de las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Investigación «Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual» de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Este Grupo de Investigación comenzó su andadura en junio de 2012 y, desde entonces, ha venido desarrollando una interesante labor investigadora con una finalidad bien definida: analizar la respuesta jurídica al creciente pluralismo cultural y religioso de la sociedad occidental. Un fenómeno �éste del pluralismo religioso� que se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas por la confluencia de diversos factores, entre los que destacan, por un lado, el incremento de los flujos migratorios y, por otro, la constante diversificación de patrones de vida y de planteamientos culturales y éticos. En coherencia con esa finalidad de fondo, uno de los objetivos concretos que el Grupo se propuso fue estudiar la relevancia de los derechos confesionales en los ordenamientos jurídicos seculares. En el caso de España, no cabe duda de que la no confesionalidad del Estado y su neutralidad en lo que afecta a la religión, junto con el mandato de tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y de mantener las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas (art. 16.3 CE), han propiciado las condiciones para un aumento significativo de los supuestos de relevancia de normas confesionales en la esfera jurídica del Estado. De ahí la oportunidad y la conveniencia de afrontar el estudio de esta cuestión, con mayor razón si se tiene en cuenta que, dentro del ámbito del Derecho Eclesiástico español, este tema en particular ha sido hasta ahora menos estudiado que otros. El presente libro pretende ser pues una aportación en este campo, y se propone mostrar, a partir del Derecho vigente y de la jurisprudencia, el alcance y la relevancia de las normas confesionales en nuestro ordenamiento jurídico y el modo mediante el que pueden operar en la práctica. Para lograr esa finalidad, desde la dirección del Grupo de Investigación se realizó una selección de temas que sería interesante estudiar, confiando luego el tratamiento autónomo de cada uno de ellos a un investigador del Grupo. Como regla general, se procuró que los temas elegidos tuviesen relevancia práctica, de modo que resultase más fácil descender al terreno jurisprudencial y de aplicación del Derecho. En consecuencia �y en cierto modo como contrapartida�, se renunció a la pretensión de ofrecer una visión completa y sistemática de la eficacia que las normas y actos de las confesiones religiosas tienen en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, la opción llevada a cabo no ha impedido que, de una u otra manera, muchas de las grandes materias del Derecho eclesiástico estén presentes en esta obra: la personalidad jurídica de las entidades religiosas, así como su régimen patrimonial y fiscal; los ministros de culto; la enseñanza religiosa, los lugares de culto, etc. En otro orden de cosas, resulta evidente que algunos temas son notablemente más concretos que otros o que unos afectan más directamente a una confesión religiosa en particular que a otras. En cierto modo, se trata de un reflejo de la realidad misma, ya que no todas las cuestiones se plantean por igual, ni con el mismo alcance respecto de todas las confesiones. Pero, a la vez, es también reflejo de un criterio de flexibilidad, consistente en dejar a cada autor un amplio margen para delimitar o perfilar ulteriormente el tema inicialmente asignado. Criterio que, a la postre, ha resultado un acierto, por cuanto el diferente nivel de concreción adoptado en cada temática, lejos de obstaculizar la consecución del fin perseguido, ha contribuido positivamente a enriquecer el conjunto, dotándolo de un mayor número de perspectivas y enfoques. Con estos planteamientos de fondo, no resulta difícil adivinar que el hilo conductor de toda la obra, que subyace como denominador común de los diferentes estudios, radica precisamente en esa finalidad a la que antes nos referíamos: analizar cómo y en qué medida, normas o actos de las confesiones religiosas pueden desplegar, a diferentes niveles, sus efectos en el ordenamiento del Estado. El libro se abre con un trabajo de Pedro Sánchez Llavero sobre Las certificaciones confesionales y su relevancia en la esfera jurídica del Estado, que resulta muy apropiado como pórtico para los restantes estudios, por dos razones. En primer lugar, porque el autor sitúa su tema en el marco de las relaciones entre la legítima autonomía institucional y normativa de las confesiones religiosas, por un lado, y la aconfesionalidad del Estado, por otro, mostrando entonces la relevancia que asume el principio de cooperación entre ambas instancias: la confesional y la estatal. En segundo lugar, porque las certificaciones confesionales tienen un carácter trasversal y operan, de un modo u otro, en la mayor parte de las materias tratadas los sucesivos estudios que