Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 61 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: a) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); b) Registro de Rebeldes Civiles; c) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; d) Tasas judiciales; e) Pagos, depósitos y consignaciones; f) Tecnologías de la información y la comunicación. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: a) Prueba documental; b) Protección de derechos fundamentales; c) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); d) Arrendamientos; e) Propiedad horizontal; f) Propiedad intelectual; g) Propiedad industrial; h) Publicidad; i) Competencia desleal; j) Impugnación de acuerdos sociales; k) Condiciones generales de la contratación; l) Venta a plazos de bienes muebles; m) Protección de consumidores y usuarios; n) circulación de vehículos de motor; o) juicio cambiario; p) Protección de los derechos inscritos; q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y r) Medidas cautelares. VI. Arbitraje, con inclusión tanto de la nueva Ley interna de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, con la última reforma) como de los Convenios de Ginebra de 1961, sobre arbitraje comercial internacional, y de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. VII. Legislación concursal VIII. Reglamentos Comunitarios La obra finaliza con un índice analítico y otro cronológico de las disposiciones citadas, que permiten la búsqueda rápida y eficaz de cualquier norma. Ambos han sido revisados y actualizados. Se incorpora, en esta edición, la actualización operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
DERECHO PROBATORIO. La presente obra tiene por objeto el estudio de la prueba, parte esencial de todo procedimiento, pues existe una relación esencial de causa-efecto entre prueba y sentencia, como revela el viejo apotegma probare o soccombere. Se estructura en dos partes diferenciadas. En una primera parte, titulada "Fundamentos y Procedimiento probatorio", se abordan los grandes interrogantes del Derecho Probatorio, esto es, qué es la prueba, qué se prueba, quien prueba, cómo se prueba y cómo se valora la prueba. Junto a los temas dogmáticos más tradicionales -objeto, iniciativa de la actividad probatoria, carga de la prueba, presunciones y valoración de la prueba- se intenta dar una visión también completa de otros temas fundamentales, como el procedimiento probatorio -prestando particular atención a la prueba de oficio, las diligencias finales y al juicio de admisión de los medios de prueba-. En una parte, titulada "Los medios de prueba en el proceso civil", se efectúa un estudio de cada uno de los medios de prueba -interrogatorio de las partes, interrogatorio de testigos, prueba pericial, prueba documental, prueba electrónica y reconocimiento judicial-, con una visión centrada en la práctica diaria de los Juzgados y Tribunales y en los problemas que ha suscitado, superada la primera década de vigencia, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En el análisis de cada uno de los medios de prueba se ha pretendido combinar la visión dogmática con la práctica forense, atendiendo tanto a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, cuanto a la conocida como "jurisprudencia menor", pues múltiples cuestiones procedimentales, originadas por la publicación y aplicación de la precitada Ley 1/2000, de 7 de enero, están recibiendo una respuesta en esta instancia. Extracto del índice: Prólogo Introducción Parte I. Fundamentos y Procedimiento Probatorio Capítulo I. Sobre la prueba, el derecho a la prueba y la técnica probatoria. Capítulo II. El objeto de la prueba Capítulo III. La iniciativa de la actividad probatoria Capítulo IV. La prueba de oficio Capítulo V. El procedimiento probatorio Capítulo VI. El juicio sobre la admisión de los medios de prueba Capítulo VII. Las diligencias finales Capítulo VIII. La carga de la prueba Capítulo IX. Las presunciones Capítulo X. La valoración de la prueba. Parte II. Los medios de prueba en el proceso civil Capítulo XI. El interrogatorio de las partes. Capítulo XII. El interrogatorio de testigos Capítulo XIII. La prueba pericial. Capítulo XIV. La prueba documental Capítulo XV. Prueba electrónica Capítulo XVI. El reconocimiento judicial Anexo Legislativo
El presente libro recoge la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social ?totalmente actualizada conforme a la Ley 3/2012, de 6 de julio, y al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio? que desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. La misma persigue dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral. El objetivo principal de esta Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden. Con la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social se afronta una modernización de la norma a partir de la concentración de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitación procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilación en la resolución de los asuntos y, en consecuencia, fragmentación en la protección jurídica dispensada. Esta obra se completa con un índice de conceptos para facilitar su consulta.
La obra realiza un análisis práctico del sistema de recursos tal y como ha quedado configurado tras las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y por la más reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Se examina con rigor, el nuevo régimen legal relativo a los medios de impugnación, que se contiene en el Libro Tercero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que comprende el sistema de recursos contra Providencias, Autos, Diligencias de ordenación y Decretos; los Recursos de Suplicación, de Casación, y de Casación para Unificación de Doctrina; el procedimiento para la revisión de Sentencias y Laudos arbitrales firmes, y el proceso de error judicial. Y para completar el análisis de los medios de impugnación en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se efectúa una especial referencia a los criterios ya establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sobre la materia, lo que, sin duda, le otorga a la presente obra un carácter práctico de incuestionable valor para todos los operadores jurídicos del orden social.
En este libro se incluyen las siguientes disposiciones: ? Ley 34/2006, de 30 de octubre. Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. ? Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre. ? Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre. Regula la relación laboral de carácter especial de abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. ? Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. Aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. ? Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre. Aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España. ? Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre. Aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. ? Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. Aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. ? Real Decreto 769/1987, de 19 de junio. Regulación de la Policía Judicial. ? Real Decreto 796/2005, de 1 de julio. Aprueba el Reglamento de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia. También figura una relación de las normas modificadoras de las citadas disposiciones y un índice de conceptos que facilita su consulta.
Esta obra tiene una finalidad eminentemente práctica y pretende poner a disposición de los abogados un instrumento de consulta y de ayuda para la interposición de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha producido un cambio importante en el régimen de estos recursos que afecta fundamentalmente al de casación, extendiendo el criterio del «interés casacional» para permitir, a través de él, que puedan ser recurridas ante el Tribunal Supremo todas las sentencias civiles dictadas por las Audiencias Provinciales en segunda instancia, con independencia del interés económico del proceso. Como contrapartida se impone una cierta rigurosidad en la exigencia de los requisitos de toda índole que han de reunir los referidos recursos; primero, para su admisión, y luego para su estimación. A la delimitación del ámbito respectivo de cada uno de los recursos extraordinarios y al cumplimiento de dichos requisitos se refiere este trabajo, en relación con el Acuerdo de la Sala de fecha 30 diciembre 2011 -que se reproduce íntegramente- abordando, con cita de la más reciente doctrina de la Sala Primera, las cuestiones más polémicas y así, entre otras, la forma como ha de denunciarse ante el Tribunal Supremo la infracción de las normas sobre legitimación, la adecuada formulación de los motivos y la cita en ellos de la norma infringida o el discutido tema de la posible denuncia en los recursos extraordinarios del error en la valoración de la prueba.
Las universidades españolas se encuentran en estos momentos implantando los nuevos planes de estudio, derivados del denominado «Plan de Bolonia». El libro Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil ofrece el contenido completo de las asignaturas obligatorias del Grado en Derecho que conforman el Derecho Procesal Civil, según las guías docentes aprobadas en diversas universidades y en particular en la Universidad Complutense de Madrid. Los autores tienen amplia experiencia en la docencia del Derecho procesal y, con un enfoque eminentemente pedagógico, exponen en esta obra, de forma sencilla y sistemática, las características principales de la organización judicial civil y del proceso civil en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de que el alumno cuente con los elementos fundamentales para su adecuada comprensión, incluidas las principales sentencias dictadas al respecto tanto por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Quizá ello también contribuya a que el texto pueda resultar de interés para los abogados y demás profesionales que desempeñan su actividad en relación con el proceso civil, tan necesitados muchas veces de obras claras y coherentes referentes a esta materia. Así, el libro trata, en primer lugar, de los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, como son la jurisdicción en su sentido funcional y orgánico, el proceso y la regulación de los actos que lo componen, y la acción y demás derechos básicos de los justiciables. Seguidamente se exponen los sujetos, el objeto y el procedimiento propios de los procesos civiles declarativos ordinarios, lo que incluye el estudio de sus trámites hasta la sentencia y sus medios de impugnación. A continuación se explican los aspectos esenciales del proceso de ejecución y las medidas cautelares, así como los procesos especiales, para terminar con el arbitraje.