componen el libro. La noción de ministro de culto relevante para el Derecho estatal es el título del estudio sucesivo del que se ha encargado Mercedes Salido. El propósito de este trabajo es reflexionar sobre dicha noción, con el fin de ofrecer una delimitación de su contenido, que resulte apropiada y útil para el ordenamiento del Estado, en conformidad con la pluralidad religiosa existente en la sociedad y con la configuración constitucional del Estado español como un Estado laico. El Derecho estatal no dice en ningún sitio qué deba entenderse por ministro de culto, lo cual resulta coherente con la laicidad del Estado. Al mismo tiempo, resulta necesario fijar los límites de esa noción, al menos por dos motivos: a) porque, la actividad y las funciones de los ministros de las confesiones religiosas pueden proyectarse sobre ámbitos relevantes para el Estado; b) porque las personas revestidas de la condición de ministros de culto están sujetas, en ocasiones, a normas especiales de carácter favorable o más beneficioso, en atención precisamente a las funciones que desarrollan. Siguen después dos estudios relacionados con la personalidad civil de las entidades religiosas, concretamente las de la Iglesia católica. El primero de ellos, firmado por Beatriz Sáenz de Jubera Higuero, trata de la Eficacia civil de los requisitos canónicos en la enajenación de bienes eclesiásticos. La autora analiza los requisitos, controles y solemnidades que el Derecho canónico exige para la validez de determinados actos patrimoniales realizados por entidades eclesiásticas y se pregunta por la eficacia que pueden llegar a tener en el Derecho civil español, en particular, a la hora de practicar inscripciones en el Registro de la Propiedad. El segundo, del que me he ocupado yo mismo, lleva por título Eficacia civil de la supresión de asociaciones constituidas conforme al derecho canónico. Se trata de una cuestión poco tratada, no solo por lo que se refiere a las asociaciones en particular, sino por lo que se refiere, más en general, a todos los entes religiosos civilmente reconocidos y en la que parece haber un cierto vacío legal. De ahí, se pasa luego al ámbito del régimen económico y fiscal de las confesiones religiosas, con un estudio sobre Eficacia de las normas confesionales como presupuesto de hecho de las disposiciones tributarias, a cargo de Patricia Díaz Rubio. El propósito de este estudio es doble: por una parte, analizar los supuestos de no sujeción y las exenciones tributarias previstas por el ordenamiento jurídico para las confesiones religiosas que cuentan con un Acuerdo de cooperación con el Estado español; y, por otra parte, poner de relieve los conceptos o nociones de Derecho confesional que esos mismos Acuerdos de cooperación emplean, así como la interpretación que de ellos han hecho tanto la administración tributaria como los tribunales de justicia. El único trabajo del libro con autoría doble, que figura a continuación, es el firmado conjuntamente por M.ª del Carmen Caparrós y José María Vázquez García-Peñuela. Este estudio se sitúa en el ámbito de la enseñanza religiosa y, más concretamente, de la enseñanza de la religión católica. Lleva por título Alcance de la declaración confesional de idoneidad en la contratación de profesores de religión en centros docentes públicos y aborda un tema que ha sido objeto de numerosas controversias y pronunciamientos judiciales en nuestro país. Los autores examinan tanto los requisitos que la Iglesia católica exige a los candidatos a profesores de religión, como, sobre todo, el control que los tribunales estatales pueden hacer de ese juicio de idoneidad, especialmente por lo que se refiere a uno de esos requisitos en particular: el de la identidad católica del candidato. Seguidamente figuran dos estudios sobre materia funeraria, si bien referidos a confesiones diferentes y con diversas perspectivas de fondo. El primero de ellos, a cargo de Miguel Rodríguez Blanco, trata sobre La eficacia civil de las normas canónicas en la gestión de los cementerios de la Iglesia católica. El autor analiza la relevancia práctica que las normas del Derecho canónico en materia de cementerios pueden tener en el ámbito estatal, partiendo de las decisiones adoptadas en concretos pronunciamientos judiciales a diversos niveles. Su exposición sirve para mostrar que, lejos de haber unanimidad entre los distintos Tribunales en esta materia, las líneas jurisprudenciales han sido diversas y no siempre coherentes, de modo que se trata de una cuestión compleja y de no fácil delimitación. El segundo de los estudios mencionados lleva por título El particularismo normativo musulmán en materia funeraria y su relevancia en la reglamentación de policía sanitaria mortuoria española y lo firma José Luis Llaquet de Entrambasaguas. En este caso, no solo es diferente la confesión religiosa de referencia, sino también el planteamiento de fondo, ya que se trata de analizar en qué medida las