Este libro pretende llenar un vacío derivado de la falta de un estudio específico y monográfico respecto al procedimiento de adopción nacional. Con tal objeto se realiza una exposición completa e integral que permita explicar de forma conjunta y ordenada los distintos procedimientos que puedan surgir durante el curso y tras la constitución de la adopción, así como los modos de impugnación de las distintas resoluciones judiciales. La obra se ha apoyado para su elaboración en un profundo análisis jurisprudencial tanto de las resoluciones de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Comprende tres partes diferenciadas. La primera de ellas atiende al procedimiento de constitución de la adopción. Dentro de este primer apartado es de interés destacar además del trámite y los distintos modos de solicitar la constitución de la adopción, el carácter de la intervención de las personas que necesariamente tienen que ser llamadas al proceso. La segunda parte del libro se ocupa del análisis del procedimiento contradictorio que se inicia a instancia de los padres biológicos que desean oponerse a la adopción de su hijo. Aquí se dedica especial atención a las peculiaridades propias de este proceso de carácter no dispositivo, así como a la relevancia del asentimiento de los padres en la válida constitución de la adopción. En la tercera parte se analiza la extinción de la adopción, así como la nulidad de la misma, tanto por motivos sustantivos como procesales, con la consecuente nulidad de actuaciones en este último caso.
La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.
La presencia de una pluralidad de imputados en el proceso penal no es ni mucho menos una situación extraña, máxime si se repara en que es consustancial a los supuestos de crímenes cometidos por bandas o grupos organizados. La declaración del coimputado constituye uno de los más importantes problemas jurídico-procesales que la existencia de una pluralidad de acusados en un solo proceso es susceptible de generar. Por ello, el objeto de la presente monografía ha consistido en el estudio de la trascendencia de las referidas declaraciones para lo cual se ha efectuado una investigación de los inconvenientes que su práctica plantea, tanto en el plano estrictamente probatorio del juicio oral y de la Sentencia, como en las fases anteriores del proceso, realizando un análisis crítico de la doctrina del TS y TC pronunciada sobre la materia. El trabajo va precedido de un estudio pormenorizado relativo a la confesión del acusado y al instituto de la conformidad como declaraciones que afectan a la situación procesal de quien las lleva a cabo y sobre las consecuencias que de las mismas podrían derivarse para terceros.
ÍNDICE ABREVIATURAS CAPÍTULO PRIMERO.- LA JURISDICCIÓN. TEMA 1.- La jurisdicción. TEMA 2.- Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. TEMA 3.- La predeterminación del juez. TEMA 4.- Órganos judiciales (I) TEMA 5.- Órganos judiciales (II) TEMA 6.-
La Técnica del Interrogatorio aporta las claves de la psicología de un testimonio, trata aspectos sobre, por ejemplo, cómo detectar las contradicciones y ponérselas de manifiesto al juez, los principales aciertos a potenciar, errores a evitar y la mejor manera de realizar las protestas sin poner en peligro la viabilidad de la acción planteada. Por primera vez en España, los abogados van a poder contar con una obra en la que se tratan desde distintas perspectivas prácticas, las mejores estrategias que permiten un interrogatorio eficiente en Sala. "El interrogatorio es una de las partes más importantes del trabajo de un abogado. Después de haber enseñado oratoria a miles de abogados puedo afirmar rotundamente que el alegato es importante, pero saber interrogar es fundamental", comentó Julio Garcia Ramirez, profesor y coach de oratoria y coordinador del libro, durante la presentación del libro en Madrid.
Texto íntegro de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 junto con un completo índice analítico de voces. Contenido del Código: Ley de Enjuiciamiento Civil Contenido en Internet: Además de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en Internet se incluyen: - Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. - Ley Orgánica del Poder Judicial. - Ley de Demarcación y Planta Judicial. - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. - Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales. - Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. - Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. - Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
La reforma de la jurisdicción voluntaria supone una considerable modernización y mejora de las normas reguladoras de la materia, a la vez que una agilización de los expedientes, tanto judiciales como notariales o registrales. Se trata de una reforma de gran calado, la cual se desgrana detalladamente en esta obra, donde se exponen las diferentes cuestiones problemáticas que se plantean y se realiza un examen de la legislación sustantiva conectada con la materia, incluyendo las oportunas referencias a la legislación civil foral o especial. Se estructura en un Capítulo I de cuestiones generales, para posteriormente analizar específicamente los diferentes procedimientos. Así, se examinan los expedientes judiciales de los distintos Títulos de la LJV por materias (Capítulos II a IX) y los dos últimos Capítulos se dedican al análisis de los expedientes notariales (Capítulo X) y registrales (Capítulo XI). La obra incluye, como instrumentos auxiliares orientativos, cuadros resúmenes y formularios para facilitar el análisis y práctica en la materia.
Todas las disposiciones del presente código se hallan actualizadas al cierre de la edición y, las más importantes, convenientemente concordadas, con remisiones a normas que las complementan, desarrollan o actualizan. En total son 61 y se han sistematizado de la forma siguiente: I. La Constitución Española, de la que se recogen las normas fundamentales con incidencia en el proceso (arts. 24 y 53, Título VI y art. 150). II. Ley de Enjuiciamiento Civil. Se incluyen tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, como las partes de la anterior de 1881 cuya vigencia se mantiene temporalmente. III. Disposiciones complementarias de contenido orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales y, aunque sea ley ordinaria, Ley de Demarcación y Planta Judicial. Dentro de este epígrafe se recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. IV. Disposiciones complementarias básicas de Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen: a) legislación en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley y Reglamento); b) Registro de Rebeldes Civiles; c) Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas; d) Tasas judiciales; e) Pagos, depósitos y consignaciones; f) Tecnologías de la información y la comunicación. V. Normas procesales civiles contenidas en leyes sustantivas: a) Prueba documental; b) Protección de derechos fundamentales; c) Estado civil y condición de las personas (matrimonio, filiación e incapacitación); d) Arrendamientos; e) Propiedad horizontal; f) Propiedad intelectual; g) Propiedad industrial; h) Publicidad; i) Competencia desleal; j) Impugnación de acuerdos sociales; k) Condiciones generales de la contratación; l) Venta a plazos de bienes muebles; m) Protección de consumidores y usuarios; n) circulación de vehículos de motor; o) juicio cambiario; p) Protección de los derechos inscritos; q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y r) Medidas cautelares. VI. Arbitraje, con inclusión tanto de la nueva Ley interna de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre, con la última reforma) como de los Convenios de Ginebra de 1961, sobre arbitraje comercial internacional, y de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. VII. Legislación concursal VIII. Reglamentos Comunitarios La obra finaliza con un índice analítico y otro cronológico de las disposiciones citadas, que permiten la búsqueda rápida y eficaz de cualquier norma. Ambos han sido revisados y actualizados. Se incorpora, en esta edición, la actualización operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