vigentes normas sobre policía sanitaria mortuoria resultan conciliables con las tradiciones funerarias del Islam y en qué medida estas últimas tradiciones podrían desplegar una cierta eficacia en cuanto futuro elemento informador de la legislación en materia. Finalmente, el último de los estudios del libro es el de Tomás J. Aliste Santos que versa sobre Eficacia de normas y actos de las confesiones religiosas en el derecho procesal, con especial referencia al Derecho canónico. El autor se detiene, en primer lugar, en la relevancia que el Derecho canónico ha tenido en la formación del Derecho procesal, considerando que se trata de una forma de influencia de notable relevancia en este último campo. Examina, después, la eficacia, más bien indirecta, que los actos de naturaleza confesional pueden tener en el Derecho procesal español en concepto de actos de postulación, fruto de la actividad de las partes en el curso de un proceso. Finalmente, se adentra en la novedosa cuestión de la eficacia directa que podrían llegar a tener en nuestro sistema procesal determinados actos y normas de las confesiones religiosas, si en el futuro se llegasen a aceptar algunas formas confesionales de resolución de conflictos extrajudiciales, como, por ejemplo, el arbitraje religioso de los tribunales arbitrales islámicos. Antes de concluir estas páginas, me siento obligado a dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que este libro vea la luz. En primer lugar y de manera muy señalada, al Prof. Dr. Miguel Rodríguez Blanco �director del Grupo de Investigación «Culturas, religiones y derechos humanos en la sociedad actual»�, que no solo me confió la tarea de editar esta obra, sino que además intervino de manera decisiva en la génesis del proyecto y en la selección de los temas a tratar. Sin su labor de dirección al frente del Grupo, el resultado que ahora se presenta no hubiese sido posible. En segundo lugar, a cada una y cada uno de los autores, por su cordial disponibilidad para aceptar y perfilar los temas propuestos, así como por el esfuerzo y empeño con que han trabajado en sintonía con la finalidad prevista para el conjunto de la obra. Finalmente, a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) por su decidida apuesta en favor de la investigación y por su constante apoyo, a través de UNIR-Research y del equipo de la Oficina de Consultoría y Apoyo a Proyectos de Investigación (OCAPI).
Practicum Procesal Laboral, es una de las obras de la colección Practicum creada con el objetivo de ayudar y facilitar la labor cotidiana del asesor jurídico, proporcionándole información jurídica y práctica actualizada sobre las cuestiones más relevantes que se generan, en este caso, en la práctica procesal ante los Juzgados y Tribunales de lo Social. Esta obra que se ha realizado siguiendo el esquema de la LRJS, analiza jurídicamente las cuestiones procesales más relevantes que se plantean los operadores jurídicos en aplicación de la normativa procesal laboral: ¿Qué acciones pueden acumularse en materia de Seguridad Social?, ¿Cómo y cuándo debe proponerse y practicarse la prueba?, ¿Qué efectos han tenido las últimas reformas laborales en los distintos procedimientos de despido?, ¿Cómo opera el límite cuantitativo de 3.000? en el recurso de suplicación?, ¿Cuándo debe solicitarse la ejecución provisional de las sentencias de despido?, son sólo un ejemplo de las distintas materias que se abordan. Las respuestas a las cuestiones planteadas se han realizado de forma sistemática abordando las especificidades del proceso laboral respecto a otros órdenes jurisdiccionales, a partir del análisis de la normativa, la jurisprudencia y doctrina en suplicación más reciente, y la propia experiencia de los autores en Juzgados y Tribunales.
En la obra se analiza el proceso penal en su integridad de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando las opiniones, orientaciones y consejos, proporcionando el máximo de elementos de juicio para orientar correctamente la intervención en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada uno de los procesos, que incluye los procesos de jurado, menores y la ejecución de sentencias, se intercalan diferentes formularios de intervenciones procesales en el ámbito penal que complementan el comentario; en este sentido, hay que subrayar que la obra no es un libro «de formularios», sino un libro de práctica procesal «con formularios», donde el comentario y el análisis de tipo práctico adquieren mayor protagonismo que el formulario que los complementa. Por último, y como consecuencia de la vocación práctica de esta obra, se concede una especial importancia al estudio jurisprudencial de cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando la jurisprudencia más relevante en el ámbito procesal en un índice analítico de jurisprudencia, donde se puede consultar de forma ágil y sencilla las resoluciones judiciales más importantes en el ámbito del proceso penal.