DERECHO PROBATORIO. La presente obra tiene por objeto el estudio de la prueba, parte esencial de todo procedimiento, pues existe una relación esencial de causa-efecto entre prueba y sentencia, como revela el viejo apotegma probare o soccombere. Se estructura en dos partes diferenciadas. En una primera parte, titulada "Fundamentos y Procedimiento probatorio", se abordan los grandes interrogantes del Derecho Probatorio, esto es, qué es la prueba, qué se prueba, quien prueba, cómo se prueba y cómo se valora la prueba. Junto a los temas dogmáticos más tradicionales -objeto, iniciativa de la actividad probatoria, carga de la prueba, presunciones y valoración de la prueba- se intenta dar una visión también completa de otros temas fundamentales, como el procedimiento probatorio -prestando particular atención a la prueba de oficio, las diligencias finales y al juicio de admisión de los medios de prueba-. En una parte, titulada "Los medios de prueba en el proceso civil", se efectúa un estudio de cada uno de los medios de prueba -interrogatorio de las partes, interrogatorio de testigos, prueba pericial, prueba documental, prueba electrónica y reconocimiento judicial-, con una visión centrada en la práctica diaria de los Juzgados y Tribunales y en los problemas que ha suscitado, superada la primera década de vigencia, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En el análisis de cada uno de los medios de prueba se ha pretendido combinar la visión dogmática con la práctica forense, atendiendo tanto a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, cuanto a la conocida como "jurisprudencia menor", pues múltiples cuestiones procedimentales, originadas por la publicación y aplicación de la precitada Ley 1/2000, de 7 de enero, están recibiendo una respuesta en esta instancia. Extracto del índice: Prólogo Introducción Parte I. Fundamentos y Procedimiento Probatorio Capítulo I. Sobre la prueba, el derecho a la prueba y la técnica probatoria. Capítulo II. El objeto de la prueba Capítulo III. La iniciativa de la actividad probatoria Capítulo IV. La prueba de oficio Capítulo V. El procedimiento probatorio Capítulo VI. El juicio sobre la admisión de los medios de prueba Capítulo VII. Las diligencias finales Capítulo VIII. La carga de la prueba Capítulo IX. Las presunciones Capítulo X. La valoración de la prueba. Parte II. Los medios de prueba en el proceso civil Capítulo XI. El interrogatorio de las partes. Capítulo XII. El interrogatorio de testigos Capítulo XIII. La prueba pericial. Capítulo XIV. La prueba documental Capítulo XV. Prueba electrónica Capítulo XVI. El reconocimiento judicial Anexo Legislativo
El presente libro recoge la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social ?totalmente actualizada conforme a la Ley 3/2012, de 6 de julio, y al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio? que desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. La misma persigue dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral. El objetivo principal de esta Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden. Con la nueva Ley reguladora de la jurisdicción social se afronta una modernización de la norma a partir de la concentración de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitación procesal. De esta manera, se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, dilación en la resolución de los asuntos y, en consecuencia, fragmentación en la protección jurídica dispensada. Esta obra se completa con un índice de conceptos para facilitar su consulta.
La obra realiza un análisis práctico del sistema de recursos tal y como ha quedado configurado tras las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y por la más reciente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Se examina con rigor, el nuevo régimen legal relativo a los medios de impugnación, que se contiene en el Libro Tercero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que comprende el sistema de recursos contra Providencias, Autos, Diligencias de ordenación y Decretos; los Recursos de Suplicación, de Casación, y de Casación para Unificación de Doctrina; el procedimiento para la revisión de Sentencias y Laudos arbitrales firmes, y el proceso de error judicial. Y para completar el análisis de los medios de impugnación en la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se efectúa una especial referencia a los criterios ya establecidos por la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, sobre la materia, lo que, sin duda, le otorga a la presente obra un carácter práctico de incuestionable valor para todos los operadores jurídicos del orden social.
En este libro se incluyen las siguientes disposiciones: ? Ley 34/2006, de 30 de octubre. Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. ? Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre. ? Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre. Regula la relación laboral de carácter especial de abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. ? Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. Aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. ? Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre. Aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España. ? Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre. Aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. ? Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre. Aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. ? Real Decreto 769/1987, de 19 de junio. Regulación de la Policía Judicial. ? Real Decreto 796/2005, de 1 de julio. Aprueba el Reglamento de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia. También figura una relación de las normas modificadoras de las citadas disposiciones y un índice de conceptos que facilita su consulta.
Esta obra tiene una finalidad eminentemente práctica y pretende poner a disposición de los abogados un instrumento de consulta y de ayuda para la interposición de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, ha producido un cambio importante en el régimen de estos recursos que afecta fundamentalmente al de casación, extendiendo el criterio del «interés casacional» para permitir, a través de él, que puedan ser recurridas ante el Tribunal Supremo todas las sentencias civiles dictadas por las Audiencias Provinciales en segunda instancia, con independencia del interés económico del proceso. Como contrapartida se impone una cierta rigurosidad en la exigencia de los requisitos de toda índole que han de reunir los referidos recursos; primero, para su admisión, y luego para su estimación. A la delimitación del ámbito respectivo de cada uno de los recursos extraordinarios y al cumplimiento de dichos requisitos se refiere este trabajo, en relación con el Acuerdo de la Sala de fecha 30 diciembre 2011 -que se reproduce íntegramente- abordando, con cita de la más reciente doctrina de la Sala Primera, las cuestiones más polémicas y así, entre otras, la forma como ha de denunciarse ante el Tribunal Supremo la infracción de las normas sobre legitimación, la adecuada formulación de los motivos y la cita en ellos de la norma infringida o el discutido tema de la posible denuncia en los recursos extraordinarios del error en la valoración de la prueba.
Las universidades españolas se encuentran en estos momentos implantando los nuevos planes de estudio, derivados del denominado «Plan de Bolonia». El libro Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil ofrece el contenido completo de las asignaturas obligatorias del Grado en Derecho que conforman el Derecho Procesal Civil, según las guías docentes aprobadas en diversas universidades y en particular en la Universidad Complutense de Madrid. Los autores tienen amplia experiencia en la docencia del Derecho procesal y, con un enfoque eminentemente pedagógico, exponen en esta obra, de forma sencilla y sistemática, las características principales de la organización judicial civil y del proceso civil en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de que el alumno cuente con los elementos fundamentales para su adecuada comprensión, incluidas las principales sentencias dictadas al respecto tanto por el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Quizá ello también contribuya a que el texto pueda resultar de interés para los abogados y demás profesionales que desempeñan su actividad en relación con el proceso civil, tan necesitados muchas veces de obras claras y coherentes referentes a esta materia. Así, el libro trata, en primer lugar, de los conceptos fundamentales del Derecho Procesal, como son la jurisdicción en su sentido funcional y orgánico, el proceso y la regulación de los actos que lo componen, y la acción y demás derechos básicos de los justiciables. Seguidamente se exponen los sujetos, el objeto y el procedimiento propios de los procesos civiles declarativos ordinarios, lo que incluye el estudio de sus trámites hasta la sentencia y sus medios de impugnación. A continuación se explican los aspectos esenciales del proceso de ejecución y las medidas cautelares, así como los procesos especiales, para terminar con el arbitraje.
Este libro pretende llenar un vacío derivado de la falta de un estudio específico y monográfico respecto al procedimiento de adopción nacional. Con tal objeto se realiza una exposición completa e integral que permita explicar de forma conjunta y ordenada los distintos procedimientos que puedan surgir durante el curso y tras la constitución de la adopción, así como los modos de impugnación de las distintas resoluciones judiciales. La obra se ha apoyado para su elaboración en un profundo análisis jurisprudencial tanto de las resoluciones de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Comprende tres partes diferenciadas. La primera de ellas atiende al procedimiento de constitución de la adopción. Dentro de este primer apartado es de interés destacar además del trámite y los distintos modos de solicitar la constitución de la adopción, el carácter de la intervención de las personas que necesariamente tienen que ser llamadas al proceso. La segunda parte del libro se ocupa del análisis del procedimiento contradictorio que se inicia a instancia de los padres biológicos que desean oponerse a la adopción de su hijo. Aquí se dedica especial atención a las peculiaridades propias de este proceso de carácter no dispositivo, así como a la relevancia del asentimiento de los padres en la válida constitución de la adopción. En la tercera parte se analiza la extinción de la adopción, así como la nulidad de la misma, tanto por motivos sustantivos como procesales, con la consecuente nulidad de actuaciones en este último caso.
La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.
La presencia de una pluralidad de imputados en el proceso penal no es ni mucho menos una situación extraña, máxime si se repara en que es consustancial a los supuestos de crímenes cometidos por bandas o grupos organizados. La declaración del coimputado constituye uno de los más importantes problemas jurídico-procesales que la existencia de una pluralidad de acusados en un solo proceso es susceptible de generar. Por ello, el objeto de la presente monografía ha consistido en el estudio de la trascendencia de las referidas declaraciones para lo cual se ha efectuado una investigación de los inconvenientes que su práctica plantea, tanto en el plano estrictamente probatorio del juicio oral y de la Sentencia, como en las fases anteriores del proceso, realizando un análisis crítico de la doctrina del TS y TC pronunciada sobre la materia. El trabajo va precedido de un estudio pormenorizado relativo a la confesión del acusado y al instituto de la conformidad como declaraciones que afectan a la situación procesal de quien las lleva a cabo y sobre las consecuencias que de las mismas podrían derivarse para terceros.
ÍNDICE ABREVIATURAS CAPÍTULO PRIMERO.- LA JURISDICCIÓN. TEMA 1.- La jurisdicción. TEMA 2.- Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. TEMA 3.- La predeterminación del juez. TEMA 4.- Órganos judiciales (I) TEMA 5.- Órganos judiciales (II) TEMA 6.-
La Técnica del Interrogatorio aporta las claves de la psicología de un testimonio, trata aspectos sobre, por ejemplo, cómo detectar las contradicciones y ponérselas de manifiesto al juez, los principales aciertos a potenciar, errores a evitar y la mejor manera de realizar las protestas sin poner en peligro la viabilidad de la acción planteada. Por primera vez en España, los abogados van a poder contar con una obra en la que se tratan desde distintas perspectivas prácticas, las mejores estrategias que permiten un interrogatorio eficiente en Sala. "El interrogatorio es una de las partes más importantes del trabajo de un abogado. Después de haber enseñado oratoria a miles de abogados puedo afirmar rotundamente que el alegato es importante, pero saber interrogar es fundamental", comentó Julio Garcia Ramirez, profesor y coach de oratoria y coordinador del libro, durante la presentación del libro en Madrid.
Texto íntegro de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 junto con un completo índice analítico de voces. Contenido del Código: Ley de Enjuiciamiento Civil Contenido en Internet: Además de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en Internet se incluyen: - Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. - Ley Orgánica del Poder Judicial. - Ley de Demarcación y Planta Judicial. - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. - Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales. - Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. - Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. - Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
La reforma de la jurisdicción voluntaria supone una considerable modernización y mejora de las normas reguladoras de la materia, a la vez que una agilización de los expedientes, tanto judiciales como notariales o registrales. Se trata de una reforma de gran calado, la cual se desgrana detalladamente en esta obra, donde se exponen las diferentes cuestiones problemáticas que se plantean y se realiza un examen de la legislación sustantiva conectada con la materia, incluyendo las oportunas referencias a la legislación civil foral o especial. Se estructura en un Capítulo I de cuestiones generales, para posteriormente analizar específicamente los diferentes procedimientos. Así, se examinan los expedientes judiciales de los distintos Títulos de la LJV por materias (Capítulos II a IX) y los dos últimos Capítulos se dedican al análisis de los expedientes notariales (Capítulo X) y registrales (Capítulo XI). La obra incluye, como instrumentos auxiliares orientativos, cuadros resúmenes y formularios para facilitar el análisis y práctica en la materia.